Administradores de sociedades: aspectos fiscales.

Objetivo la luna: aquí mayor Tom, reducir costes fiscales
Tributación de los administradores
Objetivo la luna: aquí mayor Tom, reducir costes fiscales

La tributación de los Administradores de sociedades mercantiles depende de la forma en que pueden ser retribuidos:  por su cargo de Administrador, por el desempeño de funciones ejecutivas y también por el desempeño de funciones de carácter laboral. Las funciones que ejercen los Administradores pueden ser conceptuadas como rendimiento de actividades económicas y estar sujetas al impuesto sobre el valor añadido.

Deducibilidad de las retribuciones

Según la Ley de sociedades de capital el cargo de administrador de una sociedad mercantil es gratuito salvo que los estatutos establezcan lo contrario. En este caso los estatutos deberán precisar los conceptos retributivos: una asignación fija, un sistema de ahorro previsión, dietas de asistencia, participación en beneficios, retribución variable, participación en acciones, indemnización por cese…
El importe máximo de la remuneración anual para el conjunto de administradores deberá ser fijado en la Junta General y estará vigente hasta que no se apruebe su modificación.
Cuando el administrador de una sociedad mercantil perciba retribuciones variables, como indemnizaciones por cese, la Junta General deberá indicar previamente los parámetros.
La retribución de cada administrador se fijará por acuerdo de los administradores o del consejo de administración.
Un problema de fondo importante en la retribución de los administradores de las sociedades mercantiles se halla en las sociedades cotizadas, precisándose en las sociedades cerradas un marco flexible.
La retribución de los Administradores de las sociedades mercantiles puede darse por el desempeño del cargo de Administrador y por el desempeño adicional de funciones ejecutivas que se pueden atribuir al ser nombrado consejero delegado o por otro título. Para su retribución como consejero delegado la sociedad está obligada a suscribir un contrato en que se fije su retribución para el ejercicio de estas funciones ejecutivas, y ello con independencia de lo dispuesto en los estatutos o lo acordado por la Junta General para la remuneración de los administradores en su condición de tales. Dicho contrato deberá ser aprobado por el Consejo de Administración.
Así pues se admite una dualidad de regímenes jurídicos de retribución de los administradores de sociedades mercantiles , uno contractual y uno estatutario. El sistema contractual permite que las retribuciones sean fijadas exclusivamente por el Consejo de Administración sin necesidad de previsión estatutaria ni intervención de la junta de socios.

ASPECTOS FISCALES: CONDICIONES PARA DEDUCIR EL GASTO DE LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES MERCANTILES
Si los estatutos sociales no establecen un sistema determinado de retribución, se presume que su cargo es gratuito. En este caso, cualquier cantidad que perciban tiene la consideración de liberalidad o donación y no resulta deducible en el impuesto sobre sociedades.
Pero en caso de percibir el Administrador una retribución estatutaria como consecuencia de su cargo de Administrador, ésta supone un gasto deducible.

La DGT mediante mediante informe de 12/11/2009 resuelve:“De acuerdo con los fundamentos anteriores, los gastos representativos de las retribuciones a los administradores de sociedades mercantiles, tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible en la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con la ley vigente regulada en el texto refundido del impuesto sobre sociedades, cuando los estatutos establezcan el carácter remunerado del cargo, aunque no se cumpliera escrupulosamente con todos y cada uno de los requisitos,que, para cada tipo de retribución, establece la normativa mercantil.”

La resolución de 6 de Febrero de 2014 del Tribunal Económico Administrativo Central en unificación de la doctrina se pronuncia estableciendo que :”sólo es compatible la relación de carácter laboral especial de alta dirección con la de carácter mercantil del cargo de administrador de una sociedad mercantil cuando las funciones que se realizan por razón de la primera son distintas de las que se llevan a cabo por razón del último cargo y se trate de una actividad específica diversa; en otro caso ambas relaciones son incompatibles, debiendo prevalecer la calificación mercantil y sólo podrá percibir remuneraciones por dicha función cuando esté previsto en los Estatutos.”

