¿Quién debe pagar los tributos de los préstamos?

¿Quién debe pagar los tributos de los préstamos?¿Cómo tributan los préstamos?    ¿Quién debe pagar los tributos de los préstamos? La profesora Carlota Riez de Velasco expone la normativa sobre la tributación y entra de lleno en el debate abierto a raiz de la Sentencia nº 705/2015 de TS, Sala 1ª de lo Civil. 23 de Diciembre de 2.015, sobre quién debe pagar los tributos de los préstamos.

Del trabajo de la profesora de la Universidad de Cantabria, Carlota Ruiz de Velasco Punín, Doctora en Derecho Financiero y Tributario.

PRÉSTAMO CUYA DEVOLUCIÓN NO ESTÁ GARANTIZADA

Empezando por el préstamo simple, esto es, aquel cuya devolución no
está garantizada con un derecho real de garantía o con una fi anza, contando
únicamente con la garantía personal del prestatario, estará sujeto al IVA o al ITPO
dependiendo de cuál sea la condición del prestamista.

Si el préstamo lo concede un empresario o profesional en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional(normalmente será una entidad fi nanciera) estará sujeto a IVA aunque exento según el artículo 20.Uno.18º c) LIVA.

Si tal préstamo se documenta en escritura pública, ésta no resultará sometida al gravamen proporcional del IAJDya que el acto o contrato no es inscribible en registro alguno de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 TRLITPyAJD.

Cuando el préstamo es concedido por un particular estará sujeto al ITPO aunque también exento en virtud del artículo 45.I B) 15 TRLITPyAJD.

Y si se formaliza en escritura pública, tampoco tiene lugar el gravamen por la cuota proporcional del IAJD, no sólo por fallar el requisito dela inscribibilidad, sino también porque al estar sujeto el préstamo a la modalidadde ITPO ésta resulta incompatible con la modalidad de cuota gradual del IAJD.

PRÉSTAMO CUYA DEVOLUCIÓN ESTÁ GARANTIZADA
Por lo que se refiere al préstamo garantizado, y centrándonos en los supuestos
en que la garantía aportada consiste en la constitución de un derecho real de
hipoteca (préstamo hipotecario), al igual que sucede con el préstamo simple su
sujeción al IVA o al ITPO dependerá de la condición del prestamista.

Cuando el préstamo hipotecario es concedido por un particular, y suponiendo que también lo sea el prestatario,

En principio existirían dos hechos imponibles sometidos al ITPO: por una parte, la constitución del préstamo y, por otra, la constitución del derecho real de garantía (artículo 7.1 B TRLITPyAJD en ambos casos). Sin embargo, el legislador no ha querido que tributen ambos actos por separado sino que ,teniendo en cuenta el carácter accesorio de la garantía, ordena omitir la tributación de esta última y que la operación tribute exclusivamente en concepto de préstamo, que, como ya se ha dicho, está exento. Señala en este sentido el artículo 15.1 TRLITPyAJD que «la constitución de las fianzas y de los derechos de hipoteca,prenda y anticresis, en garantía de un préstamo, tributarán exclusivamente por el concepto de préstamo».

La escritura pública en la que necesariamente debe formalizarse el préstamo hipotecario,

A pesar de cumplir ahora el requisito de acceso al registro, no da lugar al devengo de la cuota gradual del IAJD al ser incompatible con el ITPO al que está sujeto, aunque exento, el préstamo (cfr. consultaDGT núm. 1101-97, de 2 de junio).

Si el préstamo hipotecario lo concede un empresario o profesional, situación que será la más frecuente, resultará sujeto al IVA y exento según el artículo 20.Uno.18º LIVA. Centrándonos en los supuestos que son objeto de la STS de 23 de diciembrede 2015, esto es,

Cuando la garantía la constituye un particular no empresario,

Partimos de la premisa de que la hipoteca tampoco tributa por ITPO en virtud delo dispuesto en el artículo 15 TRLITPyAJD, aun cuando el préstamo esté sujeto al IVA (Simón Acosta, 1989: 494-495).

Por lo que respecta a la escritura pública en la que se documenta el préstamo, al cumplirse todos los requisitos establecidos en el artículo 31.2 TRLITPyAJD, tributará por la cuota variable del IAJD. En efecto, se trata de una primera copia de escritura pública que tiene por objeto cosa valuable; el préstamo hipotecario es inscribible en el Registro de la Propiedad (en este caso además de forma obligatoria al tener dicha inscripción carácter constitutivo);y,  finalmente, el préstamo hipotecario se encuentro sujeto a un impuesto, el IVA, que es compatible con la cuota variable del IAJD.
Se ha discutido, además, si la exención de los préstamos comprendida en el artículo
45.I.B) 15 TRLITPyAJD alcanza también al gravamen proporcional del IAJD
que, como decimos, recae sobre la escritura de formalización de un préstamo
hipotecario sujeto al IVA. La doctrina ha defendido la aplicación de dicha exención
al gravamen proporcional del IAJD sobre la base de un triple argumento: La literalidad del precepto, el contexto normativo en el que el mismo se inserta y su finalidad (Villarín Lagos, 2008: 825-828; Iglesias Canle, 1999: 90-97).

Por lo que se refiere a argumento literal, el precepto declara exentos “los préstamos, cualquiera que sea la forma en que se instrumenten”, queriendo indicarse con ello que la exención se extiende también al IAJD, ya sea en la modalidad de documentos
mercantiles o en el gravamen proporcional de documentos notariales. Es decir, si
la exención únicamente se hubiera querido ceñir al ITPO, no hubiera sido necesaria
la alusión a la forma de documentación, ya que el préstamo, por sí mismo,
no necesita de ninguna formalidad para su perfeccionamiento, a diferencia de
lo que sucede con el préstamo hipotecario.

En segundo lugar, el artículo 45 se ubica dentro del Título IV “Disposiciones comunes” de modo que las exenciones comprendidas en el mismo afectan a cualquiera de las tres modalidades impositivas reguladas en el Texto Refundido, sin necesidad de que se indique a qué modalidades del tributo se aplica cada exención. 3.

Por último, la exención comentada, cuyo origen se encuentra en la Ley del IVA del año 1985, debe analizarse a la luz de la ratio legis del precepto que no es otra que la de dar cumplimiento al objetivo comunitario de gravar únicamente la economía real y no la economía financiera. De acuerdo con ello, las operaciones financieras no pueden resultar gravadas por ningún tributo, lo cual no afecta sólo al IVA o al ITPO, sino también a cualquier otro impuesto que resulte compatible con el IVA, tal como sucede con el gravamen proporcional sobre documentos notariales del IAJD que nos ocupa.

Sin embargo, el Tribunal Supremo no lo ha entendido así y ha considerado que
los préstamos hipotecarios tributan sin exención por la cuota variable del IAJD
(cfr. SSTS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 20 de enero de 2006 y de 16
de julio de 2012).
En defi nitiva, solo tributará por el gravamen proporcional del IAJD la escritura de
constitución de un préstamo hipotecario cuando éste se encuentre sujeto al IVA
por ser el prestamista un empresario o profesional en el ejercicio de su actividad,
siendo aquí donde se plantea la controversia acerca de quién ostenta la condición
de sujeto pasivo del referido IAJD: ¿el prestamista o el prestatario?

