La tributación de los escritores

¿Cuándo y cómo tributan los escritores? La imaginación produce monstruos.
La tributación de los escritores no siempre implica cotizar en la seguridad social. ¿Cuándo y cómo tributan los escritores? La imaginación produce monstruos.
¿Cuándo y cómo tributan los escritores? La imaginación produce monstruos.

La tributación de los escritores en el Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas como trabajadores por cuenta ajena por el concepto “rendimientos del trabajo” cuando ceden los derechos de explotación de su obra.  Como trabajadores por cuenta propia por el concepto de rendimiento de actividades económicas cuando la editan o la coeditan. Si no llevan a cabo habitualmente su actividad y perciben al año una cantidad inferior al salario mínimo interprofesional no están obligados a cotizar en el régimen especial de trabajadores autónomos. Dentro de estos límites es compatible su actividad con el cobro de la pensión de jubilación.

La tributación de los escritores como rendimientos del trabajo

El artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hace la siguiente definición del concepto de rendimientos del trabajo:

“Se considerarán rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas.”

Y en su apartado 2.d. incluye como rendimientos del trabajo  de los escritores: Los rendimientos derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación.

La tributación de los escritores como rendimientos de actividades económicas

Según el artículo 27 de la misma Ley son rendimientos de actividades económicas:

 “Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.”

El escritor emprende por cuenta propia la actividad de edición y promoción de su libro.

La tributación de los escritores como rendimientos del capital mobiliario

Según el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas son rendimientos del capital mobiliario:  ” las utilidades o contraprestaciones, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que provengan, directa o indirectamente, de elementos patrimoniales, bienes o derechos, cuya titularidad corresponda al contribuyente y no se hallen afectos a actividades económicas realizadas por éste.”

Y según el artículo 25.4..a. de la misma Ley quedan incluidos en este apartado, entre otros, los siguientes rendimientos, dinerarios o en especie a) Los procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor y los procedentes de la propiedad industrial que no se encuentre afecta a actividades económicas realizadas por el contribuyente.

Fuente: Todo Renta Ciss 2017 Pçagina 667  apartado 3.4.1. Rendimientos de la propiedad intelectual o industrial (art.25.4.a) ley IRPF

Se trata de rentas derivadas de los derechos que el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, reconoce a personas distintas del autor. Conforme a la jurisprudencia mayoritaria, se incluyen también entre estos derechos los procedentes del software informático, especialmente porque el Tribunal Supremo considera que el software es una creación intelectual, un producto cultural.

Por tanto son rendimientos del capital mobiliario los derechos de autor derivados de la propiedad intelectual siempre que se perciban por persona que no sea el autor, herederos, y los derivados de la propiedad industrial (patentes, marcas, modelos, creaciones publicitarias…) siempre que no se encuentren afectos a actividades económicas.

Reseñar que cuando los rendimientos de la propiedad intelectual se perdiban por el propio autor será considerado como rendimientos del trabajo en la medida en que ceda los derechos a su explotación .

Si el autor realiza una actividad que supone la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción y distribución de bienes y servicios estaríamos en presencia de un rendimiento proveniente de actividades económicas.

Sobre la coedición

¿Constituye una actividad económica?

Efectivamente, constituye una actividad económica. Si el rendimiento neto obtenido es inferior al salario mínimo interprofesional no debería darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos.   Puede ser favorable para el contribuyente declarar los rendimientos obtenidos, muy posiblemente en forma de pérdidas, para reducir otras fuentes positivas de renta: rendimientos del trabajo o rendimientos del capital inmobiliario.

Artículo 48 Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Artículo 45 Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Este hecho   aportaría la ventaja de no tener la obligación de cotizar por el régimen especial de trabajadores autónomos, ni una incompatibilidad con el cobro de la pensión por jubilación.

Impuesto sobre el valor Añadido

El artículo 20, apartado uno, número 26.º, de la   Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido determina que están exentos del Impuesto:
26.º Los servicios profesionales, incluidos aquéllos cuya contraprestación consista en derechos de autor, prestados por artistas plásticos, escritores, colaboradores literarios, gráficos y fotográficos de periódicos y revistas, compositores musicales, autores de obras teatrales y de argumento, adaptación, guión y diálogos de las obras audiovisuales, traductores y adaptadores.”
Así pues los servicios relacionados con derechos de autor de compositores musicales y responsables de arreglos musicales, artistas plásticos, escritores, colaboradores literarios y gráficos, autores de obras teatrales, guionistas…estarán exentos del impuesto sobre el valor añadido, siempre que sean prestados por personas físicas.

 

El escritor y  el régimen especial de trabajadores autónomos

La habitualidad es un requisito necesario para que exista la obligación de los escritores de cotizar en el régimen especial de trabajadores autónomos. Los Tribunales vienen estimando la superación del salario mínimo interprofesional percibido en en el año natural como indicador de la habitualidad. Así en la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Octubre de 1997 s sentó este umbral mínimo en el caso de los agentes de seguros. Hace falta que la actividad constituya un medio de vida.

Alta censal y tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

El escritor que realice una actividad económica deberá efectuar su alta censal en la AEAT y tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El escritor y la jubilación

La pensión de jubilación es compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta propia, cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional es de 10.302,6 euros.

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Iva y las subvenciones: Modificación por la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre

iva y las subvencionesEl iva y las subvenciones desde hace tiempo plantean problemas a las entidades beneficiadas por éstas.

Hasta el 01 de Enero de 1.998 y el 06 de Octubre de 2.005 las subvenciones se incluían en el denominador de la prorrata.
Esto cambia con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea de 06/10/2005 y con la Ley 3/2006 de 29 de Marzo. Sólo se incluyen en el denominador de la prorrata las subvenciones vinculadas directamente al precio.
Desafortunadamente esta Sentencia no cerró todas las cuestiones acerca del tratamiento de las subvenciones en el Iva.
Ante la pérdida de recaudación que suponía la no consideración de las subvenciones en la prorrata la Administración Tributaria amplió el concepto de subvenciones directamente vinculadas al precio como integrante de la base imponible.
Según la Resolución del TEAC las subvenciones son la contraprestación a un presunto contrato de prestación de servicios entre la Administración y el ente subvencionado, el precio del cual es la propia subvención.

El concepto de subvención vinculada al precio en la doctrina comunitaria

La existencia de tres partes
El simple hecho de que una subvención pueda influir en el precio de los bienes entregados o de los servicios prestados por el organismo subvencionado no basta para que dicha subvención esté sujeta a Iva.
En efecto, “para que una subvención esté vinculada directamente al precio (…) es necesario además (…) que se abone al organismo subvencionado con el fin de que realice específicamente una entrega de bienes o una prestación de servicios determinados”. (Sentencia del TJUE de 22/11/2001)

 

La subvención ha de incidir en el precio

Como ya dijimos en nuestro artículo anterior,  para que la subvención se incluya en el denominador de la prorrata ha de estar vinculada al precio.

