Responsabilidad de los coherederos

Responsabilidad de los coherederos
Efecto interruptivo de la prescripción con la notificación al coheredero

En principio todos los herederos deben responder de las obligaciones del fallecido con carácter solidario. En consecuencia, la Hacienda Pública acreedora, puede exigir a cualquiera de sus herederos la totalidad del importe de la obligación tributaria. No obstante esto debe ser matizado por la distinción entre la aceptación pura y simple de la herencia y la aceptación a beneficio de inventario. En el primer supuesto opera la aplicación del artículo 1003 del Código Civil que señala que: “Por la aceptación pura y simple o sin beneficio de inventario, quedará el heredero responsable de todas las cargas de la herencia, no sólo con los bienes de ésta, sino también con los suyos propios.
Pero esto es así hasta el momento de la división de la herencia. Hasta este momento los coherederos responden solidariamente de la totalidad de la deuda si no han aceptado la herencia a beneficio de inventario.
Los acreedores pues, entre los que se halla la Hacienda Pública, pueden dirigirse a cualquiera de los coherederos reclamando al elegido la totalidad de la deuda.
Pero a partir de la división la responsabilidad de los coherederos es mancomunada. Cada uno de ellos responde de las deudas con la parte de la herencia que le ha sido adjudicada y en consecuencia la prescripción, su cómputo, opera de forma individual para cada uno de ellos.
Adjunto la consulta de la DGT de 3 de Septiembre de 2008 que concluye con la existencia de una responsabilidad solidaria con anterioridad a la aceptación de la herencia.
http://www.asesoriayempresas.es/doctrinaadministrativa/JURIDICO/103181/consulta-dgt-de-3-de-septiembre-de-2008-lgt-division-entre-herederos-contribuyentes-responsab

Consultar en nuestro blog: la prescripción en el impuesto sobre sucesiones.

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Administradores de sociedades: aspectos fiscales.

Objetivo la luna: aquí mayor Tom, reducir costes fiscales
Tributación de los administradores
Objetivo la luna: aquí mayor Tom, reducir costes fiscales

La tributación de los Administradores de sociedades mercantiles depende de la forma en que pueden ser retribuidos:  por su cargo de Administrador, por el desempeño de funciones ejecutivas y también por el desempeño de funciones de carácter laboral. Las funciones que ejercen los Administradores pueden ser conceptuadas como rendimiento de actividades económicas y estar sujetas al impuesto sobre el valor añadido.

Deducibilidad de las retribuciones

Según la Ley de sociedades de capital el cargo de administrador de una sociedad mercantil es gratuito salvo que los estatutos establezcan lo contrario. En este caso los estatutos deberán precisar los conceptos retributivos: una asignación fija, un sistema de ahorro previsión, dietas de asistencia, participación en beneficios, retribución variable, participación en acciones, indemnización por cese…
El importe máximo de la remuneración anual para el conjunto de administradores deberá ser fijado en la Junta General y estará vigente hasta que no se apruebe su modificación.
Cuando el administrador de una sociedad mercantil perciba retribuciones variables, como indemnizaciones por cese, la Junta General deberá indicar previamente los parámetros.
La retribución de cada administrador se fijará por acuerdo de los administradores o del consejo de administración.
Un problema de fondo importante en la retribución de los administradores de las sociedades mercantiles se halla en las sociedades cotizadas, precisándose en las sociedades cerradas un marco flexible.
La retribución de los Administradores de las sociedades mercantiles puede darse por el desempeño del cargo de Administrador y por el desempeño adicional de funciones ejecutivas que se pueden atribuir al ser nombrado consejero delegado o por otro título. Para su retribución como consejero delegado la sociedad está obligada a suscribir un contrato en que se fije su retribución para el ejercicio de estas funciones ejecutivas, y ello con independencia de lo dispuesto en los estatutos o lo acordado por la Junta General para la remuneración de los administradores en su condición de tales. Dicho contrato deberá ser aprobado por el Consejo de Administración.
Así pues se admite una dualidad de regímenes jurídicos de retribución de los administradores de sociedades mercantiles , uno contractual y uno estatutario. El sistema contractual permite que las retribuciones sean fijadas exclusivamente por el Consejo de Administración sin necesidad de previsión estatutaria ni intervención de la junta de socios.

ASPECTOS FISCALES: CONDICIONES PARA DEDUCIR EL GASTO DE LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES MERCANTILES
Si los estatutos sociales no establecen un sistema determinado de retribución, se presume que su cargo es gratuito. En este caso, cualquier cantidad que perciban tiene la consideración de liberalidad o donación y no resulta deducible en el impuesto sobre sociedades.
Pero en caso de percibir el Administrador una retribución estatutaria como consecuencia de su cargo de Administrador, ésta supone un gasto deducible.