Según la Sentencia nº 705/2015 del Tribunal Supremo, Sala 1ª de lo Civil, de 23 de Diciembre de 2.015, en respuesta al recurso de casación contra Sentencia nº 242/2013 de la Audiencia Provincial de Madrid, promovido por BBVA esgrime que son de cuenta de la parte prestataria todos los tributos y otros gastos.
La sala responde que en lo que que respecta a los tributos que gravan el préstamo hipotecario el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados dispone que estará obligado al pago del impuesto a título de contribuyente y cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las partes en contrario: en las transmisiones de bienes y derechos de toda clase, el que los adquiere (letra a); y en la constitución de derechos reales,aquel a cuyo favor se realice este acto (letra c), aclarando que, en la constitución de préstamos de cualquier naturaleza, el obligado será el prestatario (letra d). Por otro lado el artículo 15.1 del Texto Refundido señala que la constitución de fianzas, prendas y anticresis, en garantía de un préstamo, tributarán exclusivamente, a los efectos de transmisiones patrimoniales, por el concepto de préstamo. Pero el artículo 27.1 de la misma norma sujeta al impuesto de actos jurídicos documentados los documentos notariales, indicando el artículo 28 que será sujeto pasivo del impuesto el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan.
De tal manera que la entidad prestamista no queda al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos socumentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho y, en todo caso, la expedición de las copias, actas y testimonios que interese y que, a través de la cláusula litigiosa, carga indebidamente sobre la otra parte contratante. En su virtud, tanto porque contraviene normas que en determinados aspectos tienen carácter imperativo, como porque infringe el artículo 89.3 c) del TRLGCU, que considera como abusivala estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en que el sujeto pasivo es el empresario, la declaración de nulidad efectuada por la Audiencia es plenamente ajustada a Derecho.

No obstante, la profesora Carlota Ruiz de Velasco discrepa de la sentencia y opina que el obligado al pago es el prestatario, aunque considera por diferentes razones que no es una cuestión zanjada.

Y discrepa porque: “La Sala de lo Civil del TS ha errado en su pronunciamiento , pues no sólo no tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 68  RITPYAJD, que atribuye la condición de sujeto pasivo al prestatario, sino que además ignoró el criterio que tradicionalmente ha venido manteniendo la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS y que, sin embargo, el Juzgado de Oviedo sí tuvo en consideración e incorporó a su Sentencia de 9 de Diciembre de 2.016.

La Sala de lo Civil del TS en su Sentencia considera que siendo el negocio jurídico principal el préstamo y el accesorio la garantía, el sujeto pasivo habrá de ser el beneficiario y adquirente del préstamo, esto es, el prestatario, en cuyo interés se realiza la escritura.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Iva y las subvenciones: Modificación por la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre

iva y las subvencionesEl iva y las subvenciones desde hace tiempo plantean problemas a las entidades beneficiadas por éstas.

Hasta el 01 de Enero de 1.998 y el 06 de Octubre de 2.005 las subvenciones se incluían en el denominador de la prorrata.
Esto cambia con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea de 06/10/2005 y con la Ley 3/2006 de 29 de Marzo. Sólo se incluyen en el denominador de la prorrata las subvenciones vinculadas directamente al precio.
Desafortunadamente esta Sentencia no cerró todas las cuestiones acerca del tratamiento de las subvenciones en el Iva.
Ante la pérdida de recaudación que suponía la no consideración de las subvenciones en la prorrata la Administración Tributaria amplió el concepto de subvenciones directamente vinculadas al precio como integrante de la base imponible.
Según la Resolución del TEAC las subvenciones son la contraprestación a un presunto contrato de prestación de servicios entre la Administración y el ente subvencionado, el precio del cual es la propia subvención.

El concepto de subvención vinculada al precio en la doctrina comunitaria

La existencia de tres partes
El simple hecho de que una subvención pueda influir en el precio de los bienes entregados o de los servicios prestados por el organismo subvencionado no basta para que dicha subvención esté sujeta a Iva.
En efecto, “para que una subvención esté vinculada directamente al precio (…) es necesario además (…) que se abone al organismo subvencionado con el fin de que realice específicamente una entrega de bienes o una prestación de servicios determinados”. (Sentencia del TJUE de 22/11/2001)

 

La subvención ha de incidir en el precio

Como ya dijimos en nuestro artículo anterior,  para que la subvención se incluya en el denominador de la prorrata ha de estar vinculada al precio.

 

Es necesario que el precio que paga el adquirente o el destinatario se determine de forma tal que disminuya en proporción a la subvención concedida al vendedor del bien o al prestador del servicio, caso en el que la subvención constituye un elemento determinante del precio exigido por éstos. Obviamente, “el órgano jurisdiccional deberá examinar si, objetivamente, el hecho de que se abone una subvención al vendedor o al prestador le permite vender el bien o prestar el servicio por un precio inferior al que tendría que exigir si no existiese la subvención.” Sentencia del TJUE de 22/11/2001)

Como consecuencia de la subvención se puede producir una distorsión de la competencia.

Caso de los forrajes
“No se ha demostrado que el régimen de ayuda sea un régimen de promoción del consumo ya que no pretende incentivar la compra por parte de terceros de forraje desecado a través de precios que, gracias a la ayuda, sean inferiores a los precios del mercado mundial.”
Lo “que pretende dicho régimen es permitir que los terceros se abastezcan dentro de la Comunidad a un precio comparable al precio de mercado mundial, del que podrían en todo caso abastecerse fuera de la Comunidad si, no existiendo dicha ayuda, la oferta en el interior de la misma no existiese o fuera insuficiente.” (Sentencia del TJUE de 15 de Julio de 2004)

Esto exige la existencia de un mercado comparable con el cual valorar la distorsión de la competencia

Caso de las viviendas de protección oficial
“no se cumple el requisito señalado en la letra b del apartado anterior (…)(incidencia de la subvención en el precio de la operación) puesto que el precio de las operaciones, tratándose de viviendas protegidas, está tasado de antemano con arreglo a los precios máximos fijados por la Administración y no se ve alterado por la concesión de la subvención, de tal manera que la citada magnitud viene dada por circunstancias ajenas a la voluntad de cualquiera de las partes intervenientes en su concesión.”
(Resolución de la DGT V0794-11 de 28 de Marzo de 2011).

Con la excusa de una Sentencia del TSJUE DE 27 DE marzo DE 2.014, asunto La Rayon d´or, se produjo con efectos 1 de Enero de 2.015 una modificación legislativa por la cual no se consideraban subvenciones no vinculadas al precio los importes pagados por un tercero como contraprestación, debiendo formar parte de la base imponible.

Según Faura-Casas en “A vueltas con el iva y las subvenciones

En concreto, la sentencia de referencia, relativa a la reclamación judicial efectuada por una residencia de gente mayor al estado francés, “Le Rayon d’OR”, establece que un pago a tanto alzado, como es el pago por la atención a los residentes, constituye, según el TJUE, la contrapartida de las prestaciones de atención llevadas a cabo a título oneroso por una residencia para personas mayores, en beneficio de sus residentes y, en este concepto, está incluido el ámbito de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El hecho que la compensación económica se fije, no en función de prestaciones individuales, sino a tanto alzado y sobre una base global que cubra los gastos de funcionamiento no puede, a criterio del TJUE, afectar al vínculo existente entre la prestación de servicios realizada y la contrapartida recibida.

La interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la UE, ha sido ya incorporada a la jurisprudencia interna en varias resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que considera que se incluirán en la base imponible, es decir, se considerarán operaciones sujetas al IVA, las subvenciones o transferencias percibidas por los sujetos pasivos cuando exista un vínculo directo entre la prestación de servicio y la contrapartida obtenida, y que para reconocer este vínculo no es necesario que el beneficiario directo de la prestación sea el destinatario del servicio ni que la contraprestación se vincule a prestaciones de servicio individualizado, como es el caso de las subvenciones vinculadas a precio.
Este criterio, emanado de la jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea, pero consolidado en el estado español tanto por la jurisprudencia interior, como por la modificación legislativa, a partir del 1 de enero de 2015, puede comportar un incremento significativo en el coste final de la prestación de determinados servicios públicos, como, el transporte de viajeros o los servicios culturales, así como otras actividades de interés general, como por ejemplo, la investigación.

De hecho, últimamente se vienen produciendo actuaciones de la Agencia Tributaria en las que sostiene que determinadas transferencias recibidas de las administraciones públicas por operadores y prestadores de los servicios indicados, tendrían que haber sido consideradas como parte integrante de la base imponible del IVA a repercutir por las mismas.