Además la Dirección General de Tributos en consulta V0441 14 estipula que “en el caso de que se satisfaga una retribución al administrador de una sociedad merantil por el desempeño de tareas productivas o profesionales: auxiliares administrativos, contables, agentes comerciales y personal de almacén, tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible del período siempre que se cumplan los principios de inscripción contable, correlación de ingresos y gastos, imputación con arreglo al devengo y justificación documental y siempre que se valoren a valor de mercado.”

En la consulta V1613 15 de 26 de Mayo de 2015, en la que se resuelve una cuestión acerca de la deducibilidad de la remuneración del trabajo realizado por un ingeniero en una sociedad mercantil en la que posee el 12,5% del capital social y de la que es miembro del Consejo de Administración, aunque dicho cargo es gratuito, y todas las retribuciones percibidas son satisfechas por el trabajo realizado como ingeniero, se manifiesta de la misma manera en el sentido que las retribuciones que percibe como ingeniero serán fiscalmente deducibles siempre que cumplan los requisitos legalmente establecidos.

Calificación de las retribuciones de los administradores de sociedades mercantiles

Conforme al artículo 17.2 de la Ley del IRPF las retribuciones de los Administradores de sociedades mercantiles son rendimientos del trabajo. La retención que soportarán será del 35 % y del 19 % en el caso de empresas con una cifra de negocios inferior a 100.000 euros.

Pero si el Administrador realiza otras actividades diferentes y es socio de la sociedad y la actividad de dicha sociedad es profesional estas retribuciones se calificarán como rendimientos de actividades económicas, siempre que esté dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de la seguridad social, debiendo tenerse en cuenta que dentro del concepto de actividades profesionales se incluyen las consideradas como tales en la tarifa del Impuesto sobre Actividades Económicas. La actividad realizada por el socio debe ser la misma que la que constituye el objeto social de la entidad. Es preciso además que no se den las notas de dependencia y ajeneidad, y de darse, sus rendimientos serían del trabajo. De tratarse de rendimientos de actividades económicas la retención a practicar sería del 15 %.

Hasta aquí vemos que los Administradores pueden percibir su retribución en el IRF como tales  o por la realización de una actividad empresarial y en este caso percibir sus retribuciones como rendimientos de actividades económicas.

Pero la Consulta Vinculante que se puede visualizar al final de este párrafo se refiere a la consideración de estos rendimientos como del trabajo, siéndoles por tanto de aplicación la escala de tributación de este tipo de rendimientos.

En el caso de una sociedad civil compuesta por dos socios personas físicas y dedicada a la explotación de un gimnasio dice la consulta que las actividades que constituyen el objeto de la sociedad civil y que los socios desarrollan, no tienen la naturaleza de actividades profesionales en los términos establecidos en el párrafo tercero del artículo 27.1 de la LIRPF, que dice: “No obstante, tratándose de rendimientos obtenidos por el contribuyente procedentes de una entidad en cuyo capital participe derivados de la realización de actividades incluidas en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, tendrán esta consideración cuando el contribuyente esté incluido, a tal efecto, en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, o en una mutualidad de previsión social que actúe como alternativa al citado régimen especial conforme a lo previsto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.”

Teniendo en cuenta lo anterior, con independencia de la naturaleza laboral o no que une a los socios con la sociedad y del régimen de afiliación a la seguridad social que corresponde a los socios, debe considerarse que los rendimientos satisfechos s éstos por el desarrollo de las actividades empresariales que constituyen el objeto de la sociedad tendrán la naturaleza de rendimientos del trabajo de los establecidos con carácter general en el artículo 17.1 de la LIRPF, al no concurrir en aquellos los requisitos establecidos en los dos primeros párrafos del artículo 27.1 de la LIRPF.