La DGT mediante mediante informe de 12/11/2009 resuelve:“De acuerdo con los fundamentos anteriores, los gastos representativos de las retribuciones a los administradores de sociedades mercantiles, tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible en la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con la ley vigente regulada en el texto refundido del impuesto sobre sociedades, cuando los estatutos establezcan el carácter remunerado del cargo, aunque no se cumpliera escrupulosamente con todos y cada uno de los requisitos,que, para cada tipo de retribución, establece la normativa mercantil.”

La resolución de 6 de Febrero de 2014 del Tribunal Económico Administrativo Central en unificación de la doctrina se pronuncia estableciendo que :”sólo es compatible la relación de carácter laboral especial de alta dirección con la de carácter mercantil del cargo de administrador de una sociedad mercantil cuando las funciones que se realizan por razón de la primera son distintas de las que se llevan a cabo por razón del último cargo y se trate de una actividad específica diversa; en otro caso ambas relaciones son incompatibles, debiendo prevalecer la calificación mercantil y sólo podrá percibir remuneraciones por dicha función cuando esté previsto en los Estatutos.”

Además la Dirección General de Tributos en consulta V0441 14 estipula que “en el caso de que se satisfaga una retribución al administrador de una sociedad merantil por el desempeño de tareas productivas o profesionales: auxiliares administrativos, contables, agentes comerciales y personal de almacén, tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible del período siempre que se cumplan los principios de inscripción contable, correlación de ingresos y gastos, imputación con arreglo al devengo y justificación documental y siempre que se valoren a valor de mercado.”

En la consulta V1613 15 de 26 de Mayo de 2015, en la que se resuelve una cuestión acerca de la deducibilidad de la remuneración del trabajo realizado por un ingeniero en una sociedad mercantil en la que posee el 12,5% del capital social y de la que es miembro del Consejo de Administración, aunque dicho cargo es gratuito, y todas las retribuciones percibidas son satisfechas por el trabajo realizado como ingeniero, se manifiesta de la misma manera en el sentido que las retribuciones que percibe como ingeniero serán fiscalmente deducibles siempre que cumplan los requisitos legalmente establecidos.

Calificación de las retribuciones de los administradores de sociedades mercantiles

Conforme al artículo 17.2 de la Ley del IRPF las retribuciones de los Administradores de sociedades mercantiles son rendimientos del trabajo. La retención que soportarán será del 35 % y del 19 % en el caso de empresas con una cifra de negocios inferior a 100.000 euros.

Pero si el Administrador realiza otras actividades diferentes y es socio de la sociedad y la actividad de dicha sociedad es profesional estas retribuciones se calificarán como rendimientos de actividades económicas, siempre que esté dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de la seguridad social, debiendo tenerse en cuenta que dentro del concepto de actividades profesionales se incluyen las consideradas como tales en la tarifa del Impuesto sobre Actividades Económicas. La actividad realizada por el socio debe ser la misma que la que constituye el objeto social de la entidad. Es preciso además que no se den las notas de dependencia y ajeneidad, y de darse, sus rendimientos serían del trabajo. De tratarse de rendimientos de actividades económicas la retención a practicar sería del 15 %.

Hasta aquí vemos que los Administradores pueden percibir su retribución en el IRF como tales  o por la realización de una actividad empresarial y en este caso percibir sus retribuciones como rendimientos de actividades económicas.

Pero la Consulta Vinculante que se puede visualizar al final de este párrafo se refiere a la consideración de estos rendimientos como del trabajo, siéndoles por tanto de aplicación la escala de tributación de este tipo de rendimientos.

En el caso de una sociedad civil compuesta por dos socios personas físicas y dedicada a la explotación de un gimnasio dice la consulta que las actividades que constituyen el objeto de la sociedad civil y que los socios desarrollan, no tienen la naturaleza de actividades profesionales en los términos establecidos en el párrafo tercero del artículo 27.1 de la LIRPF, que dice: “No obstante, tratándose de rendimientos obtenidos por el contribuyente procedentes de una entidad en cuyo capital participe derivados de la realización de actividades incluidas en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, tendrán esta consideración cuando el contribuyente esté incluido, a tal efecto, en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, o en una mutualidad de previsión social que actúe como alternativa al citado régimen especial conforme a lo previsto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.”

Teniendo en cuenta lo anterior, con independencia de la naturaleza laboral o no que une a los socios con la sociedad y del régimen de afiliación a la seguridad social que corresponde a los socios, debe considerarse que los rendimientos satisfechos s éstos por el desarrollo de las actividades empresariales que constituyen el objeto de la sociedad tendrán la naturaleza de rendimientos del trabajo de los establecidos con carácter general en el artículo 17.1 de la LIRPF, al no concurrir en aquellos los requisitos establecidos en los dos primeros párrafos del artículo 27.1 de la LIRPF.