 

Es necesario que el precio que paga el adquirente o el destinatario se determine de forma tal que disminuya en proporción a la subvención concedida al vendedor del bien o al prestador del servicio, caso en el que la subvención constituye un elemento determinante del precio exigido por éstos. Obviamente, “el órgano jurisdiccional deberá examinar si, objetivamente, el hecho de que se abone una subvención al vendedor o al prestador le permite vender el bien o prestar el servicio por un precio inferior al que tendría que exigir si no existiese la subvención.” Sentencia del TJUE de 22/11/2001)

Como consecuencia de la subvención se puede producir una distorsión de la competencia.

Caso de los forrajes
“No se ha demostrado que el régimen de ayuda sea un régimen de promoción del consumo ya que no pretende incentivar la compra por parte de terceros de forraje desecado a través de precios que, gracias a la ayuda, sean inferiores a los precios del mercado mundial.”
Lo “que pretende dicho régimen es permitir que los terceros se abastezcan dentro de la Comunidad a un precio comparable al precio de mercado mundial, del que podrían en todo caso abastecerse fuera de la Comunidad si, no existiendo dicha ayuda, la oferta en el interior de la misma no existiese o fuera insuficiente.” (Sentencia del TJUE de 15 de Julio de 2004)

Esto exige la existencia de un mercado comparable con el cual valorar la distorsión de la competencia

Caso de las viviendas de protección oficial
“no se cumple el requisito señalado en la letra b del apartado anterior (…)(incidencia de la subvención en el precio de la operación) puesto que el precio de las operaciones, tratándose de viviendas protegidas, está tasado de antemano con arreglo a los precios máximos fijados por la Administración y no se ve alterado por la concesión de la subvención, de tal manera que la citada magnitud viene dada por circunstancias ajenas a la voluntad de cualquiera de las partes intervenientes en su concesión.”
(Resolución de la DGT V0794-11 de 28 de Marzo de 2011).

Con la excusa de una Sentencia del TSJUE DE 27 DE marzo DE 2.014, asunto La Rayon d´or, se produjo con efectos 1 de Enero de 2.015 una modificación legislativa por la cual no se consideraban subvenciones no vinculadas al precio los importes pagados por un tercero como contraprestación, debiendo formar parte de la base imponible.

Según Faura-Casas en “A vueltas con el iva y las subvenciones

En concreto, la sentencia de referencia, relativa a la reclamación judicial efectuada por una residencia de gente mayor al estado francés, “Le Rayon d’OR”, establece que un pago a tanto alzado, como es el pago por la atención a los residentes, constituye, según el TJUE, la contrapartida de las prestaciones de atención llevadas a cabo a título oneroso por una residencia para personas mayores, en beneficio de sus residentes y, en este concepto, está incluido el ámbito de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El hecho que la compensación económica se fije, no en función de prestaciones individuales, sino a tanto alzado y sobre una base global que cubra los gastos de funcionamiento no puede, a criterio del TJUE, afectar al vínculo existente entre la prestación de servicios realizada y la contrapartida recibida.

La interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la UE, ha sido ya incorporada a la jurisprudencia interna en varias resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que considera que se incluirán en la base imponible, es decir, se considerarán operaciones sujetas al IVA, las subvenciones o transferencias percibidas por los sujetos pasivos cuando exista un vínculo directo entre la prestación de servicio y la contrapartida obtenida, y que para reconocer este vínculo no es necesario que el beneficiario directo de la prestación sea el destinatario del servicio ni que la contraprestación se vincule a prestaciones de servicio individualizado, como es el caso de las subvenciones vinculadas a precio.
Este criterio, emanado de la jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea, pero consolidado en el estado español tanto por la jurisprudencia interior, como por la modificación legislativa, a partir del 1 de enero de 2015, puede comportar un incremento significativo en el coste final de la prestación de determinados servicios públicos, como, el transporte de viajeros o los servicios culturales, así como otras actividades de interés general, como por ejemplo, la investigación.

De hecho, últimamente se vienen produciendo actuaciones de la Agencia Tributaria en las que sostiene que determinadas transferencias recibidas de las administraciones públicas por operadores y prestadores de los servicios indicados, tendrían que haber sido consideradas como parte integrante de la base imponible del IVA a repercutir por las mismas.

Concepto de subvención vinculada al precio en la doctrina comunitaria.
Dos ejemplos concretos:
El transporte público: mercado monopolístico.
La cultura: mercado libre sin distorsión en la competencia

Se produce la existencia de un presunto contrato de servicios entre la Administración Pública y el ente beneficiario de la subvención, el precio del cual es la propia subvención.
Pero se ha de ver la subvención como una acción de fomento. La finalidad de la subvención y el precio o contraprestación son dos cuestiones diferentes.
Así se entiende la subvención para servicios públicos deficitarios. La compensación económica es un mecanismo para restablecer el equilibrio económico, como el presupuesto de hecho de un cofinanciamiento de los servicios a través de tributos y tarifas (o precio).

La Ley de Contratos Públicos
Claves para entender la reforma: ¿Por qué la Ley dice lo que dice?
Según apuntes de Antonio Durán-Sindreu Buxadé para Aedaf

La Ley 9/2017 de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24 UE de 26 de Febrero de 2014.
Esta Ley trata de solucionar:
-El financiamiento de los servicios públicos.
-Las subvenciones para el fomento de la cultura.
-Las subvenciones destinadas a I+D+I
-Las subvenciones a las televisiones públicas.
El preámbulo de la Ley:
“Se hace necesario excluir desde la entrada en vigor de esta modificación normativa, de la consideración de subvenciones vinculadas al precio de las operaciones que constituyen la base imponible de las operaciones sujetas al iva, aquellas aportaciones financieras que las Administraciones Públicas realizan al operador de determinados servicios de competencia pública, cuando no existe distorsión de la competencia, generalmente porque al tratarse de actividades financiadas total o parcialmente por la Administración no se prestan en régimen de libre concurrencia, como por ejemplo, los servicios de transporte comercial, o determinadas actividades culturales financiadas con estas aportaciones.Estas aportaciones financieras que no constituyen subvenciones vinculadas al precio de las operaciones no limitarán el derecho a la deducción del impuesto soportado por estos operadores..”

“Con independencia de lo anterior, parece razonable excluir del concepto de subvención vinculada al precio las aportaciones efectuadas por las Administración Pública para financiar actividades de carácter general cuyo destinatario es el conjunto de la sociedad, al no existir un destinatario identificable ni tampoco usuarios que satisfagan contraprestación alguna. Este sería el caso de aportaciones efectuadas para financiar actividades de investigación, desarrollo e innovación de servicios de radiodifusión pública, en las condiciones señaladas, sin perjuicio de las consecuencias que se puedan derivar en cuanto al ejercicio del derecho a la deducción.”

Claves de la reforma

Se mantienen las subvenciones vinculadas directamente al precio como concepto a incluir en la base imponible.
(Artículo 78, apartado Dos, número 3)

“Se considerarán vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto las subvenciones establecidas en función del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la operación.”

Se precisa el concepto de subvenciones vinculadas al precio, exceptuando algunos supuestos:
(Artículo 78, apartado Dos, número 3)
No obstante, no se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación a que se refiere el apartado Uno del presente artículo, las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones Públicas realicen para financiar:

Precisiones a tener en consideración

Primera
No se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación,
las aportaciones dinerarias,
sea cual sea su denominación,
realizadas por las Administraciones Públicas
para financiar las gestión de servicios públicos
con independencia de cual sea su forma de gestión,
siempre que no exista una distorsión significativa de la competencia La acción de de fomento de la cultura en los que no exista una distorsión significativa de la competencia.

Segunda
No se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones Públicas realicen como acción de fomento de la cultura. siempre que no exista una distorsión significativa de la competencia.

Tercera
No se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones Públicas realicen para financiar actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean identificables y no satisfagan contraprestación alguna.

Cuarta
Nueva redacción del Apartado 5 del artículo 93 de la Ley del Iva

“(…) Lo previsto en este apartado no será de aplicación a las actividades de gestión de servicios públicos en las condiciones señaladas en la letra a) del artículo 78.Dos.3º de esta Ley.

Dicho artículo dentro del apartado de requisitos para la deducción, se refiere a la deducción del iva soportado por los sujetos pasivos que realizan operaciones sujetas y no sujetas.

Entrada en vigor
Disposición final Décimo sexta
La presente Ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, la letra a) del apartado 4 del artículo 159 y la letra d) del apartado 2 del artículo 32, lo harán a los diez meses de la citada publicación; y los artículos 328 a 334, así como la disposición final décima, que lo harán al día siguiente de la referida publicación.

El tercer párrafo del apartado 1 del artículo 150 entrará en vigor en el momento en que lo haga la disposición reglamentaria a la que se refiere el mismo.

Esta Ley no tiene efectos retroactivos. Veamos su preámbulo:

“Por otra parte, se hace necesario excluir desde la entrada en vigor de esta modificación normativa, de la consideración de subvenciones vinculadas al precio de las operaciones que constituyen la base imponible de las operaciones sujetas al IVA, aquellas aportaciones financieras que las Administraciones Públicas realizan al operador de determinados servicios de competencia pública cuando no existe distorsión de la competencia, generalmente porque al tratarse de actividades financiadas total o parcialmente por la Administración no se prestan en régimen de libre concurrencia, como por ejemplo, los servicios de transporte municipal o, determinadas actividades culturales financiadas con estas aportaciones.

Estas aportaciones financieras que no constituyen subvenciones vinculadas al precio de las operaciones no limitarán el derecho a la deducción del Impuesto soportado por estos operadores.”
Así será preciso distinguir entre las subvenciones concedidas hasta el 9 de Noviembre de 2017 y las concedidas con posterioridad: 10/11/2017.

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Administradores de sociedades: aspectos fiscales.

Objetivo la luna: aquí mayor Tom, reducir costes fiscales
Tributación de los administradores
Objetivo la luna: aquí mayor Tom, reducir costes fiscales

La tributación de los Administradores de sociedades mercantiles depende de la forma en que pueden ser retribuidos:  por su cargo de Administrador, por el desempeño de funciones ejecutivas y también por el desempeño de funciones de carácter laboral. Las funciones que ejercen los Administradores pueden ser conceptuadas como rendimiento de actividades económicas y estar sujetas al impuesto sobre el valor añadido.

Deducibilidad de las retribuciones

Según la Ley de sociedades de capital el cargo de administrador de una sociedad mercantil es gratuito salvo que los estatutos establezcan lo contrario. En este caso los estatutos deberán precisar los conceptos retributivos: una asignación fija, un sistema de ahorro previsión, dietas de asistencia, participación en beneficios, retribución variable, participación en acciones, indemnización por cese…
El importe máximo de la remuneración anual para el conjunto de administradores deberá ser fijado en la Junta General y estará vigente hasta que no se apruebe su modificación.
Cuando el administrador de una sociedad mercantil perciba retribuciones variables, como indemnizaciones por cese, la Junta General deberá indicar previamente los parámetros.
La retribución de cada administrador se fijará por acuerdo de los administradores o del consejo de administración.
Un problema de fondo importante en la retribución de los administradores de las sociedades mercantiles se halla en las sociedades cotizadas, precisándose en las sociedades cerradas un marco flexible.
La retribución de los Administradores de las sociedades mercantiles puede darse por el desempeño del cargo de Administrador y por el desempeño adicional de funciones ejecutivas que se pueden atribuir al ser nombrado consejero delegado o por otro título. Para su retribución como consejero delegado la sociedad está obligada a suscribir un contrato en que se fije su retribución para el ejercicio de estas funciones ejecutivas, y ello con independencia de lo dispuesto en los estatutos o lo acordado por la Junta General para la remuneración de los administradores en su condición de tales. Dicho contrato deberá ser aprobado por el Consejo de Administración.
Así pues se admite una dualidad de regímenes jurídicos de retribución de los administradores de sociedades mercantiles , uno contractual y uno estatutario. El sistema contractual permite que las retribuciones sean fijadas exclusivamente por el Consejo de Administración sin necesidad de previsión estatutaria ni intervención de la junta de socios.

ASPECTOS FISCALES: CONDICIONES PARA DEDUCIR EL GASTO DE LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES MERCANTILES
Si los estatutos sociales no establecen un sistema determinado de retribución, se presume que su cargo es gratuito. En este caso, cualquier cantidad que perciban tiene la consideración de liberalidad o donación y no resulta deducible en el impuesto sobre sociedades.
Pero en caso de percibir el Administrador una retribución estatutaria como consecuencia de su cargo de Administrador, ésta supone un gasto deducible.

La DGT mediante mediante informe de 12/11/2009 resuelve:“De acuerdo con los fundamentos anteriores, los gastos representativos de las retribuciones a los administradores de sociedades mercantiles, tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible en la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con la ley vigente regulada en el texto refundido del impuesto sobre sociedades, cuando los estatutos establezcan el carácter remunerado del cargo, aunque no se cumpliera escrupulosamente con todos y cada uno de los requisitos,que, para cada tipo de retribución, establece la normativa mercantil.”

La resolución de 6 de Febrero de 2014 del Tribunal Económico Administrativo Central en unificación de la doctrina se pronuncia estableciendo que :”sólo es compatible la relación de carácter laboral especial de alta dirección con la de carácter mercantil del cargo de administrador de una sociedad mercantil cuando las funciones que se realizan por razón de la primera son distintas de las que se llevan a cabo por razón del último cargo y se trate de una actividad específica diversa; en otro caso ambas relaciones son incompatibles, debiendo prevalecer la calificación mercantil y sólo podrá percibir remuneraciones por dicha función cuando esté previsto en los Estatutos.”

Además la Dirección General de Tributos en consulta V0441 14 estipula que “en el caso de que se satisfaga una retribución al administrador de una sociedad merantil por el desempeño de tareas productivas o profesionales: auxiliares administrativos, contables, agentes comerciales y personal de almacén, tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible del período siempre que se cumplan los principios de inscripción contable, correlación de ingresos y gastos, imputación con arreglo al devengo y justificación documental y siempre que se valoren a valor de mercado.”

En la consulta V1613 15 de 26 de Mayo de 2015, en la que se resuelve una cuestión acerca de la deducibilidad de la remuneración del trabajo realizado por un ingeniero en una sociedad mercantil en la que posee el 12,5% del capital social y de la que es miembro del Consejo de Administración, aunque dicho cargo es gratuito, y todas las retribuciones percibidas son satisfechas por el trabajo realizado como ingeniero, se manifiesta de la misma manera en el sentido que las retribuciones que percibe como ingeniero serán fiscalmente deducibles siempre que cumplan los requisitos legalmente establecidos.

Calificación de las retribuciones de los administradores de sociedades mercantiles

Conforme al artículo 17.2 de la Ley del IRPF las retribuciones de los Administradores de sociedades mercantiles son rendimientos del trabajo. La retención que soportarán será del 35 % y del 19 % en el caso de empresas con una cifra de negocios inferior a 100.000 euros.

Pero si el Administrador realiza otras actividades diferentes y es socio de la sociedad y la actividad de dicha sociedad es profesional estas retribuciones se calificarán como rendimientos de actividades económicas, siempre que esté dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de la seguridad social, debiendo tenerse en cuenta que dentro del concepto de actividades profesionales se incluyen las consideradas como tales en la tarifa del Impuesto sobre Actividades Económicas. La actividad realizada por el socio debe ser la misma que la que constituye el objeto social de la entidad. Es preciso además que no se den las notas de dependencia y ajeneidad, y de darse, sus rendimientos serían del trabajo. De tratarse de rendimientos de actividades económicas la retención a practicar sería del 15 %.

Hasta aquí vemos que los Administradores pueden percibir su retribución en el IRF como tales  o por la realización de una actividad empresarial y en este caso percibir sus retribuciones como rendimientos de actividades económicas.

Pero la Consulta Vinculante que se puede visualizar al final de este párrafo se refiere a la consideración de estos rendimientos como del trabajo, siéndoles por tanto de aplicación la escala de tributación de este tipo de rendimientos.

En el caso de una sociedad civil compuesta por dos socios personas físicas y dedicada a la explotación de un gimnasio dice la consulta que las actividades que constituyen el objeto de la sociedad civil y que los socios desarrollan, no tienen la naturaleza de actividades profesionales en los términos establecidos en el párrafo tercero del artículo 27.1 de la LIRPF, que dice: “No obstante, tratándose de rendimientos obtenidos por el contribuyente procedentes de una entidad en cuyo capital participe derivados de la realización de actividades incluidas en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, tendrán esta consideración cuando el contribuyente esté incluido, a tal efecto, en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, o en una mutualidad de previsión social que actúe como alternativa al citado régimen especial conforme a lo previsto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.”

Teniendo en cuenta lo anterior, con independencia de la naturaleza laboral o no que une a los socios con la sociedad y del régimen de afiliación a la seguridad social que corresponde a los socios, debe considerarse que los rendimientos satisfechos s éstos por el desarrollo de las actividades empresariales que constituyen el objeto de la sociedad tendrán la naturaleza de rendimientos del trabajo de los establecidos con carácter general en el artículo 17.1 de la LIRPF, al no concurrir en aquellos los requisitos establecidos en los dos primeros párrafos del artículo 27.1 de la LIRPF.

CV 1776-17 Retribución Administradores

Tributación de las retribuciones de los administradores de sociedades mercantiles en el impuesto sobre el valor añadido
Están sujetas a iva las actividades realizadas por cuenta propia, mientras que el trabajo realizado por cuenta ajena no está sujeto a la tributación en el impuesto sobre el valor añadido.
El artículo 10 de la Directiva 2006/112 CE hace referencia a la calificación de la relación de un socio como de subordinación o independencia, y exige un análisis de las condiciones de trabajo, la remuneración y la responsabilidad.
No existe subordinación cuando el socio se procura y organiza él mismo los medios personales y materiales para el ejercicio de su actividad. Por tanto, la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido requiere la intervención del socio en el ejercicio de su actividad a través de la ordenación de medios propios. Por el contrario, cuando los medios principales sean titularidad de la sociedad, existe la presunción de la exclusión del socio del ámbito de aplicación del impuesto. Hay pues que ver si el socio es libre de organizar su actividad eligiendo sus colaboradores, sus vacaciones y su estructura de trabajo.
Se puede presumir que el riesgo económico recae en el socio cuando su prestación se determine en función de su porcentaje de los beneficios de la entidad o en función de las prestaciones efectivamente realizadas por él mismo.
Se ha de tener en cuenta la independencia entre el iva y el IRPF. Así pues la sujeción al iva no depende de que los rendimientos hayan sido calificados en el IRPF como del trabajo o de actividades económicas.
Elaboración sobre:
http://www.aedaf.es/plataforma/baf/baf_2016_01_T_retribucion-de-administradores.pdf

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Subvenciones: sujeción al iva: cuando se vinculan al precio

 

 El concepto de “subvención vinculada al precio” ha generado desde los orígenes de la Directiva comunitaria numerosas controversias a la hora de delimitarlo y de diferenciarlo de prestaciones análogas, como pueden ser las subvenciones a la explotación o las indemnizaciones. La Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido considera que pueden constituir una contraprestación de  servicios y por, tanto, pueden formar parte de la base imponible de sus operaciones y quedan sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.

“Artículo 78 LIVA. Base Imponible de las operaciones.

Uno. Contraprestación de la operación sujeta a IVA procedente del destinatario o de terceras personas.

Dos. Forman parte base imponible:

3º Las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones, considerando como tales aquellas establecidas en función del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la operación.

Tres. No forman parte base imponible
4º Las subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones, no considerándose como tales, los importes pagados por un tercero en contraprestación a dichas operaciones.”

 

No obstante, esta doctrina ha quedado superada por la más reciente jurisprudencia del TJUE a la que se refiere expresamente la Consulta Vinculante V2263-16 DGT. En concreto:

  • La Sentencia de 27 de marzo de 2014, Le Rayon d’Or SARL, Asunto C-151/13, que interpreta nuevamente el artículo 11.A.1.a) de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, Sexta Directiva del IVA y el artículo 73 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo.

 

  • La sentencia del TJUE de 29 de octubre de 2015 Saudaçor, recaída en el asunto C-174/14.

 

Lo relevante para el establecimiento de la inclusión o no en la base imponible del Impuesto de las subvenciones percibidas está en la consideración de que:

 

  • Las operaciones se realicen como consecuencia de la percepción de estas cantidades, subvenciones.
  • Estas cantidades constituyan en todo o en parte la contraprestación de las operaciones sujetas al Impuesto, con independencia de que se sean abonadas por un tercero.
  • Siempre que pueda identificarse la existencia del necesario vínculo existente entre la prestación de servicios llevada a cabo y la contrapartida recibida
  • Incluso si su importe se determina a priori y la compensación deba ser ajustada debido a un cambio de circunstancias que determinen insuficiente el importe para la realización de las operaciones.

Es necesario distinguir dos supuestos según las operaciones se efectúen a favor de terceros o a favor de la Administración Pública concedente:

 

Subvenciones percibidas de la Administración Púbica vinculadas al precio de las operaciones efectuadas a favor de terceros.

 

  • Quedarán sujetas a IVA de las operaciones y formaran parte de la base imponible las cantidades percibidas de una Administración Pública siempre que pueda establecerse un vínculo directo entre las cantidades percibidas por el empresario o profesional y las operaciones efectuadas a favor de terceros.
  • No formarán parte de la base imponible de las operaciones las cantidades percibidas para financiar directamente inversiones del inmovilizado, otras subvenciones de capital

 

 

Subvenciones que constituyen la contraprestación de operaciones efectuadas a favor de la Administración Pública concedente.

 

  • Cuando un empresario o profesional reciba subvenciones de una Administración Pública deberá analizarse la existencia de un vínculo directo entre las cantidades efectivamente percibidas y las operaciones efectuadas, en su caso, a favor de la Administración Pública.
  • No formarán parte de la base imponible de las operaciones las cantidades percibidas en concepto de indemnizaciones por daños y perjuicios
  • No estarán sujetas a IVA las cantidades percibidas de una Administración Pública que retribuyan prestaciones de servicios efectuadas en virtud de encomiendas de gestión o cuando el perceptor dependa de la Administración Pública en los términos establecidos en el artículo 7.8º de la Ley 37/1992.
  • Por
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Entidades sin ánimo de lucro: Donaciones, contratos de patrocinio y convenios de colaboración

 

 

¿Donación, patrocinio o convenio? Qui lo sá.

DONACIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

 

Título III Capítulo II artículos del 17 al 24 de la Ley 49/2002: Régimen fiscal de las donaciones y aportaciones.

Los donativos, donaciones y aportaciones realizados por personas o sociedades a favor de las entidades beneficiarias del mecenazgo dan derecho a deducción en la cuota íntegra de su imposición personal, siempre que consistan en:

-Donativos o donaciones dinerarios, de bienes o derechos.

La base de deducción del impuesto personal del donante será:

-Tratándose de donativos dinerarios, su importe.

 

Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el resultado de aplicar a la base de la deducción correspondiente al conjunto de donativos, donaciones y aportaciones con derecho a deducción, determinada según lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley, la siguiente escala:

Base de deducción Importe hasta Porcentaje de deducción
150 euros 75
Resto base de deducción 30

Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la base de la deducción en favor de esa misma entidad que exceda de 150 euros, será el 35 por ciento.

 

La base de las deducciones a que se refieren los apartados 3 y 5 del artículo 68 de esta Ley, no podrá exceder para cada una de ellas del 10 por ciento de la base liquidable del contribuyente.

 

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra, minorada en las deducciones y bonificaciones previstas en los capítulos II, III y IV del Título VI de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, el 35 por 100 de la base de la deducción determinada según lo dispuesto en el artículo 18. Las cantidades correspondientes al período impositivo no deducidas podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos y sucesivos.

Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del período impositivo anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la base de la deducción en favor de esa misma entidad será el 40 por ciento.

 

La base de esta deducción no podrá exceder del 10 por 100 de la base imponible del período impositivo. Las cantidades que excedan de este límite se podrán aplicar en los períodos impositivos que concluyan en los diez años inmediatos y sucesivos.

 

Desde el punto de vista contable, el sujeto pasivo ha de registrar en su contabilidad como gasto el importe de los bienes o de las cantidades donadas, de manera que el importe contabilizado no se integrará en la base imponible dado que se corresponde dicho gasto con una liberalidad del sujeto pasivo; por lo que deberá realizarse en este caso un ajuste positivo al resultado contable al tiempo de determinar la base imponible del período impositivo en el que se efectúa la donación o aportación.

 

Para tener derecho a las deducciones correspondientes por las donaciones efectuadas, se debe acreditar la efectividad de la donación efectuada, mediante certificación expedida por la entidad beneficiaria.

CONTRATOS DE PATROCINIO/ESPONSORIZACION

 

El contrato de patrocinio se encuentra definido en el artículo 24 de la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad: “El contrato de patrocinio es aquél por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador.

 

Según Consulta Vinculante V3559-16, de 3 de agosto de 2016, de la Subdirección General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas el patrocinio de una escudería de automovilismo constituyen un gasto de publicidad realizado por la entidad interesada. Los referidos gastos no pueden ser considerados como liberalidades.

Por tanto, serán fiscalmente deducibles siempre que cumplan los requisitos en términos de inscripción contable, devengo, y justificación documental, y en la medida que no tienen la consideración de gasto fiscalmente no deducible conforme a lo establecido en el artículo 15 de la LIS.

 

El contrato de patrocinio es una prestación de servicio y está sujeta a IVA.

 

Artículo 15 Gastos no deducibles de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles

  1. e) Los donativos y liberalidades.

No se entenderán comprendidos en esta letra e) los gastos por atenciones a clientes o proveedores ni los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa ni los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios, ni los que se hallen correlacionados con los ingresos.

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL

 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

 

La Ley 49/2002 contempla el régimen fiscal aplicable a los convenios de colaboración empresarial en su artículo 25, el cual señala lo siguiente:

 

“Artículo 25 Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general

  1. Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, a los efectos previstos en esta Ley, aquel por el cual las entidades a que se refiere el artículo 16, a cambio de una ayuda económica para la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento del objeto o finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades.

La difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios de colaboración definidos en este artículo no constituye una prestación de servicios.

  1. Las cantidades satisfechas o los gastos realizados tendrán la consideración de gastos deducibles para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la entidad colaboradora o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes de los contribuyentes que operen en territorio español mediante establecimiento permanente o el rendimiento neto de la actividad económica de los contribuyentes acogidos al régimen de estimación directa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  2. El régimen fiscal aplicable a las cantidades satisfechas en cumplimiento de estos convenios de colaboración será incompatible con los demás incentivos fiscales previstos en esta Ley.

 

Los Convenios de colaboración no constituyen una prestación de servicio, por tanto no constituye hecho imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

 

Las cantidades satisfechas o los gastos realizados tendrán la consideración de gastos deducibles para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la entidad colaboradora tal como indica el apartado 2 del art.25 de la Ley 49/2002.

 

 

 

CONCLUSIÓN

 

Las donaciones no son deducibles, si bien dan derecho a practicar deducción en la cuota íntegra, mientras que los patrocinios son totalmente deducibles al no ser considerados como una liberalidad.

El contrato de patrocinio está sujeto a IVA.

Por otro lado, existen los convenios de colaboración que son totalmente deducibles en el Impuesto sobre Sociedades y además no devengan IVA.

 

 

Debemos hacer mención de la Consulta Vinculante D.G.T. de 2 de junio de 2011.Indica que en la medida en que las rentas obtenidas del contrato de patrocinio publicitario puedan encuadrarse en los convenios de colaboración en actividades de interés general a que se refiere el art.25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de las entidades fiscales del mecenazgo, debe considerarse que la citada actividad no constituye una prestación de servicios a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

 

Amalia Aparicio

Licenciada en Derecho

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Aplazamientos: Denegación iva y fraccionamiento sociedades

Prohibido aplazar, hasta nueva orden.

 

 

MODIFICACIONES QUE AFECTAN A LOS APLAZAMIENTOS DE DEUDAS CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (REAL DECRETO-LEY 3/2016 DE 2 DE DICIEMBRE)

Con la publicación del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, se limitan mucho las posibilidades de aplazamiento y fraccionamiento de deudas con la Administración Tributaria.

Se modifica el apartado 2 del artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que queda redactado de la siguiente forma:

«2. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas tributarias:

…..

  • b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.
  • f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.
  • g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos de este apartado serán objeto de inadmisión.

A falta de un pronunciamiento exacto de la AEAT podría entenderse como que no se podrá aplazar el IVA salvo que se justifique “debidamente” que el IVA repercutido no ha sido cobrado íntegramente. De momento, no podemos asegurar que el IVA sea, o no, objeto de este artículo

En la Disposición Transitoria Única se indica que esta imposibilidad afectará desde el 1/1/2017 por lo que el último pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades que se podrá aplazar y fraccionar será el de este mes de diciembre y, si la medida afectara al IVA, ya no se podría aplazar ni fraccionar el IVA del cuarto trimestre del 2016.

 

Por Amalia Aparicio

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Presentación diaria libros registros del IVA: Nuevas obligaciones para grandes empresas, grupos de iva y sistema devolución mensual.

 

 

La Agencia Tributaria: … El contribuyente:… ¿Quién es quién?

IVA.SUMINISTRO DE INFORMACION INMEDIATA (SII).Real Decreto 596/2016

 

El 6 de diciembre, se publicó en el BOE el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Introduce el nuevo sistema de Suministro de Información Inmediata (SII) con carácter obligatorio, a partir del 1 de julio de 2017, para determinados contribuyentes.

El nuevo SII será aplicable con carácter obligatorio a los sujetos pasivos que actualmente tienen obligación de autoliquidar el IVA mensualmente.

  • Inscritos en el REDME (Registro de Devolución Mensual del IVA).
  • Grandes Empresas
  • Grupos de IVA.

El nuevo SII también será aplicable a los sujetos pasivos que, voluntariamente, decidan acogerse al mismo.

Aquellos sujetos pasivos sometidos al SII no quedarán obligados a la presentación de las declaraciones informativas (Modelos 347, 340 y 390).

La llevanza de los libros de registros de IVA se llevará desde la Sede Electrónica de la Agencia.

PLAZOS PARA LA REMISIÓN ELECTRÓNICA DE LOS REGISTROS DE FACTURACIÓN.

  1. Facturas expedidas:

Se remitirán en el plazo de cuatro días naturales (8 días para 2º S 2017. DT 4ª) desde la expedición de la factura, salvo que se trate de facturas expedidas por el destinatario o por un tercero, en cuyo caso dicho plazo será de ocho días naturales. En ambos supuestos el suministro deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se hubiera producido el devengo del Impuesto correspondiente a la operación que debe registrarse.

Además de la información habitual se hará constar:

  1. a) Tipo de factura completa o, simplificada y si se realizan por terceros, así como la identificación de los recibos.
  2. b) Identificar si se trata de una rectificación registral (Art.70 del RIVA).
  3. c) Descripción de las operaciones.
  4. d) Facturas rectificativas con la identificación factura rectificada
  5. e) Facturas de sustitución o canje.
  6. f) Se debe indicar lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de facturación (apartado 1,j),l),p)

– Facturación por destinatario

– Inversión del sujeto pasivo

– Regímenes especiales (agencias de viaje, REBU, RECC, grupo de entidades, oro de inversión)

-Régimen especial del criterio de caja.

  1. g) Periodo de liquidación de las operaciones
  2. h) Indicación de que la operación no se encuentra, en su caso, sujeta a IVA.
  3. i) En el caso de que la factura haya sido expedida en virtud de una autorización en materia de facturación de las previstas en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación, se incluirá la referencia a la autorización concedida.
  4. Facturas recibidas:

Se remitirán en un plazo de cuatro días naturales (8 días para 2º S 2017. DT 4ª) desde la fecha en que se produzca el registro contable de la factura y, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación en que se hayan incluido las operaciones correspondientes. En el caso de las operaciones de importación, los cuatro días naturales se deberán computar desde que se produzca el registro contable del documento en el que conste la cuota liquidada por las aduanas y en todo caso antes del día 16 del mes siguiente al final del periodo al que se refiera la declaración en la que se hayan incluido.

Además de la información habitual se hará constar:

  1. a) El número de recepción se sustituye por el número y serie de la factura
  2. b) Identificar si se trata de una rectificación registral (Art.70 del RIVA).
  3. c) Descripción de la operación
  4. d) Las menciones a que se refieren el apartado 2 del artículo 61 quinquies de este Reglamento y las letras l) a p) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre

-Facturación por destinatario

-Inversión del sujeto pasivo

– Adquisición intracomunitaria de bienes.

– Regímenes especiales (agencias de viaje, REBU, RECC, grupo de entidades)

  1. e) Cuota tributaria deducible del período de liquidación.
  2. f) Período de liquidación en el que se registran las operaciones.
  3. g) Fecha contable y número de documento aduanero (DUA) en el caso de importaciones.
  4. h) Otra información con trascendencia tributaria determinada a través de Orden ministerial.
  5. Operaciones intracomunitarias:

 

Se remitirán en un plazo de cuatro días naturales (8 días para 2 º S 2017. DT 4ª), desde el momento de inicio de la expedición o transporte, o en su caso, desde el momento de la recepción de los bienes a que se refieren

  1. Información sobre bienes de inversión:

 

Se remitirán dentro del plazo de presentación del último periodo de liquidación del año (hasta el 30 de enero).

En el cómputo del plazo de cuatro u ocho días naturales, se excluirán los sábados, los domingos y los declarados festivos nacionales

En su Disposición adicional única. Se establece que los obligados al SII deberán presentar los registros de facturación correspondientes al primer semestre de 2017 durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017.

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Entregas de bienes por una empresa española a un adquirente no establecido en la Comunidad Europea a partir de un país comunitario

El impuesto sobre el valor añadido debe pagarlo el consumidor final
El impuesto sobre el valor añadido debe pagarlo el consumidor final

Tratamiento fiscal de entregas de bienes realizada por una empresa española puestos a disposición del adquirente no establecido en la Unión Europea en territorio de otro Estado Miembro, para su inmediata exportación a través de una Aduana de otro país comunitario.

 

Esto se producirá en los términos de venta de los grupos C y D de los incoterms.

La operación está exenta de IVA por aplicación del art.21.2 de la Ley de IVA que establece las exenciones en Régimen Comercial:

“Estarán exentas del impuesto, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan reglamentariamente, las siguientes operaciones:…

  • 2.º Las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Comunidad por el adquirente no establecido en el territorio de aplicación del impuesto o por un tercero que actúe en nombre y por cuenta de él.”

 

Si bien es necesario que conforme al art 9.1.2ºA del Reglamento del IVA la salida efectiva del territorio comunitario de los bienes objetos de la operación. Asimismo, será necesario que los bienes sean conducidos a la Aduana de exportación en un plazo no superior a un mes desde la puesta a disposición del adquirente, donde se presentará por el adquirente el correspondiente documento aduanero de exportación.

En este documento se hará constar también el nombre del proveedor establecido en la Comunidad, a quien corresponde la condición de exportador, con su número de identificación fiscal y la referencia a la factura expedida por el mismo, debiendo el adquirente remitir a dicho proveedor una copia del documento diligenciada por la aduana de salida.

 

El transmitente deberá conservar a disposición de la Administración, durante el plazo de prescripción del impuesto, las copias de las facturas, los contratos o notas de pedido, los documentos de transporte, los documentos acreditativos de la salida de los bienes y demás justificantes de la operación.

Por Amalia Aparicio

Licenciada en Derecho

Área Fiscal de Coma i Roig

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Coche de empresa: deducción del iva, retribución en especie

¿Un tigre es necesario para la actividad?
¿Un tigre es necesario para la actividad?

    

Si el coche se utiliza exclusivamente para actividades comerciales y queda aparcado en el parking de la empresa

El porcentaje de deducción del IVA sería del 100% siempre que quede acreditado que es  para actividades comerciales. Un medio de prueba puede ser el contrato de trabajo de la persona que lo utiliza en el que se indica que es comercial. En las factures de reparaciones, gasolina…han de constar los datos del vehículo y persona que lo utiliza.

Artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre el Valor añadido Limitaciones del derecho a deducir

Uno. Los empresarios o profesionales no podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios que no se afecten, directa y exclusivamente, a su actividad empresarial o profesional.

  • No obstante lo dispuesto en esta regla 2.ª, los vehículos que se relacionan a continuación se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 100 por 100:
  1. e) Los utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales.

 

Si el trabajador cada día se lleva el coche a casa para comenzar desde allí su actividad laboral de visita a los clientes

En este caso la agencia tributaria puede considerar que existe  una utilización para uso personal del vehículo.

La ley del IVA presume afectos al 50% los vehículos de turismo, con excepciones como la mencionada en el apartado anterior en caso de los utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes Comerciales. Por lo tanto el IVA en principio sería deducible en un 50%, salvo que la empresa pruebe un grado de afectación mayor, o la agencia tributaria pruebe un grado de afectación menor del 50%.En principio salvo prueba en contra, sería deducible el IVA en un 50

A efectos  de renta el artículo 42.1 de la LIRPF dispone que “constituyen rentas en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda”, y del cual se desprende por tanto, que la utilización para fines particulares del coche que la empresa pone a nuestra disposición debe tributar como retribuciones en especie

Por otra parte, atendiendo a la consulta vinculante V2005-09 (en el mismo sentido se expresa la consulta V1469-07), la DGT establece que “En primer lugar y con un carácter genérico, procede señalar que en los supuestos de utilización simultánea en los ámbitos laboral y particular de vehículos de empresa resulta necesario establecer un criterio de reparto (entre esa utilización laboral y la particular) en el que, de acuerdo con la naturaleza y características de las funciones desarrolladas por los trabajadores de la empresa, se valore sólo la disponibilidad para fines particulares. Al ser esta una cuestión de hecho y cuya valoración procederá realizar, por tanto, a los órganos de gestión e inspección tributaria, no puede señalarse un criterio general de determinación”

Seguidamente, la DGT señala que “No obstante, sí procede matizar que no son aceptables aquellos que se cuantifiquen en función de las horas de utilización efectiva o kilometraje, pues el parámetro determinante debe ser la disponibilidad para fines particulares”, y al final de su argumento estipula que “si esa utilización particular no tiene carácter gratuito, sino que la entidad cobra al sujeto pasivo el coste del arrendamiento financiero correspondiente a esa utilización particular (precio no inferior —por tanto— al de mercado), no existirá retribución en especie para aquel”.

Finalmente, a la hora de valorar el uso del vehículo como retribución en especie, nos remitiremos al artículo 43.1.b de la LIRPF, el cual dispone, para el caso de la utilización o entrega de vehículos automóviles, que el valor será “en el supuesto de uso, el 20 % anual del coste de adquisición para el pagador. En caso de que el vehículo no sea propiedad del pagador, dicho porcentaje se aplicará sobre el valor de mercado que correspondería al vehículo si fuese nuevo”.

 

Un ejemplo para el cálculo del coche de empresa como retribución en especie:

 

Supongamos para este caso que la empresa X S.A. pone a disposición de Alfredo, uno de sus comerciales, un coche que la misma tiene en leasing con un valor de mercado de 25.000€, y el cual utiliza tanto para su trabajo diario de lunes a viernes (sumando un total de 220 días anuales completos, sin existir posibilidad de uso del mismo para su uso personal en esos días), como para fines particulares. En función de lo establecido por la DGT, calcularemos los días completos que podemos considerar que Alfredo tiene el coche a su disposición, y que suman un total de 365 – 220 = 145 días, periodo durante el cual corresponde realizar la imputación de renta correspondiente.

Por tanto, y en el caso que nos atañe, la valoración de la renta en especie será de un 20% anual de los 25.000 € de valor de mercado que tiene el coche. Como se ha dispuesto del coche para fines particulares durante 145 días, la imputación de la retribución en especie asciende a:

25.000 € x 20% x (145 días / 365 días) = 1.986,30 €

La valoración resultante se puede reducir hasta el 30% cuando se trate de vehículos considerados eficientes energéticamente.
esta cantidad hay que sumarle el reglamentario ingreso a cuenta que corresponda, y que es el resultado de aplicar el mismo porcentaje de retención que se le aplica en nómina a Alfredo por la retribución salarial bruta, al valor de la retribución en especie. Este ingreso a cuenta podrá serle repercutido o no al trabajador.

¿Alguna limitación de vehículo per tipos, potencia, modelos?

 

En ello influye  por ejemplo la categoría de la empresa y del  trabajo realizado. Si es una multinacional  y el trabajo y la responsabilidad es muy grande, puede quedar justificado llevar un coche de alta gama. Si es una empresa pequeña dependiendo del volumen de la empresa puede ser excesivo un coche de este tipo.

Por Amalia Aparicio

Abogado Asesor fiscal

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Alquilar la empresa una vivienda a un empleado, exento de iva según la Dirección General de los Tributos

El uso como vivienda habitual requisito para la exención del iva, sea el arrendatario un particular o una persona jurídica.
El uso como vivienda habitual requisito para la exención del iva, sea el arrendatario un particular o una persona jurídica.
El uso como vivienda habitual requisito para la exención del iva, sea el arrendatario un particular o una persona jurídica.

Están exentos del IVA los arrendamientos que tengan por objeto los edificios o partes de los mismos destinados exclusivamente a viviendas, incluidos los garajes y anexos accesorios a la vivienda, así como los muebles que se cedan con el uso de la misma, no estando comprendidos en la exención los arrendamientos de viviendas para ser a su vez subarrendadas. La eficacia de la exención descansa en la figura del inquilino, que necesariamente ha de ser un particular -una persona física- único sujeto capaz de utilizar la vivienda como morada. Las empresas desarrollan su actividad cotidiana en una oficina, no necesitan una vivienda.

El problema se plantea cuando el titular del contrato, como arrendatario, resulta ser una empresa -generalmente una sociedad mercantil- que alquila el inmueble para destinarlo a vivienda de sus empleados.

La Dirección General de Tributos se ha mantenido inalterable en su negativa a reconocer la exención si el arrendatario es una entidad mercantil, incluso aunque firme el contrato para que la vivienda sea usada por alguno de sus empleados. En estos casos, según dicho centro directivo, el dueño del inmueble estará obligado a repercutir el IVA por este servicio y la sociedad arrendataria estará obligada, igualmente, a soportar la repercusión del impuesto. Aquí se produce también un auténtico coste tributario porque, al no estar afectada la vivienda, de forma directa y exclusiva, a la actividad de la empresa arrendataria, no cabe la deducción de las cuotas del IVA soportadas (artículo 95 LIVA).

Esta doctrina administrativa empieza a cuartearse como consecuencia de algunos pronunciamientos judiciales, entre los que destacan los emitidos por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), así las sentencias de 19 de noviembre de 2003 y las de 2 de junio y 18 de noviembre de 2004. Según el TSJM -que afirma basarse en la Ley y no en una interpretación analógica de la norma-, procede el reconocimiento de la exención siempre que se impida una posterior cesión del objeto del contrato por el arrendatario a favor de un tercero. Es decir, siempre que el usuario de la vivienda -el empleado o directivo de la empresa- venga expresamente designado e identificado en el contrato de arrendamiento, estableciéndose en el mismo, también de forma expresa, la prohibición de cesión, subarriendo o traspaso.

Se trata de que la empresa arrendataria no pueda destinar posteriormente el inmueble al uso que le plazca o considere oportuno emplear la vivienda como residencia de cualquier persona por ella elegida. El contrato, en resumen, debe cumplir dos requisitos ineludibles para la viabilidad de la exención: 1) ha de contener una cláusula que prohíba cualquier cesión, subarriendo o traspaso; 2) ha de designar específica y nominativamente a la persona física que va a ocupar la vivienda durante toda la vigencia del mismo, sin que la sociedad arrendataria pueda reemplazar posteriormente al inquilino inicial por otro empleado, directivo o cualquier otra persona ajena al primer y único ocupante.

Si se dan estos requisitos, tanto el dueño como el arrendatario tienen un buen resguardo jurídico para defender la exención, si bien el riesgo de chocar con una Administración discrepante debe localizarse, de forma principal, en la figura del dueño-arrendador como sujeto pasivo del Impuesto. En todo caso, la situación procesal de los contratantes será siempre distinta. Si el arrendador no repercute el IVA deberá defenderse de una eventual liquidación complementaria acudiendo a la vía económico-administrativa y posteriormente a la jurisdicción ordinaria. La sociedad arrendataria, por el contrario, deberá reaccionar inmediatamente ante la repercusión del impuesto realizado por el propietario de la vivienda, impugnando en el plazo de un mes, asimismo en la vía económico-administrativa, el citado acto de repercusión tributaria.

La sociedad arrendataria lo tiene que informar como rendimiento en especie en la nómina de los trabajadores con la correspondiente retención, independientemente de que se considere sujeto o exento de IVA.

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