CV 1776-17 Retribución Administradores

Tributación de las retribuciones de los administradores de sociedades mercantiles en el impuesto sobre el valor añadido
Están sujetas a iva las actividades realizadas por cuenta propia, mientras que el trabajo realizado por cuenta ajena no está sujeto a la tributación en el impuesto sobre el valor añadido.
El artículo 10 de la Directiva 2006/112 CE hace referencia a la calificación de la relación de un socio como de subordinación o independencia, y exige un análisis de las condiciones de trabajo, la remuneración y la responsabilidad.
No existe subordinación cuando el socio se procura y organiza él mismo los medios personales y materiales para el ejercicio de su actividad. Por tanto, la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido requiere la intervención del socio en el ejercicio de su actividad a través de la ordenación de medios propios. Por el contrario, cuando los medios principales sean titularidad de la sociedad, existe la presunción de la exclusión del socio del ámbito de aplicación del impuesto. Hay pues que ver si el socio es libre de organizar su actividad eligiendo sus colaboradores, sus vacaciones y su estructura de trabajo.
Se puede presumir que el riesgo económico recae en el socio cuando su prestación se determine en función de su porcentaje de los beneficios de la entidad o en función de las prestaciones efectivamente realizadas por él mismo.
Se ha de tener en cuenta la independencia entre el iva y el IRPF. Así pues la sujeción al iva no depende de que los rendimientos hayan sido calificados en el IRPF como del trabajo o de actividades económicas.
Elaboración sobre:
http://www.aedaf.es/plataforma/baf/baf_2016_01_T_retribucion-de-administradores.pdf

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Personas con discapacidad: IRPF 2.016 consejos para no pagar más.

Personas con discapacidad: IRPF 2.016
Personas con discapacidad: IRPF 2.016
Personas con discapacidad: IRPF 2.016

Como una maduración de lo que se dijo en la presentación de la guía útil IRPF 2016, hecha el pasado martes 25 de Abril de 2017por  Taller Escola la Barcelona, bajo el título: “Especial familias con personas con discapacidad Intelectual“, exposición realizada por su director financiero, señor Artur Feijo y con la asistencia de un gran número de padres y madres de los socios cooperaivistas, Ada García Vazquez y yo, que asistimos en representación de Coma i Roig Assessors,  os ofrecemos un resumen de aquellas cuestiones que creemos más importantes:

Pensamos que hay dos cuestiones importantes a tener en cuenta al efectuar la declaración de  las personas con discapacidad.

Y son las siguientes:
¿Cómo deben efectuar su declaración del Impuesto sobre la Renta las personas  con discapacidad: en forma conjunta con sus padres o en forma individual? Y, si presentan su declaración de forma individual o no la presentan, sus padres tienen derecho a practicar las deducciones por hijos a su cargo?

Vamos por la primera cuestión:

Podrán declarar conjuntamente con sus padres las personas con discapacidad:

Si  son menores de 18 años, o   siendo mayores de esta edad,  han sido declarados incapaces judicialmente con la patria potestad prorrogada o rehabilitada. (El Código Civil establece que la patria potestad, sobre los hijos que hubieran sido incapacitados, quedará prorrogado, por ministerio de la ley, al llegar aquéllos a la mayoría de edad. La patria potestad prorrogada “”rehabilitada”” que se ejerce sobre hijos mayores solteros, que viviendo en su compañía son declarados incapaces,…)

Si conviven  con sus padres,  aunque se admiten algunas excepciones,  como la del hijo que depende del contribuyente pero está interno en un centro especializado, o la del hijo que se ausenta de forma esporádica de la vivienda durante periodos lectivos del curso escolar.

Si perciben  rentas anuales netas, excluidas las rentas exentas, no superiores a 8.000 euros,  la declaración conjunta puede resultar beneficiosa porque:

Posiblemente  los ingresos que las personas con discapacidad  aporten a la  unidad familiar sean nulos, pues de los rendimientos del trabajo pueden deducir diversos gastos que veremos a continuación.

Y que en consecuencia,  las deducciones que  correspondan a las personas con discapacidad por el mínimo personal, por descendientes y por discapacidad resulten de aplicación a otra parte de la base imponible, la de sus padres.

Y así pues estas deducciones puedan traducirse en una devolución del Impuesto sobre la Renta.

Si las personas con discapacidad perciben rendimientos netos superiores a 8.000 euros, sus padres no podrán practicar en su declaración las deducciones que les corresponden al efectuar la declaración conjunta con su hijo por el concepto de descendientes a su cargo.