Concepto de subvención vinculada al precio en la doctrina comunitaria.
Dos ejemplos concretos:
El transporte público: mercado monopolístico.
La cultura: mercado libre sin distorsión en la competencia

Se produce la existencia de un presunto contrato de servicios entre la Administración Pública y el ente beneficiario de la subvención, el precio del cual es la propia subvención.
Pero se ha de ver la subvención como una acción de fomento. La finalidad de la subvención y el precio o contraprestación son dos cuestiones diferentes.
Así se entiende la subvención para servicios públicos deficitarios. La compensación económica es un mecanismo para restablecer el equilibrio económico, como el presupuesto de hecho de un cofinanciamiento de los servicios a través de tributos y tarifas (o precio).

La Ley de Contratos Públicos
Claves para entender la reforma: ¿Por qué la Ley dice lo que dice?
Según apuntes de Antonio Durán-Sindreu Buxadé para Aedaf

La Ley 9/2017 de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24 UE de 26 de Febrero de 2014.
Esta Ley trata de solucionar:
-El financiamiento de los servicios públicos.
-Las subvenciones para el fomento de la cultura.
-Las subvenciones destinadas a I+D+I
-Las subvenciones a las televisiones públicas.
El preámbulo de la Ley:
“Se hace necesario excluir desde la entrada en vigor de esta modificación normativa, de la consideración de subvenciones vinculadas al precio de las operaciones que constituyen la base imponible de las operaciones sujetas al iva, aquellas aportaciones financieras que las Administraciones Públicas realizan al operador de determinados servicios de competencia pública, cuando no existe distorsión de la competencia, generalmente porque al tratarse de actividades financiadas total o parcialmente por la Administración no se prestan en régimen de libre concurrencia, como por ejemplo, los servicios de transporte comercial, o determinadas actividades culturales financiadas con estas aportaciones.Estas aportaciones financieras que no constituyen subvenciones vinculadas al precio de las operaciones no limitarán el derecho a la deducción del impuesto soportado por estos operadores..”

“Con independencia de lo anterior, parece razonable excluir del concepto de subvención vinculada al precio las aportaciones efectuadas por las Administración Pública para financiar actividades de carácter general cuyo destinatario es el conjunto de la sociedad, al no existir un destinatario identificable ni tampoco usuarios que satisfagan contraprestación alguna. Este sería el caso de aportaciones efectuadas para financiar actividades de investigación, desarrollo e innovación de servicios de radiodifusión pública, en las condiciones señaladas, sin perjuicio de las consecuencias que se puedan derivar en cuanto al ejercicio del derecho a la deducción.”

Claves de la reforma

Se mantienen las subvenciones vinculadas directamente al precio como concepto a incluir en la base imponible.
(Artículo 78, apartado Dos, número 3)

“Se considerarán vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto las subvenciones establecidas en función del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la operación.”

Se precisa el concepto de subvenciones vinculadas al precio, exceptuando algunos supuestos:
(Artículo 78, apartado Dos, número 3)
No obstante, no se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación a que se refiere el apartado Uno del presente artículo, las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones Públicas realicen para financiar:

Precisiones a tener en consideración

Primera
No se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación,
las aportaciones dinerarias,
sea cual sea su denominación,
realizadas por las Administraciones Públicas
para financiar las gestión de servicios públicos
con independencia de cual sea su forma de gestión,
siempre que no exista una distorsión significativa de la competencia La acción de de fomento de la cultura en los que no exista una distorsión significativa de la competencia.

Segunda
No se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones Públicas realicen como acción de fomento de la cultura. siempre que no exista una distorsión significativa de la competencia.

Tercera
No se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones Públicas realicen para financiar actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean identificables y no satisfagan contraprestación alguna.

Cuarta
Nueva redacción del Apartado 5 del artículo 93 de la Ley del Iva

“(…) Lo previsto en este apartado no será de aplicación a las actividades de gestión de servicios públicos en las condiciones señaladas en la letra a) del artículo 78.Dos.3º de esta Ley.

Dicho artículo dentro del apartado de requisitos para la deducción, se refiere a la deducción del iva soportado por los sujetos pasivos que realizan operaciones sujetas y no sujetas.

Entrada en vigor
Disposición final Décimo sexta
La presente Ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, la letra a) del apartado 4 del artículo 159 y la letra d) del apartado 2 del artículo 32, lo harán a los diez meses de la citada publicación; y los artículos 328 a 334, así como la disposición final décima, que lo harán al día siguiente de la referida publicación.

El tercer párrafo del apartado 1 del artículo 150 entrará en vigor en el momento en que lo haga la disposición reglamentaria a la que se refiere el mismo.

Esta Ley no tiene efectos retroactivos. Veamos su preámbulo:

“Por otra parte, se hace necesario excluir desde la entrada en vigor de esta modificación normativa, de la consideración de subvenciones vinculadas al precio de las operaciones que constituyen la base imponible de las operaciones sujetas al IVA, aquellas aportaciones financieras que las Administraciones Públicas realizan al operador de determinados servicios de competencia pública cuando no existe distorsión de la competencia, generalmente porque al tratarse de actividades financiadas total o parcialmente por la Administración no se prestan en régimen de libre concurrencia, como por ejemplo, los servicios de transporte municipal o, determinadas actividades culturales financiadas con estas aportaciones.

Estas aportaciones financieras que no constituyen subvenciones vinculadas al precio de las operaciones no limitarán el derecho a la deducción del Impuesto soportado por estos operadores.”
Así será preciso distinguir entre las subvenciones concedidas hasta el 9 de Noviembre de 2017 y las concedidas con posterioridad: 10/11/2017.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Inconstitucionalidad y nulidad parcial del arbitrio de plusvalía

Las casas flotantes no están sujetas al Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos
Inconstitucionalidad y nulidad parcial del arbitrio de plusvalía
¿Tiene el agua consideración de terreno?

La Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, que resuelve una cuestión de constitucionalidad sobre el arbitrio de plusvalía, declara la inconstitucionalidad y nulidad parcial del arbitrio de plusvalía: de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales, en cuanto impiden a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una minusvaloración en el momento de la transmisión de inmuebles, sometiendo por tanto a tributación manifestaciones de riqueza inexistentes o ficticias, y ello es contrario al principio constitucional de capacidad económica.
Según esta Sentencia corresponde al legislador indicar la forma de determinar la existencia o no de un incremento sometido a tributación, en su libertad de configuración normativa, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto.
La declaración de nulidad produce un vacío normativo. Mientras no se produzca la reforma legislativa pertinente, que restablezca la constitucionalidad de estos artículos y permita conocer la eventual retroactividad que establezca y el régimen transitorio, ni Administraciones ni Tribunales se pronunciarán acerca de la resolución de los diferentes tipos de recursos presentados.

Artículo 107 Base imponible

1. La base imponible del arbitrio de plusvalía está constituida por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana , puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.

Número 1 del artículo 107 declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor por Sentencia TC (Pleno) 59/2017 de 11 de mayo («B.O.E.» 15 junio).

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

Letra a) del número 2 del artículo 107 declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor por Sentencia TC (Pleno) 59/2017 de 11 de mayo («B.O.E.» 15 junio).

Artículo 110 Gestión tributaria del impuesto

4. Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, el ayuntamiento correspondiente sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.

Número 4 del artículo 110 declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor por Sentencia TC (Pleno) 59/2017 de 11 de mayo («B.O.E.» 15 junio).

Reproduzco al respecto un párrafo de la SSTC 26/2017, FJ3 Y 37/2017,FJ3, al que alude la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017.

