Responsabilidad de los coherederos

Responsabilidad de los coherederos
Efecto interruptivo de la prescripción con la notificación al coheredero

En principio todos los herederos deben responder de las obligaciones del fallecido con carácter solidario. En consecuencia, la Hacienda Pública acreedora, puede exigir a cualquiera de sus herederos la totalidad del importe de la obligación tributaria. No obstante esto debe ser matizado por la distinción entre la aceptación pura y simple de la herencia y la aceptación a beneficio de inventario. En el primer supuesto opera la aplicación del artículo 1003 del Código Civil que señala que: “Por la aceptación pura y simple o sin beneficio de inventario, quedará el heredero responsable de todas las cargas de la herencia, no sólo con los bienes de ésta, sino también con los suyos propios.
Pero esto es así hasta el momento de la división de la herencia. Hasta este momento los coherederos responden solidariamente de la totalidad de la deuda si no han aceptado la herencia a beneficio de inventario.
Los acreedores pues, entre los que se halla la Hacienda Pública, pueden dirigirse a cualquiera de los coherederos reclamando al elegido la totalidad de la deuda.
Pero a partir de la división la responsabilidad de los coherederos es mancomunada. Cada uno de ellos responde de las deudas con la parte de la herencia que le ha sido adjudicada y en consecuencia la prescripción, su cómputo, opera de forma individual para cada uno de ellos.
Adjunto la consulta de la DGT de 3 de Septiembre de 2008 que concluye con la existencia de una responsabilidad solidaria con anterioridad a la aceptación de la herencia.
http://www.asesoriayempresas.es/doctrinaadministrativa/JURIDICO/103181/consulta-dgt-de-3-de-septiembre-de-2008-lgt-division-entre-herederos-contribuyentes-responsab

Consultar en nuestro blog: la prescripción en el impuesto sobre sucesiones.

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Aplazamientos AEAT

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Aplazamientos AEAT: no es aplazable el IVA a partir de 01/01/2017

El sábado 3 de diciembre se publicó en el B.O.E el Real Decreto-Ley 3/2016 de medidas urgentes en el ámbito tributario

NO PODRÁ APLAZARSE O FRACCIONARSE

Ni el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Ni los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades

Las retenciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ya no podían ser objeto de aplazamiento.

Tampoco podrán aplazarse las deudas tributarias dictadas en la vía económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo, que previamente hubieran sido objeto de suspensión

Así pues ya no se podrá contar con la financiación de la Agencia Tributaria para aliviar la tesorería de las empresas. Será pues nuevamente necesario solicitar financiación a las entidades bancarias

Los aplazamientos o fraccionamientos cuyos procedimientos se hayan iniciado antes del 01 de Enero de 2017 se regirán por la normativa anterior a dicha fecha hasta su conclusión.

BONIFICACIÓN EN LA CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

En el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio, el Real Decreto-Ley se limita a prorrogar durante 2017 la exigencia de su gravamen.
En este sentido, en su artículo 4, modifica con efectos 1 de enero de 2017 y vigencia indefinida, el apartado segundo del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, que restableció el Impuesto sobre el Patrimonio posponiendo hasta 2018 la aplicación de la bonificación del 100% en la cuota íntegra del Impuesto.

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CERTIFICADOS ELECTRONICOS CADUCADOS NO SE PODRÁN RENOVAR: CÓMO OBTENER UN NUEVO CERTIFICADO

 

agencia_tributariaHasta la fecha, la FNMT-RCM (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) venía expidiendo, entre otros, certificados electrónicos de persona física, de persona jurídica y de representante de entidades sin personalidad jurídica.

 

El 1 de julio de 2016 será aplicable en su práctica totalidad el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de julo de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza en las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE.

A partir del próximo mes de marzo la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre–Real Casa de la Moneda (FNMT–RCM) comenzará a expedir los nuevos certificados de representante de persona jurídica, de representante de entidad sin personalidad jurídica y de representante para administradores únicos y solidarios. A partir de esa fecha, dejarán de emitirse los actuales certificados de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica, y la renovación de los mismos no podrá realizarse a través de la página web. No obstante, podrán seguir utilizándose hasta su caducidad o revocación.

 

 

Podrán obtenerse los nuevos certificados de representante, actuando de la siguiente forma:

  • Si se trata de un administrador único o solidario, podrá obtener su certificado de representante sin necesidad de personarse en las oficinas de registro ni aportar documentación alguna, siempre que se identifique en la página Web CERES con un certificado electrónico de persona física expedido por la FNMT–RCM o de los incluidos en el DNI electrónico (la expedición del certificado queda sometido a la vigencia de las facultades de representación que consten en el Registro Mercantil a favor del interesado).

El FNMT, será ahora ésta quien se conecte telemáticamente con el Registro Mercantil para evaluar la capacidad y vigencia de la representación del interesado, cobrando por este acto 24 euros más IVA, un IVA que, al tratarse de un servicio prestado por vía electrónica, será del 21% (a las empresas, entidades y Administraciones Públicas establecidas en Canarias, Ceuta y Melilla no se les repercutirá dicho impuesto.

 

  • Si no es administrador único o solidario, o si no puede identificarse en la página web como se ha descrito en el párrafo anterior, es preciso personarse en una oficina de registro para obtener un certificado de representante, con la documentación exigible en cada caso.
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Comunidades de Propietarios: comunicación electrónica con la AEAT obligatoria

senales-de-hgumoOBLIGACION DE PERSONAS JURÍDICAS Y ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURIDICA A RELACIONARSE ELECTRONICAMENTE CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El 2 de octubre de 2016 es la fecha de entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Esta ley obliga, entre otros, a las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Entre las entidades sin personalidad jurídica se incluyen las comunidades de bienes, las herencias yacentes y las comunidades de propietarios.

Esta relación electrónica comprende tanto las notificaciones como la presentación de documentos y solicitudes a través de registro.

La presentación de declaraciones y autoliquidaciones se continuará haciendo como hasta ahora, por no estar afectada por la Ley 39/2015.

Las comunidades de propietarios pueden apoderar al Administrador para recibir las notificaciones electrónicas. Este trámite se puede hacer de dos formas:

  1. Mediante solicitud de cita previa en la Administración correspondiente de la Agencia Tributaria, donde deberán personarse el Administrador y el Presidentes de la comunidad,
  2. No será necesario que el Presidente de la comunidad se persone ante la Agencia Tributaria, si el documento de apoderamiento es firmado y su firma es legitimada ante un notario.

 

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Bienes ocultos en el extranjero, declaración extemporánea.

Leónidas en las Termópilas, de Jacques Louis David Según Plutarco: “se cuenta que uno que hurtó un zorrillo y lo ocultó debajo de la ropa, y despedazándole este el vientre con las uñas y con los dientes aguantó y se dejó morir por no ser descubierto”.
Leónidas en las Termópilas, de Jacques Louis David Según Plutarco: “se cuenta que uno que hurtó un zorrillo y lo ocultó debajo de la ropa, y despedazándole este el vientre con las uñas y con los dientes aguantó y se dejó morir por no ser descubierto”.
Leónidas en las Termópilas, de Jacques Louis David Según Plutarco: “se cuenta que uno que hurtó un zorrillo y lo ocultó debajo de la ropa, y despedazándole este el vientre con las uñas y con los dientes aguantó y se dejó morir por no ser descubierto”.