CV 1776-17 Retribución Administradores

Tributación de las retribuciones de los administradores de sociedades mercantiles en el impuesto sobre el valor añadido
Están sujetas a iva las actividades realizadas por cuenta propia, mientras que el trabajo realizado por cuenta ajena no está sujeto a la tributación en el impuesto sobre el valor añadido.
El artículo 10 de la Directiva 2006/112 CE hace referencia a la calificación de la relación de un socio como de subordinación o independencia, y exige un análisis de las condiciones de trabajo, la remuneración y la responsabilidad.
No existe subordinación cuando el socio se procura y organiza él mismo los medios personales y materiales para el ejercicio de su actividad. Por tanto, la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido requiere la intervención del socio en el ejercicio de su actividad a través de la ordenación de medios propios. Por el contrario, cuando los medios principales sean titularidad de la sociedad, existe la presunción de la exclusión del socio del ámbito de aplicación del impuesto. Hay pues que ver si el socio es libre de organizar su actividad eligiendo sus colaboradores, sus vacaciones y su estructura de trabajo.
Se puede presumir que el riesgo económico recae en el socio cuando su prestación se determine en función de su porcentaje de los beneficios de la entidad o en función de las prestaciones efectivamente realizadas por él mismo.
Se ha de tener en cuenta la independencia entre el iva y el IRPF. Así pues la sujeción al iva no depende de que los rendimientos hayan sido calificados en el IRPF como del trabajo o de actividades económicas.
Elaboración sobre:
http://www.aedaf.es/plataforma/baf/baf_2016_01_T_retribucion-de-administradores.pdf

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Personas con discapacidad: IRPF 2.016 consejos para no pagar más.

Personas con discapacidad: IRPF 2.016
Personas con discapacidad: IRPF 2.016
Personas con discapacidad: IRPF 2.016

Como una maduración de lo que se dijo en la presentación de la guía útil IRPF 2016, hecha el pasado martes 25 de Abril de 2017por  Taller Escola la Barcelona, bajo el título: “Especial familias con personas con discapacidad Intelectual“, exposición realizada por su director financiero, señor Artur Feijo y con la asistencia de un gran número de padres y madres de los socios cooperaivistas, Ada García Vazquez y yo, que asistimos en representación de Coma i Roig Assessors,  os ofrecemos un resumen de aquellas cuestiones que creemos más importantes:

Pensamos que hay dos cuestiones importantes a tener en cuenta al efectuar la declaración de  las personas con discapacidad.

Y son las siguientes:
¿Cómo deben efectuar su declaración del Impuesto sobre la Renta las personas  con discapacidad: en forma conjunta con sus padres o en forma individual? Y, si presentan su declaración de forma individual o no la presentan, sus padres tienen derecho a practicar las deducciones por hijos a su cargo?

Vamos por la primera cuestión:

Podrán declarar conjuntamente con sus padres las personas con discapacidad:

Si  son menores de 18 años, o   siendo mayores de esta edad,  han sido declarados incapaces judicialmente con la patria potestad prorrogada o rehabilitada. (El Código Civil establece que la patria potestad, sobre los hijos que hubieran sido incapacitados, quedará prorrogado, por ministerio de la ley, al llegar aquéllos a la mayoría de edad. La patria potestad prorrogada “”rehabilitada”” que se ejerce sobre hijos mayores solteros, que viviendo en su compañía son declarados incapaces,…)

Si conviven  con sus padres,  aunque se admiten algunas excepciones,  como la del hijo que depende del contribuyente pero está interno en un centro especializado, o la del hijo que se ausenta de forma esporádica de la vivienda durante periodos lectivos del curso escolar.

Si perciben  rentas anuales netas, excluidas las rentas exentas, no superiores a 8.000 euros,  la declaración conjunta puede resultar beneficiosa porque:

Posiblemente  los ingresos que las personas con discapacidad  aporten a la  unidad familiar sean nulos, pues de los rendimientos del trabajo pueden deducir diversos gastos que veremos a continuación.

Y que en consecuencia,  las deducciones que  correspondan a las personas con discapacidad por el mínimo personal, por descendientes y por discapacidad resulten de aplicación a otra parte de la base imponible, la de sus padres.

Y así pues estas deducciones puedan traducirse en una devolución del Impuesto sobre la Renta.

Si las personas con discapacidad perciben rendimientos netos superiores a 8.000 euros, sus padres no podrán practicar en su declaración las deducciones que les corresponden al efectuar la declaración conjunta con su hijo por el concepto de descendientes a su cargo.

Y en este supuesto podría ser  conveniente que la persona con discapacidad realizara su declaración individualmente o que no la efectuara.

De efectuar  la familia de  la persona con discapacidad  la declaración conjunta existe la deducción de 3.400 euros y de 2.150 en el supuesto de tratarse de una familia monoparental.

De optar por la declaración conjunta: las personas con discapacidad con sus padres, todas ellas deberán efectuar la declaración conjunta.