Y en este supuesto podría ser  conveniente que la persona con discapacidad realizara su declaración individualmente o que no la efectuara.

De efectuar  la familia de  la persona con discapacidad  la declaración conjunta existe la deducción de 3.400 euros y de 2.150 en el supuesto de tratarse de una familia monoparental.

De optar por la declaración conjunta: las personas con discapacidad con sus padres, todas ellas deberán efectuar la declaración conjunta.

Vamos por la segunda  cuestión:

 

En el caso de no poder efectuar la declaración de forma conjunta por ser las personas con discapacidad mayores de 18 años y en este caso no estar incapacitados judicialmente, no obstante, los padres podrán efectuar en su declaración las deducciones que les correspondan por descendientes a su cargo, y en el caso que estos sean personas con discapacidad,  las deducciones que le correspondan a estos, siempre que:

  1. Tengan menos de 25 años a 31 de diciembre o ser discapacitado judicialmente con patria potestad prorrogada o rehabilitada.
  2. Convivir con el ascendiente, aunque se admiten algunas excepciones como la del hijo que depende del contribuyente pero esta interno en un centro especializado, o la del hijo que se ausenta de forma esporádica de la vivienda durante periodos lectivos del curso escolar.
  3. Tener rentas anuales netas, excluidas las rentas exentas, no superiores a 8.000 euros.
  4. Declarar no mas de 1.800 euros de rentas, si presentan declaración individual, no obstante, este limite se puede superar sin que los padres pierdan la posibilidad de aplicar el mínimo, cuando el descendiente presenta declaración conjunta con ellos.

Como ya hemos explicado anteriormente, para efectuar declaración conjunta con sus padres, las personas con discapacidad deben percibir rendimientos netos inferiores a 8.000 euros.

Para calcular los rendimientos netos, las personas con discapacidad deben deducirse de los rendimientos del trabajo:

Reducción en los rendimientos del trabajo para personas  con discapacidad 

Con carácter general 2.000 euros

Dicha cantidad se incrementa en 3500 euros para personas  con un grado des discapacidad entre un 33 y un 65 %.

Y para aquellos trabajadores que acrediten la ayuda de una tercera persona, movilidad reducida o un grado de discapacidad superior al 65 % o bien con una discapacidad reconocida judicialmente, cualquiera que sea su grado de discapacidad, dicha cantidad se incrementa en 7.750 euros.

Reducciones cuando el rendimiento neto del trabajo  sea igual o inferior a 14,450 euros

Si el rendimiento neto es igual o inferior a 11.250 euros: 3.700 euros.

Si el rendimiento neto es superior a 11.250 euros, pero igual o inferior a 14.250 euros, deberá efectuarse el siguiente cálculo:

3.700 euros – (Rendimiento neto – 11.250) X 1,5625

Las deducciones que podrán aplicarse los padres de las personas con discapacidad en la declaración conjunta  con sus hijos o sin ellos por descendientes a cargo por los conceptos de mínimo personal y familiar,  son las siguientes:

Mínimo personal y familiar 

Estas reducciones no  se restan del conjunto de los ingresos. Sobre la suma de todas ellas se aplica   la escala de gravamen  que les corresponda y la cifra resultante se deduce de la cuota a pagar.

Mínimo personal

General: 5.550 euros

Mayores de 65 años: 1.150 euros.

Mayores de 75 años:1.400 euros.

Mínimo por descendientes entre 3 y 25 años

Primero: 2.400 euros.

Segundo: 2.700 euros.

Tercero: 4.000 euros.

Cuarto: 4.500 euros

Si es menor de 3 años se aumenta en 2.800 euros.

Mínimo por ascendientes

Mayor de 65 años o con discapacidad: 1.150 euros.

Mayor de 75 años: 1.150 euros más 1.400 euros.

Mínimo por discapacidad

Con discapacidad: 3.000 euros.

Con discapacidad igual o superior al 65 %: 9.000 euros.

Con discapacidad igual o superior al 65 % más gastos de asistencia, se incrementan los 9.000 euros en 3.000.

Mínimo por discapacidad en ascendientes o descendientes

Con discapacidad: 3.000 euros.

Con discapacidad igual o superior al 65 %: 9.000 euros.

Con discapacidad igual o superior al 65 % más gastos de asistencia, se incrementan los 9.000 euros en 3.000.

 

La ayuda a la renta DAFAS (deducción por familia números o por ascendientes y descendientes a cargo con discapacidad) supone una ayuda de 1.200 euros para persona con discapacidad a cargo.

 

Los requisitos para acogerse a esta deducción, son los mismos que para la aplicación de los mínimos por descendientes:

 

  • Que el descendiente tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
  • Que el descendiente con discapacidad conviva con el contribuyente.
  • Que el descendiente con discapacidad no supere los 8.000 euros netos anuales.
  • Que el descendiente no presente declaración de IRPF con rentas superiores a 1.800 euros.

 

Además los beneficiarios de esta deducción deberán realizar una actividad por la que se cotice a la Seguridad Social o mutualidad alternativa o bien ser pensionistas.

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Subvenciones: sujeción al iva: cuando se vinculan al precio

 

 El concepto de “subvención vinculada al precio” ha generado desde los orígenes de la Directiva comunitaria numerosas controversias a la hora de delimitarlo y de diferenciarlo de prestaciones análogas, como pueden ser las subvenciones a la explotación o las indemnizaciones. La Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido considera que pueden constituir una contraprestación de  servicios y por, tanto, pueden formar parte de la base imponible de sus operaciones y quedan sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.

“Artículo 78 LIVA. Base Imponible de las operaciones.

Uno. Contraprestación de la operación sujeta a IVA procedente del destinatario o de terceras personas.

Dos. Forman parte base imponible:

3º Las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones, considerando como tales aquellas establecidas en función del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la operación.

Tres. No forman parte base imponible
4º Las subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones, no considerándose como tales, los importes pagados por un tercero en contraprestación a dichas operaciones.”

 

No obstante, esta doctrina ha quedado superada por la más reciente jurisprudencia del TJUE a la que se refiere expresamente la Consulta Vinculante V2263-16 DGT. En concreto:

  • La Sentencia de 27 de marzo de 2014, Le Rayon d’Or SARL, Asunto C-151/13, que interpreta nuevamente el artículo 11.A.1.a) de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, Sexta Directiva del IVA y el artículo 73 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo.

 

  • La sentencia del TJUE de 29 de octubre de 2015 Saudaçor, recaída en el asunto C-174/14.

 

Lo relevante para el establecimiento de la inclusión o no en la base imponible del Impuesto de las subvenciones percibidas está en la consideración de que:

 

  • Las operaciones se realicen como consecuencia de la percepción de estas cantidades, subvenciones.
  • Estas cantidades constituyan en todo o en parte la contraprestación de las operaciones sujetas al Impuesto, con independencia de que se sean abonadas por un tercero.
  • Siempre que pueda identificarse la existencia del necesario vínculo existente entre la prestación de servicios llevada a cabo y la contrapartida recibida
  • Incluso si su importe se determina a priori y la compensación deba ser ajustada debido a un cambio de circunstancias que determinen insuficiente el importe para la realización de las operaciones.

Es necesario distinguir dos supuestos según las operaciones se efectúen a favor de terceros o a favor de la Administración Pública concedente:

 

Subvenciones percibidas de la Administración Púbica vinculadas al precio de las operaciones efectuadas a favor de terceros.

 

  • Quedarán sujetas a IVA de las operaciones y formaran parte de la base imponible las cantidades percibidas de una Administración Pública siempre que pueda establecerse un vínculo directo entre las cantidades percibidas por el empresario o profesional y las operaciones efectuadas a favor de terceros.
  • No formarán parte de la base imponible de las operaciones las cantidades percibidas para financiar directamente inversiones del inmovilizado, otras subvenciones de capital

 

 

Subvenciones que constituyen la contraprestación de operaciones efectuadas a favor de la Administración Pública concedente.