El proceso legislativo seguido por el gobierno español para inducir a los contribuyentes  a regularizar rentas procedentes de bienes ocultos en el extranjero por medio  de una amnistía fiscal de los ejercicios que en 2.012 no se hallaban prescritos, 2.008 a 2.011, mediante el pago de un gravamen especial del 10 %, sin sanciones, que estuvo vigente hasta Noviembre de 2.012, le condujo finalmente a cerrar el proceso de regularización, estableciendo una normativa que ha dejado en muy mala situación a quienes no se hubieran acogido a esta regularización.

La declaración que se presentó para regularizar fue la 750, estableciéndose deberes de información anuales para los bienes y derechos que fueron regularizados, que se tradujo en la famosa declaración 720 que debía presentarse cada año antes del mes de Abril.

Determinados bienes en el extranjero descubiertos  por la Administración Tributaria tendrán la consideración de ganancias patrimoniales no justificadas y tributarán en la base imponible general del impuesto.

 Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude («B.O.E.» 30 octubre).Vigencia: 31 octubre 2012.

Artículo 39 de la Ley del IRPF.

Artículo 134.6 del texto refundido de la ley del Impuesto sobre Sociedades.

Según esta nueva normativa , dichos bienes y derechos tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas y se integrarán en la base imponible general del periodo impositivo más antiguo entre los no prescritos susceptibles de regularización  respecto de los cuales no se hubiera cumplido en el plazo establecido la obligación de información a que se refiere la disposición adicional decimooctava de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, General Tributaria.

Se exceptuán:

“No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en este apartado cuando el contribuyente acredite que la titularidad de los bienes o derechos corresponde con rentas declaradas, o bien con rentas obtenidas en periodos impositivos respecto de los cuales no tuviese la condición de contribuyente por este Impuesto.”

Esta nueva normativa implica la imposibilidad de probar que dichas ganancias patrimoniales se produjeron en un periodo impositivo anterior a 2.012.

Por si fuera poco la disposición adicional segunda en la Ley 7/2012, pretende acotar el ámbito temporal del precepto, cuando establece que la imputación de rentas del artículo 39.2 de la Ley del IRPF  y 134.6 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades se realizará al periodo impositivo que proceda según los señalado en dichos preceptos en el que hubieran estado en vigor dichos apartados. En fin, con ello se dice que la ganancia no justificada se imputará siempre a un periodo impositivo posterior a 2.012.

Por si no fuera poco establece la Sanción del 150 % sobre el valor de los bienes descubiertos

Según la disposición adicional primera   de la Ley 7/2012 en caso de ganancias patrimoniales no justificadas y de presunción de obtención de  ganancias patrimoniales no justificadas, determinará la comisión de infracción tributaria, que tendrá la consideración de muy grave, y se sancionará con una multa pecuniaria proporcional del 150 por ciento del importe de la base de la sanción.

La base de la sanción será la cuantía de la cuota íntegra resultante de la aplicación de los artículos citados en el párrafo anterior.

Regula además la obligación de declarar los bienes y derechos situados en el extranjero. Régimen sancionador.

   Se introduce una nueva disposición adicional decimoctava de la Ley General Tributaria con la siguiente redacción:

«Disposición adicional decimoctava Obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero

1. Los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración tributaria, conforme a lo dispuesto en los artículos 29 y 93 de esta Ley y en los términos que reglamentariamente se establezcan, la siguiente información:

  • a) Información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio de las que sean titulares o beneficiarios o en las que figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición.
  • b) Información de cualesquiera títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean titulares y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de los seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y de las rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades establecidas en el extranjero.
  • c) Información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en el extranjero.

 2. Régimen de infracciones y sanciones.

Constituyen infracciones tributarias no presentar en plazo y presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos las declaraciones informativas a que se refiere esta disposición adicional.

También constituirá infracción tributaria la presentación de las mismas por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por dichos medios.

Las anteriores infracciones serán muy graves y se sancionarán conforme a las siguientes reglas:

  • a) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre cuentas en entidades de crédito situadas en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.

    La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios.

  • b) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre títulos, activos, valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada elemento patrimonial individualmente considerado según su clase, que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.

    La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada elemento patrimonial individualmente considerado según su clase, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios.

  • c) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo bien inmueble o a un mismo derecho sobre un bien inmueble que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.

La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo bien inmueble o a un mismo derecho sobre un bien inmueble, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios.

 Declaración extemporánea de bienes ocultos en el extranjero

Conforme a la normativa que hemos expuesto, la Administración Tributaria podrá considerar que se trata de ganancias patrimoniales no justificadas que deberán tributar en la base imponible general y aplicar la sanción del 150 %.

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Legalización de libros en forma electrónica obligatoria a partir de ejercicios iniciados después del 28 de Septiembre de 2.013

Empresarios: ¡cuidado con los libros!, porque los libros enloquecieron a Don Quijote
Empresarios: ¡cuidado con los libros!, porque los libros enloquecieron a Don Quijote

La legalización de todos los libros que  deben llevar obligatoriamente  los empresarios deberá realizarse por vía telemática dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio, siempre que correspondan a ejercicios abiertos a partir del 29 de Septiembre de 2.013.

Deberán también  legalizarse telemáticamente los libros de actas, los libros de decisiones del socio único, los libros de socios y los libros de acciones nominativas.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/546309-instruccion-dgrn-12-feb-2015-legalizacion-de-libros-de-los-empresarios-en.html

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Comprobación de valores: tasación pericial contradictoria.

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La tasación pericial contradictoria suspende la ejecución del acto administrativo.

La Administración tributaria puede comprobar el valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la obligación tributaria excepto si el obligado tributario haya declarado de las siguientes maneras:

a) El valor que le haya sido comunicado al efecto por la Administración tributaria en los términos previstos en el artículo 90 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 69 de este reglamento.

b) Los valores publicados por la propia Administración actuante en aplicación de alguno de los medios previstos en el artículo 57.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Aunque en cualquier caso se deberá comprobar lo establecido en la normativa de cada tributo para conocer si existe una regulación especifica.

La comprobación no prioritaria

En Cataluña la Administración autonómica diferencia entre la comprobación prioritaria o no prioritaria. La clasificación depende del criterio que utilice el obligado tributario a la hora de determinar el valor del bien que debe tributar. En la comprobación prioritaria la Administración entrará a realizar una valoración técnica del bien para analizar si la valoración presentada es correcta. Mientras que la comprobación no prioritaria implica que la Administración considerará que no es preferente una valoración técnica.

En el impuesto de transmisiones patrimoniales se clasificará como comprobación no prioritaria cuando el valor del bien declarado sea igual o superior al valor catastral actualizado mediante los coeficientes publicados por la Comunidad Autónoma. Por el contrario cuando el valor del bien no lo supere será considerado como comprobación prioritaria. Se seguirá el mismo criterio en el caso de las donaciones.

Cuando se trate de sucesiones se tiene en cuenta por parte de la Administración que surgirán situaciones que minoren el valor de los bienes y por lo tanto clasificarán como comprobaciones de valoración de bienes no prioritarias aquellas a las que les haya aplicado unos coeficientes de actualización menores que para el impuesto de transmisiones patrimoniales y donaciones.

En el caso de las primeras transmisiones cuando no se hayan asignado los valores catastrales serán comprobaciones prioritarias cuando el valor del bien declarado no supere los módulos por superficie estipulados por la Administración.

Por lo tanto la Administración inspeccionará aquellas liquidaciones que estén en la lista de comprobaciones prioritarias para analizar si esos valores son los correctos o el obligado está intentando evadir impuestos.