Enjuiciando aquella regulación foral consideramos que los preceptos cuestionados fingen, sin admitir prueba en contrario, que por el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal, (entre uno y veinte años), se revela, en todo caso, un incremento de valor, y, por tanto, una capacidad económica susceptible de imposición, impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir, no de cualquier manera, sino exclusivamente de acuerdo con su capacidad económica: (artículo 31.1 CE) De esta manera al establecer el legislador que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de transmisión de todo terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio dado un intervalo temporal dado, soslayando los momentos en que no se haya producido este incremento, lejos de someter a tributación una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio capacidad económica del citado artículo 31.1 CE de ha convertido lo que podía ser un efecto aislado –

Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 de 11 de Mayo de 2017
003 STC 59.2017

Informe del Consejo Tributario del Ayuntamiento de Barcelona
013 Nota prensa Ayunt. BCN

La suspensión de los procedimientos tributarios
A los efectos de no perjudicar a los contribuyentes hasta que no se pronuncie el legislador en los términos previstos en la Sentencia del Tribunal Constitucional, el Consejo Tributario aconseja al Ayuntamiento iniciar un incidente de adopción de una medida provisional de suspensión en todos los procedimientos de aplicación y de revisión de los tributos, cuando el obligado tributario invoque con fundamento la inexistencia de un incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana sujeto al impuesto.

Procedimiento de rectificación de autoliquidaciones
Este procedimiento se inicia mediante solicitud a la que se deben acompañar todos los documentos y justificantes que fundamenten la pretensión del obligado tributario. En un periodo de 6 meses ha de dictarse una resolución expresa. Si esto no sucede se entiende desestimada la pretensión del obligado tributario que debe asistir a la vía del recurso para hacer valer su derecho.
El Ayuntamiento debe informar al obligado de su imposibilidad de resolver su preten, sión con las consecuencias que puede acarrear el silencio negativo, silencio que permite el recurso administrativo y el contencioso administrativo.

Procedimiento de comprobación
Tiene un término de duración de 6 meses desde su inicio. Si no se dicta resolución expresa o se producen las otras formas de terminación de acuerdo con el artículo 104.4 de la LGT procede la caducidad, y se enervan los efectos asociados al inicio del procedimiento. Particularmente la enervación de los efectos interruptivos de la prescripción pueden provocar situaciones de indefensión tanto para el obligado como para la Administración. Si se produce la precripción, los contribuyentes que han cumplido con sus deberes de autoliquidación e ingreso no podrán solicitar la rectificación de su autoliquidación, y al contrario, aquellos que no hubieran cumplido con su obligación se verían liberados.
De existir autoliquidación y regularización por causa distinta a no haber realizado el hecho imponible, se liquidará el impuesto con los intereses de demora y la notificación de inicio del procedimiento sancionador.

Procedimiento de inspección
El final de este procedimiento es un acto de gravamen y en el caso de no dictar resolución en el plazo señalado de 18 meses, procede declarar la caducidad. De producirse se eliminarán los efectos de su inicio: la interrupción de la prescripción, pero el procedimiento sigue hasta dictarse resolución expresa.

Procedimiento de revisión
Se puede producir la suspensión como en el resto de procedimientos.

Devolución de ingresos indebidosEs trascendental la Sentencia del Tribunal Constitucional dado que el obligado tributario puede solicitar la devolución de lo ingresado. Se trata pues de que el obligado solicite la rectificación de la autoliquidación.

Devoluciones de ingresos efectuadas en base a un acto administrativo firme
La vía es la revisión especial de los actos administrativos que incluye la nulidad de pleno derecho, la revocación y la corrección de errores materiales, aritméticos o de hecho.
Tres son los procedimientos a través de los cuales se puede producir la devolución de ingresos en base a un acto firme:
Nulidad de pleno derecho
En aquellos supuestos en que los actos lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio, que tengan un contenido imposible, que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta, que se hayan dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de voluntad de los órganos colegiados y los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos para su adquisición.
Revocación
Este procedimiento solamente se inicia de oficio. Puede instarlo el obligado. Es la vía más idónea para causar el menor perjuicio, y sólo en el caso de que le fuera favorable debería iniciarse de oficio.
Corrección de errores materiales y de hecho
Ha de tratarse de cuestiones de hecho que no impliquen interpretación de normas jurídicas. Por ello no es aplicable en la solicitud de devolución de ingresos fundamentada en la no sujeción al arbitrio, pues es una cuestión de derecho.

Recurso de alzada
En el Ayuntamiento de Barcelona es preciso interponer el recurso de alzada que agota la vía previa al recurso contencioso administrativo.

Decreto Foral-Norma 2/2017 de 28 de Marzo, por el que se modifica el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Este Decreto Foral modifica la regulación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana para el caso que no exista un incremento de valor, pero no exime de la obligación de presentar declaración.
Con respecto a liquidaciones firmes de este impuesto correspondiente a devengos anteriores al 25 de marzo de 2017, no procederán rectificaciones, restituciones o devoluciones y continuarán hasta su completa terminación los procedimientos recaudatorios relacionados con las mismas y se exigirán íntegramente las deudas tributarias aplazadas o fraccionadas.
Caso contrario es el de las liquidaciones del impuesto practicadas a partir del 25 de marzo de 2017, correspondientes a devengos anteriores a esta fecha, al igual que las liquidaciones recurridas en reposición pendientes de resolución a 25 de marzo de 2017.
Dice así mismo que el Tribunal Económico Administrativo Foral y los Tribunales Económico Administrativos municipales remitirán a los Ayuntamientos correspondientes los expedientes administrativos pendientes de resolución relaticos al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza urbana referidos a devengos anteriores 25 de marzo de 2017 para que practiquen, en su caso, nuevas liquidaciones.
Real Decreto Foral Norma 2/2017 de 28 de Marzo
D Foral-Norma 2-2F2017 de 28 Mar. Gipuzkoa (modific.._ (002)

Decreto Foral Normativo 3/2017 de 20 de Junio, por el que se modifica la norma Foral 8/1989 de 30 de Junio relativa al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza urbana .
Este Decreto Foral también regula de forma similar para Bizcaia el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
DF Normativo 32F2017 de 20 Jun. Bizkaia (modifica._ (002)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Responsabilidad de los coherederos

Responsabilidad de los coherederos
Efecto interruptivo de la prescripción con la notificación al coheredero

En principio todos los herederos deben responder de las obligaciones del fallecido con carácter solidario. En consecuencia, la Hacienda Pública acreedora, puede exigir a cualquiera de sus herederos la totalidad del importe de la obligación tributaria. No obstante esto debe ser matizado por la distinción entre la aceptación pura y simple de la herencia y la aceptación a beneficio de inventario. En el primer supuesto opera la aplicación del artículo 1003 del Código Civil que señala que: “Por la aceptación pura y simple o sin beneficio de inventario, quedará el heredero responsable de todas las cargas de la herencia, no sólo con los bienes de ésta, sino también con los suyos propios.
Pero esto es así hasta el momento de la división de la herencia. Hasta este momento los coherederos responden solidariamente de la totalidad de la deuda si no han aceptado la herencia a beneficio de inventario.
Los acreedores pues, entre los que se halla la Hacienda Pública, pueden dirigirse a cualquiera de los coherederos reclamando al elegido la totalidad de la deuda.
Pero a partir de la división la responsabilidad de los coherederos es mancomunada. Cada uno de ellos responde de las deudas con la parte de la herencia que le ha sido adjudicada y en consecuencia la prescripción, su cómputo, opera de forma individual para cada uno de ellos.
Adjunto la consulta de la DGT de 3 de Septiembre de 2008 que concluye con la existencia de una responsabilidad solidaria con anterioridad a la aceptación de la herencia.
http://www.asesoriayempresas.es/doctrinaadministrativa/JURIDICO/103181/consulta-dgt-de-3-de-septiembre-de-2008-lgt-division-entre-herederos-contribuyentes-responsab

Consultar en nuestro blog: la prescripción en el impuesto sobre sucesiones.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Administradores de sociedades: aspectos fiscales.

Objetivo la luna: aquí mayor Tom, reducir costes fiscales
Tributación de los administradores
Objetivo la luna: aquí mayor Tom, reducir costes fiscales

La tributación de los Administradores de sociedades mercantiles depende de la forma en que pueden ser retribuidos:  por su cargo de Administrador, por el desempeño de funciones ejecutivas y también por el desempeño de funciones de carácter laboral. Las funciones que ejercen los Administradores pueden ser conceptuadas como rendimiento de actividades económicas y estar sujetas al impuesto sobre el valor añadido.