Vamos por la segunda  cuestión:

 

En el caso de no poder efectuar la declaración de forma conjunta por ser las personas con discapacidad mayores de 18 años y en este caso no estar incapacitados judicialmente, no obstante, los padres podrán efectuar en su declaración las deducciones que les correspondan por descendientes a su cargo, y en el caso que estos sean personas con discapacidad,  las deducciones que le correspondan a estos, siempre que:

  1. Tengan menos de 25 años a 31 de diciembre o ser discapacitado judicialmente con patria potestad prorrogada o rehabilitada.
  2. Convivir con el ascendiente, aunque se admiten algunas excepciones como la del hijo que depende del contribuyente pero esta interno en un centro especializado, o la del hijo que se ausenta de forma esporádica de la vivienda durante periodos lectivos del curso escolar.
  3. Tener rentas anuales netas, excluidas las rentas exentas, no superiores a 8.000 euros.
  4. Declarar no mas de 1.800 euros de rentas, si presentan declaración individual, no obstante, este limite se puede superar sin que los padres pierdan la posibilidad de aplicar el mínimo, cuando el descendiente presenta declaración conjunta con ellos.

Como ya hemos explicado anteriormente, para efectuar declaración conjunta con sus padres, las personas con discapacidad deben percibir rendimientos netos inferiores a 8.000 euros.

Para calcular los rendimientos netos, las personas con discapacidad deben deducirse de los rendimientos del trabajo:

Reducción en los rendimientos del trabajo para personas  con discapacidad 

Con carácter general 2.000 euros

Dicha cantidad se incrementa en 3500 euros para personas  con un grado des discapacidad entre un 33 y un 65 %.

Y para aquellos trabajadores que acrediten la ayuda de una tercera persona, movilidad reducida o un grado de discapacidad superior al 65 % o bien con una discapacidad reconocida judicialmente, cualquiera que sea su grado de discapacidad, dicha cantidad se incrementa en 7.750 euros.

Reducciones cuando el rendimiento neto del trabajo  sea igual o inferior a 14,450 euros

Si el rendimiento neto es igual o inferior a 11.250 euros: 3.700 euros.

Si el rendimiento neto es superior a 11.250 euros, pero igual o inferior a 14.250 euros, deberá efectuarse el siguiente cálculo:

3.700 euros – (Rendimiento neto – 11.250) X 1,5625

Las deducciones que podrán aplicarse los padres de las personas con discapacidad en la declaración conjunta  con sus hijos o sin ellos por descendientes a cargo por los conceptos de mínimo personal y familiar,  son las siguientes:

Mínimo personal y familiar 

Estas reducciones no  se restan del conjunto de los ingresos. Sobre la suma de todas ellas se aplica   la escala de gravamen  que les corresponda y la cifra resultante se deduce de la cuota a pagar.

Mínimo personal

General: 5.550 euros

Mayores de 65 años: 1.150 euros.

Mayores de 75 años:1.400 euros.

Mínimo por descendientes entre 3 y 25 años

Primero: 2.400 euros.

Segundo: 2.700 euros.

Tercero: 4.000 euros.

Cuarto: 4.500 euros

Si es menor de 3 años se aumenta en 2.800 euros.

Mínimo por ascendientes

Mayor de 65 años o con discapacidad: 1.150 euros.

Mayor de 75 años: 1.150 euros más 1.400 euros.

Mínimo por discapacidad

Con discapacidad: 3.000 euros.

Con discapacidad igual o superior al 65 %: 9.000 euros.

Con discapacidad igual o superior al 65 % más gastos de asistencia, se incrementan los 9.000 euros en 3.000.

Mínimo por discapacidad en ascendientes o descendientes

Con discapacidad: 3.000 euros.

Con discapacidad igual o superior al 65 %: 9.000 euros.

Con discapacidad igual o superior al 65 % más gastos de asistencia, se incrementan los 9.000 euros en 3.000.

 

La ayuda a la renta DAFAS (deducción por familia números o por ascendientes y descendientes a cargo con discapacidad) supone una ayuda de 1.200 euros para persona con discapacidad a cargo.

 

Los requisitos para acogerse a esta deducción, son los mismos que para la aplicación de los mínimos por descendientes:

 

  • Que el descendiente tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
  • Que el descendiente con discapacidad conviva con el contribuyente.
  • Que el descendiente con discapacidad no supere los 8.000 euros netos anuales.
  • Que el descendiente no presente declaración de IRPF con rentas superiores a 1.800 euros.

 

Además los beneficiarios de esta deducción deberán realizar una actividad por la que se cotice a la Seguridad Social o mutualidad alternativa o bien ser pensionistas.

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Subvenciones: sujeción al iva: cuando se vinculan al precio

 

 El concepto de “subvención vinculada al precio” ha generado desde los orígenes de la Directiva comunitaria numerosas controversias a la hora de delimitarlo y de diferenciarlo de prestaciones análogas, como pueden ser las subvenciones a la explotación o las indemnizaciones. La Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido considera que pueden constituir una contraprestación de  servicios y por, tanto, pueden formar parte de la base imponible de sus operaciones y quedan sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.

“Artículo 78 LIVA. Base Imponible de las operaciones.

Uno. Contraprestación de la operación sujeta a IVA procedente del destinatario o de terceras personas.

Dos. Forman parte base imponible:

3º Las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones, considerando como tales aquellas establecidas en función del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la operación.

Tres. No forman parte base imponible
4º Las subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones, no considerándose como tales, los importes pagados por un tercero en contraprestación a dichas operaciones.”