Sin embargo en la presente situación económica es muy posible que el precio del bien que tributa sea inferior a los valores oficiales y entonces se considere comprobación prioritaria con los problemas que eso conlleva.

A pesar de que la Administración sabe que la valoración mediante el valor catastral y coeficientes de actualización no es el método más apropiado,  actualmente siguen aplicando ese criterio porque para ellos no es posible realizar una valoración técnica de cada bien que tribute.

Pero para el contribuyente sigue siendo un problema que la Administración pueda entrar a valorar el bien una vez presentado la declaración del tributo ya que la regularización posterior puede significar que deba ingresar una suma adicional a la ya presentada con la declaración del impuesto.

En cualquier caso el contribuyente tiene una opción muy interesante para argumentar en contra de la valoración realizada por la Administración y esa es la tasación pericial contradictoria.

Tasación pericial contradictoria

El obligado tributario puede presentar una valoración pericial contradictoria con la presentada por la Administración. Si se cumplen las condiciones que explicaremos más adelante, puede solicitarse un peritaje por un tercer perito ajeno a la Administración y al interesado.

Además se puede reservar el derecho a promover la tasación pericial contradictoria cuando se estime que la notificación no contiene una  expresión suficiente de los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los valores declarados y se denuncie dicha omisión en un recurso de reposición o en una reclamación económico-administrativa.

La reserva o presentación de solicitud de la tasación pericial contradictoria implicará la suspensión de la ejecución de la liquidación y del plazo para interponer recurso contra la misma.

Las condiciones a las que nos hemos referido consisten en que  si se comprueba que la diferencia entre el valor determinado por el perito de la Administración y la tasación practicada por el perito designado por el obligado tributario es igual o inferior a 120.000 euros y al 10% de dicha tasación, se utilizará la  tasación pericial del obligado tributario. Pero si la diferencia es superior se designará un perito tercero.
La valoración del perito tercero será la definitiva pero tendrá como   límite el valor declarado y el valor comprobado inicialmente por la Administración tributaria.

La solicitud de la tasación pericial contradictoria implicará que se debe realizar una valoración por un perito de la Administración si ésta no ha sido realizada anteriormente.

Se entenderá que el obligado tributario solicita una tasación pericial cuando los motivos de oposición al acto sea la cuantificación de los elementos técnicos. A no ser que se manifieste expresamente que se impugna el acto administrativo.

Una vez realizada la tasación el órgano competente notificara al obligado tributario la valoración pericial. Se le concederá el plazo de 10 días para que el obligado puede nombrar a su perito, el cual deberá tener un titulo adecuado a la naturaleza de los bienes y derechos de valor.

Si transcurre el plazo de 10 días sin que el obligado tributario haya designado un perito se entenderá que ha desistido del procedimiento y este se dará por terminado. Además no se podrá volver a promover una nueva tasación pericial.

El tercer perito será designado como determine la normativa. En primer lugar será necesaria la aceptación de la designación por el perito nombrado. Sus honorarios pueden ser estandarizados si así lo regula la Administración. Posteriormente se le entregará la relación de bienes y derechos a valorar y los informes de los peritos anteriores. El perito tendrá un mes para confirmar una de las valoraciones anteriores o realizar una nueva valoración.

En el caso de que no emita valoración en ese plazo se puede dejar sin efecto su designación. Si esto sucede se notificará el perito y al obligado tributario y se procederá al nombramiento de otro perito.

Los honorarios del tercer perito serán abonados por el obligado tributario . El perito por su parte puede exigir que se haga provisión del importe de sus honorarios mediante deposito en el plazo de 10 días. La falta de deposito por cualquiera de las dos partes supone la aceptación de la valoración de la otra.

El proceso puede terminar de las siguientes maneras:

a) Por la entrega a la Administración tributaria de la valoración efectuada por el perito tercero.

b) Por el desistimiento del obligado tributario.

c) Por no ser necesaria la designación del perito tercero.

d) Por la falta del depósito de honorarios por cualquiera de las partes. En este supuesto no podrá promoverse una nueva tasación contradictoria o una nueva comprobación de valores dependiendo de quien no haya realizado el deposito.

e) Por caducidad en los términos previstos en el artículo 104.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Se tomará el valor de la tasación realizada por la Administración y no podrá volverse a iniciar el proceso.

Cuando se haya terminado el procedimiento la Administración tendrá el plazo de un mes para notificar la liquidación que corresponda a la valoración que sea la correcta y también los intereses de demora. Aunque si la Administración incumple con el plazo de un mes no se exigirán intereses de demora.

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La extincion de la deuda tributaria

Las deudas contraídas con la Hacienda Pública pueden extinguirse de las maneras que se recogen en el Reglamento General de Recaudación.

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“La vida de un libertino – Cuadro séptimo” William Hogarth (1735)

En primer lugar el pago de la deuda se puede realizar tanto en el periodo voluntario como en el periodo ejecutivo.

Además es posible que realice el pago cualquier persona, es decir, puede pagar una persona que no tiene interés en el cumplimiento de la obligación aun sin que lo sepa y consienta el obligado al pago. Aunque es importante remarcar que el tercero que pague la deuda no estará legitimado para ejercitar ante la Administración los derechos que corresponden al obligado al pago.

Se puede realizar el pago de las deudas en las cajas de los órganos competentes, en entidades que presten el servicio de caja, en entidades colaboradoras, ante personas autorizadas y directamente o por vía telematica si está previsto en la norma vigente.

Se debe tener cuidado ante quien se realiza el pago ya que si se presenta ante órganos o personas no competentes no liberan al deudor de su obligación de pago ante la Administración.

El pago de las deudas podrá realizarse en:

  • Efectivo

El pago en efectivo se hará en dinero de curso legal.

Se entenderá que el pago se ha ingresado en las cajas de los órganos competentes, entidades colaboradoras, entidades que presten el servicio de caja o demás personas o entidades autorizadas para recibir el pago. Si el pago se realiza a través de entidades de crédito entonces el justificante de ingreso liberará al deudor desde la fecha que se consigne en el justificante y por el importe que figure en él. Pero las ordenes de pago dadas por el deudor a entidades de crédito no surtirán por sí solas efectos frente la Administración.

  • Cheque

El pago mediante cheque debe reunir en primer lugar los requisitos de la legislación mercantil y además:

a) Ser nominativo a favor del Tesoro público y cruzado.

b) Estar conformado o certificado por la entidad librada, en fecha y forma.

La entidad que acepte un cheque que incumpla alguno de estos requisitos soportaré el riesgo. Pero un cheque válidamente conformado o certificado que no puede ser efectivo en todo o en parte le será exigido a la entidad que lo conformó o certificó.

En el caso de que el cheque se entregue en entidad que preste servicio de caja liberará al deudor por el importe satisfecho siempre que se haga efectivo.

  • Tarjeta de crédito y débito.

Además se podrá pagar mediante tarjeta de crédito y débito. En primer lugar deben ser admitidas por las entidades de crédito. El límite de los pagos a realizar sera el determinado por la entidad emisora. Esto es importante porque no se permitirá que en un mismo documento de ingreso se utilicen dos medios de pago diferentes.

  • Domiciliación bancaria.

La transferencia bancaria también esta permitida considerándose efectuado el ingreso cuando haya tenido la entrada el importe en la entidad.

La domiciliacion bancaria debe ajustarse a unos ciertos requisitos:

a) Que el obligado al pago sea titular de la cuenta en que domicilie el pago y que dicha cuenta se encuentre abierta en una entidad de crédito.