 

  • Cuando un empresario o profesional reciba subvenciones de una Administración Pública deberá analizarse la existencia de un vínculo directo entre las cantidades efectivamente percibidas y las operaciones efectuadas, en su caso, a favor de la Administración Pública.
  • No formarán parte de la base imponible de las operaciones las cantidades percibidas en concepto de indemnizaciones por daños y perjuicios
  • No estarán sujetas a IVA las cantidades percibidas de una Administración Pública que retribuyan prestaciones de servicios efectuadas en virtud de encomiendas de gestión o cuando el perceptor dependa de la Administración Pública en los términos establecidos en el artículo 7.8º de la Ley 37/1992.
  • Por
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Aplazamientos AEAT

logotipo de agencia tributaria

Aplazamientos AEAT: no es aplazable el IVA a partir de 01/01/2017

El sábado 3 de diciembre se publicó en el B.O.E el Real Decreto-Ley 3/2016 de medidas urgentes en el ámbito tributario

NO PODRÁ APLAZARSE O FRACCIONARSE

Ni el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Ni los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades

Las retenciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ya no podían ser objeto de aplazamiento.

Tampoco podrán aplazarse las deudas tributarias dictadas en la vía económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo, que previamente hubieran sido objeto de suspensión

Así pues ya no se podrá contar con la financiación de la Agencia Tributaria para aliviar la tesorería de las empresas. Será pues nuevamente necesario solicitar financiación a las entidades bancarias

Los aplazamientos o fraccionamientos cuyos procedimientos se hayan iniciado antes del 01 de Enero de 2017 se regirán por la normativa anterior a dicha fecha hasta su conclusión.

BONIFICACIÓN EN LA CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

En el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio, el Real Decreto-Ley se limita a prorrogar durante 2017 la exigencia de su gravamen.
En este sentido, en su artículo 4, modifica con efectos 1 de enero de 2017 y vigencia indefinida, el apartado segundo del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, que restableció el Impuesto sobre el Patrimonio posponiendo hasta 2018 la aplicación de la bonificación del 100% en la cuota íntegra del Impuesto.

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Aplazamientos y fraccionamientos impuesto sobe sociedades: denegación

No pasarán
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Hoy a 28/12/2016

Hemos recibido una denegación de aplazamiento del Impuesto sobre Sociedades solicitada por un cliente del despacho

Motivos de denegación de aplazamiento/fraccionamiento

“Por no haber quedado suficientemente justificada la existencia de dificultades económico-financieras ni las dificultades transitorias de liquidez invocadas que pudiera impedir hacer frente al pago de la deuda en plazo.

Por otra parte, en virtud del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, se introducen modificaciones normativas en le ley 27/2014 de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades por medio de las cuales se dispone un incremento de esfuerzo recaudatorio exigido a grandes empresas.

Dichas modificaciones afectan al régimen legal de los pagos fraccionados, con la finalidad de conseguir el imprescindible incremento de los ingresos correspondientes al impuesto sobre sociedades, y de allegar esos fondos de manera inmediata a las arcas públicas, contemplando de manera expresa la obligación de la Administración Tributaria de velar por la efectividad de esa recaudación adicional de conformidad con la legislación vigente.

Por otra parte, el mecanismo del pago fraccionado permite a la Hacienda Pública allegar los fondos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones de gasto de una manera regular y homogénea a lo largo del ejercicio económico, evitando que se produzcan picos de ingresos en momentos muy puntuales con una imposibilidad de obtenerlos durante el resto del ejercicio, estando en la propia esencia del pago fraccionado que la cantidad resultante se ingrese en el momento exacto que dispone su norma reguladora quedando totalmente desvirtuado si se permite dilatar o retrasar su ingreso.”

La actual situación de ingreso presupuestario obliga a una política de restricción en el gasto y de disciplina en el ingreso, que exige asegurar por quien se encarga de la gestión recaudatoria de tales ingresos no sólo que se ingresan efectivamente todos los créditos tributarios debidos por los contribuyentes, sino que los mismos se materializan en el momento temporal que se establece materialmente.

