Inconstitucionalidad y nulidad parcial del arbitrio de plusvalía

Las casas flotantes no están sujetas al Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos
Inconstitucionalidad y nulidad parcial del arbitrio de plusvalía
¿Tiene el agua consideración de terreno?

La Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, que resuelve una cuestión de constitucionalidad sobre el arbitrio de plusvalía, declara la inconstitucionalidad y nulidad parcial del arbitrio de plusvalía: de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales, en cuanto impiden a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una minusvaloración en el momento de la transmisión de inmuebles, sometiendo por tanto a tributación manifestaciones de riqueza inexistentes o ficticias, y ello es contrario al principio constitucional de capacidad económica.
Según esta Sentencia corresponde al legislador indicar la forma de determinar la existencia o no de un incremento sometido a tributación, en su libertad de configuración normativa, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto.
La declaración de nulidad produce un vacío normativo. Mientras no se produzca la reforma legislativa pertinente, que restablezca la constitucionalidad de estos artículos y permita conocer la eventual retroactividad que establezca y el régimen transitorio, ni Administraciones ni Tribunales se pronunciarán acerca de la resolución de los diferentes tipos de recursos presentados.

Artículo 107 Base imponible

1. La base imponible del arbitrio de plusvalía está constituida por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana , puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.

Número 1 del artículo 107 declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor por Sentencia TC (Pleno) 59/2017 de 11 de mayo («B.O.E.» 15 junio).

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

Letra a) del número 2 del artículo 107 declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor por Sentencia TC (Pleno) 59/2017 de 11 de mayo («B.O.E.» 15 junio).

Artículo 110 Gestión tributaria del impuesto

4. Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, el ayuntamiento correspondiente sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.

Número 4 del artículo 110 declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor por Sentencia TC (Pleno) 59/2017 de 11 de mayo («B.O.E.» 15 junio).

Reproduzco al respecto un párrafo de la SSTC 26/2017, FJ3 Y 37/2017,FJ3, al que alude la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017.

Enjuiciando aquella regulación foral consideramos que los preceptos cuestionados fingen, sin admitir prueba en contrario, que por el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal, (entre uno y veinte años), se revela, en todo caso, un incremento de valor, y, por tanto, una capacidad económica susceptible de imposición, impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir, no de cualquier manera, sino exclusivamente de acuerdo con su capacidad económica: (artículo 31.1 CE) De esta manera al establecer el legislador que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de transmisión de todo terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio dado un intervalo temporal dado, soslayando los momentos en que no se haya producido este incremento, lejos de someter a tributación una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio capacidad económica del citado artículo 31.1 CE de ha convertido lo que podía ser un efecto aislado –

Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 de 11 de Mayo de 2017
003 STC 59.2017

Informe del Consejo Tributario del Ayuntamiento de Barcelona
013 Nota prensa Ayunt. BCN

La suspensión de los procedimientos tributarios
A los efectos de no perjudicar a los contribuyentes hasta que no se pronuncie el legislador en los términos previstos en la Sentencia del Tribunal Constitucional, el Consejo Tributario aconseja al Ayuntamiento iniciar un incidente de adopción de una medida provisional de suspensión en todos los procedimientos de aplicación y de revisión de los tributos, cuando el obligado tributario invoque con fundamento la inexistencia de un incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana sujeto al impuesto.

Procedimiento de rectificación de autoliquidaciones
Este procedimiento se inicia mediante solicitud a la que se deben acompañar todos los documentos y justificantes que fundamenten la pretensión del obligado tributario. En un periodo de 6 meses ha de dictarse una resolución expresa. Si esto no sucede se entiende desestimada la pretensión del obligado tributario que debe asistir a la vía del recurso para hacer valer su derecho.
El Ayuntamiento debe informar al obligado de su imposibilidad de resolver su preten, sión con las consecuencias que puede acarrear el silencio negativo, silencio que permite el recurso administrativo y el contencioso administrativo.

Procedimiento de comprobación
Tiene un término de duración de 6 meses desde su inicio. Si no se dicta resolución expresa o se producen las otras formas de terminación de acuerdo con el artículo 104.4 de la LGT procede la caducidad, y se enervan los efectos asociados al inicio del procedimiento. Particularmente la enervación de los efectos interruptivos de la prescripción pueden provocar situaciones de indefensión tanto para el obligado como para la Administración. Si se produce la precripción, los contribuyentes que han cumplido con sus deberes de autoliquidación e ingreso no podrán solicitar la rectificación de su autoliquidación, y al contrario, aquellos que no hubieran cumplido con su obligación se verían liberados.
De existir autoliquidación y regularización por causa distinta a no haber realizado el hecho imponible, se liquidará el impuesto con los intereses de demora y la notificación de inicio del procedimiento sancionador.

Procedimiento de inspección
El final de este procedimiento es un acto de gravamen y en el caso de no dictar resolución en el plazo señalado de 18 meses, procede declarar la caducidad. De producirse se eliminarán los efectos de su inicio: la interrupción de la prescripción, pero el procedimiento sigue hasta dictarse resolución expresa.

Procedimiento de revisión
Se puede producir la suspensión como en el resto de procedimientos.

Devolución de ingresos indebidosEs trascendental la Sentencia del Tribunal Constitucional dado que el obligado tributario puede solicitar la devolución de lo ingresado. Se trata pues de que el obligado solicite la rectificación de la autoliquidación.

Devoluciones de ingresos efectuadas en base a un acto administrativo firme
La vía es la revisión especial de los actos administrativos que incluye la nulidad de pleno derecho, la revocación y la corrección de errores materiales, aritméticos o de hecho.
Tres son los procedimientos a través de los cuales se puede producir la devolución de ingresos en base a un acto firme:
Nulidad de pleno derecho
En aquellos supuestos en que los actos lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio, que tengan un contenido imposible, que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta, que se hayan dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de voluntad de los órganos colegiados y los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos para su adquisición.
Revocación
Este procedimiento solamente se inicia de oficio. Puede instarlo el obligado. Es la vía más idónea para causar el menor perjuicio, y sólo en el caso de que le fuera favorable debería iniciarse de oficio.
Corrección de errores materiales y de hecho
Ha de tratarse de cuestiones de hecho que no impliquen interpretación de normas jurídicas. Por ello no es aplicable en la solicitud de devolución de ingresos fundamentada en la no sujeción al arbitrio, pues es una cuestión de derecho.

Recurso de alzada
En el Ayuntamiento de Barcelona es preciso interponer el recurso de alzada que agota la vía previa al recurso contencioso administrativo.

Decreto Foral-Norma 2/2017 de 28 de Marzo, por el que se modifica el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Este Decreto Foral modifica la regulación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana para el caso que no exista un incremento de valor, pero no exime de la obligación de presentar declaración.
Con respecto a liquidaciones firmes de este impuesto correspondiente a devengos anteriores al 25 de marzo de 2017, no procederán rectificaciones, restituciones o devoluciones y continuarán hasta su completa terminación los procedimientos recaudatorios relacionados con las mismas y se exigirán íntegramente las deudas tributarias aplazadas o fraccionadas.
Caso contrario es el de las liquidaciones del impuesto practicadas a partir del 25 de marzo de 2017, correspondientes a devengos anteriores a esta fecha, al igual que las liquidaciones recurridas en reposición pendientes de resolución a 25 de marzo de 2017.
Dice así mismo que el Tribunal Económico Administrativo Foral y los Tribunales Económico Administrativos municipales remitirán a los Ayuntamientos correspondientes los expedientes administrativos pendientes de resolución relaticos al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza urbana referidos a devengos anteriores 25 de marzo de 2017 para que practiquen, en su caso, nuevas liquidaciones.
Real Decreto Foral Norma 2/2017 de 28 de Marzo
D Foral-Norma 2-2F2017 de 28 Mar. Gipuzkoa (modific.._ (002)

Decreto Foral Normativo 3/2017 de 20 de Junio, por el que se modifica la norma Foral 8/1989 de 30 de Junio relativa al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza urbana .
Este Decreto Foral también regula de forma similar para Bizcaia el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
DF Normativo 32F2017 de 20 Jun. Bizkaia (modifica._ (002)

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El arbitrio de plusvalía: Inconstitucional: Ganancia o pérdida.

vacas en propiedad
¿Vender el terreno? La pérdida de la actividad

Sentencia TC 16021017

Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de Febrero de 2017

La entidad mercantil Bitarte SA vendió el 22 de Enero de 2014 un bien inmueble de su propiedad sito en Irún por un importe de 600.000 euro, adquirido el 23 de Mayo de 2003 por 3.101.222 euros. Consecuencia de ello, declaró una pérdida patrimonial en el Impuesto sobre Sociedades, no obstante lo cual, el Ayuntamiento de Irún le giró una liquidación por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por 17.899 euros.

Interpuesto recurso contencioso administrativo, el Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de Donosti promovió recurso de constitucionalidad.

La norma Foral configura el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana como un tributo directo que grava el incremento de valor que experimentan dichos terrenos puesto de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título. No somete a tributación, sin embargo, ni el incremento de valor de los terrenos rústicos, ni el que pueda derivar de las construcciones. Delimitado así el hecho imponible, la cuantificación  de ese incremento de valor se realiza mediante la aplicación de un coeficiente al valor catastral del terreno en el momento del devengo. Este coeficiente determina el importe del incremento de valor sometido a tributación (base imponible del tributo) y se cuantifica multiplicando el número de años  -completos- de tenencia del terreno (con un mínimo de uno y un máximo de veinte años), contados desde la fecha de adquisición hasta la de su transmisión, por un porcentaje anual que determina cada Ayuntamiento dentro de los parámetros de la norma foral. La base imponible así calculada se somete a un tipo de tributación de hasta el 15 %.

El gravamen no se anuda sí necesariamente  a la existencia de ese incremento. sino a la mera titularidad de un terreno  durante un periodo de tiempo.

Y prosigue el Tribunal Constitucional: “Así las cosas, al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular  en su patrimonio durante un periodo de tiempo dado, soslayando, no solo aquellos supuestos en que no se haya producido este incremento, sino incluso aquellos otros en los que se haya podido producir un decremento en el valor del terreno objeto de transmisión, lejos de someter a gravamen una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica  del artículo 31 CE.”

Y añade: En definitiva, el tratamiento que los arts. 4 y 7.4 de la Norma Foral 16/1989 otorgan a los supuestos de no incremento o, incluso, de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, carece de toda justificación razonable en la medida que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados  del paso del tiempo, se están sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza en el artículo 31.1. De esta manera, los preceptos enjuiciados deben ser declarados inconstitucionales, aunque exclusivamente en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas  de capacidad económica de inexistencia de incrementos de valor.

Reproduzco enlace que ya publiqué en relación con el error de cálculo de la ganancia patrimonial:

Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos: El Tribunal Superior de Justicia de Cuenca invalida la fórmula municipal de cálculo.

Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de Febrero de 2017

 

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Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos: El Tribunal Superior de Justicia de Cuenca invalida la fórmula municipal de cálculo.

 Los Ayuntamientos no se convertirán en estatuas de sal, como le ocurrió a la mujer de Lot, que miró atrás.
Los Ayuntamientos no se convertirán en estatuas de sal, como le ocuurió a la mujer de Lot, que miró atrás.
Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 17 de Abril de 2.012

Análisis de losn hechos
Un arquitecto y matemático de Cuenca consideró injusta la liquidación que se le hizo por el concepto plusvalía municipal. Interpuso reclamación administrativa, que fue desestimada. Interpuso a continuación un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de Cuenca y le dió la razón. El Ayuntamiento recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que desestimó el recurso de apelación:
Aquello que ha de gravarse es el aumento de precio que experimenta el terreno en los siguientes 20 años a su adquisición. La fórmula de los Ayuntamientos es errónea porque grava el aumento de precio que teóricamente tendría el terreno en los 20 años siguientes a su transmisión.

Argumentos del recurso
El impuesto de plusvalía municipal ha de gravar el aumento de valor de los terrenos como máximo durante los últimos 20 años. El artículo 107 de la Ley de Haciendas Locales dice que habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo.
Así pues, el Ayuntamiento parte del valor de transmisión, como establece la Ley, pero al multiplicar este valor por el número de años y el coeficiente, lo que determina es el aumento de valor en una transmisión en los 20 años siguientes.

Forma de cálculo
Supongamos que en el mes de febrero de 2.013 transmitimos un terreno con un valor de 1.000 euros. El Ayuntamiento aplica la siguiente fórmula:
1.000 x 20 x 3 %: el incremento de valor es de 600. Por lo tanto, el valor de adquisición es de: 1.000 – 600 = 400.
El matemático de Cuenca también tendrá en cuenta el valor de transmisión en sus cálculos, pero partirá del aumento de valor del terreno en el pasado, no en el futuro.
Para ello realiza una corrección aplicando una fórmula de matemática financiera, que también se aplica para el cálculo de la inflación:
Así si nos planteamos cuánto valía hace un año un euro si la inflación era del 3%:
1E/(1 + 0,03) = 0,97

Si aplicamos esta fórmula al ejemplo del terreno:

1000/(1+20.0,03) = 625.

Si el valor de adquisición del terreno fue 625, el aumento de valor esperimentado fue de: 1.000 – 625 = 375.

En fin, como se ve, hay una diferencia importante entre un aumento de valor de 600 y de 375.

El ahorro llega a un 37,5 %. Por lo tanto en las cuotas tributarias elevadas el ahorro puede ser muy considerable.

Posibilidad de impugnar las liquidaciones y las autoliquidaciones no prescritas.
La única manera de saber si esta interpretación judicial puede tener recorrido y consistencia no puede ser otra que la de recurrir las liquidaciones de plusvalía que se vayan recibiendo, o bien, en el caso de autoliquidación, impugnarla y pedir la devolución de ingresos indebidos con los correspondientes intereses.
Y pensamos que pueden impugnarse todas aquellas liquidaciones y autoliquidaciones que no hayan prescrito.

Fuentes: Ignacio Casanovas en Aedaf
Elaboración por Santiago Roig-Gironella y Ada García Vazquez

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Arbitrio de plusvalía a cargo del comprador

...conducta no ajustada a la lealtad y confianza exigible en los tratos ...
conducta no ajustada a la lealtad y confianza exigible en los tratos

A la luz de la Sentencia del Tribunal Supremo 7981/2011, Recurso de casación 842/2011, Ponente Jesus Corbal Fernandez

Los demandantes interponen demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia  para que se anule la cláusula del contrato de compraventa por la que se impuso la obligación de pago de la plusvalía a los compradores. El Juzgado de Primera Instancia desestima la demanda. Los demandantes recurren esta Sentencia ante la Audiencia Provincial  que estima parcialmente el recurso de apelación y declara la nulidad por abusiva de la cláusula en cuanto se impuso a los compradores la obligación de pago.

El demandado recurrió y fue admitido el recurso en casación.

PRIMERO. Alega infracción por inaplicación del artículo 1455 del Código Civil en relación con el 1255 y 1091 del mismo cuerpo legal. 

SEGUNDO. Denuncia indebida aplicación del artículo 10 bis de la Ley General de Consumidores y Usuarios en relación con la Disposición Adicional Primera, apartado 22, en la redacción vigente al tiempo de perfección y consumación del contrato (anterior a la entrada en vigor de la Ley 47/2006 de 29 de Diciembre) y existencia de Jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales.

TERCERO.  El primer motivo se desestima porque la sentencia recurrida no niega la doctrina jurisprudencial que, con base en los artículos 1255 y 1455 del Código Civil, reconoce la validez del pacto que deriva el pago del Impuesto de Plus Valía del vendedor al comprador. Lo que la sentencia recurrida sienta es que dicho pacto es nulo de pleno derecho cuando, por abusivo, contradice la normativa de consumidores -arts. 10 bis de la LGDC y U, y 5.3 del Rd. 515/89, como Derecho vigente al tiempo del contrato.

Por consiguiente una cosa es la validez del pacto con carácter general (artículo 1255 y 1455 del CC) y otra distinta su posible nulidad a la luz de la normativa especial relativa a la protección de los consumidores, y por todo lo razonado el motivo decae.

En el segundo motivo se alega indebida aplicación del artículo 10 bis de la Ley General de Consumidores y Usuarios en relación con la Disposición Adicional Primera, apartado 22, en la redacción vigente al tiempo de perfección y consumación del contrato (anterior a la entrada en vigor de la Ley 47/2006 de 29 de Diciembre) y existencia de Jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales.

Efectivamente ésta ley no tiene carácter retroactivo, por lo que su aplicación habría sido contraria a la prohibición de la retroactividad del artículo 2.3 del Código Civil. Sin embargo, la Sentencia recurrida no la aplica directamente, ni siquiera le reconoce carácter interpretativo, que obviamente no tiene, y tan es así que de haberlo entendido de otro modo, debería haberla aplicado directamente, pues la prohibición de retroactividad del artículo 2.3 del Código Civil, no afecta a las normas interpretativas o aclaratorias. Lo que sí hace la Audiencia es considerar a dicha Ley-en su concreto precepto contemplado- como un elemento interpretativo, pero se trata de una apreciación inane para la casación ya que no trasciende  a la “ratio decidendi”, la cual como único fundamento decisivo del fallo, es la que cabe discutir en el recurso extraordinario, el cual no se da, como viene reiterando este Tribunal, contra los argumentos “obiter”, a mayor abundamiento, o de refuerzo dialéctico.

El tema nuclear de la controversia queda reducido a determinar si conforme a la legislación de consumidores vigente al tiempo del contrato debe calificarse o no de abusiva la cláusula de un contrato de compraventa en la que se establece que el comprador, cuya condición de consumidor no se discute, tiene la obligación de pagar el impuesto de plusvalía.

El precepto relevante para decidir el asunto es el del párrafo primero del apartado 1 de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios 26/1984 de 19 de Julio, redactado por la Ley 7/1998 de 13 de Abril de Condiciones Generales de Contratación, en la que se establece que se considerarán abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.

La Sentencia recurrida considera subsumible la Sentencia en la norma y tal apreciación no resulta desvirtuada en casación. El primero de los requisitos(estipulación no negociada individualmente) se deduce de la apreciación relativa a que los compradores manifestaron su discrepancia y que no les quedó más remedio que aceptar la condición o desistir de la compra, con los consustanciales inconvenientes, lo que revela que se trató de una cláusula impuesta; tanto más si se tiene en cuenta que difícilmente cabría imaginar una negociación individual al hallarse inserta en una pluralidad de contratos celebrados por la entidad demandada. La falta de buena fe se manifiesta en que, además, de no ofrecer el vendedor desde el inicio una completa información a los compradores, incluso en la escritura de compraventa no se dio como seguro que se generaría el impuesto de plusvalía, cuando la vendedora forzosamente tenía que conocer que así era, lo que supone una conducta no ajustada a la lealtad y confianza exigible en los tratos y especialmente en las relaciones en que intervienen un promotor o constructor y un consumidor. Y finalmente es claro el desequilibrio contractual porque en el impuesto de que se trata  el sujeto pasivo es el transmitente, que es quien percibe el aumento de valor -mayor valor adquirido por el inmueble- y como tal beneficiario está obligado al pago.

Por consiguiente por tratarse de una estipulación no negociada individualmente que limita los derechos de los consumidores recibe la sanción de nulidad que le impone el artículo 10 de la Ley 26/1984 y que convierte en indebido y restituible lo pagado por el consumidor.

Por lo que respecta al planteamiento de existencia de sentencias contradictorias de las Audiencias Provinciales, procede señalar que es cierto que en dichos Tribunales se han manifestado diversos criterios en la materia, los que resulta oportuno unificar en los siguientes términos:

1. El pacto incorporado a un contrato de compraventa por el que se establece la obligación de pago del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana a cargo del comprador queda sujeto al control de validez con arreglo a la legislación de consumidores entonces vigente; y,

 2. La Ley 44/2006 de 29 de Diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios no puede ser aplicada con carácter retroactivo.

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Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos: IIVTNU hecho imponible base imponible cuota tributaria: disolución de una comunidad

Fuente Legal:
Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Consulta Vinculante V1591-08, de 28 de Julio de 2008 de la Subdirección de Tributos Locales

Naturaleza y hecho imponible

Este impuesto(IIVTNU) grava el incremento de valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana y se pone de manifiesto como consecuencia de la transmisión de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

Está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deben tener la consideración de urbanos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor de los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Cuota tributaria
El tipo de gravamen será el fijado por cada ayuntamiento sin que pueda exceder del 30%.
La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 % para la transmisión de terrenos o para la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.

Base imponible

La base imponible está constituida por el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de 20 años.

En las transmisiones de terrenos el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

En la constitución y transmisión de derechos reales para calcular su valor se aplicarán las normas contenidas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:

El valor del usufructo temporal se reputará proporcionalmente al valor total de los bienes, en razón del 2 por 100 por cada período de un año, sin exceder del 70 por 100.

En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, minorando, a medida que aumenta la edad, en proporción de un 1 por 100 menos por cada año más con el límite mínimo del 10 por 100 del valor total.

El valor del derecho de nuda propiedad se computará por la diferencia entre el valor del usufructo y el valor total de los bienes.

Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del terreno, la reducción que en cada caso fijen los respectivos ayuntamientos.

Sobre el valor del terreno en el momento del devengo se aplicará el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, sin que éste pueda exceder de los siguientes límites:

Período de 1 a 5 años: 3,7.

Periodo de hasta 10 años: 3,5.

Periodo de hasta 15 años: 3,2.

Periodo de hasta 20 años: 3.

El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el ayuntamiento para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar al porcentaje anual fijado por el ayuntamiento para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento  por el número de años en que se ha generado, computando únicamente años completos.

Disolución de una comunidad
No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisión de inmuebles entre los cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cuál sea el régimen económico matrimonial.

La Consulta Vinculante V1591-08, de 28 de Julio de 2008 de la Subdirección de Tributos Locales comienza el estudio sobre esta cuestión refiriéndose a la fundamentación de la Comunidad de bienes en el código Civil. Y expone los artículos 392 a 406 del Código. Y dice que el artículo 392 señala que hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o un derecho pertenece proindiviso a varias personas. El artículo 399 prevé la posibilidad de que cada condueño pueda disponer de su cuota-parte en los siguientes términos: todo condueño tendrá la plena propiedad de su parte y la de los frutos y utilidades que le corresponda, pudiendo en consecuencia enajenarla, cederla o hipotecarla, y aún sustituir a otro en su aprovechamiento, salvo que se tratara de derechos personales. Según el artículo 400 ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se se divida la cosa común. Esto no obstante será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado, que no exceda de 10 años. Este plazo podrá prorrogarse por nueva convención. Según el artículo 401, sin embargo lo dispuesto en el artículo anterior, los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común, cuando de hacerla resulte inservible para el uso a que se destina. Conforme al artículo 404, cuando la cosa fuera esencialmente indivisible, y los condueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos, indemnizando a los demás, se venderá y repartirá su precio.
A continuación el redactor de la consulta se refiere a la partición de la herencia y concretamente a los artículos 1051, 1052 y y 1062 del Código Civil.
Dice el artículo 1051 que ningún coheredero podrá ser obligado a permanecer en la indivisión de la herencia, a menos que el testador prohíba expresamente la división. Pero, aun cuando la prohíba, tendrá lugar siempre mediante alguna de las causas por las que se extingue la sociedad. Según el artículo 1052, todo coheredero que tenga la libre administración y disposición de sus bienes, podrá pedir en cualquier momento la partición de la herencia. Y según el artículo 1062, cuando una cosa sea indivisible o desmerezca mucho por su división, podrá adjudicarse a uno, a calidad de abonar a otros el exceso en dinero. Pero bastará que uno solo de los herederos pida su venta en pública subasta, y con admisión de licitadores extraños, para que así se haga.
Desarrollado el concepto legal de comunidad y su extinción y de herencia y su partición, el redactor de la consulta alude a esta cuestión tratada en diversas sentencias de los Tribunales. Y prosigue:
La Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 22 de Enero de 1993 señala en su fundamento de derecho quinto que: “el acto extintivo del condominio en el aspecto fiscal, no es un acto transmisivo de la propiedad dominical, que constituya objeto de tributación por el concepto de incremento de valor de los terrenos, pues el copropietario o condómino era ya anteriormente partícipe de la titularidad dominical de los terrenos que como consecuencia de la extinción se le atribuyen, ya que lo que acontece, con ésta, es la mera o simple sustitución de una porción o cuota “pro indiviso” que venía correspondiendo de un modo abstracto sobre la titularidad del inmueble, que era objeto de comunidad a cada uno de los partícipes, en la atribución a éstos de una porción material completa que se les adjudica en propiedad exclusiva sin incremento alguno de valor , por lo que la adjudicación ninguna influencia ni repercisuón puede tener a efectos tributarios, ni la división practicada conbtal motivo…”
Luego se refiere a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 27 de Junio de 1995 que señala en su fundamento de derecho tercero que: “la inexistencia dehecho imponible en el supuesto de extinción del condominio cuando la adjudicación no excede del porcentaje atribuible a la primitiva participación y, que la adjudicación extintiva de la comunidad de bienes no es un acto genuinamente traslativo, ya que no hay verdadera trasmisión de un hecho preexistente en que una persona sucede a otra, particìpando más bien de la naturaleza de acto declarativo de fijación, dando certeza y concreción a la situación de cada titular, siendo coherente con éste carácter declarativo de la adjudicación el artículo 450 del Código Civil al disponer que “cada uno de los partícipes de una cosa que se posea en común, se entenderá que ha poseído exclusivamente la parte que al dividirse le cupiere durante todo el tiempo que duró la indivisión”.

En la fase de conclusiones, la consulta vinculante se refiere a la disolución de comunidades de bienes constituidas por actos “inter vivos”, por voluntad de las partes, en las que dos o más personas deciden voluntariamente adquirir en común uno o más bienes.
En este tipo de comunidades, voluntaria, si la extinción de la misma se produce con adjuducación a cada uno de los comuneros en proporción a su cuota de participación, sin que se produzca exceso de adjuducación a ninguno de ellos, no se produce el devengo del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La división tiene un efecto declarativo y no traslativo, porque no atribuye algo que no tuvieran antes los comuneros y no produce en éstos ningún beneficio patrimonial, al existir una distribución proporcional y equitativa de los bienes existentes en la comunidad que se disuelve.
Pero si la extinción de la comunidad de bienes voluntaria se realiza mediante la adjudicación de los bienes a uno de los comuneros y compensación económica al resto de comuneros, se produce un exceso de adjudicación que es gravado por el IIVTNU. No existe una simple extinción del condominio, con adjudicación proporcional a los partícipes, sino una transmisión patrimonial por el exceso de adjudicación a uno de los partícipes respecto a su cuota de participación inicial.

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