En los términos y condiciones en que cada Administración lo establezca, el pago podrá domiciliarse en una cuenta que no sea de titularidad del obligado, siempre que el titular de dicha cuenta autorice la domiciliación.

b) Que el obligado al pago comunique su orden de domiciliación a los órganos de la Administración según los procedimientos que se establezcan en cada caso.

El pago se entenderá realizado en la fecha de cargo en cuenta de las domiciliaciones. El justificante del ingreso el emitido por la entidad de crédito donde se encuentre domiciliado el pago.

Si el cargo a cuenta no se realiza o se hace pero fuera de plazo por causa no imputable al obligado al pago no se le exigirán recargos, intereses de demora o sanciones.

  • Efectos timbrados

Los pagos en efectos timbrados serán:

a) El papel timbrado común.

b) El papel timbrado de pagos al Estado.

c) Los documentos timbrados especiales.

d) Los timbres móviles.

e) Los aprobados por orden del Ministro de Economía y Hacienda.

  •  Pago en especie

El pago en especie debe ser solicitado a la Administración. La solicitud debe estar acompañada de la valoración de los bienes y el informe sobre el interés de aceptar esta forma de pago, emitidos ambos por el órgano competente determinado por la normativa. También se adjuntará el modelo oficial de autoliquidacion si la deuda tributaria se determina de esta manera, a no ser que ya haya sido presentada en tal caso deberá señalar día y procedimiento en que lo presento.

Si se solicita el pago en especie en periodo voluntario junto con los documentos antes mencionados esto impedirá el inicio del periodo ejecutivo pero no el devengo de demora que corresponda.

Además se podrá presentar en periodo ejecutivo hasta el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados o so sobre los que se hubiese constituido garantía. No tendrá efectos suspensivos aunque el órgano competente para la tramitación puede suspender motivadamente el proceso de enajenación.

Por otro lado en el caso de que no se reúnan los requisitos o no se acompañen los documentos el solicitante deberá tener un plazo de días para subsanar los defectos en su solicitud. Si no lo hace entonces se tendrá por no presentada la solicitud y se archivará.

En el caso de que la solicitud de pago en especie se hubiese presentado en periodo voluntario de ingreso y el plazo para atender la subordinación finalizase con posterioridad al plazo de ingreso en periodo voluntario y aquel no fuese atendido, se iniciará el procedimiento de apremio mediante la notificación de la oportuna providencia de apremio.

Pero cuando el requerimiento de subvencionan haya sido objeto de contestación en plazo por el interesado pero no se hayan subsanado los defectos observados procederá la denegación de la solicitud de pago en especie.

La resolución deberá notificarse en el plazo de seis meses pero sino se notifica la resolución entonces la respuesta por parte de la Administración es negativa.

La aceptación del pago en especie queda condicionada a la entrega o puesta a disposición de los bienes ofrecidos. Los efectos extintivos de la deuda se entenderán producidos desde la fecha de la solicitud. Se devengaran los tipos de interés de demora desde la finalización del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta que los bienes hayan sido entregados o puestos a disposición de la administración con conocimiento de esta. Pero puede acordarse entre las partes la cancelación de los intereses si el valor del bien entregado es suficiente.

Por otro lado si la resolución de la solicitud fuese denegatoria los efectos dependen de si se presentó en periodo voluntario o ejecutivo. En el caso de que se presentase en el periodo voluntario cuando se reciba la notificación de denegación se inicia el plazo de ingreso regulado en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Los intereses de demora devengaran a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha de ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de denegación. Pero si se presentó en el periodo ejecutivo deberá comenzar el procedimiento de apremio.

Cuando la resolución es positiva el obligado al pago de la deuda tiene diez días a partir de la notificación para realizar la entrega o puesta a disposición. Si no se pone a disposición en este plazo el acuerdo de aceptación queda sin efectos. Si la solicitud se presentó en periodo voluntario pero el plazo ha transcurrido se deberá iniciara el periodo ejecutivo al día siguiente de aquel en que finalizó el plazo para la entrega o puesta a disposición, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Se exigirá el ingreso del principal de la deuda y el recargo del periodo ejecutivo. La solicitud presentada en el periodo ejecutivo implica que se continuará con el procedimiento de apremio.

De manera subsidiaria en lo no previsto en este articulo se aplicara lo regulado en la legislación civil para la dación en pago.

  • Justificantes y certificaciones del pago

Cuando se realice el pago de una deuda conforme a la regulación tributaria se tendrá el derecho de que se le entregue un justificante del pago. La administración tiene la obligación de expedir este justificante cuando el deudor se la solicite.

Los justificantes pueden ser los siguientes:

a) Los recibos.

b) Las cartas de pago suscritas o validadas por órganos competentes o por entidades autorizadas para recibir el pago.

c) Las certificaciones acreditativas del ingreso efectuado.

d) Cualquier otro documento al que se otorgue expresamente el carácter de justificante de pago por el Ministerio de Economía y Hacienda y, en particular, los determinados por la normativa reguladora de los ingresos por vía telemática.

Además los justificantes de pago en efectivo tienen que incluir:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del deudor.

b) Concepto, importe de la deuda y periodo a que se refiere.

c) Fecha de pago.

d) Órgano, persona o entidad que lo expide.

En el caso de los efectos timbrados el justificante será el propio efecto debidamente inutilizado. Los pagos en especie tendrán como justificante la certificación emitida por el órgano competente en la que se confirme la entrega del bien.

 

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Embargo de bienes por la AEAT ante la falta de pago por el contribuyente

Una vez transcurre el periodo en el que se debe ingresar un impuesto de manera voluntaria pero éste pasa sin que el contribuyente ingrese la deuda o haya gestionado su aplazamiento, la Agencia Tributaria comenzará un proceso de apremio en el que  puede embargar bienes y derechos para poder cobrar la deuda.

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¿Qué hacer ante un embargo?

La Agencia Tributaria para embargar debe de cumplir con el mandato contenido en la providencia de apremio y cada actuación de embargo debe documentarse en diligencia de embargo.

El obligado al pago podrá interponer recurso o reclamación económico-administrativa si se dan alguna de las siguientes circunstancias:

  • Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
  • Falta de notificación de la providencia de apremio.
  • Incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en esta ley.
  • Suspensión del procedimiento de recaudación.

Si el embargo concurre con otros, entonces el embargo preferente será aquel que sea más antiguo según la fecha de diligencia del embargo.

La Agencia Tributaria deberá actuar conforme al principio de proporcionalidad y solo procederá al embargo en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda, los intereses devengados y que se devenguen hasta el ingreso de la deuda, los recargos del periodo ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio.

Se puede acordar con el obligado al pago un orden de embargo si los bienes garantizan el pago de la deuda con la misma prontitud que aquellos en el orden normal y además no se perjudica a terceros. Sin embargo en general la Administración utiliza el orden estipulado en la ley, el cual es el siguiente:

  • Dinero en efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito

En primer lugar la Agencia Tributaria podrá embargar dinero en efectivo y este será inmediatamente ingresado en el Tesoro. En el caso de que se trate de recaudación de cajas o similares de empresas la Agencia Tributaria puede acordar que los pagos se deban realizar con cargo a dicha recaudación en la cuantía necesaria para evitar la paralización de aquellas.