Deducibilidad de las retribuciones

Según la Ley de sociedades de capital el cargo de administrador de una sociedad mercantil es gratuito salvo que los estatutos establezcan lo contrario. En este caso los estatutos deberán precisar los conceptos retributivos: una asignación fija, un sistema de ahorro previsión, dietas de asistencia, participación en beneficios, retribución variable, participación en acciones, indemnización por cese…
El importe máximo de la remuneración anual para el conjunto de administradores deberá ser fijado en la Junta General y estará vigente hasta que no se apruebe su modificación.
Cuando el administrador de una sociedad mercantil perciba retribuciones variables, como indemnizaciones por cese, la Junta General deberá indicar previamente los parámetros.
La retribución de cada administrador se fijará por acuerdo de los administradores o del consejo de administración.
Un problema de fondo importante en la retribución de los administradores de las sociedades mercantiles se halla en las sociedades cotizadas, precisándose en las sociedades cerradas un marco flexible.
La retribución de los Administradores de las sociedades mercantiles puede darse por el desempeño del cargo de Administrador y por el desempeño adicional de funciones ejecutivas que se pueden atribuir al ser nombrado consejero delegado o por otro título. Para su retribución como consejero delegado la sociedad está obligada a suscribir un contrato en que se fije su retribución para el ejercicio de estas funciones ejecutivas, y ello con independencia de lo dispuesto en los estatutos o lo acordado por la Junta General para la remuneración de los administradores en su condición de tales. Dicho contrato deberá ser aprobado por el Consejo de Administración.
Así pues se admite una dualidad de regímenes jurídicos de retribución de los administradores de sociedades mercantiles , uno contractual y uno estatutario. El sistema contractual permite que las retribuciones sean fijadas exclusivamente por el Consejo de Administración sin necesidad de previsión estatutaria ni intervención de la junta de socios.

ASPECTOS FISCALES: CONDICIONES PARA DEDUCIR EL GASTO DE LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES MERCANTILES
Si los estatutos sociales no establecen un sistema determinado de retribución, se presume que su cargo es gratuito. En este caso, cualquier cantidad que perciban tiene la consideración de liberalidad o donación y no resulta deducible en el impuesto sobre sociedades.
Pero en caso de percibir el Administrador una retribución estatutaria como consecuencia de su cargo de Administrador, ésta supone un gasto deducible.

La DGT mediante mediante informe de 12/11/2009 resuelve:“De acuerdo con los fundamentos anteriores, los gastos representativos de las retribuciones a los administradores de sociedades mercantiles, tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible en la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con la ley vigente regulada en el texto refundido del impuesto sobre sociedades, cuando los estatutos establezcan el carácter remunerado del cargo, aunque no se cumpliera escrupulosamente con todos y cada uno de los requisitos,que, para cada tipo de retribución, establece la normativa mercantil.”

La resolución de 6 de Febrero de 2014 del Tribunal Económico Administrativo Central en unificación de la doctrina se pronuncia estableciendo que :”sólo es compatible la relación de carácter laboral especial de alta dirección con la de carácter mercantil del cargo de administrador de una sociedad mercantil cuando las funciones que se realizan por razón de la primera son distintas de las que se llevan a cabo por razón del último cargo y se trate de una actividad específica diversa; en otro caso ambas relaciones son incompatibles, debiendo prevalecer la calificación mercantil y sólo podrá percibir remuneraciones por dicha función cuando esté previsto en los Estatutos.”

Además la Dirección General de Tributos en consulta V0441 14 estipula que “en el caso de que se satisfaga una retribución al administrador de una sociedad merantil por el desempeño de tareas productivas o profesionales: auxiliares administrativos, contables, agentes comerciales y personal de almacén, tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible del período siempre que se cumplan los principios de inscripción contable, correlación de ingresos y gastos, imputación con arreglo al devengo y justificación documental y siempre que se valoren a valor de mercado.”

En la consulta V1613 15 de 26 de Mayo de 2015, en la que se resuelve una cuestión acerca de la deducibilidad de la remuneración del trabajo realizado por un ingeniero en una sociedad mercantil en la que posee el 12,5% del capital social y de la que es miembro del Consejo de Administración, aunque dicho cargo es gratuito, y todas las retribuciones percibidas son satisfechas por el trabajo realizado como ingeniero, se manifiesta de la misma manera en el sentido que las retribuciones que percibe como ingeniero serán fiscalmente deducibles siempre que cumplan los requisitos legalmente establecidos.

Calificación de las retribuciones de los administradores de sociedades mercantiles

Conforme al artículo 17.2 de la Ley del IRPF las retribuciones de los Administradores de sociedades mercantiles son rendimientos del trabajo. La retención que soportarán será del 35 % y del 19 % en el caso de empresas con una cifra de negocios inferior a 100.000 euros.

Pero si el Administrador realiza otras actividades diferentes y es socio de la sociedad y la actividad de dicha sociedad es profesional estas retribuciones se calificarán como rendimientos de actividades económicas, siempre que esté dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de la seguridad social, debiendo tenerse en cuenta que dentro del concepto de actividades profesionales se incluyen las consideradas como tales en la tarifa del Impuesto sobre Actividades Económicas. La actividad realizada por el socio debe ser la misma que la que constituye el objeto social de la entidad. Es preciso además que no se den las notas de dependencia y ajeneidad, y de darse, sus rendimientos serían del trabajo. De tratarse de rendimientos de actividades económicas la retención a practicar sería del 15 %.

Hasta aquí vemos que los Administradores pueden percibir su retribución en el IRF como tales  o por la realización de una actividad empresarial y en este caso percibir sus retribuciones como rendimientos de actividades económicas.

Pero la Consulta Vinculante que se puede visualizar al final de este párrafo se refiere a la consideración de estos rendimientos como del trabajo, siéndoles por tanto de aplicación la escala de tributación de este tipo de rendimientos.

En el caso de una sociedad civil compuesta por dos socios personas físicas y dedicada a la explotación de un gimnasio dice la consulta que las actividades que constituyen el objeto de la sociedad civil y que los socios desarrollan, no tienen la naturaleza de actividades profesionales en los términos establecidos en el párrafo tercero del artículo 27.1 de la LIRPF, que dice: “No obstante, tratándose de rendimientos obtenidos por el contribuyente procedentes de una entidad en cuyo capital participe derivados de la realización de actividades incluidas en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, tendrán esta consideración cuando el contribuyente esté incluido, a tal efecto, en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, o en una mutualidad de previsión social que actúe como alternativa al citado régimen especial conforme a lo previsto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.”

Teniendo en cuenta lo anterior, con independencia de la naturaleza laboral o no que une a los socios con la sociedad y del régimen de afiliación a la seguridad social que corresponde a los socios, debe considerarse que los rendimientos satisfechos s éstos por el desarrollo de las actividades empresariales que constituyen el objeto de la sociedad tendrán la naturaleza de rendimientos del trabajo de los establecidos con carácter general en el artículo 17.1 de la LIRPF, al no concurrir en aquellos los requisitos establecidos en los dos primeros párrafos del artículo 27.1 de la LIRPF.

CV 1776-17 Retribución Administradores

Tributación de las retribuciones de los administradores de sociedades mercantiles en el impuesto sobre el valor añadido
Están sujetas a iva las actividades realizadas por cuenta propia, mientras que el trabajo realizado por cuenta ajena no está sujeto a la tributación en el impuesto sobre el valor añadido.
El artículo 10 de la Directiva 2006/112 CE hace referencia a la calificación de la relación de un socio como de subordinación o independencia, y exige un análisis de las condiciones de trabajo, la remuneración y la responsabilidad.
No existe subordinación cuando el socio se procura y organiza él mismo los medios personales y materiales para el ejercicio de su actividad. Por tanto, la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido requiere la intervención del socio en el ejercicio de su actividad a través de la ordenación de medios propios. Por el contrario, cuando los medios principales sean titularidad de la sociedad, existe la presunción de la exclusión del socio del ámbito de aplicación del impuesto. Hay pues que ver si el socio es libre de organizar su actividad eligiendo sus colaboradores, sus vacaciones y su estructura de trabajo.
Se puede presumir que el riesgo económico recae en el socio cuando su prestación se determine en función de su porcentaje de los beneficios de la entidad o en función de las prestaciones efectivamente realizadas por él mismo.
Se ha de tener en cuenta la independencia entre el iva y el IRPF. Así pues la sujeción al iva no depende de que los rendimientos hayan sido calificados en el IRPF como del trabajo o de actividades económicas.
Elaboración sobre:
http://www.aedaf.es/plataforma/baf/baf_2016_01_T_retribucion-de-administradores.pdf

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Personas con discapacidad: IRPF 2.016 consejos para no pagar más.