En el presente caso, la necesidad de servir con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, y el interés público que se pone de manifiesto en el citado Real-Decreto Ley, así como dar cumplimiento al mandato, allegar fondos de manera inmediata a las arcas públicas, contenido en el mismo, determina la denegaciónj de la solicitud de aplazamiento y fraccionamiento de pago presentada.

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Cómo garantizar el cobro de una deuda: el fiador.

la liebre y la tortugaHay dos tipos de garantías: las personales y las reales.

Con una garantía personal el obligado   responde con todos sus bienes presentes y futuros.

Con una garantía real, por ejemplo, una hipoteca, el obligado responde con el bien  señalado y del cual se efectúa una inscripción en el registro de la propiedad señalando que está afecto al pago de la deuda que se ha contraído.

Un tipo de garantía personal es la fianza o aval, en virtud de la cual una tercera persona responde del cumplimiento de la obligación  contraída.

Si no se especifica nada más en este tipo de garantía, para poder proceder contra el fiador o avalista, es preciso que el obligado principal sea insolvente. Con lo cual el cobro de la deuda es más lento y difícil.

Es decir, el fiador responde subsidiariamente.

Por ello es conveniente en los contratos en que se incorpora un tercero responsable, fiador o avalista, incorporar una cláusula en virtud de la cual obligado principal y fiador  renuncian a los beneficios de orden, división y excusión.

En virtud de ella el acreedor podrá reclamar el cumplimiento indistintamente al obligado principal o al fiador (renuncia al beneficio de orden), podrá ejecutar en primer lugar los bienes del fiador (renuncia al beneficio de excusión) y podrá ejecutar la totalidad de la deuda contra cualquiera de los dos (renuncia al beneficio de división)

 

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Coche de empresa: deducción del iva, retribución en especie

¿Un tigre es necesario para la actividad?
¿Un tigre es necesario para la actividad?

    

Si el coche se utiliza exclusivamente para actividades comerciales y queda aparcado en el parking de la empresa

El porcentaje de deducción del IVA sería del 100% siempre que quede acreditado que es  para actividades comerciales. Un medio de prueba puede ser el contrato de trabajo de la persona que lo utiliza en el que se indica que es comercial. En las factures de reparaciones, gasolina…han de constar los datos del vehículo y persona que lo utiliza.

Artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre el Valor añadido Limitaciones del derecho a deducir

Uno. Los empresarios o profesionales no podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios que no se afecten, directa y exclusivamente, a su actividad empresarial o profesional.

  • No obstante lo dispuesto en esta regla 2.ª, los vehículos que se relacionan a continuación se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 100 por 100:
  1. e) Los utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales.

 

Si el trabajador cada día se lleva el coche a casa para comenzar desde allí su actividad laboral de visita a los clientes

En este caso la agencia tributaria puede considerar que existe  una utilización para uso personal del vehículo.

La ley del IVA presume afectos al 50% los vehículos de turismo, con excepciones como la mencionada en el apartado anterior en caso de los utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes Comerciales. Por lo tanto el IVA en principio sería deducible en un 50%, salvo que la empresa pruebe un grado de afectación mayor, o la agencia tributaria pruebe un grado de afectación menor del 50%.En principio salvo prueba en contra, sería deducible el IVA en un 50

A efectos  de renta el artículo 42.1 de la LIRPF dispone que “constituyen rentas en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda”, y del cual se desprende por tanto, que la utilización para fines particulares del coche que la empresa pone a nuestra disposición debe tributar como retribuciones en especie

Por otra parte, atendiendo a la consulta vinculante V2005-09 (en el mismo sentido se expresa la consulta V1469-07), la DGT establece que “En primer lugar y con un carácter genérico, procede señalar que en los supuestos de utilización simultánea en los ámbitos laboral y particular de vehículos de empresa resulta necesario establecer un criterio de reparto (entre esa utilización laboral y la particular) en el que, de acuerdo con la naturaleza y características de las funciones desarrolladas por los trabajadores de la empresa, se valore sólo la disponibilidad para fines particulares. Al ser esta una cuestión de hecho y cuya valoración procederá realizar, por tanto, a los órganos de gestión e inspección tributaria, no puede señalarse un criterio general de determinación”

Seguidamente, la DGT señala que “No obstante, sí procede matizar que no son aceptables aquellos que se cuantifiquen en función de las horas de utilización efectiva o kilometraje, pues el parámetro determinante debe ser la disponibilidad para fines particulares”, y al final de su argumento estipula que “si esa utilización particular no tiene carácter gratuito, sino que la entidad cobra al sujeto pasivo el coste del arrendamiento financiero correspondiente a esa utilización particular (precio no inferior —por tanto— al de mercado), no existirá retribución en especie para aquel”.

Finalmente, a la hora de valorar el uso del vehículo como retribución en especie, nos remitiremos al artículo 43.1.b de la LIRPF, el cual dispone, para el caso de la utilización o entrega de vehículos automóviles, que el valor será “en el supuesto de uso, el 20 % anual del coste de adquisición para el pagador. En caso de que el vehículo no sea propiedad del pagador, dicho porcentaje se aplicará sobre el valor de mercado que correspondería al vehículo si fuese nuevo”.

 

Un ejemplo para el cálculo del coche de empresa como retribución en especie:

 

Supongamos para este caso que la empresa X S.A. pone a disposición de Alfredo, uno de sus comerciales, un coche que la misma tiene en leasing con un valor de mercado de 25.000€, y el cual utiliza tanto para su trabajo diario de lunes a viernes (sumando un total de 220 días anuales completos, sin existir posibilidad de uso del mismo para su uso personal en esos días), como para fines particulares. En función de lo establecido por la DGT, calcularemos los días completos que podemos considerar que Alfredo tiene el coche a su disposición, y que suman un total de 365 – 220 = 145 días, periodo durante el cual corresponde realizar la imputación de renta correspondiente.

Por tanto, y en el caso que nos atañe, la valoración de la renta en especie será de un 20% anual de los 25.000 € de valor de mercado que tiene el coche. Como se ha dispuesto del coche para fines particulares durante 145 días, la imputación de la retribución en especie asciende a:

25.000 € x 20% x (145 días / 365 días) = 1.986,30 €

La valoración resultante se puede reducir hasta el 30% cuando se trate de vehículos considerados eficientes energéticamente.
esta cantidad hay que sumarle el reglamentario ingreso a cuenta que corresponda, y que es el resultado de aplicar el mismo porcentaje de retención que se le aplica en nómina a Alfredo por la retribución salarial bruta, al valor de la retribución en especie. Este ingreso a cuenta podrá serle repercutido o no al trabajador.

¿Alguna limitación de vehículo per tipos, potencia, modelos?

 

En ello influye  por ejemplo la categoría de la empresa y del  trabajo realizado. Si es una multinacional  y el trabajo y la responsabilidad es muy grande, puede quedar justificado llevar un coche de alta gama. Si es una empresa pequeña dependiendo del volumen de la empresa puede ser excesivo un coche de este tipo.

Por Amalia Aparicio

Abogado Asesor fiscal

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Adquisición del uso privativo de la terraza comunitaria

¿A quién pertenece el uso de la terraza comunitaria?
¿A quién pertenece el uso de la terraza comunitaria?

El criterio de la doctrina es que no se produce la adquisición de la propiedad por usucapión, precisamente por las especiales características de estos elementos comunes, que son en copropiedad, y de pasar a ser privativo supondría una asignación de cuotas y el cambio de todas las demás para seguir con el total de cien centésimas del artículo 3 b) de la Ley de Propiedad Horizontal.

En este caso, lo que nunca consigue el usuario es que un elemento común pase a tener la consideración de privativo por un uso particular continuado, pero lo que sí se adquiere es el derecho a seguir con este privilegio cuando pasan quince años, que es la acción aplicable a tenor del artículo 1964 del Código Civil, aparte, incluso antes, si existe una actitud de consentimiento tácito de la Comunidad. De este modo se han pronunciado las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla de 04 de Febrero de 2.014 y de la Audiencia Provincial de Madrid de 29 de Abril de 2.013.

Extracto del artículo de María José Polo Portillo Abogada

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