Después la Administración  si conoce que existen cuentas o depósitos abiertos en una entidad de crédito puede ser embargados. Además podrán ser embargados aquellos bienes y derechos de que sea titular el contribuyente existentes en aquella oficina aunque no fuesen conocidos por la Administración hasta que se alcance el importe de la deuda pendiente, el recargo del periodo ejecutivo, intereses y las costas producidas.

  • Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo

Se entienden que son realizables a corto plazo cuando en circunstancias normales puede ser realizado en un plazo no superior a seis meses.

En el caso de discordancia o de insuficiencia de los valores conocidos por la Administración e identificados en la diligencia para cubrir el importe total adeudado la entidad de crédito entregará la relación de los valores con los datos necesarios para poder valorarlos. Después se indicaran a la entidad los valores que deban quedar definitivamente embargados. Pero si resulta más adecuado se puede acordar el embargo de los rendimientos de dichos valores en vez de venderlos.

La AEAT dispone de información privilegiada acerca de los clientes de la empresa a través del modelo 340 y 347. Este tipo de apremio, si bien para la AEAT suele resultar eficaz, puede causar un grave perjuicio a la empresa, pues drena su liquidez y genera una imagen exterior de insolvencia.

  • Sueldos, salarios y pensiones

Incluso pueden ser embargados los salarios o equivalentes. La diligencia de embargo se presentará al pagador  que quedará obligado a retener las cantidades correspondientes y a ingresar en el Tesoro el importe detraído. También es posible que se embarguen las percepciones futuras, es decir, aquellas que todavía no se han devengado.

Por otro lado también son embargables los créditos y derechos realizables en el corto plazo. Aquellos no garantizados se le notificará a la persona o entidad que deba pagar ese crédito o derecho que deberá ingresar el importe en el Tesoro hasta cubrir la deuda. Por lo tanto no tiene carácter liberatorio el pago de la deuda al contribuyente embargado.

Pero si los créditos y derechos son garantizados se deberá notificar también el embargo al garante. Y vencido el crédito sin que se pague la deuda se promoverá la ejecución de la garantía.

En cualquier caso solo se podrá embargar aquellos salarios o equivalentes que excedan del salario mínimo interprofesional. Para Estos se embargaran según la siguiente escala:

  • Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, el 30 por 100.
  • Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional, el 50 por 100.
  • Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional, el 60 por 100.
  • Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, el 75 por 100.
  • Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 por 100.

Si a la persona que se va a embargar es beneficiario de más de un salario o similar entonces se acumularan para deducir de la parte embargable del conjunto total.

Además se acumularán los salarios de los cónyuges cuando el régimen económico del matrimonio no sea el de separación de bienes.

Las cargas familiares que se prueben pueden rebajar los porcentajes entre un 10% y un 15% según decida el secretario judicial. Pero a partir del cantidad adicional que exceda el quinto salario no puede reducirse por este motivo.

  • Bienes inmuebles

Por otro lado también son embargables los inmuebles. Para su embargo se requerirán los títulos de propiedad a los titulares de los bienes o derechos. Además se solicitará la anotación preventiva de embargo en el Registro de la propiedad.

  • Intereses, rentas y frutos de toda especie

Los intereses, rentas y frutos de toda especie pueden ser embargados notificando a la persona o entidad pagadora que debe retenerlos e ingresarlos en el Tesoro hasta que se cubra la cantidad adeudada. Aunque si los frutos o rentas sean derechos de explotación de una obra protegida por la Ley de Propiedad Intelectual se consideraran salarios y por tanto se embargaran como ellos.

Pero si fuesen frutos o rentas obtenidos por empresas o actividades comerciales, industriales y agrícolas se puede nombrar un administrador o interventor. En el caso de que los frutos estén asegurados se notifica a la entidad aseguradora el embargo .

  • Establecimientos mercantiles o industriales

La Agencia Tributaria también podrá embargar establecimientos mercantiles e industriales y este comprenderá los siguientes:

  • Derechos de cesión del contrato de arrendamiento del local del negocio, si este fuese arrendado, y las instalaciones.
  • Derechos de propiedad intelectual e industrial
  • Utillaje, maquinas, mobiliario, utensilios y demás instrumentos de producción y trabajo.
  • Mercaderías y materias primas.
  • Posibles indemnizaciones.

Además si se considera que la continuidad de aquellos que ejercen la dirección puede perjudicar la solvencia del obligado al pago. Así que la Administración podrá acordar el nombramiento de un funcionario para que ejerza de administrador.

  • Metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades

Se podrán embargar metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería, antigüedades y otros objetos de valor histórico o artístico. Y se adoptaran las medidas necesarias para impedir su sustitución o levantamiento.

  • Bienes muebles y semovientes

Los bienes muebles y semovientes serán embargables mediante la terciopersonal en el domicilio del obligado al pago. Aunque si se trata de automóviles o similares se notificara el embargo al obligado y este deberá poner a disposición del órgano de recaudación las llaves y la documentación en un plazo de cinco días.

  • Créditos, efectos, valores y derechos realizables a largo plazo

El embargo de créditos y derechos a largo plazo se realizara de acuerdo a la normativa para el embargo de valores.

Enajenación de los bienes embargados

Una vez los bienes o derechos estén en disposición de la Administración esta procederá a valorarlos a precio de mercado mediante los criterios habituales de valoración. Esta valoración se notificara al obligado al pago que podrá presentar valoración contradictoria realizada por perito en el plazo de quince días si está disconforme con la valoración de la Administración. Si no existe acuerdo entre las dos partes entonces el órgano de recaudación solicitara una nueva valoración.

Esa valoración del bien será el tipo para la subasta si no existen cargas. Pero si existen cargas o gravámenes de carácter anterior entonces dependerá de si exceden el valor del bien o no. Si no exceden el valor del bien entonces el tipo para la subasta será la diferencia entre el valor del bien y las cargas. Pero si se excede, la valoración del bien serán los débitos y costas si no supera la valoración o la valoración en caso de que las deudas sean superiores.

Los bienes podrán enajenarse mediante subasta publica, concurso o adjudicación directa. Aunque en principio se utilizará la subasta publica a no ser que la ley estipule otro sistema.

 Reglamento General de Recaudación

Ley Enjuiciamiento Civil

 

 

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Ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo

Oficiales en el puente de un destructor en labores de escolta de convoy vigilando la posible aparición de submarinos enemigos durante la Batalla del Atlántico, octubre de 1941
Oficiales en el puente de un destructor en labores de escolta de convoy vigilando la posible aparición de submarinos enemigos durante la Batalla del Atlántico, octubre de 1941

La ley 10/2010 de 28 de Abril de blanqueo de capitales, establece obligaciones de carácter informativo, de control y de seguimiento para un “númerus clausus” de personas o entidades que intervienen en la transferencia de fondos que pueden ser en su origen consecuencia de un delito de terrorismo o de otros actos ilícitos.
El objeto de la Ley es pues afrontar el control y erradicación del blanqueo de capitales.

Qué es blanqueo de Capitales
La Ley considera como blanqueo de capitales:
a) La conversión o la transformación de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas en eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.
b) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de los bienes o derechos sobre bienes a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva, o de la participación en una actividad delictiva.
c) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.
d) La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.

 

Medidas de diligencia debida para los obligados: simplificadas y reforzadas

La Ley establece medidas simplificadas de diligencia debida respecto de aquellos clientes que comporten un riesgo reducido de blanqueo de capitales.
De igual modo establece unas medidas reforzadas en el caso de existir un riesgo elevado de blanqueo de capitales, por ejemplo en relaciones de negocio u operaciones con personas de responsabilidad pública.

Las obligaciones de información

Artículo 17 Examen especial

Los sujetos obligados examinarán con especial atención cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, que, por su naturaleza, pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, reseñando por escrito los resultados del examen. En particular, los sujetos obligados examinarán con especial atención toda operación o pauta de comportamiento compleja, inusual o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presente indicios de simulación o fraude.

Al establecer las medidas de control interno a que se refiere el artículo 26, los sujetos obligados concretarán el modo en que se dará cumplimiento a este deber de examen especial, que incluirá la elaboración y difusión entre sus directivos, empleados y agentes de una relación de operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, la periódica revisión de tal relación y la utilización de aplicaciones informáticas apropiadas, teniendo en cuenta el tipo de operaciones, sector de negocio, ámbito geográfico y volumen de la información.

Reglamentariamente, podrán determinarse operaciones que serán en todo caso objeto de examen especial por los sujetos obligados.

Artículo 18 Comunicación por indicio

1. Los sujetos obligados comunicarán, por iniciativa propia, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (en adelante, el Servicio Ejecutivo de la Comisión) cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que, tras el examen especial a que se refiere el artículo precedente, exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

En particular, se comunicarán al Servicio Ejecutivo de la Comisión las operaciones que, en relación con las actividades señaladas en el artículo 1, muestren una falta de correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos de los clientes, siempre que en el examen especial previsto en el artículo precedente no se aprecie justificación económica, profesional o de negocio para la realización de las operaciones.

2. Las comunicaciones a que se refiere el apartado precedente se efectuarán sin dilación de conformidad con los procedimientos correspondientes según el artículo 26 y contendrán, en todo caso, la siguiente información:

a) Relación e identificación de las personas físicas o jurídicas que participan en la operación y concepto de su participación en ella.

b) Actividad conocida de las personas físicas o jurídicas que participan en la operación y correspondencia entre la actividad y la operación.

c) Relación de operaciones vinculadas y fechas a que se refieren con indicación de su naturaleza, moneda en que se realizan, cuantía, lugar o lugares de ejecución, finalidad e instrumentos de pago o cobro utilizados.

d) Gestiones realizadas por el sujeto obligado comunicante para investigar la operación comunicada.

e) Exposición de las circunstancias de toda índole de las que pueda inferirse el indicio o certeza de relación con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo o que pongan de manifiesto la falta de justificación económica, profesional o de negocio para la realización de la operación.

f) Cualesquiera otros datos relevantes para la prevención del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo que se determinen reglamentariamente.

En todo caso, la comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión vendrá precedida de un proceso estructurado de examen especial de la operación de conformidad con lo establecido en el artículo 17. En los casos en que el Servicio Ejecutivo de la Comisión estime que el examen especial realizado resulta insuficiente, devolverá la comunicación al sujeto obligado a efectos de que por éste se profundice en el examen de la operación, en la que se expresarán sucintamente los motivos de la devolución y el contenido a examinar.

En el caso de operaciones meramente intentadas, el sujeto obligado registrará la operación como no ejecutada, comunicando al Servicio Ejecutivo de la Comisión la información que se haya podido obtener.

3. La comunicación por indicio se efectuará por los sujetos obligados en el soporte y con el formato que determine el Servicio Ejecutivo de la Comisión.

4. Los directivos o empleados de los sujetos obligados podrán comunicar directamente al Servicio Ejecutivo de la Comisión las operaciones de que conocieran y respecto de las cuales estimen que concurren indicios o certeza de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo, en los casos en que, habiendo sido puestas de manifiesto internamente, el sujeto obligado no hubiese informado al directivo o empleado comunicante del curso dado a su comunicación.

Artículo 21 Colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y con sus órganos de apoyo

1. Los sujetos obligados facilitarán la documentación e información que la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o sus órganos de apoyo les requieran para el ejercicio de sus competencias.

Los requerimientos precisarán la documentación que haya de ser aportada o los extremos que hayan de ser informados e indicarán expresamente el plazo en que deban ser atendidos. Transcurrido el plazo para la remisión de la documentación o información requerida sin que ésta haya sido aportada o cuando se aporte de forma incompleta por omisión de datos que impidan examinar la situación en debida forma, se entenderá incumplida la obligación establecida en el presente artículo.

2. Los sujetos obligados establecerán, en el marco de las medidas de control interno a que se refiere el artículo 26, sistemas que les permitan responder de forma completa y diligente a las solicitudes de información que les curse la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, sus órganos de apoyo u otras autoridades legalmente competentes sobre si mantienen o han mantenido a lo largo de los diez años anteriores relaciones de negocios con determinadas personas físicas o jurídicas y sobre la naturaleza de dichas relaciones.

Artículo 24 Prohibición de revelación

1. Los sujetos obligados y sus directivos o empleados no revelarán al cliente ni a terceros que se ha comunicado información al Servicio Ejecutivo de la Comisión, o que se está examinando o puede examinarse alguna operación por si pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo.

Esta prohibición no incluirá la revelación a las autoridades competentes, incluidos los órganos centralizados de prevención, o la revelación por motivos policiales en el marco de una investigación penal.

 

Artículo 34 Obligación de declarar

1. Deberán presentar declaración previa en los términos establecidos en el presente Capítulo las personas físicas que, actuando por cuenta propia o de tercero, realicen los siguientes movimientos:

a) Salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.

b) Movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.

A estos efectos se entenderá por movimiento cualquier cambio de lugar o posición que se verifique en el exterior del domicilio del portador de los medios de pago.

Se exceptúan de la obligación de declaración establecida en el presente artículo las personas físicas que actúen por cuenta de empresas que, debidamente autorizadas e inscritas por el Ministerio del Interior, ejerzan actividades de transporte profesional de fondos o medios de pago.

2. A los efectos de esta Ley se entenderá por medios de pago:

a) El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.

b) Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.

c) Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador.

3. En caso de salida o entrada en territorio nacional estarán asimismo sujetos a la obligación de declaración establecida en este artículo los movimientos por importe superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera de efectos negociables al portador, incluidos instrumentos monetarios como los cheques de viaje, instrumentos negociables, incluidos cheques, pagarés y órdenes de pago, ya sean extendidos al portador, endosados sin restricción, extendidos a la orden de un beneficiario ficticio o en otra forma en virtud de la cual la titularidad de los mismos se transmita a la entrega, y los instrumentos incompletos, incluidos cheques, pagarés y órdenes de pago, firmados pero con omisión del nombre del beneficiario.

4. La declaración establecida en el presente artículo se ajustará al modelo aprobado y deberá contener datos veraces relativos al portador, propietario, destinatario, importe, naturaleza, procedencia, uso previsto, itinerario y modo de transporte de los medios de pago. La obligación de declarar se entenderá incumplida cuando la información consignada sea incorrecta o incompleta.

El modelo de declaración, una vez íntegramente cumplimentado, será firmado y presentado por la persona que transporte los medios de pago. Durante todo el movimiento los medios de pago deberán ir acompañados de la oportuna declaración debidamente diligenciada y ser transportados por la persona consignada como portador.

Mediante Orden del Ministro de Economía y Hacienda se regulará el modelo, forma y lugar de declaración y podrán modificarse las cuantías recogidas en las letras a) y b) del apartado primero de este artículo.
rtículo 44 Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

1. El impulso y coordinación de la ejecución de la presente Ley corresponderá a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía.

 

Del régimen sancionador

Artículo 50 Clases de infracciones

Las infracciones administrativas previstas en esta Ley se clasificarán en muy graves, graves y leves.

Artículo 51 Infracciones muy graves

1. Constituirán infracciones muy graves las siguientes:

a) El incumplimiento del deber de comunicación previsto en el artículo 18, cuando algún directivo o empleado del sujeto obligado hubiera puesto de manifiesto internamente la existencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

b) El incumplimiento de la obligación de colaboración establecida en el artículo 21 cuando medie requerimiento escrito de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

c) El incumplimiento de la prohibición de revelación establecida en el artículo 24 o del deber de reserva previsto en los artículos 46.2 y 49.2.e).

d) La resistencia u obstrucción a la labor inspectora, siempre que medie requerimiento del personal actuante expreso y por escrito al respecto.

e) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas correctoras comunicadas por requerimiento del Comité Permanente a las que se alude en los artículos 26.3, 31.2, 44.2 y 47.3 cuando concurra una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento.

f) La comisión de una infracción grave cuando durante los cinco años anteriores hubiera sido impuesta al sujeto obligado sanción firme en vía administrativa por el mismo tipo de infracción.

2. En los términos previstos por los Reglamentos comunitarios que establezcan medidas restrictivas específicas de conformidad con los artículos 60, 301 o 308 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, constituirán infracciones muy graves de la presente Ley las siguientes:

a) El incumplimiento doloso de la obligación de congelar o bloquear los fondos, activos financieros o recursos económicos de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos designados.

b) El incumplimiento doloso de la prohibición de poner fondos, activos financieros o recursos económicos a disposición de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos designados.

Artículo 52 Infracciones graves

1. Constituirán infracciones graves las siguientes:

a) El incumplimiento de obligaciones de identificación formal, en los términos del artículo 3.

b) El incumplimiento de obligaciones de identificación del titular real, en los términos del artículo 4.

c) El incumplimiento de la obligación de obtener información sobre el propósito e índole de la relación de negocios, en los términos del artículo 5.

d) El incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios, en los términos del artículo 6.

e) El incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de diligencia debida a los clientes existentes, en los términos del artículo 7.2 y de la Disposición transitoria séptima.

f) El incumplimiento de la obligación de aplicar medidas reforzadas de diligencia debida, en los términos de los artículos 11 a 16.

g) El incumplimiento de la obligación de examen especial, en los términos del artículo 17.

h) El incumplimiento de la obligación de comunicación por indicio, en los términos del artículo 18, cuando no deba calificarse como infracción muy grave.

i) El incumplimiento de la obligación de abstención de ejecución, en los términos del artículo 19.

j) El incumplimiento de la obligación de comunicación sistemática, en los términos del artículo 20.

k) El incumplimiento de la obligación de colaboración establecida en el artículo 21 cuando medie requerimiento escrito de uno de los órganos de apoyo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

l) El incumplimiento de la obligación de conservación de documentos, en los términos del artículo 25.

m) El incumplimiento de la obligación de aprobar por escrito y aplicar políticas y procedimientos adecuados de control interno, en los términos del artículo 26.1, incluida la aprobación por escrito y aplicación de una política expresa de admisión de clientes.

n) El incumplimiento de la obligación de comunicar al Servicio Ejecutivo de la Comisión la propuesta de nombramiento del representante del sujeto obligado, o la negativa a atender los reparos u observaciones formulados, en los términos del artículo 26.2.

ñ) El incumplimiento de la obligación de establecer órganos adecuados de control interno, con inclusión, en su caso, de las unidades técnicas, que operen en los términos previstos en el artículo 26.2.

o) El incumplimiento de la obligación de dotar al representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión y al órgano de control interno de los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para el ejercicio de sus funciones.

p) El incumplimiento de la obligación de aprobar y mantener a disposición del Servicio Ejecutivo de la Comisión un manual adecuado y actualizado de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en los términos del artículo 26.3.

q) El incumplimiento de la obligación de examen externo, en los términos del artículo 28.

r) El incumplimiento de la obligación de formación de empleados, en los términos del artículo 29.

s) El incumplimiento de la obligación de adoptar por parte del sujeto obligado las medidas adecuadas para mantener la confidencialidad sobre la identidad de los empleados, directivos o agentes que hayan realizado una comunicación a los órganos de control interno, en los términos del artículo 30.1.

t) El incumplimiento de la obligación de aplicar respecto de las sucursales y filiales con participación mayoritaria situadas en terceros países las medidas previstas en el artículo 31.

u) El incumplimiento de la obligación de aplicar sanciones o contramedidas financieras internacionales, en los términos del artículo 42. Ir a Norma modificadora Letra u) del número 1 del artículo 52 redactada por el apartado ocho de la disposición final sexta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno («B.O.E.» 10 diciembre).Vigencia: 30 diciembre 2013

v) El incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 43 de declarar la apertura o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores y depósitos a plazo.

w) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas correctoras comunicadas por requerimiento del Comité Permanente a las que se alude en los artículos 26.3, 31.2, 44.2 y 47.3 cuando no concurra una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento.

x) El establecimiento o mantenimiento de relaciones de negocio o la ejecución de operaciones prohibidas.

y) La resistencia u obstrucción a la labor inspectora cuando no haya mediado requerimiento del personal actuante expreso y por escrito al respecto.

2. Salvo que concurran indicios o certeza de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, las infracciones tipificadas en las letras a), b), c), d), e), f) y l) del apartado anterior podrán ser calificadas como leves cuando el incumplimiento del sujeto obligado deba considerarse como meramente ocasional o aislado a la vista del porcentaje de incidencias de la muestra de cumplimiento.

3. Constituirán infracciones graves de la presente Ley:

a) El incumplimiento de la obligación de declaración de movimientos de medios de pago, en los términos del artículo 34.

b) El incumplimiento por fundaciones o asociaciones de las obligaciones establecidas en el artículo 39.

c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 41, salvo que deba calificarse como muy grave de conformidad con el artículo 51.1.b).

4. En los términos previstos por los Reglamentos comunitarios que establezcan medidas restrictivas específicas de conformidad con los artículos 60, 301 o 308 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, constituirán infracciones graves de la presente Ley:

a) El incumplimiento de la obligación de congelar o bloquear los fondos, activos financieros o recursos económicos de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos designados, cuando no deba calificarse como infracción muy grave.

b) El incumplimiento de la prohibición de poner fondos, activos financieros o recursos económicos a disposición de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos designados, cuando no deba calificarse como infracción muy grave.

c) El incumplimiento de las obligaciones de comunicación e información a las autoridades competentes establecidas específicamente en los Reglamentos comunitarios.

5. Constituirán infracciones graves de la presente Ley el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del Reglamento (CE) N.º 1781/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos.

Artículo 53 Infracciones leves

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52.2, constituirán infracciones leves aquellos incumplimientos de obligaciones establecidas específicamente en la presente Ley que no constituyan infracción muy grave o grave conforme a lo previsto en los dos artículos precedentes.

Artículo 54 Responsabilidad de administradores y directivos

Además de la responsabilidad que corresponda al sujeto obligado aun a título de simple inobservancia, quienes ejerzan en el mismo cargos de administración o dirección, sean unipersonales o colegiados, serán responsables de las infracciones cuando éstas sean imputables a su conducta dolosa o negligente.

Artículo 55 Exigibilidad de la responsabilidad administrativa

La responsabilidad administrativa por infracción de la presente Ley será exigible aun cuando con posterioridad al incumplimiento el sujeto obligado hubiera cesado en su actividad o hubiera sido revocada su autorización administrativa para operar.

En el caso de sociedades disueltas, los antiguos socios responderán solidariamente de las sanciones administrativas pecuniarias impuestas hasta el límite de lo que hubieran recibido como cuota de liquidación, sin perjuicio de la responsabilidad de los directivos, administradores o liquidadores.

Artículo 56 Sanciones por infracciones muy graves

1. Por la comisión de infracciones muy graves se podrán imponer las siguientes sanciones:

a) Amonestación pública.

b) Multa cuyo importe mínimo será de 150.000 euros y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 5 por ciento del patrimonio neto del sujeto obligado, el duplo del contenido económico de la operación, o 1.500.000 euros.

c) Tratándose de entidades sujetas a autorización administrativa para operar, la revocación de ésta.

La sanción prevista en la letra b), que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondrá simultáneamente con alguna de las previstas en las letras a) o c).

2. Además de la sanción que corresponda imponer al sujeto obligado por la comisión de infracciones muy graves, se podrán imponer una o varias de las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo en el mismo cargos de administración o dirección, fueran responsables de la infracción:

a) Multa a cada uno de ellos por importe de entre 60.000 y 600.000 euros.

b) Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en la misma entidad por un plazo máximo de diez años.

c) Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de las sujetas a esta Ley por un plazo máximo de diez años.

La sanción prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, podrá aplicarse simultáneamente con alguna de las previstas en las letras b) y c).

Artículo 57 Sanciones por infracciones graves

1. Por la comisión de infracciones graves se podrán imponer las siguientes sanciones:

a) Amonestación privada.

b) Amonestación pública.

c) Multa cuyo importe mínimo será de 60.001 euros y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 1 por ciento del patrimonio neto del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la operación, más un 50 por ciento, o 150.000 euros.

La sanción prevista en la letra c), que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondrá simultáneamente con alguna de las previstas en las letras a) o b).

2. Además de la sanción que corresponda imponer al sujeto obligado por la comisión de infracciones graves, se podrán imponer una o varias de las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo en el mismo cargos de administración o dirección, fueran responsables de la infracción:

a) Amonestación privada.

b) Amonestación pública.

c) Multa a cada uno de ellos por un importe mínimo de 3.000 euros y máximo de hasta 60.000 euros.

d) Suspensión temporal en el cargo por plazo no superior a un año.

La sanción prevista en la letra c), que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondrá simultáneamente con alguna de las previstas en las letras a), b) o d).

3. En el caso de incumplimiento de la obligación de declaración establecida en el artículo 34 se impondrá la sanción de multa cuyo importe mínimo será de 600 euros y cuyo importe máximo podrá ascender hasta el duplo del valor de los medios de pago empleados.

Artículo 58 Sanciones por infracciones leves

Por la comisión de infracciones leves se podrán imponer una o ambas de las siguientes sanciones:

a) Amonestación privada.

b) Multa por importe de hasta 60.000 euros.

Artículo 59 Graduación de las sanciones

1. Las sanciones se graduarán atendiendo a las siguientes circunstancias:

a) La cuantía de la operación o las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de las omisiones o actos constitutivos de la infracción.

b) La circunstancia de haber procedido o no a la subsanación de la infracción por propia iniciativa.

c) Las sanciones firmes en vía administrativa por infracciones de distinto tipo impuestas al sujeto obligado en los últimos cinco años con arreglo a esta Ley.

En todo caso, se graduará la sanción de modo que la comisión de las infracciones no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

2. Para determinar la sanción aplicable de entre las previstas en los artículos 56.2, 57.2 y 58, se tomarán en consideración las siguientes circunstancias:

a) El grado de responsabilidad o intencionalidad en los hechos que concurra en el interesado.

b) La conducta anterior del interesado, en la entidad inculpada o en otra, en relación con las exigencias previstas en esta Ley.

c) El carácter de la representación que el interesado ostente.

d) La capacidad económica del interesado, cuando la sanción sea multa.

3. Para determinar la sanción aplicable por incumplimiento de la obligación de declaración establecida en el artículo 34, se considerarán como agravantes las siguientes circunstancias:

a) La notoria cuantía del movimiento, considerándose en todo caso como tal aquélla que duplique el umbral de declaración.

b) La falta de acreditación del origen lícito de los medios de pago.

c) La incoherencia entre la actividad desarrollada por el interesado y la cuantía del movimiento.

d) La circunstancia de ser hallados los medios de pago en lugar o situación que muestre una clara intención de ocultarlos.

e) Las sanciones firmes en vía administrativa por incumplimiento de la obligación de declaración impuestas al interesado en los últimos cinco años.

Artículo 60 Prescripción de las infracciones y de las sanciones

1. Las infracciones muy graves y graves prescribirán a los cinco años, y las leves a los dos años, contados desde la fecha en que la infracción hubiera sido cometida. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto con el que la infracción se consume. En el caso de incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida el plazo de prescripción se contará desde la fecha de terminación de la relación de negocios, y en el de conservación de documentos desde la expiración del plazo al que se refiere el artículo 25.

La prescripción se interrumpirá por cualquier acción de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o de sus órganos de apoyo, realizada con conocimiento formal de los sujetos obligados, conducente a la inspección, supervisión o control de todas o parte de las obligaciones recogidas en esta Ley. También se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento de los interesados, del procedimiento sancionador o de un proceso penal por los mismos hechos, o por otros cuya separación de los sancionables con arreglo a esta Ley sea racionalmente imposible.

2. Las sanciones que se impongan conforme a esta Ley prescribirán a los tres años en caso de infracciones muy graves, a los dos años en caso de infracciones graves, y al año en caso de infracciones leves, contados desde la fecha de notificación de la resolución sancionadora.

La prescripción se interrumpirá cuando se acuerde administrativa o judicialmente la suspensión de la ejecución de la resolución sancionadora.

 

Artículo 62 Concurrencia de sanciones y vinculación con el orden penal

1. Las infracciones y sanciones establecidas en la presente Ley se entenderán sin perjuicio de las previstas en otras leyes y de las acciones y omisiones tipificadas como delito y de las penas previstas en el Código Penal y leyes penales especiales, salvo lo establecido en los apartados siguientes.

2. No podrán sancionarse con arreglo a esta Ley las conductas que lo hubieran sido penal o administrativamente cuando se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento jurídico.

3. En cualquier momento del procedimiento administrativo sancionador en que se estime que los hechos pudieran ser constitutivos de ilícito penal, la Secretaría de la Comisión dará traslado de los mismos al Ministerio Fiscal, solicitándole testimonio sobre las actuaciones practicadas al efecto y acordará la suspensión de aquél hasta que se reciba la comunicación a que se refiere el primer párrafo del apartado siguiente o hasta que recaiga resolución judicial.

4. Si el Ministerio Fiscal no encontrara méritos para proceder penalmente contra todos o alguno de los sujetos obligados, lo comunicará a la Secretaría de la Comisión para que pueda continuar el procedimiento administrativo sancionador.

Si, por el contrario, el Ministerio Fiscal interpusiera denuncia o querella, comunicará dicha circunstancia a la Secretaría de la Comisión, así como, cuando se produzca, el resultado de tales actuaciones.

5. La resolución que se dicte en el procedimiento administrativo sancionador deberá respetar, en todo caso, los hechos declarados probados en la sentencia.

 

Ley 10/2010 de 28 de Abril de blanqueo de capitales

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l10-2010.html#a2

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