Personas con discapacidad: IRPF 2.016
Personas con discapacidad: IRPF 2.016
Personas con discapacidad: IRPF 2.016

Como una maduración de lo que se dijo en la presentación de la guía útil IRPF 2016, hecha el pasado martes 25 de Abril de 2017por  Taller Escola la Barcelona, bajo el título: “Especial familias con personas con discapacidad Intelectual“, exposición realizada por su director financiero, señor Artur Feijo y con la asistencia de un gran número de padres y madres de los socios cooperaivistas, Ada García Vazquez y yo, que asistimos en representación de Coma i Roig Assessors,  os ofrecemos un resumen de aquellas cuestiones que creemos más importantes:

Pensamos que hay dos cuestiones importantes a tener en cuenta al efectuar la declaración de  las personas con discapacidad.

Y son las siguientes:
¿Cómo deben efectuar su declaración del Impuesto sobre la Renta las personas  con discapacidad: en forma conjunta con sus padres o en forma individual? Y, si presentan su declaración de forma individual o no la presentan, sus padres tienen derecho a practicar las deducciones por hijos a su cargo?

Vamos por la primera cuestión:

Podrán declarar conjuntamente con sus padres las personas con discapacidad:

Si  son menores de 18 años, o   siendo mayores de esta edad,  han sido declarados incapaces judicialmente con la patria potestad prorrogada o rehabilitada. (El Código Civil establece que la patria potestad, sobre los hijos que hubieran sido incapacitados, quedará prorrogado, por ministerio de la ley, al llegar aquéllos a la mayoría de edad. La patria potestad prorrogada “”rehabilitada”” que se ejerce sobre hijos mayores solteros, que viviendo en su compañía son declarados incapaces,…)

Si conviven  con sus padres,  aunque se admiten algunas excepciones,  como la del hijo que depende del contribuyente pero está interno en un centro especializado, o la del hijo que se ausenta de forma esporádica de la vivienda durante periodos lectivos del curso escolar.

Si perciben  rentas anuales netas, excluidas las rentas exentas, no superiores a 8.000 euros,  la declaración conjunta puede resultar beneficiosa porque:

Posiblemente  los ingresos que las personas con discapacidad  aporten a la  unidad familiar sean nulos, pues de los rendimientos del trabajo pueden deducir diversos gastos que veremos a continuación.

Y que en consecuencia,  las deducciones que  correspondan a las personas con discapacidad por el mínimo personal, por descendientes y por discapacidad resulten de aplicación a otra parte de la base imponible, la de sus padres.

Y así pues estas deducciones puedan traducirse en una devolución del Impuesto sobre la Renta.

Si las personas con discapacidad perciben rendimientos netos superiores a 8.000 euros, sus padres no podrán practicar en su declaración las deducciones que les corresponden al efectuar la declaración conjunta con su hijo por el concepto de descendientes a su cargo.

Y en este supuesto podría ser  conveniente que la persona con discapacidad realizara su declaración individualmente o que no la efectuara.

De efectuar  la familia de  la persona con discapacidad  la declaración conjunta existe la deducción de 3.400 euros y de 2.150 en el supuesto de tratarse de una familia monoparental.

De optar por la declaración conjunta: las personas con discapacidad con sus padres, todas ellas deberán efectuar la declaración conjunta.

Vamos por la segunda  cuestión:

 

En el caso de no poder efectuar la declaración de forma conjunta por ser las personas con discapacidad mayores de 18 años y en este caso no estar incapacitados judicialmente, no obstante, los padres podrán efectuar en su declaración las deducciones que les correspondan por descendientes a su cargo, y en el caso que estos sean personas con discapacidad,  las deducciones que le correspondan a estos, siempre que:

  1. Tengan menos de 25 años a 31 de diciembre o ser discapacitado judicialmente con patria potestad prorrogada o rehabilitada.
  2. Convivir con el ascendiente, aunque se admiten algunas excepciones como la del hijo que depende del contribuyente pero esta interno en un centro especializado, o la del hijo que se ausenta de forma esporádica de la vivienda durante periodos lectivos del curso escolar.
  3. Tener rentas anuales netas, excluidas las rentas exentas, no superiores a 8.000 euros.
  4. Declarar no mas de 1.800 euros de rentas, si presentan declaración individual, no obstante, este limite se puede superar sin que los padres pierdan la posibilidad de aplicar el mínimo, cuando el descendiente presenta declaración conjunta con ellos.

Como ya hemos explicado anteriormente, para efectuar declaración conjunta con sus padres, las personas con discapacidad deben percibir rendimientos netos inferiores a 8.000 euros.

Para calcular los rendimientos netos, las personas con discapacidad deben deducirse de los rendimientos del trabajo:

Reducción en los rendimientos del trabajo para personas  con discapacidad 

Con carácter general 2.000 euros

Dicha cantidad se incrementa en 3500 euros para personas  con un grado des discapacidad entre un 33 y un 65 %.

Y para aquellos trabajadores que acrediten la ayuda de una tercera persona, movilidad reducida o un grado de discapacidad superior al 65 % o bien con una discapacidad reconocida judicialmente, cualquiera que sea su grado de discapacidad, dicha cantidad se incrementa en 7.750 euros.

Reducciones cuando el rendimiento neto del trabajo  sea igual o inferior a 14,450 euros

Si el rendimiento neto es igual o inferior a 11.250 euros: 3.700 euros.

Si el rendimiento neto es superior a 11.250 euros, pero igual o inferior a 14.250 euros, deberá efectuarse el siguiente cálculo:

3.700 euros – (Rendimiento neto – 11.250) X 1,5625

Las deducciones que podrán aplicarse los padres de las personas con discapacidad en la declaración conjunta  con sus hijos o sin ellos por descendientes a cargo por los conceptos de mínimo personal y familiar,  son las siguientes:

Mínimo personal y familiar 

Estas reducciones no  se restan del conjunto de los ingresos. Sobre la suma de todas ellas se aplica   la escala de gravamen  que les corresponda y la cifra resultante se deduce de la cuota a pagar.

Mínimo personal

General: 5.550 euros

Mayores de 65 años: 1.150 euros.

Mayores de 75 años:1.400 euros.

Mínimo por descendientes entre 3 y 25 años

Primero: 2.400 euros.

Segundo: 2.700 euros.

Tercero: 4.000 euros.

Cuarto: 4.500 euros

Si es menor de 3 años se aumenta en 2.800 euros.

Mínimo por ascendientes

Mayor de 65 años o con discapacidad: 1.150 euros.

Mayor de 75 años: 1.150 euros más 1.400 euros.

Mínimo por discapacidad

Con discapacidad: 3.000 euros.

Con discapacidad igual o superior al 65 %: 9.000 euros.

Con discapacidad igual o superior al 65 % más gastos de asistencia, se incrementan los 9.000 euros en 3.000.

Mínimo por discapacidad en ascendientes o descendientes

Con discapacidad: 3.000 euros.

Con discapacidad igual o superior al 65 %: 9.000 euros.

Con discapacidad igual o superior al 65 % más gastos de asistencia, se incrementan los 9.000 euros en 3.000.

 

La ayuda a la renta DAFAS (deducción por familia números o por ascendientes y descendientes a cargo con discapacidad) supone una ayuda de 1.200 euros para persona con discapacidad a cargo.