 

No obstante, esta doctrina ha quedado superada por la más reciente jurisprudencia del TJUE a la que se refiere expresamente la Consulta Vinculante V2263-16 DGT. En concreto:

  • La Sentencia de 27 de marzo de 2014, Le Rayon d’Or SARL, Asunto C-151/13, que interpreta nuevamente el artículo 11.A.1.a) de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, Sexta Directiva del IVA y el artículo 73 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo.

 

  • La sentencia del TJUE de 29 de octubre de 2015 Saudaçor, recaída en el asunto C-174/14.

 

Lo relevante para el establecimiento de la inclusión o no en la base imponible del Impuesto de las subvenciones percibidas está en la consideración de que:

 

  • Las operaciones se realicen como consecuencia de la percepción de estas cantidades, subvenciones.
  • Estas cantidades constituyan en todo o en parte la contraprestación de las operaciones sujetas al Impuesto, con independencia de que se sean abonadas por un tercero.
  • Siempre que pueda identificarse la existencia del necesario vínculo existente entre la prestación de servicios llevada a cabo y la contrapartida recibida
  • Incluso si su importe se determina a priori y la compensación deba ser ajustada debido a un cambio de circunstancias que determinen insuficiente el importe para la realización de las operaciones.

Es necesario distinguir dos supuestos según las operaciones se efectúen a favor de terceros o a favor de la Administración Pública concedente:

 

Subvenciones percibidas de la Administración Púbica vinculadas al precio de las operaciones efectuadas a favor de terceros.

 

  • Quedarán sujetas a IVA de las operaciones y formaran parte de la base imponible las cantidades percibidas de una Administración Pública siempre que pueda establecerse un vínculo directo entre las cantidades percibidas por el empresario o profesional y las operaciones efectuadas a favor de terceros.
  • No formarán parte de la base imponible de las operaciones las cantidades percibidas para financiar directamente inversiones del inmovilizado, otras subvenciones de capital

 

 

Subvenciones que constituyen la contraprestación de operaciones efectuadas a favor de la Administración Pública concedente.

 

  • Cuando un empresario o profesional reciba subvenciones de una Administración Pública deberá analizarse la existencia de un vínculo directo entre las cantidades efectivamente percibidas y las operaciones efectuadas, en su caso, a favor de la Administración Pública.
  • No formarán parte de la base imponible de las operaciones las cantidades percibidas en concepto de indemnizaciones por daños y perjuicios
  • No estarán sujetas a IVA las cantidades percibidas de una Administración Pública que retribuyan prestaciones de servicios efectuadas en virtud de encomiendas de gestión o cuando el perceptor dependa de la Administración Pública en los términos establecidos en el artículo 7.8º de la Ley 37/1992.
  • Por
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Programa padre 2016: Renta web 2016

 

¿Borrador, Programa padre, Renta Web?
¿Borrador, Programa padre, Renta Web?

 

 

 

 

 

 

Nos indican en Hacienda que el borrador y el Programa Padre 2016, ahora están unidos. El nuevo programa: renta WEB 2016, incluye la sencillez del borrador y la amplitud del programa padre 2016. Todos los contribuyente podrán utilizar el PROGRAMA Renta WEB 2016, y no será necesario descargar ningún programa, como antes, lo que permite hacer la declaración desde cualquier dispositivo.

 Dependiendo de la fuente de obtención de las rentas, igual que en los años anteriores, hacienda facilita un borrador con una liquidación o bien los datos fiscales a partir del 4 de Abril.

Para aquellas personas que nunca han realizado trámites en la web y cuyas rentas son muy simples, hacienda procederá a enviar el borrador a sus domicilios.

 Para el resto, deberán acceder a lo que ahora se denomina borrador/renta web 2016. Dentro de esta página ya se obtendrá una liquidación. Siempre se deberá revisar que estén todos los datos, y si la liquidación es correcta, procederán a enviarla telemáticamente. Si estamos ante una declaración compleja, en la cual se han de añadir datos, el programa renta web 2016, se articulará igual que el programa padre. 

En el caso de declaración compleja, por ejemplo que tuviera una actividad económica, permitiría descargar todos los datos e incorporar aquellos que no se encuentren en poder de la administración.

 

OPCIONES PARA AQUELLOS DECLARANTES QUE DISPONGAN DE BORRADOR:

 

En primer lugar, deberán revisar que todos los datos sean correctos marcando la pestaña “validar”. En el caso de que faltara algún dato podrán añadirlo, mediante el servicio de  tramitación del Borrador/declaración (RENTA WEB) en la página de la agencia tributaria, www.agenciatributaria.es.

Si reúnen el perfil de atención telefónica podrán modificarlo llamando a la Oficina de atención al contribuyente*, 901.200.345 (de lunes a viernes de 9 a 21 horas) o también podrán pedir cita previa por internet o en  los números de teléfono 901.22.33.44 – 91.553.00.71 para que sean atendidos en las oficinas de la administración a partir del 11 de mayo.

 

OPCIONES PARA AQUELLOS DECLARANTES QUE NO DISPONGAN DE BORRADOR

 

En este caso si la agencia tributaria ha puesto a disposición los datos fiscales, y se está obligado a presentar declaración, se podrá confeccionar la declaración desde el servicio de tramitación borrador/declaración (Renta WEB) en la página de la agencia tributaria, www.agenciatributaria.es.   También se podrá realizar  telefónicamente llamando a la Oficina de atención al contribuyente siempre que cumpla los requisitos* exigidos o bien solicitar cita previa para ser atendidos en las oficinas de la agencia tributaria a partir del 11 de mayo.

 

La presentación o confirmación del borrador/declaración podrá realizarse por Internet, por teléfono*, en cualquier oficina de la agencia tributaria , en cualquier oficina de entidad de crédito que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria y  en los cajeros automáticos, bancas electrónicas….

 

Por ultimo cabe recordar que para poder entrar en el Programa RENTA WEB se deberán identificar ya sea mediante certificado, DNI electrónico, CL@vePIN o referencia.

 

(*Perfil de atención telefónica, aquellos contribuyente cuyas declaraciones se califican “rentas sencillas”, por ejemplo, no entraría una renta que tiene ganancias patrimoniales de venta de activos financieros).

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Entidades sin ánimo de lucro: Donaciones, contratos de patrocinio y convenios de colaboración

 

 

¿Donación, patrocinio o convenio? Qui lo sá.

DONACIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

 

Título III Capítulo II artículos del 17 al 24 de la Ley 49/2002: Régimen fiscal de las donaciones y aportaciones.

Los donativos, donaciones y aportaciones realizados por personas o sociedades a favor de las entidades beneficiarias del mecenazgo dan derecho a deducción en la cuota íntegra de su imposición personal, siempre que consistan en:

-Donativos o donaciones dinerarios, de bienes o derechos.

La base de deducción del impuesto personal del donante será:

-Tratándose de donativos dinerarios, su importe.

 

Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el resultado de aplicar a la base de la deducción correspondiente al conjunto de donativos, donaciones y aportaciones con derecho a deducción, determinada según lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley, la siguiente escala:

Base de deducción Importe hasta Porcentaje de deducción
150 euros 75
Resto base de deducción 30

Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la base de la deducción en favor de esa misma entidad que exceda de 150 euros, será el 35 por ciento.

 

La base de las deducciones a que se refieren los apartados 3 y 5 del artículo 68 de esta Ley, no podrá exceder para cada una de ellas del 10 por ciento de la base liquidable del contribuyente.

 

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra, minorada en las deducciones y bonificaciones previstas en los capítulos II, III y IV del Título VI de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, el 35 por 100 de la base de la deducción determinada según lo dispuesto en el artículo 18. Las cantidades correspondientes al período impositivo no deducidas podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos y sucesivos.

Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del período impositivo anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la base de la deducción en favor de esa misma entidad será el 40 por ciento.

 

La base de esta deducción no podrá exceder del 10 por 100 de la base imponible del período impositivo. Las cantidades que excedan de este límite se podrán aplicar en los períodos impositivos que concluyan en los diez años inmediatos y sucesivos.

 

Desde el punto de vista contable, el sujeto pasivo ha de registrar en su contabilidad como gasto el importe de los bienes o de las cantidades donadas, de manera que el importe contabilizado no se integrará en la base imponible dado que se corresponde dicho gasto con una liberalidad del sujeto pasivo; por lo que deberá realizarse en este caso un ajuste positivo al resultado contable al tiempo de determinar la base imponible del período impositivo en el que se efectúa la donación o aportación.

 

Para tener derecho a las deducciones correspondientes por las donaciones efectuadas, se debe acreditar la efectividad de la donación efectuada, mediante certificación expedida por la entidad beneficiaria.

CONTRATOS DE PATROCINIO/ESPONSORIZACION

 

El contrato de patrocinio se encuentra definido en el artículo 24 de la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad: “El contrato de patrocinio es aquél por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador.

 

Según Consulta Vinculante V3559-16, de 3 de agosto de 2016, de la Subdirección General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas el patrocinio de una escudería de automovilismo constituyen un gasto de publicidad realizado por la entidad interesada. Los referidos gastos no pueden ser considerados como liberalidades.

Por tanto, serán fiscalmente deducibles siempre que cumplan los requisitos en términos de inscripción contable, devengo, y justificación documental, y en la medida que no tienen la consideración de gasto fiscalmente no deducible conforme a lo establecido en el artículo 15 de la LIS.

 

El contrato de patrocinio es una prestación de servicio y está sujeta a IVA.

 

Artículo 15 Gastos no deducibles de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles

  1. e) Los donativos y liberalidades.

No se entenderán comprendidos en esta letra e) los gastos por atenciones a clientes o proveedores ni los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa ni los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios, ni los que se hallen correlacionados con los ingresos.

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL

 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

 

La Ley 49/2002 contempla el régimen fiscal aplicable a los convenios de colaboración empresarial en su artículo 25, el cual señala lo siguiente:

 

“Artículo 25 Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general

  1. Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, a los efectos previstos en esta Ley, aquel por el cual las entidades a que se refiere el artículo 16, a cambio de una ayuda económica para la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento del objeto o finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades.

La difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios de colaboración definidos en este artículo no constituye una prestación de servicios.

  1. Las cantidades satisfechas o los gastos realizados tendrán la consideración de gastos deducibles para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la entidad colaboradora o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes de los contribuyentes que operen en territorio español mediante establecimiento permanente o el rendimiento neto de la actividad económica de los contribuyentes acogidos al régimen de estimación directa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  2. El régimen fiscal aplicable a las cantidades satisfechas en cumplimiento de estos convenios de colaboración será incompatible con los demás incentivos fiscales previstos en esta Ley.

 

Los Convenios de colaboración no constituyen una prestación de servicio, por tanto no constituye hecho imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

 

Las cantidades satisfechas o los gastos realizados tendrán la consideración de gastos deducibles para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la entidad colaboradora tal como indica el apartado 2 del art.25 de la Ley 49/2002.

 

 

 

CONCLUSIÓN

 

Las donaciones no son deducibles, si bien dan derecho a practicar deducción en la cuota íntegra, mientras que los patrocinios son totalmente deducibles al no ser considerados como una liberalidad.

El contrato de patrocinio está sujeto a IVA.

Por otro lado, existen los convenios de colaboración que son totalmente deducibles en el Impuesto sobre Sociedades y además no devengan IVA.

 

 

Debemos hacer mención de la Consulta Vinculante D.G.T. de 2 de junio de 2011.Indica que en la medida en que las rentas obtenidas del contrato de patrocinio publicitario puedan encuadrarse en los convenios de colaboración en actividades de interés general a que se refiere el art.25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de las entidades fiscales del mecenazgo, debe considerarse que la citada actividad no constituye una prestación de servicios a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

 

Amalia Aparicio

Licenciada en Derecho

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El arbitrio de plusvalía: Inconstitucional: Ganancia o pérdida.

vacas en propiedad
¿Vender el terreno? La pérdida de la actividad

Sentencia TC 16021017

Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de Febrero de 2017

La entidad mercantil Bitarte SA vendió el 22 de Enero de 2014 un bien inmueble de su propiedad sito en Irún por un importe de 600.000 euro, adquirido el 23 de Mayo de 2003 por 3.101.222 euros. Consecuencia de ello, declaró una pérdida patrimonial en el Impuesto sobre Sociedades, no obstante lo cual, el Ayuntamiento de Irún le giró una liquidación por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por 17.899 euros.

Interpuesto recurso contencioso administrativo, el Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de Donosti promovió recurso de constitucionalidad.

La norma Foral configura el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana como un tributo directo que grava el incremento de valor que experimentan dichos terrenos puesto de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título. No somete a tributación, sin embargo, ni el incremento de valor de los terrenos rústicos, ni el que pueda derivar de las construcciones. Delimitado así el hecho imponible, la cuantificación  de ese incremento de valor se realiza mediante la aplicación de un coeficiente al valor catastral del terreno en el momento del devengo. Este coeficiente determina el importe del incremento de valor sometido a tributación (base imponible del tributo) y se cuantifica multiplicando el número de años  -completos- de tenencia del terreno (con un mínimo de uno y un máximo de veinte años), contados desde la fecha de adquisición hasta la de su transmisión, por un porcentaje anual que determina cada Ayuntamiento dentro de los parámetros de la norma foral. La base imponible así calculada se somete a un tipo de tributación de hasta el 15 %.

El gravamen no se anuda sí necesariamente  a la existencia de ese incremento. sino a la mera titularidad de un terreno  durante un periodo de tiempo.

Y prosigue el Tribunal Constitucional: “Así las cosas, al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular  en su patrimonio durante un periodo de tiempo dado, soslayando, no solo aquellos supuestos en que no se haya producido este incremento, sino incluso aquellos otros en los que se haya podido producir un decremento en el valor del terreno objeto de transmisión, lejos de someter a gravamen una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica  del artículo 31 CE.”

Y añade: En definitiva, el tratamiento que los arts. 4 y 7.4 de la Norma Foral 16/1989 otorgan a los supuestos de no incremento o, incluso, de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, carece de toda justificación razonable en la medida que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados  del paso del tiempo, se están sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza en el artículo 31.1. De esta manera, los preceptos enjuiciados deben ser declarados inconstitucionales, aunque exclusivamente en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas  de capacidad económica de inexistencia de incrementos de valor.

Reproduzco enlace que ya publiqué en relación con el error de cálculo de la ganancia patrimonial:

Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos: El Tribunal Superior de Justicia de Cuenca invalida la fórmula municipal de cálculo.

Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de Febrero de 2017

 

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Aplazamientos AEAT

logotipo de agencia tributaria

Aplazamientos AEAT: no es aplazable el IVA a partir de 01/01/2017

El sábado 3 de diciembre se publicó en el B.O.E el Real Decreto-Ley 3/2016 de medidas urgentes en el ámbito tributario

NO PODRÁ APLAZARSE O FRACCIONARSE

Ni el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Ni los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades

Las retenciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ya no podían ser objeto de aplazamiento.

Tampoco podrán aplazarse las deudas tributarias dictadas en la vía económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo, que previamente hubieran sido objeto de suspensión

Así pues ya no se podrá contar con la financiación de la Agencia Tributaria para aliviar la tesorería de las empresas. Será pues nuevamente necesario solicitar financiación a las entidades bancarias

Los aplazamientos o fraccionamientos cuyos procedimientos se hayan iniciado antes del 01 de Enero de 2017 se regirán por la normativa anterior a dicha fecha hasta su conclusión.

BONIFICACIÓN EN LA CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

En el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio, el Real Decreto-Ley se limita a prorrogar durante 2017 la exigencia de su gravamen.
En este sentido, en su artículo 4, modifica con efectos 1 de enero de 2017 y vigencia indefinida, el apartado segundo del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, que restableció el Impuesto sobre el Patrimonio posponiendo hasta 2018 la aplicación de la bonificación del 100% en la cuota íntegra del Impuesto.

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Aplazamientos y fraccionamientos impuesto sobe sociedades: denegación

No pasarán
Wildebeest, crossing river Mara, Serengeti National Park, Serengeti, Tanzania, Africa

Hoy a 28/12/2016

Hemos recibido una denegación de aplazamiento del Impuesto sobre Sociedades solicitada por un cliente del despacho

Motivos de denegación de aplazamiento/fraccionamiento

“Por no haber quedado suficientemente justificada la existencia de dificultades económico-financieras ni las dificultades transitorias de liquidez invocadas que pudiera impedir hacer frente al pago de la deuda en plazo.

Por otra parte, en virtud del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, se introducen modificaciones normativas en le ley 27/2014 de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades por medio de las cuales se dispone un incremento de esfuerzo recaudatorio exigido a grandes empresas.

Dichas modificaciones afectan al régimen legal de los pagos fraccionados, con la finalidad de conseguir el imprescindible incremento de los ingresos correspondientes al impuesto sobre sociedades, y de allegar esos fondos de manera inmediata a las arcas públicas, contemplando de manera expresa la obligación de la Administración Tributaria de velar por la efectividad de esa recaudación adicional de conformidad con la legislación vigente.

Por otra parte, el mecanismo del pago fraccionado permite a la Hacienda Pública allegar los fondos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones de gasto de una manera regular y homogénea a lo largo del ejercicio económico, evitando que se produzcan picos de ingresos en momentos muy puntuales con una imposibilidad de obtenerlos durante el resto del ejercicio, estando en la propia esencia del pago fraccionado que la cantidad resultante se ingrese en el momento exacto que dispone su norma reguladora quedando totalmente desvirtuado si se permite dilatar o retrasar su ingreso.”

La actual situación de ingreso presupuestario obliga a una política de restricción en el gasto y de disciplina en el ingreso, que exige asegurar por quien se encarga de la gestión recaudatoria de tales ingresos no sólo que se ingresan efectivamente todos los créditos tributarios debidos por los contribuyentes, sino que los mismos se materializan en el momento temporal que se establece materialmente.

En el presente caso, la necesidad de servir con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, y el interés público que se pone de manifiesto en el citado Real-Decreto Ley, así como dar cumplimiento al mandato, allegar fondos de manera inmediata a las arcas públicas, contenido en el mismo, determina la denegaciónj de la solicitud de aplazamiento y fraccionamiento de pago presentada.

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Aplazamientos: Denegación iva y fraccionamiento sociedades

Prohibido aplazar, hasta nueva orden.

 

 

MODIFICACIONES QUE AFECTAN A LOS APLAZAMIENTOS DE DEUDAS CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (REAL DECRETO-LEY 3/2016 DE 2 DE DICIEMBRE)

Con la publicación del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, se limitan mucho las posibilidades de aplazamiento y fraccionamiento de deudas con la Administración Tributaria.

Se modifica el apartado 2 del artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que queda redactado de la siguiente forma:

«2. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas tributarias:

…..

  • b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.
  • f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.
  • g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos de este apartado serán objeto de inadmisión.

A falta de un pronunciamiento exacto de la AEAT podría entenderse como que no se podrá aplazar el IVA salvo que se justifique “debidamente” que el IVA repercutido no ha sido cobrado íntegramente. De momento, no podemos asegurar que el IVA sea, o no, objeto de este artículo

En la Disposición Transitoria Única se indica que esta imposibilidad afectará desde el 1/1/2017 por lo que el último pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades que se podrá aplazar y fraccionar será el de este mes de diciembre y, si la medida afectara al IVA, ya no se podría aplazar ni fraccionar el IVA del cuarto trimestre del 2016.

 

Por Amalia Aparicio

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