Administradores de sociedades: aspectos fiscales.

Objetivo la luna: aquí mayor Tom, reducir costes fiscales
Tributación de los administradores
Objetivo la luna: aquí mayor Tom, reducir costes fiscales

La tributación de los Administradores de sociedades mercantiles depende de la forma en que pueden ser retribuidos:  por su cargo de Administrador, por el desempeño de funciones ejecutivas y también por el desempeño de funciones de carácter laboral. Las funciones que ejercen los Administradores pueden ser conceptuadas como rendimiento de actividades económicas y estar sujetas al impuesto sobre el valor añadido.

Deducibilidad de las retribuciones

Según la Ley de sociedades de capital el cargo de administrador de una sociedad mercantil es gratuito salvo que los estatutos establezcan lo contrario. En este caso los estatutos deberán precisar los conceptos retributivos: una asignación fija, un sistema de ahorro previsión, dietas de asistencia, participación en beneficios, retribución variable, participación en acciones, indemnización por cese…
El importe máximo de la remuneración anual para el conjunto de administradores deberá ser fijado en la Junta General y estará vigente hasta que no se apruebe su modificación.
Cuando el administrador de una sociedad mercantil perciba retribuciones variables, como indemnizaciones por cese, la Junta General deberá indicar previamente los parámetros.
La retribución de cada administrador se fijará por acuerdo de los administradores o del consejo de administración.
Un problema de fondo importante en la retribución de los administradores de las sociedades mercantiles se halla en las sociedades cotizadas, precisándose en las sociedades cerradas un marco flexible.
La retribución de los Administradores de las sociedades mercantiles puede darse por el desempeño del cargo de Administrador y por el desempeño adicional de funciones ejecutivas que se pueden atribuir al ser nombrado consejero delegado o por otro título. Para su retribución como consejero delegado la sociedad está obligada a suscribir un contrato en que se fije su retribución para el ejercicio de estas funciones ejecutivas, y ello con independencia de lo dispuesto en los estatutos o lo acordado por la Junta General para la remuneración de los administradores en su condición de tales. Dicho contrato deberá ser aprobado por el Consejo de Administración.
Así pues se admite una dualidad de regímenes jurídicos de retribución de los administradores de sociedades mercantiles , uno contractual y uno estatutario. El sistema contractual permite que las retribuciones sean fijadas exclusivamente por el Consejo de Administración sin necesidad de previsión estatutaria ni intervención de la junta de socios.

ASPECTOS FISCALES: CONDICIONES PARA DEDUCIR EL GASTO DE LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES MERCANTILES
Si los estatutos sociales no establecen un sistema determinado de retribución, se presume que su cargo es gratuito. En este caso, cualquier cantidad que perciban tiene la consideración de liberalidad o donación y no resulta deducible en el impuesto sobre sociedades.
Pero en caso de percibir el Administrador una retribución estatutaria como consecuencia de su cargo de Administrador, ésta supone un gasto deducible.

La DGT mediante mediante informe de 12/11/2009 resuelve:“De acuerdo con los fundamentos anteriores, los gastos representativos de las retribuciones a los administradores de sociedades mercantiles, tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible en la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con la ley vigente regulada en el texto refundido del impuesto sobre sociedades, cuando los estatutos establezcan el carácter remunerado del cargo, aunque no se cumpliera escrupulosamente con todos y cada uno de los requisitos,que, para cada tipo de retribución, establece la normativa mercantil.”

La resolución de 6 de Febrero de 2014 del Tribunal Económico Administrativo Central en unificación de la doctrina se pronuncia estableciendo que :”sólo es compatible la relación de carácter laboral especial de alta dirección con la de carácter mercantil del cargo de administrador de una sociedad mercantil cuando las funciones que se realizan por razón de la primera son distintas de las que se llevan a cabo por razón del último cargo y se trate de una actividad específica diversa; en otro caso ambas relaciones son incompatibles, debiendo prevalecer la calificación mercantil y sólo podrá percibir remuneraciones por dicha función cuando esté previsto en los Estatutos.”

Además la Dirección General de Tributos en consulta V0441 14 estipula que “en el caso de que se satisfaga una retribución al administrador de una sociedad merantil por el desempeño de tareas productivas o profesionales: auxiliares administrativos, contables, agentes comerciales y personal de almacén, tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible del período siempre que se cumplan los principios de inscripción contable, correlación de ingresos y gastos, imputación con arreglo al devengo y justificación documental y siempre que se valoren a valor de mercado.”

En la consulta V1613 15 de 26 de Mayo de 2015, en la que se resuelve una cuestión acerca de la deducibilidad de la remuneración del trabajo realizado por un ingeniero en una sociedad mercantil en la que posee el 12,5% del capital social y de la que es miembro del Consejo de Administración, aunque dicho cargo es gratuito, y todas las retribuciones percibidas son satisfechas por el trabajo realizado como ingeniero, se manifiesta de la misma manera en el sentido que las retribuciones que percibe como ingeniero serán fiscalmente deducibles siempre que cumplan los requisitos legalmente establecidos.

Calificación de las retribuciones de los administradores de sociedades mercantiles

Conforme al artículo 17.2 de la Ley del IRPF las retribuciones de los Administradores de sociedades mercantiles son rendimientos del trabajo. La retención que soportarán será del 35 % y del 19 % en el caso de empresas con una cifra de negocios inferior a 100.000 euros.

Pero si el Administrador realiza otras actividades diferentes y es socio de la sociedad y la actividad de dicha sociedad es profesional estas retribuciones se calificarán como rendimientos de actividades económicas, siempre que esté dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de la seguridad social, debiendo tenerse en cuenta que dentro del concepto de actividades profesionales se incluyen las consideradas como tales en la tarifa del Impuesto sobre Actividades Económicas. La actividad realizada por el socio debe ser la misma que la que constituye el objeto social de la entidad. Es preciso además que no se den las notas de dependencia y ajeneidad, y de darse, sus rendimientos serían del trabajo. De tratarse de rendimientos de actividades económicas la retención a practicar sería del 15 %.

Hasta aquí vemos que los Administradores pueden percibir su retribución en el IRF como tales  o por la realización de una actividad empresarial y en este caso percibir sus retribuciones como rendimientos de actividades económicas.

Pero la Consulta Vinculante que se puede visualizar al final de este párrafo se refiere a la consideración de estos rendimientos como del trabajo, siéndoles por tanto de aplicación la escala de tributación de este tipo de rendimientos.

En el caso de una sociedad civil compuesta por dos socios personas físicas y dedicada a la explotación de un gimnasio dice la consulta que las actividades que constituyen el objeto de la sociedad civil y que los socios desarrollan, no tienen la naturaleza de actividades profesionales en los términos establecidos en el párrafo tercero del artículo 27.1 de la LIRPF, que dice: “No obstante, tratándose de rendimientos obtenidos por el contribuyente procedentes de una entidad en cuyo capital participe derivados de la realización de actividades incluidas en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, tendrán esta consideración cuando el contribuyente esté incluido, a tal efecto, en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, o en una mutualidad de previsión social que actúe como alternativa al citado régimen especial conforme a lo previsto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.”

Teniendo en cuenta lo anterior, con independencia de la naturaleza laboral o no que une a los socios con la sociedad y del régimen de afiliación a la seguridad social que corresponde a los socios, debe considerarse que los rendimientos satisfechos s éstos por el desarrollo de las actividades empresariales que constituyen el objeto de la sociedad tendrán la naturaleza de rendimientos del trabajo de los establecidos con carácter general en el artículo 17.1 de la LIRPF, al no concurrir en aquellos los requisitos establecidos en los dos primeros párrafos del artículo 27.1 de la LIRPF.

CV 1776-17 Retribución Administradores

Tributación de las retribuciones de los administradores de sociedades mercantiles en el impuesto sobre el valor añadido
Están sujetas a iva las actividades realizadas por cuenta propia, mientras que el trabajo realizado por cuenta ajena no está sujeto a la tributación en el impuesto sobre el valor añadido.
El artículo 10 de la Directiva 2006/112 CE hace referencia a la calificación de la relación de un socio como de subordinación o independencia, y exige un análisis de las condiciones de trabajo, la remuneración y la responsabilidad.
No existe subordinación cuando el socio se procura y organiza él mismo los medios personales y materiales para el ejercicio de su actividad. Por tanto, la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido requiere la intervención del socio en el ejercicio de su actividad a través de la ordenación de medios propios. Por el contrario, cuando los medios principales sean titularidad de la sociedad, existe la presunción de la exclusión del socio del ámbito de aplicación del impuesto. Hay pues que ver si el socio es libre de organizar su actividad eligiendo sus colaboradores, sus vacaciones y su estructura de trabajo.
Se puede presumir que el riesgo económico recae en el socio cuando su prestación se determine en función de su porcentaje de los beneficios de la entidad o en función de las prestaciones efectivamente realizadas por él mismo.
Se ha de tener en cuenta la independencia entre el iva y el IRPF. Así pues la sujeción al iva no depende de que los rendimientos hayan sido calificados en el IRPF como del trabajo o de actividades económicas.
Elaboración sobre:
http://www.aedaf.es/plataforma/baf/baf_2016_01_T_retribucion-de-administradores.pdf

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Entidades sin ánimo de lucro: Donaciones, contratos de patrocinio y convenios de colaboración

 

 

¿Donación, patrocinio o convenio? Qui lo sá.

DONACIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

 

Título III Capítulo II artículos del 17 al 24 de la Ley 49/2002: Régimen fiscal de las donaciones y aportaciones.

Los donativos, donaciones y aportaciones realizados por personas o sociedades a favor de las entidades beneficiarias del mecenazgo dan derecho a deducción en la cuota íntegra de su imposición personal, siempre que consistan en:

-Donativos o donaciones dinerarios, de bienes o derechos.

La base de deducción del impuesto personal del donante será:

-Tratándose de donativos dinerarios, su importe.

 

Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el resultado de aplicar a la base de la deducción correspondiente al conjunto de donativos, donaciones y aportaciones con derecho a deducción, determinada según lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley, la siguiente escala:

Base de deducción Importe hasta Porcentaje de deducción
150 euros 75
Resto base de deducción 30

Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la base de la deducción en favor de esa misma entidad que exceda de 150 euros, será el 35 por ciento.

 

La base de las deducciones a que se refieren los apartados 3 y 5 del artículo 68 de esta Ley, no podrá exceder para cada una de ellas del 10 por ciento de la base liquidable del contribuyente.

 

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra, minorada en las deducciones y bonificaciones previstas en los capítulos II, III y IV del Título VI de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, el 35 por 100 de la base de la deducción determinada según lo dispuesto en el artículo 18. Las cantidades correspondientes al período impositivo no deducidas podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos y sucesivos.

Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del período impositivo anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la base de la deducción en favor de esa misma entidad será el 40 por ciento.

 

La base de esta deducción no podrá exceder del 10 por 100 de la base imponible del período impositivo. Las cantidades que excedan de este límite se podrán aplicar en los períodos impositivos que concluyan en los diez años inmediatos y sucesivos.

 

Desde el punto de vista contable, el sujeto pasivo ha de registrar en su contabilidad como gasto el importe de los bienes o de las cantidades donadas, de manera que el importe contabilizado no se integrará en la base imponible dado que se corresponde dicho gasto con una liberalidad del sujeto pasivo; por lo que deberá realizarse en este caso un ajuste positivo al resultado contable al tiempo de determinar la base imponible del período impositivo en el que se efectúa la donación o aportación.

 

Para tener derecho a las deducciones correspondientes por las donaciones efectuadas, se debe acreditar la efectividad de la donación efectuada, mediante certificación expedida por la entidad beneficiaria.

CONTRATOS DE PATROCINIO/ESPONSORIZACION

 

El contrato de patrocinio se encuentra definido en el artículo 24 de la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad: “El contrato de patrocinio es aquél por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador.

 

Según Consulta Vinculante V3559-16, de 3 de agosto de 2016, de la Subdirección General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas el patrocinio de una escudería de automovilismo constituyen un gasto de publicidad realizado por la entidad interesada. Los referidos gastos no pueden ser considerados como liberalidades.

Por tanto, serán fiscalmente deducibles siempre que cumplan los requisitos en términos de inscripción contable, devengo, y justificación documental, y en la medida que no tienen la consideración de gasto fiscalmente no deducible conforme a lo establecido en el artículo 15 de la LIS.

 

El contrato de patrocinio es una prestación de servicio y está sujeta a IVA.

 

Artículo 15 Gastos no deducibles de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles

  1. e) Los donativos y liberalidades.

No se entenderán comprendidos en esta letra e) los gastos por atenciones a clientes o proveedores ni los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa ni los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios, ni los que se hallen correlacionados con los ingresos.

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL

 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

 

La Ley 49/2002 contempla el régimen fiscal aplicable a los convenios de colaboración empresarial en su artículo 25, el cual señala lo siguiente:

 

“Artículo 25 Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general

  1. Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, a los efectos previstos en esta Ley, aquel por el cual las entidades a que se refiere el artículo 16, a cambio de una ayuda económica para la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento del objeto o finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades.

La difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios de colaboración definidos en este artículo no constituye una prestación de servicios.

  1. Las cantidades satisfechas o los gastos realizados tendrán la consideración de gastos deducibles para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la entidad colaboradora o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes de los contribuyentes que operen en territorio español mediante establecimiento permanente o el rendimiento neto de la actividad económica de los contribuyentes acogidos al régimen de estimación directa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  2. El régimen fiscal aplicable a las cantidades satisfechas en cumplimiento de estos convenios de colaboración será incompatible con los demás incentivos fiscales previstos en esta Ley.

 

Los Convenios de colaboración no constituyen una prestación de servicio, por tanto no constituye hecho imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

 

Las cantidades satisfechas o los gastos realizados tendrán la consideración de gastos deducibles para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la entidad colaboradora tal como indica el apartado 2 del art.25 de la Ley 49/2002.

 

 

 

CONCLUSIÓN

 

Las donaciones no son deducibles, si bien dan derecho a practicar deducción en la cuota íntegra, mientras que los patrocinios son totalmente deducibles al no ser considerados como una liberalidad.

El contrato de patrocinio está sujeto a IVA.

Por otro lado, existen los convenios de colaboración que son totalmente deducibles en el Impuesto sobre Sociedades y además no devengan IVA.

 

 

Debemos hacer mención de la Consulta Vinculante D.G.T. de 2 de junio de 2011.Indica que en la medida en que las rentas obtenidas del contrato de patrocinio publicitario puedan encuadrarse en los convenios de colaboración en actividades de interés general a que se refiere el art.25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de las entidades fiscales del mecenazgo, debe considerarse que la citada actividad no constituye una prestación de servicios a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

 

Amalia Aparicio

Licenciada en Derecho

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Aplazamientos y fraccionamientos impuesto sobe sociedades: denegación

No pasarán
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Hoy a 28/12/2016

Hemos recibido una denegación de aplazamiento del Impuesto sobre Sociedades solicitada por un cliente del despacho

Motivos de denegación de aplazamiento/fraccionamiento

“Por no haber quedado suficientemente justificada la existencia de dificultades económico-financieras ni las dificultades transitorias de liquidez invocadas que pudiera impedir hacer frente al pago de la deuda en plazo.

Por otra parte, en virtud del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, se introducen modificaciones normativas en le ley 27/2014 de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades por medio de las cuales se dispone un incremento de esfuerzo recaudatorio exigido a grandes empresas.

Dichas modificaciones afectan al régimen legal de los pagos fraccionados, con la finalidad de conseguir el imprescindible incremento de los ingresos correspondientes al impuesto sobre sociedades, y de allegar esos fondos de manera inmediata a las arcas públicas, contemplando de manera expresa la obligación de la Administración Tributaria de velar por la efectividad de esa recaudación adicional de conformidad con la legislación vigente.

Por otra parte, el mecanismo del pago fraccionado permite a la Hacienda Pública allegar los fondos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones de gasto de una manera regular y homogénea a lo largo del ejercicio económico, evitando que se produzcan picos de ingresos en momentos muy puntuales con una imposibilidad de obtenerlos durante el resto del ejercicio, estando en la propia esencia del pago fraccionado que la cantidad resultante se ingrese en el momento exacto que dispone su norma reguladora quedando totalmente desvirtuado si se permite dilatar o retrasar su ingreso.”

La actual situación de ingreso presupuestario obliga a una política de restricción en el gasto y de disciplina en el ingreso, que exige asegurar por quien se encarga de la gestión recaudatoria de tales ingresos no sólo que se ingresan efectivamente todos los créditos tributarios debidos por los contribuyentes, sino que los mismos se materializan en el momento temporal que se establece materialmente.

En el presente caso, la necesidad de servir con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, y el interés público que se pone de manifiesto en el citado Real-Decreto Ley, así como dar cumplimiento al mandato, allegar fondos de manera inmediata a las arcas públicas, contenido en el mismo, determina la denegaciónj de la solicitud de aplazamiento y fraccionamiento de pago presentada.

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Aplazamientos: Denegación iva y fraccionamiento sociedades

Prohibido aplazar, hasta nueva orden.

 

 

MODIFICACIONES QUE AFECTAN A LOS APLAZAMIENTOS DE DEUDAS CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (REAL DECRETO-LEY 3/2016 DE 2 DE DICIEMBRE)

Con la publicación del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, se limitan mucho las posibilidades de aplazamiento y fraccionamiento de deudas con la Administración Tributaria.

Se modifica el apartado 2 del artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que queda redactado de la siguiente forma:

«2. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas tributarias:

…..

  • b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.
  • f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.
  • g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos de este apartado serán objeto de inadmisión.

A falta de un pronunciamiento exacto de la AEAT podría entenderse como que no se podrá aplazar el IVA salvo que se justifique “debidamente” que el IVA repercutido no ha sido cobrado íntegramente. De momento, no podemos asegurar que el IVA sea, o no, objeto de este artículo

En la Disposición Transitoria Única se indica que esta imposibilidad afectará desde el 1/1/2017 por lo que el último pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades que se podrá aplazar y fraccionar será el de este mes de diciembre y, si la medida afectara al IVA, ya no se podría aplazar ni fraccionar el IVA del cuarto trimestre del 2016.

 

Por Amalia Aparicio

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Bienes ocultos en el extranjero, declaración extemporánea.

Leónidas en las Termópilas, de Jacques Louis David Según Plutarco: “se cuenta que uno que hurtó un zorrillo y lo ocultó debajo de la ropa, y despedazándole este el vientre con las uñas y con los dientes aguantó y se dejó morir por no ser descubierto”.
Leónidas en las Termópilas, de Jacques Louis David Según Plutarco: “se cuenta que uno que hurtó un zorrillo y lo ocultó debajo de la ropa, y despedazándole este el vientre con las uñas y con los dientes aguantó y se dejó morir por no ser descubierto”.
Leónidas en las Termópilas, de Jacques Louis David Según Plutarco: “se cuenta que uno que hurtó un zorrillo y lo ocultó debajo de la ropa, y despedazándole este el vientre con las uñas y con los dientes aguantó y se dejó morir por no ser descubierto”.

El proceso legislativo seguido por el gobierno español para inducir a los contribuyentes  a regularizar rentas procedentes de bienes ocultos en el extranjero por medio  de una amnistía fiscal de los ejercicios que en 2.012 no se hallaban prescritos, 2.008 a 2.011, mediante el pago de un gravamen especial del 10 %, sin sanciones, que estuvo vigente hasta Noviembre de 2.012, le condujo finalmente a cerrar el proceso de regularización, estableciendo una normativa que ha dejado en muy mala situación a quienes no se hubieran acogido a esta regularización.

La declaración que se presentó para regularizar fue la 750, estableciéndose deberes de información anuales para los bienes y derechos que fueron regularizados, que se tradujo en la famosa declaración 720 que debía presentarse cada año antes del mes de Abril.

Determinados bienes en el extranjero descubiertos  por la Administración Tributaria tendrán la consideración de ganancias patrimoniales no justificadas y tributarán en la base imponible general del impuesto.

 Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude («B.O.E.» 30 octubre).Vigencia: 31 octubre 2012.

Artículo 39 de la Ley del IRPF.

Artículo 134.6 del texto refundido de la ley del Impuesto sobre Sociedades.

Según esta nueva normativa , dichos bienes y derechos tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas y se integrarán en la base imponible general del periodo impositivo más antiguo entre los no prescritos susceptibles de regularización  respecto de los cuales no se hubiera cumplido en el plazo establecido la obligación de información a que se refiere la disposición adicional decimooctava de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, General Tributaria.

Se exceptuán:

“No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en este apartado cuando el contribuyente acredite que la titularidad de los bienes o derechos corresponde con rentas declaradas, o bien con rentas obtenidas en periodos impositivos respecto de los cuales no tuviese la condición de contribuyente por este Impuesto.”

Esta nueva normativa implica la imposibilidad de probar que dichas ganancias patrimoniales se produjeron en un periodo impositivo anterior a 2.012.

Por si fuera poco la disposición adicional segunda en la Ley 7/2012, pretende acotar el ámbito temporal del precepto, cuando establece que la imputación de rentas del artículo 39.2 de la Ley del IRPF  y 134.6 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades se realizará al periodo impositivo que proceda según los señalado en dichos preceptos en el que hubieran estado en vigor dichos apartados. En fin, con ello se dice que la ganancia no justificada se imputará siempre a un periodo impositivo posterior a 2.012.

Por si no fuera poco establece la Sanción del 150 % sobre el valor de los bienes descubiertos

Según la disposición adicional primera   de la Ley 7/2012 en caso de ganancias patrimoniales no justificadas y de presunción de obtención de  ganancias patrimoniales no justificadas, determinará la comisión de infracción tributaria, que tendrá la consideración de muy grave, y se sancionará con una multa pecuniaria proporcional del 150 por ciento del importe de la base de la sanción.

La base de la sanción será la cuantía de la cuota íntegra resultante de la aplicación de los artículos citados en el párrafo anterior.

Regula además la obligación de declarar los bienes y derechos situados en el extranjero. Régimen sancionador.

   Se introduce una nueva disposición adicional decimoctava de la Ley General Tributaria con la siguiente redacción:

«Disposición adicional decimoctava Obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero

1. Los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración tributaria, conforme a lo dispuesto en los artículos 29 y 93 de esta Ley y en los términos que reglamentariamente se establezcan, la siguiente información:

  • a) Información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio de las que sean titulares o beneficiarios o en las que figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición.
  • b) Información de cualesquiera títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean titulares y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de los seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y de las rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades establecidas en el extranjero.
  • c) Información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en el extranjero.

 2. Régimen de infracciones y sanciones.

Constituyen infracciones tributarias no presentar en plazo y presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos las declaraciones informativas a que se refiere esta disposición adicional.

También constituirá infracción tributaria la presentación de las mismas por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por dichos medios.

Las anteriores infracciones serán muy graves y se sancionarán conforme a las siguientes reglas:

  • a) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre cuentas en entidades de crédito situadas en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.

    La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios.

  • b) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre títulos, activos, valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada elemento patrimonial individualmente considerado según su clase, que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.

    La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada elemento patrimonial individualmente considerado según su clase, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios.

  • c) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo bien inmueble o a un mismo derecho sobre un bien inmueble que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.

La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo bien inmueble o a un mismo derecho sobre un bien inmueble, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios.

 Declaración extemporánea de bienes ocultos en el extranjero

Conforme a la normativa que hemos expuesto, la Administración Tributaria podrá considerar que se trata de ganancias patrimoniales no justificadas que deberán tributar en la base imponible general y aplicar la sanción del 150 %.

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Operaciones vinculadas: Sentencia del Tribunal Supremo 02/04/2014

Una vinculación negativa David contra Goliath Por Peter Paul Rubens Norton Simon Museum Pasadena USA
Una vinculación negativa
David contra Goliath
Por Peter Paul Rubens
Norton Simon Museum
Pasadena USA

Dice la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en respuesta al Recurso Contencioso Administrativo presentado por el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de España contra el Real Decreto 1793/2008 de 3 de Noviembre por entender que el Capítulo V,
que trata sobre la determinación del valor normal de mercado y las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas y con personas o entidades residentes en paraísos fiscales, era contrario al ordenamiento jurídico y que los grandes apartados de la demanda son:
1) El ajuste secundario.
2) La documentación exigible.
3) El procedimiento de determinación del valor de mercado.
4) Las sanciones establecidas.
5) Ilegalidad del artículo 21 bis apartados 2 y 3 del Reglamento.

A continuación ofrezco un resumen de las respuestas que esta Sentencia da a las cuestiones planteadas en la demanda:

SOBRE EL AJUSTE SECUNDARIO
La norma que establece el deber de los administrados de fijar, en las operaciones vinculadas que lleven a cabo, el valor de mercado tiene el rango formal de ley desarrollada por un precepto reglamentario.
Las quejas acerca del desplazamiento a los administrados del deber de fijar el valor de mercado que en la legislación anterior correspondía a la Administración, carecen de relevancia jurídica en lo atinente a la legalidad de las normas impugnadas.
Superada esta dificultad, la Sentencia pone de manifiesto el artículo 16 del TR de la LIS que trata sobre el ajuste secundario:
1º) “Las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán por su valor normal de mercado. Se entenderá por valor normal de mercado aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia.
2º) La Administración tributaria podrá comprobar que las operaciones realizadas por personas o entidades vinculadas se han valorado por su valor normal de mercado y efectuará, en su caso, las correcciones valorativas que procedan respecto de las operaciones sujetas a este impuesto, al impuesto sobre la renta de las personas físicas o al impuesto sobre la renta de no residentes que no hubieran sido valoradas por su valor normal de mercado, con la documentación aportada por el sujeto pasivo y los datos e información de que disponga. La Administración Tributaria quedará vinculada por dicho valor en relación con el resto de personas o entidades vinculadas.
La valoración administrativa no determinará la tributación por este impuesto ni, en su caso, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes de una renta superior a la efectivamente derivada de la operación para el conjunto de las personas o entidades que la hubieran realizado. Para efectuar la comparación se tendrá en cuenta aquella parte de la renta que no se integre en la base imponible por resultar de aplicación algún método de estimación objetiva.”

Es importante subrayar que este precepto, en el párrafo segundo del apartado segundo, afirma que la valoración administrativa no determinará una renta superior a la efectivamente derivada de la operación para el conjunto de las personas que la hubiere realizado.

El apartado primero del artículo 16.8 consagra el mismo principio al afirmar. “en aquellas operaciones en las cuales el valor convenido sea distinto del valor normal de mercado, la diferencia entre ambos valores tendrá para las personas o entidades vinculadas el tratamiento fiscal que corresponde a la naturaleza de las rentas puestas de manifiesto como consecuencia de la existencia de dicha diferencia.”

Los problemas se suscitan por el contenido del párrafo segundo de este apartado cuando establece:
“En particular, en los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios o partícipes-entidad, la diferencia tendrá, en la proporción que corresponda al porcentaje de participación en la entidad, la consideración de participación en beneficios de entidades si dicha diferencia fuese a favor del socio o partícipe, o, con carácter general, de aportaciones del socio o partícipe a los fondos propios si la diferencia fuera a favor de la entidad.”

El artículo 16.8 primero no es una excepción a la regla que el artículo 16.1 contiene. Regla que consiste en que la base de gravamen de las operaciones vinculadas es la “renta derivada de la operación para las personas que la realizaron”.

Todo lo precedente significa que el artículo 16.1 regula el denominado ajuste primario el cual ha de ser primero unilateral y posteriormente, si es posible, y se dan las circunstancias requeridas para ello, bilateral o correlativo.

Se trata, mediante él. de corregir las desviaciones que en la fijación del valor de mercado puedan producirse, correcciones que habrán de tener, si es posible, una doble dirección: unilateral, primero, y bilateral, después.

Cuando se aprecie que estas desviaciones implican una transferencia de rentas cualitativamente distinta de la contablemente expresada, y se den las circunstancias mencionadas en el apartado segundo del artículo 16.8 de la LIS tendrán lugar las presunciones que en el mencionado precepto se proclaman, presunciones que por la naturaleza de las cosas y por el principio antes enunciado, tendrán naturaleza de una presunción “iuris tantum”, pues el principio general que rige todo texto legal es el de gravar las rentas derivadas de la operación para las personas que las realizaron.

No estamos ante una norma antielusiva, sino ante una norma que determina la cuantía de la base. El ajuste secundario es una norma que opera en aquellos supuestos en que la transferencia real de rentas es distinta de la que aparentemente ha sido efectuada. Además, la prueba sobre la existencia de transferencia de rentas en modo distinto al que se ha reflejado contablemente, corresponde a la Administración.

SOBRE LA OBLIGACIÓN DE DOCUMENTAR LAS OPERACIONES DE LAS SOCIEDADES VINCULADAS

El Real Decreto Ley 6/2010 de 9 de Abril y Real Decreto 897/2010 de 9 de Julio, dictados estando en trámite este recurso, han modificado tanto subjetiva como objetivamente el ámbito de la obligación de documentación cuyo alcance ahora se cuestiona.

La demandante considera de aplicación el principio de Reserva de Ley para el desarrollo que se hace de las obligaciones de documentación por vía reglamentario y que al menos debió dar las Ley las pautas para la creación de dichas obligaciones, considerando que del incumplimiento de las mismas se derivan sanciones.

A la vista del contenido de la sentencia del tribunal Constitucional que dice: “la fijación de la documentación que deben mantener las empresas vinculadas ha de ser objeto de colaboración reglamentaria”, y referida en este punto a la incidencia en materia sancionadora, aspecto en que las prevenciones deben extremarse, no es dudoso que al señalar la Ley el ámbito subjetivo de las personas obligadas a mantener a disposición de la Administración la documentación requerida y los elementos objetivos que determinan cuando una operación es vinculada, pocas dudas pueden sostenerse sobre la legalidad reglamentaria en relación con el alcance de la obligación de documentación de las operaciones vinculadas..

Por tanto, definidos el elemento subjetivo de la vinculación, así como el objetivo y proclamada la necesidad de la colaboración reglamentaria, es vista la imposibilidad de estimar la alegación formulada.

OTROS REPROCHES SOBRE LA OBLIGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

A) Imposible cumplimiento de la determinación del valor de mercado.

La opción efectuada proviene del legislador y además el valor de mercado se contempla en otros textos legales.

B) Inseguridad jurídica en la determinación de la documentación. Incidencia en el artículo 25 de la Constitución.

Entiende el demandante que las expresiones generales y relevantes que se utilizan son excesivamente ambiguas. No puede n aceptarse ninguno de los reproches formulados si se tiene presente que los vocablos tachados son una concreción , determinación y adjetivación  de los términos descripción e información, lo que excluye la ambigüedad que se afirma.

La relativa ambigüedad de los textos legales no puede considerarse, a la vista de las consideraciones vertidas por el Tribunal Constitucional en la sentencia citada, como infractora de ninguna de las normas invocadas.

C) Quiebra del principio de proporcionalidad y de minoración de costes en la determinación de las obligaciones de documentación.

Podrá parecer gravoso el cambio legislativo introducido en la obligación de documentación de las operaciones vinculadas, pero se ha llevado a cabo por quien está autorizado legalmente para ello según el sistema de fuentes establecido en nuestro ordenamiento jurídico.

D)Análisis de comparabilidad. Imposibilidad material de efectuarlo en los términos previstos reglamentariamente.

Las especificaciones del Reglamento a efectos de precisar lo que son operaciones comparables no merecen reproche.

E) Arbitrariedad, desigualdad e injerencia en la sociedades profesionales.

La imperfección que el Reglamento contiene según la entidad recurrente en el artículo 20.3, al no exigir documentación acreditativa del análisis de comparabilidad efectuado, que está en la base del sistema, lo que en su lógica representa una prueba más de la falta de coherencia del sistema, y que es alegada como motivo de anulación del reglamento impugnado, no puede ser estimada.

Tampoco parece aceptable la crítica que se efectúa a la documentación que no se exige a las sociedades profesionales y sí a otras entidades.

La afirmación referente a que con el método propuesto  el legislador pretende imponer un determinado régimen de distribución de beneficios a las sociedades profesionales no es asumible pues el régimen documental establecido en favor de estas entidades es facultativo y pueden declinar el régimen especial.

REPROCHES SOBRE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA
Sobre el derecho de defensa
Por el hecho de exigir el nombramiento de un perito común y de un recurso común a todos los interesados. El proyecto reglamentario preveía en este punto el archivo de las actuaciones y no tener por presentados los correspondientes recursos. El Consejo de Estado concluyó que no puede el reglamento proyectado limitar la posibilidad de recurso en vía administrativa de la liquidación provisional, facultad consagrada como tal en la Ley General Tributaria: artículo 213.1 posibilidad de revisión de los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de sanciones tributarias, y como objeto de recurso de reposición: artículo 222.1 y de reclamación económica administrativa: artículos 226 y 227.2.a, precepto este último que señala de forma expresa como reclamables las liquidaciones provisionales y definitivas. Por ello deberían eliminarse en el artículo 21, apartado 2, párrafo segundo y apartado 3, párrafo terce4ro, las referencias al archivo de actuaciones y a la consecuencia de no tener por presentados los correspondientes recursos en el caso de que no se unifique la vía procedimental escogida por las entidades afectadas.
En este punto, por tanto, el recurso deberá ser aceptado.

Sobre los medios de comprobación del valor
Ninguna censura merece que el Reglamento introduzca como uno de los medios de fijar el valor de mercado el de la comprobación del valor, pues dicho medio es complementario o sustitutivo de los métodos de valoración previstos en el artículo 16.4 de la LIS.

Limitación reglamentaria a la tasación pericial contradictoria
El Reglamento abre la posibilidad de acuerdo con la Ley, de instar la tasación pericial contradictoria por parte del obligado tributario disconforme con la liquidación provisional que practique la Administración como consecuencia de la corrección valorativa, pero lo limita a los casos en que haya sido necesario comprobar el valor de los bienes o derechos por alguno de los medios estyablecidos en el artículo 57.1 de la LGT.
Si en el punto analizado el Reglamento es más restrictivo que la Ley, éste deberá interpretarse de acuerdo con la norma de mayor rango.

Inaplicación del procedimiento establecido en el artículo 21 del Reglamento acerca de los medios de oposición y defensa a las correcciones valorativas efectuadas por la Administración, a los no residentes.
La condición de no residente puede justificar este diferente tratamiento, así como la aplicación de un Convenio o de un Tratado que resulte de invocación por los establecimientos permanentes.

SOBRE LA INFRACCIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE RIGEN EL DERECHO SANCIONADOR
El Tribunal Constitucional ha resuelto el conjunto de problemas que dentro de este apartado planteaba la entidad recurrente, rechazando todas sus demandas. Por otra parte admite la colaboración reglamentaria prácticamente sin límites.

SOBRE EL AJUSTE SECUNDARIO EN EL ARTÍCULO 21 BIS DEL REGLAMENTO
El ARTÍCULO 16.8 de la LIS, redactado por Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, establece:

8. En aquellas operaciones en las cuales el valor convenido sea distinto del valor normal de mercado, la diferencia entre ambos valores tendrá para las personas o entidades vinculadas el tratamiento fiscal que corresponda a la naturaleza de las rentas puestas de manifiesto como consecuencia de la existencia de dicha diferencia.

En particular, en los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios o partícipes-entidad, la diferencia tendrá, en la proporción que corresponda al porcentaje de participación en la entidad, la consideración de participación en beneficios de entidades si dicha diferencia fuese a favor del socio o partícipe, o, con carácter general, de aportaciones del socio o partícipe a los fondos propios si la diferencia fuese a favor de la entidad.

El artículo 21.Bis. 2 del Reglamento, según la redacción dada por el Real Decreto 1777/2004 de 30 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, es del siguiente tenor:

2. En particular, en los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios o partícipes-entidad, la diferencia tendrá con carácter general el siguiente tratamiento:

a) Cuando la diferencia fuese a favor del socio o partícipe, la parte de la diferencia que se corresponda con el porcentaje de participación en la entidad se considerará como retribución de fondos propios para la entidad, y como participación en beneficios de entidades para el socio.
La parte de la diferencia que no se corresponda con el porcentaje de participación en la entidad, para la entidad tendrá la consideración de retribución de los fondos propios, y para el socio o partícipe de utilidad percibida de una entidad por la condición de socio, accionista, asociado o partícipe de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.1.d) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio

. Párrafo 2.º de la letra a) del número 2 del artículo 21 bis anulado por Sentencia TS (Sala 3.ª, Sección 2.ª, Rec. 8/2009) de 27 mayo 2014 («B.O.E. 30 julio). TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S, 27 May. 2014 (Rec. 8/2009) Ir a Norma Sentencia TS (Sala 3.ª) 27 May. 2014 (anula diversos preceptos del RD 1777/2004 de 30 Jul., por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de Sociedades)

b) Cuando la diferencia fuese a favor de la entidad, la parte de la diferencia que se corresponda con el porcentaje de participación en la misma tendrá la consideración de aportación del socio o participe a los fondos propios de la entidad, y aumentará el valor de adquisición de la participación del socio o partícipe.
La parte de la diferencia que no se corresponda con el porcentaje de participación en la entidad, tendrá la consideración de renta para la entidad, y de liberalidad para el socio o partícipe. Cuando se trate de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente, la renta se considerará como ganancia patrimonial de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.1.i).4.º del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo .

Párrafo 2.º de la letra b) del número 2 del artículo 21 bis anulado por Sentencia TS (Sala 3.ª, Sección 2.ª, Rec. 8/2009) de 27 mayo 2014 («B.O.E. 30 julio). <!–

–>TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S, 27 May. 2014 (Rec. 8/2009) Sentencia TS (Sala 3.ª) 27 May. 2014 (anula diversos preceptos del RD 1777/2004 de 30 Jul., por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de Sociedades)   

 

 

  

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Andorra: régimen fiscal

 

Escuela de Atenas de Rafael Sanzio
Escuela de Atenas de Rafael Sanzio

Existe el ius soli en derecho internacional, para determinar que una persona es nacional de un país por su nacimiento, existe también el ius sanguinis, derecho por el cual uno puede ser nacional de un país por su sangre, por ser hijo de otro nacional. Y cada Estado puede atribuir la nacionalidad a un extranjero de cumplir alguna condición, como las aportaciones realizadas, el residir un número de años, casarse con un nacional…
Existe pues una opción para cambiar la nacionalidad.
En este tercer derecho entra con fuerza la tributación y nos preguntamos, ante la reciente cuestión de un posible fraude fiscal de Montserrat Caballé, que tributó en Andorra, país en que se pagan menos impuestos, si una persona puede elegir libremente el estado en que quiere residir con el objetivo de tener una menor tributación.
Si comparamos la tributación andorrana con la española es para pensárselo. Pero, atención, es preciso residir efectivamente en este país y volvemos al punto de partida: si bien no se determina únicamente por haber nacido en un país o ser hijo de un nacional del mismo , la residencia se tiene además por otras circunstancias:
1.- Permanecer en el país más de 183 días durante el año.
2.- Que el país constitutuya el principal lugar de obtención de ingresos.
3.- Que en él resida igualmente el cónyuge, los descendientes y se tenga en él la vivienda habitual.
Que el papel aguanta mucho, pero no hay una libertad de elección sin cumplir una serie de condiciones, como en la democracia que se nos aparece como la fórmula que nos atribuye las más grandes posibilidades de elección.
Pero las naciones ponen sus límites. La residencia no es elegible sin pagar un precio.
Bueno veamos un país atractivo por su baja tributación.

I. RÉGIMEN JURÍDICO

Sociedad mercantil
Es una asociación voluntaria de personas físicas o jurídicas que, a través de un contrato mercantil, aportan capital para colaborar en la explotación de una actividad empresarial o profesional.
La sociedad puede adoptar la forma de sociedad anónima o de sociedad de responsabilidad limitada. Cualquiera de ellas puede estar constituida por un único socio.

Capital Social

El capital social mínimo de la sociedad de responsabilidad limitada es de 3.000 euros y el de la sociedad anónima es de 60.000

Responsabilidad de los socios

Los socios responden únicamente de las deudas que tenga la empresa dentro del límite del valor de sus aportaciones en la sociedad y no responden con su patrimonio individual, siempre y cuando la sociedad esté inscrita en el Registro de Sociedades ya que, en caso contrario, los socios responderán también con su patrimonio personal.

Domicilio Social

Las sociedades andorranas deben tener el domicilio social dentro del territorio del Principado de Andorra.

Administración

La Junta General de Socios es el órgano soberano de la sociedad y toma sus acuerdos sobre los asuntos más sociales de la vida social: modificación de estatutos, aprobación de las cuentas anuales, aplicación del resultado del ejercicio, nombramiento y revocación de los administradores, transformación, fusión, escisión, extinción de la sociedad, etc. Los acuerdos se toman por mayoría de capital social.

La Junta General nombra y establece el sistema de administración ordinario de la sociedad:

-Administrador único.

-Administradores conjuntos: actuación mancomunada.

-Administradores solidarios: actuación individual.

-Consejo de Administración: actuación colegiada.

En la sociedad unipersonal las competencias de la Junta General son asumidas por el socio único.

Proceso de constitución de una sociedad mercantil

-Solicitud de reserva de denominación social al Gobierno, certificación que tiene una caducidad de 12 meses a partir de su expedición y que produce, durante su vigencia, la reserva de denominación a favor de los futuros otorgantes de la escritura.

-Solicitud al Gobierno de autorización de inversión extranjera para inversiones extranjeras con una participación superior al 10 % del capital social.

-Escritura pública que se otorga ante un notario andorrano.

-Para la inscripción de una sociedad limitada se ha de pagar 957,77 euros y una tasa anual de 801,70 (si no tiene autorización de actividad comercial. En el caso de una sociedad anónima se ha de pagar 1.394,76 euros y una tasa anual de 881,30, si no se tiene autorización para una actividad comercial.

-La inscripción en el Registro es obligatoria y la sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción.
Las sociedades que ejercen una actividad comercial, industrial o de servicios deben inscribirse en el Registro de Comercio o Industria.

Empresario individual

Es una persona física mayor de edad, con libre disposición de sus bienes, que ejerce en nombre propio una actividad empresarial de forma habitual.

Los derechos económicos de las personas físicas extranjeras que quieran llevar a cabo una actividad económica en el Principado de Andorra se adquieren con la obtención de la residencia en el Principado.

El empresario individual responde con todos sus bienes presentes y futuros de las deudas de la empresa. En caso de matrimonio, los bienes del cónyuge pueden quedar afectos según cual sea el régimen económico matrimonial existente.

II. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIOS. 

1. Reserva al Comú del nombre comercial.

2. Autorización comunal: toda persona física que quiera ejercer una actividad comercial , industrial o de servicios, necesita una autorización de la corporación local donde vaya a establecerse.

También percusan de autorización comunal: el cierre, la modificación de la actividad económica autorizada, el cambio del titular de establecimiento y el cambio de nombre del mismo.

3. Autorización gubernamental: el Comú que corresponda tramita la solicitud ante el Registro de Comercio e Industria.

Para obtener la autorización gubernamental, los titulares que la soliciten deben informarse previamente, ante los respectivos departamentos del Gobierno, de los requisitos en materia sanitaria, medioambiental, de accesibilidad que sus establecimientos deban cumplir, al efecto de asegurarse de que la autorización gubernamental les será concedida.

El coste de cada alta en el Registro de Comercio e Industria es de 201,53 euros.

III. RÉGIMEN FISCAL

1.Tasa sobre el registro de actividades económicas

El hecho generador de esta tasa lo constituye la inscripción y permanencia en el Registro de titulares de actividades económicas, integrado por el Registro de sociedades y por el Registro de comercio e industria y el Registro de profesiones liberales.

El empresario individual o sociedad mercantil que ejerce una actividad comercial debe inscribirse en el Registro de comercio e industria  y satisfacer una cuota anual por cada registro de comercio autorizado de 201,80 euros.

Si se trata de sociedades patrimoniales y de otras que no desarrollen ninguna actividad en el Principado, no necesitan inscribirse en el Registro de comercio e industria  y han de pagar una cuota anual correspondiente al Registro de sociedades de 881,30 euros si son sociedades anónimas 0 801,7 si son sociedades limitadas.

Las sociedades mercantiles deben abonar una tasa en el momento de inscribir la sociedad en el registro de sociedades mercantiles de 957,77 euros por las sociedades limitadas y de 1.394,76 euros por las sociedades anónimas.

Los sujetos pasivos inscritos en el Registro de profesionales, titulados, colegios y asociaciones profesionales deben abonar una cuota de 401,70 euros por cada profesión titulada autorizada.

2. Impuesto General Indirecto (IGI)

Es un tributo de naturaleza indirecta que grava el consumo mediante la tributación de las entregas de bienes y las prestaciones de servicios realizadas por empresarios y profesionales así como las importaciones de bienes.

El tipo de gravamen es de un 4,5%. Se aplica un tipo de gravamen super reducido del 0 % o reducido del 1% para determinadas operaciones previstas en la Ley y un tipo incrementado del 9,5 % para las operaciones prestadas por servicios bancarios y financieros.

3. Impuesto sobre Sociedades

El tipo de gravamen es del 10 %.

Se aplica una imposición reducida para las sociedades que realicen explotación internacional de intangibles, las que interrvengan en el comercio internacional y aquellas que lleven a cabo la gestión e inversión financiera intragrupo.

Se elimina la doble imposición interna e internacional sobre la participación en beneficios de otras entidades y se establecen deducciones por doble imposición, por creación de puestos de trabajo y por inversión.

En el primer año de aplicación del impuesto los obligados tributarios disfrutarán de una reducción del 50 % en la cuota de liquidación.

Para aquellos obligados tributarios que se constituyan como nuevos empresarios de una actividad empresarial o profesional también nueva y cuyos ingresos sean inferiores a 100.000 euros, el tipo de gravamen aplicable durante los tres primeros años es del 5 % por la base de tributación entre 0 y 50.000 euros y del 10 % para el resto.

4. Impuesto sobre la renta de actividades económicas

Los obligados tributarios de este impuesto son las personas físicas que tengan su residencia fiscal en Andorra y lleven a cabo una actividad económica: la actividad de arrendamiento de bienes tiene la consideración de actividad económica únicamente cuando las rentas brutas  de los alquileres superen la cifra de 40.000 euros para la totalidad de inmuebles que alquile. La actividad de compraventa, tiene la consideración de actividad económica, únicamente a partir del momento en que se realicen más de 5 transmisiones de bienes inmuebles en el periodo impositivo.

La base de tributación se reduce con un mínimo exento de 40.000 euros.

El tipo de gravamen es del 10 %.

El primer año de aplicación existe una reducción del 50%.

Para aquellos obligados tributarios que se constituyan como nuevos empresarios de una actividad empresarial o profesional también nueva y cuyos ingresos sean inferiores a 100.000 euros, el tipo de gravamen aplicable durante los tres primeros años es del 5 % por la base de tributación entre 0 y 50.000 euros y del 10 % para el resto.

Esta bonificación fiscal no podrá aplicarse a aquellos obligados tributarios que realicen o hayan realizado algún tipo de actividad a través de una sociedad.

5. Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Responden solidariamente de la deuda tributaria: el pagador de los rendimientos a favor de los obligados tributarios que operen sin establecimiento permanente o el depositario, el mandatario o el gestor de los bienes o los derechos de los obligados tributarios que operen sin mediación de establecimiento permanente.

Los no residentes fiscales tienen la obligación de nombrar a una persona física o jurídica con residencia en Andorra con el objeto de que les represente ante el ministerio encargado de las finanzas cuando obtengan rentas mediante establecimiento permanente.

Las rentas obtenidas por los no residentes mediante un establecimiento permanente, el tipo de gravamen es del 10 %. El mismo tipo se aplica cuando actúan sin establecimiento permanente. El tipo es del 1,5 % cuando obtengan rendimientos derivados de operaciones de reaseguro y del 5 % cuando se trate de rentas satisfechas en concepto de canon.

Quedan exentas del impuesto entre otras, las rentas del trabajo, las rentas de capital mobiliario, las ganancias procedentes de acciones o participaciones de sociedades andorranas, siempre y cuando la participación no supere el 25 % del capital y los derivados de la transmisión de acciones o participaciones en organismos de inversión colectiva.

6.- Otros Impuestos

Impuesto de radicación de actividades comerciales, empresariales y profesionales.

Tasa por derechos de radicación.

Tasas por prestación de servicios en concepto de iluminación pública, higiene pública, etc.

IV. RÉGIMEN SOCIAL Y PERMISO DE TRABAJO 

La afiliación a la Caixa Andorrana de la seguridad social es obligatoria para todos los trabajadores asalariados, asimilados, y para todos los trabajadores que realicen una actividad por cuenta propia.

La cotización para trabajadores asalariados y asimilados oscila del 5,5 % al 10,5% para el asalariado y del 14,5% para el empresario. para aquellas personas que trabajan por cuenta propia la cuota oscila entre el 20 y el 25 % del salario mensual medio cotizado por el conjunto de asalariados en el CASS del año inmediatamente anterior..

Cualquier persona extranjera que trabaje en el Principado deberá disponer de un permiso de trabajo. Una vez haya sido contratada por una empresa nacional, ésta debe tramitar el correspondiente permiso en el Ministerio del Interior. La concesión de permisos por el Ministerio del Interior estará condicionada a cupos o cuotas de entrada.

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MODELO 720: VUELVE

y vuelta la burra al trigo
y vuelta la burra al trigo

En primer lugar, cabe recordar que con la Ley 7/2012 se incluyó una nueva obligación de información sobre los bienes y derechos que los contribuyentes tienen en el extranjero, regulado en la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General tributaria, en los artículos 42 bis, 42 ter y 54 bis del reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos aprobado por el Real decreto 1065/2007, de 27 de Julio y en la Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo de la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero (BOE 31/01/2013).

Esta nueva declaración contemplaba tres conjuntos de bienes, por los que se tenía la obligación de presentar dicho modelo, siempre que el valor total de cada bloque superase el importe de los 50.000 euros. Los grupos fueron los siguientes:
– Cuentas bancarias de cualquier tipología
– Valores, derechos, acciones y participaciones en IIC, seguros y rentas.
– Bienes inmuebles o derechos sobre ellos

En relación con el ejercicio fiscal 2013 y siguientes, y una vez presentada la primera declaración, las siguientes presentaciones en los años sucesivos solo serán obligatorias cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
– Cuando existan bienes que nunca fueron declarados, y supere los 50.000 euros, en los saldos o valores a 31/12.
– Cuando la valoración conjunta por cada grupo de bienes hubiera experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto al valor que determinó la presentación de la última declaración.
– En todo caso deberá presentarse declaración cuando a lo largo del ejercicio se hubiera dejado de tener la titularidad de cualquiera de los bienes.

Ejemplo: Supongamos que tenemos una cartera de valores, la cual ya fue declarada en el ejercicio 2012. Y que durante el ejercicio 2013 ha realizado múltiples compra-ventas ¿Que hemos de declarar?

Cartera de valores que no supera en 20.000 euros el valor de la presentación realizada en el ejercicio 2012.
En este caso solo se deberá declarar la cancelación de aquellos valores que fueron declarados en el ejercicio anterior y de los cuales el contribuyente ha perdido la titularidad a lo largo del ejercicio 2013.

– Cartera de valores que si supera en 20.000 euros el valor de la presentación realizada en el ejercicio 2012.
En este caso se declarará los valores el contribuyente que posea a 31 de diciembre de 2013 y la cancelación de todos los valores que fueron declarados en 2012 y que han sido vendidos durante el ejercicio 2013.
– Cartera de valores que reinvierten el importe integro de sus compra-ventas en otros valores (faq’s 56 aeat)
Cuando el importe obtenido se hubiera destinado íntegramente a la adquisición de otros valores o derechos solo deberá declararse los saldos a 31 de diciembre de dichos valores, sin necesidad de declarar la pérdida de titularidad de los bienes declarados en el ejercicio anterior.

Nota: todos los bloques siguen el mismo criterio, a excepción de los valores que permite la posibilidad de declarar los bienes a 31 de diciembre de 2013, siempre que el importe obtenido por la venta de dichos bienes se hubieran reinvertido íntegramente.

Ada García Vázquez

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¿Cuándo es deducible la retribución de los administradores en el impuesto de sociedades?

IVALos administradores cumplen un papel esencial en las personas jurídicas ya que son quienes gestionan y representan la sociedad ante terceros. Sin embargo aunque el cargo de administrador es casi siempre retribuido, la legislación presume que se realiza de manera gratuita a no ser que la remuneración se incluya en los estatutos sociales. A pesar de que este requisito parece un mero formalismo sin efectos prácticos es un requisito indispensable si la sociedad quiere deducirse la retribución del administrador en el impuesto de sociedades. La jurisprudencia además ha concretado este requisito introduciendo formalidades extras que se han de cumplir.

En principio para poder deducirse la retribución en el impuesto de sociedades se debe de regular en los estatutos sociales. Pero además la cuantía debe poder determinarse mediante un criterio objetivo para que se pueda conocer facilmente cual va a ser la retribución. Incluso no es posible incorporar varios métodos de determinación en los estatutos sociales para que posteriormente la junta general elija cual debe utilizarse. Si se quiere modificar el método de retribución entonces deben de modificarse los estatutos sociales.

Puesto que estos requisitos tienen el fin de proteger a los socios minoritarios y a la propia sociedad de salarios abusivos, en el caso de que la sociedad tenga un solo socio puede defenderse que existe pleno conocimiento del socio de la retribución que el administrador cobra y por tanto no son necesarios los requisitos garantistas antes expuestos. Sin embargo para estar seguros que se va a poder deducir el salario en el impuesto de sociedades es preferible que siempre se incluya en estatutos de la manera indicada.

Además para evitar la elusión de esta norma todas las relaciones que el administrador tenga con la sociedad tendrán los mismos efectos que el cargo del administrador. Por ejemplo si el cargo de administrador se retribuye pero no está incluido en estatutos y el administrador también tiene un cargo como ejecutivo en la sociedad, entonces las remuneraciones de ambos contratos no podrán deducirse en el impuesto de sociedades. Existe la duda de que este principio de vinculación también tenga efectos sobre empleos que no impliquen gestión. Si el administrador también realiza tareas propias de la actividad de la sociedad como un trabajador más, independientemente de su cargo como administrador, entonces no existiría objetivo de elusión al contrario de lo que si puede suceder con cargos de alta dirección. En este último caso no es claro el criterio de la Administración. Por lo tanto en cualquier caso es preferible cumplir con los requisitos de la Administración antes mencionados para poder justificar siempre que la remuneración al administrador es deducible.

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Actualización de balances. Ley 16/2012, de 27 de diciembre

Un monumento prehistórico no puede actualizarse.
Un monumento prehistórico no puede actualizarse.
ACTUALIZACIÓN DE BALANCES
Una de las medidas que el Gobierno introdujo para este 2013, por medio de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad econòmica, es una nueva actualización de balances similar a la del año 1996.

¿Qué es y qué utilidad tiene?
La actualización de balances consiste en un incremento del valor de los activos para adaptarlos a su valor real. Es decir, cuando adquirimos un elemento de inmovilizado se incorpora al patrimonio empresarial por el valor de adquisición, por otro lado se le aplicará una serie de amortizaciones que irán minorado su valor. Esta actualización permite que aquellos activos que se han revalorizado con el tiempo, aparezcan en el balance por su valor actual.
Esta medida permite revalorizar los activos, y por tanto mejorar el balance de situación, conseguir reflejar de forma más fiel el valor real y contable de la empresa e incrementar los gastos deducibles por las nuevas amortizaciones que podrán aplicarse.

¿Quién puede actualizar?
• Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades.
• Personas físicas con la contabilidad adecuada al código de comercio.
• Contribuyentes del IRNR que actúen en España a través de Establecimiento permanente.

¿Qué se puede actualizar?
Elementos del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias situados tanto en España como en el extranjero, además de los adquiridos en régimen de arrendamiento financiero (la actualización en este caos esta condicionada a que ejercite finalmente la opción de compra).
La actualización se referirá a todos los elementos susceptibles de actualizarse que figuren en el primer balance cerrado con posterioridad al 28 de diciembre de 2012. Ahora bien, los inmuebles podrán optar por la actualización de forma independiente para cada uno de ellos.
En el caso de las personas físicas, los elementos han de estar afectos a la actividad económica y para los contribuyentes de IRNR al estabelecimiento permanente.

¿Qué elementos no pueden actualizarse?
• Las existencias.
• Elementos que estén fiscalmente amortizados en su totalidad.
• Elementos que no se encuentren en la contabilidad.
• Elementos cuyo valor de mercado sea igual o inferior a su valor neto contable.
Esta actualización es una corrección monetaria, por ello el valor de mercado actuará como máximo.

¿Cómo se calcula ?
Las operaciones de actualización se practicarán aplicando a los activos actualizados y las correspondientes amortizaciones los coeficientes anuales recogidos en la Ley de Acompañamiento.
La diferencia entre el valor de adquisición más las mejoras actualizados y las amortizaciones actualizadas se minorará en el importe del valor neto anterior del elemento patrimonial.
Los coeficientes son los siguientes:
Con anterioridad a 1 de enero de 1984. 2,2946
En el ejercicio 1984 2,0836
En el ejercicio 1985 1,9243
En el ejercicio 1986 1,8116
En el ejercicio 1987 1,7258
En el ejercicio 1988 1,6487
En el ejercicio 1989 1,5768
En el ejercicio 1990 1,5151
En el ejercicio 1991 1,4633
En el ejercicio 1992 1,4309
En el ejercicio 1993 1,4122
En el ejercicio 1994 1,3867
En el ejercicio 1995 1,3312
En el ejercicio 1996 1,2679
En el ejercicio 1997 1,2396
En el ejercicio 1998 1,2235
En el ejercicio 1999 1,2150
En el ejercicio 2000 1,2089
En el ejercicio 2001 1,1839
En el ejercicio 2002 1,1696
En el ejercicio 2003 1,1499
En el ejercicio 2004 1,1389
En el ejercicio 2005 1,1238
En el ejercicio 2006 1,1017
En el ejercicio 2007 1,0781
En el ejercicio 2008 1,0446
En el ejercicio 2009 1,0221
En el ejercicio 2010 1,0100
En el ejercicio 2011 1,0100
En el ejercicio 2012 1,0000

Ahora bien, como novedad en esta actualización, en comparación con las anteriores, es que el resultado que surja de la aplicación de los coeficientes no es la plusvalía que va a ser objeto de actualización, sino que hay que aplicar a esta el coeficiente de financiación, por lo tanto, la actualización de balances no será igual para todas las empresas dependerá de dicho coeficiente de financiación, castigando a las entidades muy endeudadas, así pues para establecer la situación de la empresa se realizar la formula siguiente:

Patrimonio neto
_____________________________________________
Patrimonio neto + pasivo total – derechos de crédito y tesorería

Así pues, este coeficiente no se aplica si resulta superior a 0,4, ni tampoco a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cualquiera que sea su cuantía. En el caso contrario, en el que resultado de la formula anterior fuera inferior a 0.4, se multiplicaría este al valor actualizado.
Una vez realizadas las operaciones anteriores, la magnitud que se obtiene es el importe de la depreciación monetaria o incremento neto de valor del elemento patrimonial actualizado.
Caso práctico:
Supongamos que en el 2007 se adquirió un elemento de inmovilizado por valor de 50.000€, la amortización anual del mismo es de 5.000€.

Año Adquisición Coeficient Valor actualizado Incto.
2007 50.000 1,08 53.905,00 3.905
2008 -5.000 1,04 – 5.223,00 -223
2009 -5.000 1,02 – 5.110,50 -111
2010 -5.000 1,01 – 5.050,00 -50
2011 -5.000 1,01 – 5.050,00 -50 –
2012 -5.000 1,00 – 5.000,00 -50 Resultado neto de la actualización: 3.582
En este cuadro observamos los valores actualizados, los coeficientes aplicados y el resultado de la actualización que seria de 3.582€

Caso 1 empresa poco endeudada:
Los datos promedios de los ejercicios 2008 a 2012 para el cálculo del coeficiente de financiación son:
Patrimonio neto 150.000
Pasivo total: 180.000
Derechos de crédito: 50.000
Tesorería: 10.000
Calculo coef. Financiación: 150.000/(150.000+180.000-50.000-10.000) =0.5555
Al ser mayor de 0.40 no se aplica el coeficiente, así pues la actualización será la siguiente:

Incremento de valor: 3.905
Amortización acumulada: 323
Valora actualizado = 3.905 – 323 = 3.582

Caso 2 empresa muy endeudada:
Los datos promedios de los ejercicios 2008 a 2012 para el cálculo del coeficiente de financiación son:
Patrimonio neto: 75.000
Pasivo total: 180.000
Derecho de crédito 50.000
Tesorería 10.000

Calculamos el coef. de financiación:75.000/(75.000+180.000-50.000-10.000)= 0.3846
Al ser inferior de a 0.40, aplicaremos el coeficiente, por lo tanto la actualización será la siguiente:
Incremento de valor: 3.905 * 0.3846 = 1501,86
Amortización acumulada: 323*0.3846= 124,22
Valora actualizado = 1501,86-124.22 = 1.377,64

¿Cuándo se debe presentar?
Personas jurídicas: desde la fecha de cierre del balance y hasta el día que termine el plazo para su aprobación.
Personas físicas: entre el 31 de diciembre y la fecha de finalización del plazo de presentación de la declaración del IRPF de dicho periodo 2012.
¿Cómo contabilizar la actualización?
Asiento a 30/06/2013
Debe Haber
Importe de la revalorización- Cuentas 21.22.208 XXXXX
Reserva de revalorización XXXXXX
Las amortizaciones contables de estos elementos actualizados se contabilizarán desde el 01/01/2013, serán amortizables contablemente pero no deducibles fiscalmente hasta el 2015.

MENCIONES EN LA MEMORIA

La memoria de las cuentas anuales durante los ejercicios en los que los elementos actualizados formen parte del activo de la entidad deberá incluir la siguiente información:

a) Criterios empleados en la actualización con indicación de los elementos patrimoniales afectados.
b) Importe de la actualización de los distintos elementos actualizados del balance y efecto de la actualización sobre las amortizaciones.
c) Movimientos de la reserva de revalorización y explicación de la causa justificativa de la variación.

ASPECTOS RELEVANTES

Principales ventajas:

• Incremento del gasto deducible por el aumento de las amortizaciones contables.
• Menor beneficio fiscal en la transmisión de los elementos revalorizados al aumentar el coste de adquisición fiscal (con algunos matices).
• Mejora en la imagen patrimonial de la empresa. Al actualizar el balance, las entidades presentan unos fondos propios y una situación de solvencia más elevada, ante el interés de terceros por sus cuentas (entidades financieras, acreedores), e incluso, la actualización puede suponer un requilibrio patrimonial.
• Actualizar el balance representa aproximarse a la realidad (imagen fiel) de la contabilidad de la empresa.

Principales desventajas:
• Tiene un coste fiscal del 5% sobre el saldo de la reserva de revalorización. Además, ese 5% no será gasto deducible en ningún caso.
• La aplicación se realiza sobre todos los activos y no se puede escoger, a excepción de los inmuebles.

Informe elaborado por Ada García Vazquez

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