 

Los requisitos para acogerse a esta deducción, son los mismos que para la aplicación de los mínimos por descendientes:

 

  • Que el descendiente tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
  • Que el descendiente con discapacidad conviva con el contribuyente.
  • Que el descendiente con discapacidad no supere los 8.000 euros netos anuales.
  • Que el descendiente no presente declaración de IRPF con rentas superiores a 1.800 euros.

 

Además los beneficiarios de esta deducción deberán realizar una actividad por la que se cotice a la Seguridad Social o mutualidad alternativa o bien ser pensionistas.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Subvenciones: sujeción al iva: cuando se vinculan al precio

 

 El concepto de “subvención vinculada al precio” ha generado desde los orígenes de la Directiva comunitaria numerosas controversias a la hora de delimitarlo y de diferenciarlo de prestaciones análogas, como pueden ser las subvenciones a la explotación o las indemnizaciones. La Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido considera que pueden constituir una contraprestación de  servicios y por, tanto, pueden formar parte de la base imponible de sus operaciones y quedan sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.

“Artículo 78 LIVA. Base Imponible de las operaciones.

Uno. Contraprestación de la operación sujeta a IVA procedente del destinatario o de terceras personas.

Dos. Forman parte base imponible:

3º Las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones, considerando como tales aquellas establecidas en función del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la operación.

Tres. No forman parte base imponible
4º Las subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones, no considerándose como tales, los importes pagados por un tercero en contraprestación a dichas operaciones.”

 

No obstante, esta doctrina ha quedado superada por la más reciente jurisprudencia del TJUE a la que se refiere expresamente la Consulta Vinculante V2263-16 DGT. En concreto:

  • La Sentencia de 27 de marzo de 2014, Le Rayon d’Or SARL, Asunto C-151/13, que interpreta nuevamente el artículo 11.A.1.a) de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, Sexta Directiva del IVA y el artículo 73 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo.

 

  • La sentencia del TJUE de 29 de octubre de 2015 Saudaçor, recaída en el asunto C-174/14.

 

Lo relevante para el establecimiento de la inclusión o no en la base imponible del Impuesto de las subvenciones percibidas está en la consideración de que:

 

  • Las operaciones se realicen como consecuencia de la percepción de estas cantidades, subvenciones.
  • Estas cantidades constituyan en todo o en parte la contraprestación de las operaciones sujetas al Impuesto, con independencia de que se sean abonadas por un tercero.
  • Siempre que pueda identificarse la existencia del necesario vínculo existente entre la prestación de servicios llevada a cabo y la contrapartida recibida
  • Incluso si su importe se determina a priori y la compensación deba ser ajustada debido a un cambio de circunstancias que determinen insuficiente el importe para la realización de las operaciones.

Es necesario distinguir dos supuestos según las operaciones se efectúen a favor de terceros o a favor de la Administración Pública concedente:

 

Subvenciones percibidas de la Administración Púbica vinculadas al precio de las operaciones efectuadas a favor de terceros.

 

  • Quedarán sujetas a IVA de las operaciones y formaran parte de la base imponible las cantidades percibidas de una Administración Pública siempre que pueda establecerse un vínculo directo entre las cantidades percibidas por el empresario o profesional y las operaciones efectuadas a favor de terceros.
  • No formarán parte de la base imponible de las operaciones las cantidades percibidas para financiar directamente inversiones del inmovilizado, otras subvenciones de capital

 

 

Subvenciones que constituyen la contraprestación de operaciones efectuadas a favor de la Administración Pública concedente.

 

  • Cuando un empresario o profesional reciba subvenciones de una Administración Pública deberá analizarse la existencia de un vínculo directo entre las cantidades efectivamente percibidas y las operaciones efectuadas, en su caso, a favor de la Administración Pública.
  • No formarán parte de la base imponible de las operaciones las cantidades percibidas en concepto de indemnizaciones por daños y perjuicios
  • No estarán sujetas a IVA las cantidades percibidas de una Administración Pública que retribuyan prestaciones de servicios efectuadas en virtud de encomiendas de gestión o cuando el perceptor dependa de la Administración Pública en los términos establecidos en el artículo 7.8º de la Ley 37/1992.
  • Por
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Programa padre 2016: Renta web 2016

 

¿Borrador, Programa padre, Renta Web?
¿Borrador, Programa padre, Renta Web?

 

 

 

 

 

 

Nos indican en Hacienda que el borrador y el Programa Padre 2016, ahora están unidos. El nuevo programa: renta WEB 2016, incluye la sencillez del borrador y la amplitud del programa padre 2016. Todos los contribuyente podrán utilizar el PROGRAMA Renta WEB 2016, y no será necesario descargar ningún programa, como antes, lo que permite hacer la declaración desde cualquier dispositivo.

 Dependiendo de la fuente de obtención de las rentas, igual que en los años anteriores, hacienda facilita un borrador con una liquidación o bien los datos fiscales a partir del 4 de Abril.

Para aquellas personas que nunca han realizado trámites en la web y cuyas rentas son muy simples, hacienda procederá a enviar el borrador a sus domicilios.

 Para el resto, deberán acceder a lo que ahora se denomina borrador/renta web 2016. Dentro de esta página ya se obtendrá una liquidación. Siempre se deberá revisar que estén todos los datos, y si la liquidación es correcta, procederán a enviarla telemáticamente. Si estamos ante una declaración compleja, en la cual se han de añadir datos, el programa renta web 2016, se articulará igual que el programa padre. 

En el caso de declaración compleja, por ejemplo que tuviera una actividad económica, permitiría descargar todos los datos e incorporar aquellos que no se encuentren en poder de la administración.

 

OPCIONES PARA AQUELLOS DECLARANTES QUE DISPONGAN DE BORRADOR:

 

En primer lugar, deberán revisar que todos los datos sean correctos marcando la pestaña “validar”. En el caso de que faltara algún dato podrán añadirlo, mediante el servicio de  tramitación del Borrador/declaración (RENTA WEB) en la página de la agencia tributaria, www.agenciatributaria.es.

Si reúnen el perfil de atención telefónica podrán modificarlo llamando a la Oficina de atención al contribuyente*, 901.200.345 (de lunes a viernes de 9 a 21 horas) o también podrán pedir cita previa por internet o en  los números de teléfono 901.22.33.44 – 91.553.00.71 para que sean atendidos en las oficinas de la administración a partir del 11 de mayo.

 

OPCIONES PARA AQUELLOS DECLARANTES QUE NO DISPONGAN DE BORRADOR

 

En este caso si la agencia tributaria ha puesto a disposición los datos fiscales, y se está obligado a presentar declaración, se podrá confeccionar la declaración desde el servicio de tramitación borrador/declaración (Renta WEB) en la página de la agencia tributaria, www.agenciatributaria.es.   También se podrá realizar  telefónicamente llamando a la Oficina de atención al contribuyente siempre que cumpla los requisitos* exigidos o bien solicitar cita previa para ser atendidos en las oficinas de la agencia tributaria a partir del 11 de mayo.

 

La presentación o confirmación del borrador/declaración podrá realizarse por Internet, por teléfono*, en cualquier oficina de la agencia tributaria , en cualquier oficina de entidad de crédito que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria y  en los cajeros automáticos, bancas electrónicas….

 

Por ultimo cabe recordar que para poder entrar en el Programa RENTA WEB se deberán identificar ya sea mediante certificado, DNI electrónico, CL@vePIN o referencia.

 

(*Perfil de atención telefónica, aquellos contribuyente cuyas declaraciones se califican “rentas sencillas”, por ejemplo, no entraría una renta que tiene ganancias patrimoniales de venta de activos financieros).

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Entidades sin ánimo de lucro: Donaciones, contratos de patrocinio y convenios de colaboración

 

 

¿Donación, patrocinio o convenio? Qui lo sá.

DONACIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

 

Título III Capítulo II artículos del 17 al 24 de la Ley 49/2002: Régimen fiscal de las donaciones y aportaciones.

Los donativos, donaciones y aportaciones realizados por personas o sociedades a favor de las entidades beneficiarias del mecenazgo dan derecho a deducción en la cuota íntegra de su imposición personal, siempre que consistan en:

-Donativos o donaciones dinerarios, de bienes o derechos.

La base de deducción del impuesto personal del donante será:

-Tratándose de donativos dinerarios, su importe.

 

Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el resultado de aplicar a la base de la deducción correspondiente al conjunto de donativos, donaciones y aportaciones con derecho a deducción, determinada según lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley, la siguiente escala:

Base de deducción Importe hasta Porcentaje de deducción
150 euros 75
Resto base de deducción 30

Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la base de la deducción en favor de esa misma entidad que exceda de 150 euros, será el 35 por ciento.

 

La base de las deducciones a que se refieren los apartados 3 y 5 del artículo 68 de esta Ley, no podrá exceder para cada una de ellas del 10 por ciento de la base liquidable del contribuyente.

 

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra, minorada en las deducciones y bonificaciones previstas en los capítulos II, III y IV del Título VI de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, el 35 por 100 de la base de la deducción determinada según lo dispuesto en el artículo 18. Las cantidades correspondientes al período impositivo no deducidas podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos y sucesivos.

Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del período impositivo anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la base de la deducción en favor de esa misma entidad será el 40 por ciento.

 

La base de esta deducción no podrá exceder del 10 por 100 de la base imponible del período impositivo. Las cantidades que excedan de este límite se podrán aplicar en los períodos impositivos que concluyan en los diez años inmediatos y sucesivos.

 

Desde el punto de vista contable, el sujeto pasivo ha de registrar en su contabilidad como gasto el importe de los bienes o de las cantidades donadas, de manera que el importe contabilizado no se integrará en la base imponible dado que se corresponde dicho gasto con una liberalidad del sujeto pasivo; por lo que deberá realizarse en este caso un ajuste positivo al resultado contable al tiempo de determinar la base imponible del período impositivo en el que se efectúa la donación o aportación.

 

Para tener derecho a las deducciones correspondientes por las donaciones efectuadas, se debe acreditar la efectividad de la donación efectuada, mediante certificación expedida por la entidad beneficiaria.

CONTRATOS DE PATROCINIO/ESPONSORIZACION

 

El contrato de patrocinio se encuentra definido en el artículo 24 de la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad: “El contrato de patrocinio es aquél por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador.

 

Según Consulta Vinculante V3559-16, de 3 de agosto de 2016, de la Subdirección General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas el patrocinio de una escudería de automovilismo constituyen un gasto de publicidad realizado por la entidad interesada. Los referidos gastos no pueden ser considerados como liberalidades.

Por tanto, serán fiscalmente deducibles siempre que cumplan los requisitos en términos de inscripción contable, devengo, y justificación documental, y en la medida que no tienen la consideración de gasto fiscalmente no deducible conforme a lo establecido en el artículo 15 de la LIS.

 

El contrato de patrocinio es una prestación de servicio y está sujeta a IVA.

 

Artículo 15 Gastos no deducibles de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles

  1. e) Los donativos y liberalidades.

No se entenderán comprendidos en esta letra e) los gastos por atenciones a clientes o proveedores ni los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa ni los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios, ni los que se hallen correlacionados con los ingresos.

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL

 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

 

La Ley 49/2002 contempla el régimen fiscal aplicable a los convenios de colaboración empresarial en su artículo 25, el cual señala lo siguiente:

 

“Artículo 25 Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general

  1. Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, a los efectos previstos en esta Ley, aquel por el cual las entidades a que se refiere el artículo 16, a cambio de una ayuda económica para la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento del objeto o finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades.

La difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios de colaboración definidos en este artículo no constituye una prestación de servicios.

  1. Las cantidades satisfechas o los gastos realizados tendrán la consideración de gastos deducibles para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la entidad colaboradora o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes de los contribuyentes que operen en territorio español mediante establecimiento permanente o el rendimiento neto de la actividad económica de los contribuyentes acogidos al régimen de estimación directa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  2. El régimen fiscal aplicable a las cantidades satisfechas en cumplimiento de estos convenios de colaboración será incompatible con los demás incentivos fiscales previstos en esta Ley.

 

Los Convenios de colaboración no constituyen una prestación de servicio, por tanto no constituye hecho imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

 

Las cantidades satisfechas o los gastos realizados tendrán la consideración de gastos deducibles para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la entidad colaboradora tal como indica el apartado 2 del art.25 de la Ley 49/2002.

 

 

 

CONCLUSIÓN

 

Las donaciones no son deducibles, si bien dan derecho a practicar deducción en la cuota íntegra, mientras que los patrocinios son totalmente deducibles al no ser considerados como una liberalidad.

El contrato de patrocinio está sujeto a IVA.

Por otro lado, existen los convenios de colaboración que son totalmente deducibles en el Impuesto sobre Sociedades y además no devengan IVA.

 

 

Debemos hacer mención de la Consulta Vinculante D.G.T. de 2 de junio de 2011.Indica que en la medida en que las rentas obtenidas del contrato de patrocinio publicitario puedan encuadrarse en los convenios de colaboración en actividades de interés general a que se refiere el art.25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de las entidades fiscales del mecenazgo, debe considerarse que la citada actividad no constituye una prestación de servicios a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

 

Amalia Aparicio

Licenciada en Derecho

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

El arbitrio de plusvalía: Inconstitucional: Ganancia o pérdida.

vacas en propiedad
¿Vender el terreno? La pérdida de la actividad

Sentencia TC 16021017

Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de Febrero de 2017

La entidad mercantil Bitarte SA vendió el 22 de Enero de 2014 un bien inmueble de su propiedad sito en Irún por un importe de 600.000 euro, adquirido el 23 de Mayo de 2003 por 3.101.222 euros. Consecuencia de ello, declaró una pérdida patrimonial en el Impuesto sobre Sociedades, no obstante lo cual, el Ayuntamiento de Irún le giró una liquidación por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por 17.899 euros.

Interpuesto recurso contencioso administrativo, el Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de Donosti promovió recurso de constitucionalidad.

La norma Foral configura el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana como un tributo directo que grava el incremento de valor que experimentan dichos terrenos puesto de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título. No somete a tributación, sin embargo, ni el incremento de valor de los terrenos rústicos, ni el que pueda derivar de las construcciones. Delimitado así el hecho imponible, la cuantificación  de ese incremento de valor se realiza mediante la aplicación de un coeficiente al valor catastral del terreno en el momento del devengo. Este coeficiente determina el importe del incremento de valor sometido a tributación (base imponible del tributo) y se cuantifica multiplicando el número de años  -completos- de tenencia del terreno (con un mínimo de uno y un máximo de veinte años), contados desde la fecha de adquisición hasta la de su transmisión, por un porcentaje anual que determina cada Ayuntamiento dentro de los parámetros de la norma foral. La base imponible así calculada se somete a un tipo de tributación de hasta el 15 %.

El gravamen no se anuda sí necesariamente  a la existencia de ese incremento. sino a la mera titularidad de un terreno  durante un periodo de tiempo.

Y prosigue el Tribunal Constitucional: “Así las cosas, al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular  en su patrimonio durante un periodo de tiempo dado, soslayando, no solo aquellos supuestos en que no se haya producido este incremento, sino incluso aquellos otros en los que se haya podido producir un decremento en el valor del terreno objeto de transmisión, lejos de someter a gravamen una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica  del artículo 31 CE.”

Y añade: En definitiva, el tratamiento que los arts. 4 y 7.4 de la Norma Foral 16/1989 otorgan a los supuestos de no incremento o, incluso, de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, carece de toda justificación razonable en la medida que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados  del paso del tiempo, se están sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza en el artículo 31.1. De esta manera, los preceptos enjuiciados deben ser declarados inconstitucionales, aunque exclusivamente en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas  de capacidad económica de inexistencia de incrementos de valor.

Reproduzco enlace que ya publiqué en relación con el error de cálculo de la ganancia patrimonial:

Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos: El Tribunal Superior de Justicia de Cuenca invalida la fórmula municipal de cálculo.

Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de Febrero de 2017

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail