Declaración conjunta para las personas con discapacidad

Hay que considerar las ventajas de la declaración conjunta para las personas con discapacidad pues pueden minimizar la cuota íntegra y   acceder a una devolución de dinero importante.

Cuando lo desigual enriquece al hombre: La declaración conjunta en la renta del 2017 para las personas con discapacidad una escalera a la igualdad

La declaración conjunta en la renta del 2017 para las personas con discapacidad permite aplicar todas las deducciones de la persona o las personas con un grado de discapacidad que forman la unidad familiar.

Por otra parte    sus rendimientos no contribuyen a aumentar la base imponible, dadas las reducciones que veremos pueden hacer en los rendimientos del trabajo.

Además tienen una reducción especial por tributar de manera conjunta.

Reducción en los rendimientos del trabajo para trabajadores activos con discapacidad

De los rendimientos brutos percibidos se puede deducir la seguridad social a cargo del trabajador.

De la diferencia obtendremos el rendimiento neto.

Y de ésta  podrán deducirse con carácter general 2.000 euros.

Los trabajadores con discapacidad en activo con un grado de discapacidad entre un 33 y un 65 % podrán deducirse además 3.500 euros, pero  si su  grado de discapacidad es superior al 65 % podrán deducirse 7.750 euros.

Aún podrán aplicarse otra deducción en función del importe resultante del rendimiento neto. Si es inferior a 14.450 euros, siempre que no haya otras rentas que superen los 6.500 euros en conjunto, en cuanto a la parte del rendimiento que sea igual o inferior a 11.250 euros, podrán reducirse 3.700 euros. En cuanto a la parte por encima de 11.250 euros y por debajo de 14.450 euros , podrán deducirse la cantidad que resulte de aplicar a la diferencia entre ambas cantidades un 1,5625%.

Mínimo personal y familiar

La Ley del IRPF define el mínimo personal y familiar como aquella parte de la base liquidable que por destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del contribuyente, no se somete a tributación.

Pero la cantidad que resulte de estas cantidades, no se resta de la base imponible. A dichas cantidades se aplica la tarifa que resulta de la base liquidable general y el resultado se resta de la cuota íntegra.

Estas deducciones son las siguientes:

Deducción general: 5.550 euros

Esta deducción es la misma para la tributación individual que para la conjunta. Pero siu el contribuyente es mayor de 65 años se aumenta a 6.700 euros y si es mayor de 75 años se aumenta a 8.1oo euros.

Se incrementa para los mayores de 65 años en 1.150 euros y en los mayores de 75 años en 1.400 euros.

Deducción por descendientes

En el caso de descendientes entre 3 y 25 años, para el primero se aplica una deducción de 2.400 euros, de 2.700 euros para el segundo, de 4.000 euros para el tercero y de 4.500 euros para el cuarto. Si el descendiente es menor de 3 años la deducción se aumenta en 2.800 euros.

Para aplicar esta deducción es preciso que los descendientes convivan con el contribuyente, que sean menores de 25 años y que de percibir rentas, excluidas las exentas, sean inferiores a 8.000 euros.

Mínimo por ascendientes

Para los ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad se aplica una deducción de 1.150 euros. Si son mayores de 75 años esta deducción asciende a 1.400 euros.

Para aplicar esta deducción es preciso que los ascendientes convivan con el contribuyente al menos 6 meses al año y que tenga 65 o 75 años a 31 de Diciembre o discapacidad.

Además es preciso que no perciban rentas, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.

Mínimos por discapacidad

Son compatibles con los mínimos por contribuyente, por ascendiente y por descendiente y se acumulan a estos.

Tanto para el contribuyente, como para el ascendiente o para el descendiente, estos mínimos son:

Con discapacidad: 3.000 euros, con discapacidad igual o superior al 65 %: 9.000 euros. Si en este supuesto se precisa asistencia, la deducción adicional es de 3.000 euros.

En el caso de las personas incapacitadas judicialmente, se equipara su grado discapacidad a las del 65 %, independientemente de su grado de discapacidad, y pueden deducirse 12.000 euros.

Reducciones en la base imponible

Tributación conjunta para familias con personas con discapacidad

Este tipo de declaración puede significar dos ventajas: aplicar todas las deducciones de la persona o las personas con un grado e discapacidad, sin que sus rendimientos contribuyan a aumentar la base imponible, dadas las reducciones que hemos visto pueden hacer, minimizando la cuota íntegra y permitiendo acceder a una devolución que puede ser significativa, y pueden aplicar la reducción que corresponda por declaración conjunta: de 3.400 euros o 2.150 euros.

Es pues aconsejable siempre considerar si es favorable hacer la declaración conjunta.

Si se hace esta declaración, todos los miembros de la unidad familiar han de efectuarla.

No pueden efectuar la declaración familiar el tutor y la perdona acogida a la tutela, aunque sí se puede aplicar el mínimo por descendientes.

Reducción por tributación conjunta

La tributación conjunta es opcional y pueden aplicarla:

  1. Las unidades familiares integradas por los cónyuges no separados legalmente  y los hijos menores  y los hijos mayores de edad sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.
  2.  Las unidades familiares formadas por el padre o la madre y los hijos que conviven con uno o con otro, siempre que como en el caso anterior sean menores o se hallen incapacitados. Es el caso de matrimonios separados o de parejas de hecho.

Las parejas de hecho que tengan 2 o más hijos sólo pueden formar una unidad familiar, de un padre con todos sus hijos y el otro debe presentar declaración individual. Es aplicable a los separados legalmente, a los divorciados cuando los padre siguen conviviendo conjuntamente con los hijos.

Las unidades familiares tradicionales pueden aplicarse una reducción de 3.400 euros. Las formadas por el padre y la madre y los hijos que conviven con uno o con otro, pueden aplicarse 2.150 euros.

Reducción por contribuciones y aportaciones a sistemas de previsión social

La aportaciones a un plan de pensiones (PP) a Mutualidades de Previsión Social (MPS) o a Planes de Pensión Asegurados (PPA) producen una reducción en la base imponible igual a la aportación realizada con el límite de la menor de las siguientes cantidades: el 30 % de la suma de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas del ejercicio y 8.000 euros. Pueden aplicarse además a favor del cónyuge con el límite de 2.000 euros.

Esta reducción es aplicable en la tributación conjunta  a cada integrante de la unidad familiar.

En estos límites no se computan las aportaciones empresariales en favor del contribuyente, como promotores de planes de pensiones o aportaciones a mutualidades de previsión social como instrumentos de previsión social, que se imputan al contribuyente con un límite independiente de 5.000 euros.

El exceso de aportación que no haya podido reducirse en el ejercicio puede reducirse en los 5 ejercicios siguientes.

Reducción por aportaciones  y contribuciones a sistemas de previsión social a favor de discapacitados

La Ley permite efectuar aportaciones en favor de otras personas:

  1. Cuando el beneficiario único y irrevocable sea una persona discapacitada con un grado de disminución igual o superior al 65 %.
  2. En el caso de que tenga un grado inferior, siempre que esté incapacitada judicialmente.
  3. O cuando el beneficiario sea una persona con discapacidad psíquica igual o superior al 33 %.
  4.  Cuando se haga en favor de familiares  en línea directa o colateral hasta el tercer grado incluido: padres, abuelos, bisabuelos, nietos, biznietos, hermanos, tíos y sobrinos.
  5. Cuando se haga en favor del l cónyuge o aquellos que ejerzan la tutela o tenga acogida  a la personas con un grado de discapacidad.

Las aportaciones que realicen a un tercero con un grado de discapacidad podrán reducirlas en la base imponible con unos límites concretos, sin que afecte a las reducciones que les correspondan por las aportaciones a su propio sistema de previsión social.

Estas aportaciones puede hacerlas también en favor de sí mismas las personas que tengan un grado de discapacidad.

Los límites son de 24,250 euros para las aportaciones realizadas por la propia persona con un grado de discapacidad y de 10.000 euros para las realizadas por un tercero en su beneficio.

Si lo aportado para la persona con discapacidad y el resto de familia supera este importe, primero se reduce lo aportado por la persona con discapacidad y después, lo que queda, se reparte con prorrata entre los familiares, tutores y acogedores que han aportado.

Reducciones por aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad

Se pueden reducir de la base imponible las aportaciones efectuadas al patrimonio protegido de personas con discapacidad por parte de sus familias con un grado de parentesco hasta el tercer grado inclusive, así como el cónyuge o las personas que tengan su tutela o las tengan acogidas. Las aportaciones pueden ser dinerarias y no dinerarias.

El límite es de 24.250 euros para el conjunto de aportaciones y de 10.000 euros para cada aportante.

Todas las aportaciones al patrimonio protegido del discapacitado que sean deducibles para el aportante, son renta del trabajo para el discapacitado titular del patrimonio protegido.

Ello, siempre que su importe junto a las prestaciones en forma de renta de los sistemas de previsión social,  supere el doble del Salario mínimo interprofesional.

DEDUCCIONES

Deducciones por actuaciones necesarias en la vivienda habitual de personas con un grado de discapacidad

Siempre que se hubieran iniciado antes del 01/01/2013,  pueden ser objeto de deducción las  obras  de reforma interior o de elementos comunes de la finca en que tenga su residencia habitual el contribuyente y que sean necesarias para él, para su cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado que con él  convivan l. La vivienda puede ser arrendada. También podrán efectuar esta deducción los copropietarios de la finca en que vive la persona con un grado de discapacidad.

El límite fe la base de la deducción es de 12.080 euros anuales y el porcentaje de deducción es del 25 %.

Deducción por arrendamiento de vivienda habitual en Cataluña

Se pueden deducir de la cuota autonómicas hasta el 10 por 100, máximo 300 euros o 600 en la declaración conjunta de lo que hayan satisfecho por este concepto los contribuyentes con rentas inferiores  a 20.000 euros o a 30.000 euros en la declaración conjunta, siempre que estos pagos excedan del 10 % de sus rendimientos netos y que se de alguna de las siguientes circunstancias:

-Tener a 31 de Diciembre menos de 33 años.

-Haya estado en el paro más de 182 días.

-Tenga un grado de discapacidad igual o superior al 65 %.

-Sea viudo o viuda y tenga 65 años o más.

-Si pertenece a una familia numerosa el mínimo será de 600 euros.

Deducción por viudedad en Cataluña

Los contribuyentes que queden viudos podrán deducirse de la cuota autonómica 150 euros en el ejercicio en que queden viudos y en los dos siguientes.

Si tienen a su cargo uno o más descendientes que den derecho a aplicar el mínimo por descendientes  se deducirán 300 euros, a aplicar en los ejercicios señalados, siempre que los descendientes mantengan los requisitos necesarios para aplicar el mínimo por descendientes.

AYUDA RENTA DAFAS

La deducción por familia numerosa o por ascendientes o descendientes a cargo con discapacidad es de 1.200 euros por persona con discapacidad.

Si se tuviera derecho a la deducción respecto de varios ascendientes o descendientes con discapacidad, el citado límite se aplicará de forma independiente respecto de cada uno de ellos.

Se trata de una ayuda complementaria que permiten obtener unos ingresos complementarios al efectuar la declaración de renta.

Es preciso que la persona que se practique esta deducción cotice por 100 euros al menos cada mes.

En caso de tributación individual se prorratea la ayuda entre ambos cónyuges.

En el caso de que uno no trabaje y el otro sí, puede transferirse toda la deducción al que trabaja.

Hay pensiones que no tributan en la renta, como la pensiones de gran invalidez, pero dan derecho igualmente a percibir los 1.200 euros.

 

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Declaración de bienes situados en el extranjero: Modelo 720

Olvidó efectuar su declaración modelo 720
Olvidó efectuar su declaración modelo 720. Declaración de bienes situados en el extranjero: Modelo 720
Olvidó efectuar su declaración modelo 720

La Declaración de bienes situados en el extranjero: Modelo 720,  declaración informativa que debe presentarse el 02 de Abril de 2.018 puede ser objeto de sanciones importantes además de poder ser considerados como renta sujeta como rendimiento ordinario.

La Declaración de bienes situados en el extranjero: Modelo 720,  del ejercicio 2017 termina el próximo 02/04/2018 .  Se aplica a todo propietario de bienes en el extranjero.  Incluye las herencias yacentes. También las cuentas en coparticipación.

Información a suministrar en la Declaración de bienes situados en el extranjero: Modelo 720.

Cuentas bancarias: Tanto si son beneficiarios, como titulares o simples autorizados para disponer.

Participaciones en el capital sea a través de acciones, fondos, obligaciones o cualquier otro valor, seguros de vida o invalidez, rentistas vitalicios o temporales.

Bienes inmuebles

No existirá obligación de informar sobre ninguna cuenta

Cuando los saldos a 31 de diciembre  no superen, conjuntamente, los 50.000 €, y la misma circunstancia concurra en relación con los saldos medios del último trimestre.

La presentación de la declaración en los años sucesivos

Sólo será obligatoria cuando cualquiera de los saldos conjuntos a 31 de diciembre, o el saldo medio hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 € respecto de los que determinaron la presentación de la última declaración. Este límite cuantitativo también es de aplicación a los valores.

Graves consecuencias en caso de falta de declaración de bienes situados en el extranjero, Modelo 720.

Hay que leer con detenimiento el Artículo 39 Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El valor de los bienes no declarados puede tributar como renta ordinaria y  se les puede aplicar una sanción del 150 %, si no se puede demostrar que se originaron en un periodo prescrito o que se correspondían con rentas declaradas.

Puede consultar estos artículos  de mi blog sobre las consecuencias del incumplimiento de esta obligación de declarar y sobre los bienes que han de ser objeto de declaración

 

 

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La tributación de los escritores

¿Cuándo y cómo tributan los escritores? La imaginación produce monstruos.
La tributación de los escritores no siempre implica cotizar en la seguridad social. ¿Cuándo y cómo tributan los escritores? La imaginación produce monstruos.
¿Cuándo y cómo tributan los escritores? La imaginación produce monstruos.

La tributación de los escritores en el Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas como trabajadores por cuenta ajena por el concepto “rendimientos del trabajo” cuando ceden los derechos de explotación de su obra.  Como trabajadores por cuenta propia por el concepto de rendimiento de actividades económicas cuando la editan o la coeditan. Si no llevan a cabo habitualmente su actividad y perciben al año una cantidad inferior al salario mínimo interprofesional no están obligados a cotizar en el régimen especial de trabajadores autónomos. Dentro de estos límites es compatible su actividad con el cobro de la pensión de jubilación.

La tributación de los escritores como rendimientos del trabajo

El artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hace la siguiente definición del concepto de rendimientos del trabajo:

“Se considerarán rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas.”

Y en su apartado 2.d. incluye como rendimientos del trabajo  de los escritores: Los rendimientos derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación.

La tributación de los escritores como rendimientos de actividades económicas

Según el artículo 27 de la misma Ley son rendimientos de actividades económicas:

 “Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.”

El escritor emprende por cuenta propia la actividad de edición y promoción de su libro.

La tributación de los escritores como rendimientos del capital mobiliario

Según el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas son rendimientos del capital mobiliario:  ” las utilidades o contraprestaciones, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que provengan, directa o indirectamente, de elementos patrimoniales, bienes o derechos, cuya titularidad corresponda al contribuyente y no se hallen afectos a actividades económicas realizadas por éste.”

Y según el artículo 25.4..a. de la misma Ley quedan incluidos en este apartado, entre otros, los siguientes rendimientos, dinerarios o en especie a) Los procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor y los procedentes de la propiedad industrial que no se encuentre afecta a actividades económicas realizadas por el contribuyente.

Fuente: Todo Renta Ciss 2017 Pçagina 667  apartado 3.4.1. Rendimientos de la propiedad intelectual o industrial (art.25.4.a) ley IRPF

Se trata de rentas derivadas de los derechos que el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, reconoce a personas distintas del autor. Conforme a la jurisprudencia mayoritaria, se incluyen también entre estos derechos los procedentes del software informático, especialmente porque el Tribunal Supremo considera que el software es una creación intelectual, un producto cultural.

Por tanto son rendimientos del capital mobiliario los derechos de autor derivados de la propiedad intelectual siempre que se perciban por persona que no sea el autor, herederos, y los derivados de la propiedad industrial (patentes, marcas, modelos, creaciones publicitarias…) siempre que no se encuentren afectos a actividades económicas.

Reseñar que cuando los rendimientos de la propiedad intelectual se perdiban por el propio autor será considerado como rendimientos del trabajo en la medida en que ceda los derechos a su explotación .

Si el autor realiza una actividad que supone la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción y distribución de bienes y servicios estaríamos en presencia de un rendimiento proveniente de actividades económicas.

Sobre la coedición

¿Constituye una actividad económica?

Efectivamente, constituye una actividad económica. Si el rendimiento neto obtenido es inferior al salario mínimo interprofesional no debería darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos.   Puede ser favorable para el contribuyente declarar los rendimientos obtenidos, muy posiblemente en forma de pérdidas, para reducir otras fuentes positivas de renta: rendimientos del trabajo o rendimientos del capital inmobiliario.

Artículo 48 Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Artículo 45 Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Este hecho   aportaría la ventaja de no tener la obligación de cotizar por el régimen especial de trabajadores autónomos, ni una incompatibilidad con el cobro de la pensión por jubilación.

Impuesto sobre el valor Añadido

El artículo 20, apartado uno, número 26.º, de la   Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido determina que están exentos del Impuesto:
26.º Los servicios profesionales, incluidos aquéllos cuya contraprestación consista en derechos de autor, prestados por artistas plásticos, escritores, colaboradores literarios, gráficos y fotográficos de periódicos y revistas, compositores musicales, autores de obras teatrales y de argumento, adaptación, guión y diálogos de las obras audiovisuales, traductores y adaptadores.”
Así pues los servicios relacionados con derechos de autor de compositores musicales y responsables de arreglos musicales, artistas plásticos, escritores, colaboradores literarios y gráficos, autores de obras teatrales, guionistas…estarán exentos del impuesto sobre el valor añadido, siempre que sean prestados por personas físicas.

 

El escritor y  el régimen especial de trabajadores autónomos

La habitualidad es un requisito necesario para que exista la obligación de los escritores de cotizar en el régimen especial de trabajadores autónomos. Los Tribunales vienen estimando la superación del salario mínimo interprofesional percibido en en el año natural como indicador de la habitualidad. Así en la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Octubre de 1997 s sentó este umbral mínimo en el caso de los agentes de seguros. Hace falta que la actividad constituya un medio de vida.

Alta censal y tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

El escritor que realice una actividad económica deberá efectuar su alta censal en la AEAT y tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El escritor y la jubilación

La pensión de jubilación es compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta propia, cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional es de 10.302,6 euros.

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¿Quién debe pagar los tributos de los préstamos?

¿Quién debe pagar los tributos de los préstamos?¿Cómo tributan los préstamos?    ¿Quién debe pagar los tributos de los préstamos? La profesora Carlota Riez de Velasco expone la normativa sobre la tributación y entra de lleno en el debate abierto a raiz de la Sentencia nº 705/2015 de TS, Sala 1ª de lo Civil. 23 de Diciembre de 2.015, sobre quién debe pagar los tributos de los préstamos.

Del trabajo de la profesora de la Universidad de Cantabria, Carlota Ruiz de Velasco Punín, Doctora en Derecho Financiero y Tributario.

PRÉSTAMO CUYA DEVOLUCIÓN NO ESTÁ GARANTIZADA

Empezando por el préstamo simple, esto es, aquel cuya devolución no
está garantizada con un derecho real de garantía o con una fi anza, contando
únicamente con la garantía personal del prestatario, estará sujeto al IVA o al ITPO
dependiendo de cuál sea la condición del prestamista.

Si el préstamo lo concede un empresario o profesional en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional(normalmente será una entidad fi nanciera) estará sujeto a IVA aunque exento según el artículo 20.Uno.18º c) LIVA.

Si tal préstamo se documenta en escritura pública, ésta no resultará sometida al gravamen proporcional del IAJDya que el acto o contrato no es inscribible en registro alguno de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 TRLITPyAJD.

Cuando el préstamo es concedido por un particular estará sujeto al ITPO aunque también exento en virtud del artículo 45.I B) 15 TRLITPyAJD.

Y si se formaliza en escritura pública, tampoco tiene lugar el gravamen por la cuota proporcional del IAJD, no sólo por fallar el requisito dela inscribibilidad, sino también porque al estar sujeto el préstamo a la modalidadde ITPO ésta resulta incompatible con la modalidad de cuota gradual del IAJD.

PRÉSTAMO CUYA DEVOLUCIÓN ESTÁ GARANTIZADA
Por lo que se refiere al préstamo garantizado, y centrándonos en los supuestos
en que la garantía aportada consiste en la constitución de un derecho real de
hipoteca (préstamo hipotecario), al igual que sucede con el préstamo simple su
sujeción al IVA o al ITPO dependerá de la condición del prestamista.

Cuando el préstamo hipotecario es concedido por un particular, y suponiendo que también lo sea el prestatario,

En principio existirían dos hechos imponibles sometidos al ITPO: por una parte, la constitución del préstamo y, por otra, la constitución del derecho real de garantía (artículo 7.1 B TRLITPyAJD en ambos casos). Sin embargo, el legislador no ha querido que tributen ambos actos por separado sino que ,teniendo en cuenta el carácter accesorio de la garantía, ordena omitir la tributación de esta última y que la operación tribute exclusivamente en concepto de préstamo, que, como ya se ha dicho, está exento. Señala en este sentido el artículo 15.1 TRLITPyAJD que «la constitución de las fianzas y de los derechos de hipoteca,prenda y anticresis, en garantía de un préstamo, tributarán exclusivamente por el concepto de préstamo».

La escritura pública en la que necesariamente debe formalizarse el préstamo hipotecario,

A pesar de cumplir ahora el requisito de acceso al registro, no da lugar al devengo de la cuota gradual del IAJD al ser incompatible con el ITPO al que está sujeto, aunque exento, el préstamo (cfr. consultaDGT núm. 1101-97, de 2 de junio).

Si el préstamo hipotecario lo concede un empresario o profesional, situación que será la más frecuente, resultará sujeto al IVA y exento según el artículo 20.Uno.18º LIVA. Centrándonos en los supuestos que son objeto de la STS de 23 de diciembrede 2015, esto es,

Cuando la garantía la constituye un particular no empresario,

Partimos de la premisa de que la hipoteca tampoco tributa por ITPO en virtud delo dispuesto en el artículo 15 TRLITPyAJD, aun cuando el préstamo esté sujeto al IVA (Simón Acosta, 1989: 494-495).

Por lo que respecta a la escritura pública en la que se documenta el préstamo, al cumplirse todos los requisitos establecidos en el artículo 31.2 TRLITPyAJD, tributará por la cuota variable del IAJD. En efecto, se trata de una primera copia de escritura pública que tiene por objeto cosa valuable; el préstamo hipotecario es inscribible en el Registro de la Propiedad (en este caso además de forma obligatoria al tener dicha inscripción carácter constitutivo);y,  finalmente, el préstamo hipotecario se encuentro sujeto a un impuesto, el IVA, que es compatible con la cuota variable del IAJD.
Se ha discutido, además, si la exención de los préstamos comprendida en el artículo
45.I.B) 15 TRLITPyAJD alcanza también al gravamen proporcional del IAJD
que, como decimos, recae sobre la escritura de formalización de un préstamo
hipotecario sujeto al IVA. La doctrina ha defendido la aplicación de dicha exención
al gravamen proporcional del IAJD sobre la base de un triple argumento: La literalidad del precepto, el contexto normativo en el que el mismo se inserta y su finalidad (Villarín Lagos, 2008: 825-828; Iglesias Canle, 1999: 90-97).

Por lo que se refiere a argumento literal, el precepto declara exentos “los préstamos, cualquiera que sea la forma en que se instrumenten”, queriendo indicarse con ello que la exención se extiende también al IAJD, ya sea en la modalidad de documentos
mercantiles o en el gravamen proporcional de documentos notariales. Es decir, si
la exención únicamente se hubiera querido ceñir al ITPO, no hubiera sido necesaria
la alusión a la forma de documentación, ya que el préstamo, por sí mismo,
no necesita de ninguna formalidad para su perfeccionamiento, a diferencia de
lo que sucede con el préstamo hipotecario.

En segundo lugar, el artículo 45 se ubica dentro del Título IV “Disposiciones comunes” de modo que las exenciones comprendidas en el mismo afectan a cualquiera de las tres modalidades impositivas reguladas en el Texto Refundido, sin necesidad de que se indique a qué modalidades del tributo se aplica cada exención. 3.

Por último, la exención comentada, cuyo origen se encuentra en la Ley del IVA del año 1985, debe analizarse a la luz de la ratio legis del precepto que no es otra que la de dar cumplimiento al objetivo comunitario de gravar únicamente la economía real y no la economía financiera. De acuerdo con ello, las operaciones financieras no pueden resultar gravadas por ningún tributo, lo cual no afecta sólo al IVA o al ITPO, sino también a cualquier otro impuesto que resulte compatible con el IVA, tal como sucede con el gravamen proporcional sobre documentos notariales del IAJD que nos ocupa.

Sin embargo, el Tribunal Supremo no lo ha entendido así y ha considerado que
los préstamos hipotecarios tributan sin exención por la cuota variable del IAJD
(cfr. SSTS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 20 de enero de 2006 y de 16
de julio de 2012).
En defi nitiva, solo tributará por el gravamen proporcional del IAJD la escritura de
constitución de un préstamo hipotecario cuando éste se encuentre sujeto al IVA
por ser el prestamista un empresario o profesional en el ejercicio de su actividad,
siendo aquí donde se plantea la controversia acerca de quién ostenta la condición
de sujeto pasivo del referido IAJD: ¿el prestamista o el prestatario?

Según la Sentencia nº 705/2015 del Tribunal Supremo, Sala 1ª de lo Civil, de 23 de Diciembre de 2.015, en respuesta al recurso de casación contra Sentencia nº 242/2013 de la Audiencia Provincial de Madrid, promovido por BBVA esgrime que son de cuenta de la parte prestataria todos los tributos y otros gastos.
La sala responde que en lo que que respecta a los tributos que gravan el préstamo hipotecario el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados dispone que estará obligado al pago del impuesto a título de contribuyente y cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las partes en contrario: en las transmisiones de bienes y derechos de toda clase, el que los adquiere (letra a); y en la constitución de derechos reales,aquel a cuyo favor se realice este acto (letra c), aclarando que, en la constitución de préstamos de cualquier naturaleza, el obligado será el prestatario (letra d). Por otro lado el artículo 15.1 del Texto Refundido señala que la constitución de fianzas, prendas y anticresis, en garantía de un préstamo, tributarán exclusivamente, a los efectos de transmisiones patrimoniales, por el concepto de préstamo. Pero el artículo 27.1 de la misma norma sujeta al impuesto de actos jurídicos documentados los documentos notariales, indicando el artículo 28 que será sujeto pasivo del impuesto el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan.
De tal manera que la entidad prestamista no queda al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos socumentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho y, en todo caso, la expedición de las copias, actas y testimonios que interese y que, a través de la cláusula litigiosa, carga indebidamente sobre la otra parte contratante. En su virtud, tanto porque contraviene normas que en determinados aspectos tienen carácter imperativo, como porque infringe el artículo 89.3 c) del TRLGCU, que considera como abusivala estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en que el sujeto pasivo es el empresario, la declaración de nulidad efectuada por la Audiencia es plenamente ajustada a Derecho.

No obstante, la profesora Carlota Ruiz de Velasco discrepa de la sentencia y opina que el obligado al pago es el prestatario, aunque considera por diferentes razones que no es una cuestión zanjada.

Y discrepa porque: “La Sala de lo Civil del TS ha errado en su pronunciamiento , pues no sólo no tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 68  RITPYAJD, que atribuye la condición de sujeto pasivo al prestatario, sino que además ignoró el criterio que tradicionalmente ha venido manteniendo la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS y que, sin embargo, el Juzgado de Oviedo sí tuvo en consideración e incorporó a su Sentencia de 9 de Diciembre de 2.016.

La Sala de lo Civil del TS en su Sentencia considera que siendo el negocio jurídico principal el préstamo y el accesorio la garantía, el sujeto pasivo habrá de ser el beneficiario y adquirente del préstamo, esto es, el prestatario, en cuyo interés se realiza la escritura.

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Iva y las subvenciones: Modificación por la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre

iva y las subvencionesEl iva y las subvenciones desde hace tiempo plantean problemas a las entidades beneficiadas por éstas.

Hasta el 01 de Enero de 1.998 y el 06 de Octubre de 2.005 las subvenciones se incluían en el denominador de la prorrata.
Esto cambia con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea de 06/10/2005 y con la Ley 3/2006 de 29 de Marzo. Sólo se incluyen en el denominador de la prorrata las subvenciones vinculadas directamente al precio.
Desafortunadamente esta Sentencia no cerró todas las cuestiones acerca del tratamiento de las subvenciones en el Iva.
Ante la pérdida de recaudación que suponía la no consideración de las subvenciones en la prorrata la Administración Tributaria amplió el concepto de subvenciones directamente vinculadas al precio como integrante de la base imponible.
Según la Resolución del TEAC las subvenciones son la contraprestación a un presunto contrato de prestación de servicios entre la Administración y el ente subvencionado, el precio del cual es la propia subvención.

El concepto de subvención vinculada al precio en la doctrina comunitaria

La existencia de tres partes
El simple hecho de que una subvención pueda influir en el precio de los bienes entregados o de los servicios prestados por el organismo subvencionado no basta para que dicha subvención esté sujeta a Iva.
En efecto, “para que una subvención esté vinculada directamente al precio (…) es necesario además (…) que se abone al organismo subvencionado con el fin de que realice específicamente una entrega de bienes o una prestación de servicios determinados”. (Sentencia del TJUE de 22/11/2001)

 

La subvención ha de incidir en el precio

Como ya dijimos en nuestro artículo anterior,  para que la subvención se incluya en el denominador de la prorrata ha de estar vinculada al precio.

 

Es necesario que el precio que paga el adquirente o el destinatario se determine de forma tal que disminuya en proporción a la subvención concedida al vendedor del bien o al prestador del servicio, caso en el que la subvención constituye un elemento determinante del precio exigido por éstos. Obviamente, “el órgano jurisdiccional deberá examinar si, objetivamente, el hecho de que se abone una subvención al vendedor o al prestador le permite vender el bien o prestar el servicio por un precio inferior al que tendría que exigir si no existiese la subvención.” Sentencia del TJUE de 22/11/2001)

Como consecuencia de la subvención se puede producir una distorsión de la competencia.

Caso de los forrajes
“No se ha demostrado que el régimen de ayuda sea un régimen de promoción del consumo ya que no pretende incentivar la compra por parte de terceros de forraje desecado a través de precios que, gracias a la ayuda, sean inferiores a los precios del mercado mundial.”
Lo “que pretende dicho régimen es permitir que los terceros se abastezcan dentro de la Comunidad a un precio comparable al precio de mercado mundial, del que podrían en todo caso abastecerse fuera de la Comunidad si, no existiendo dicha ayuda, la oferta en el interior de la misma no existiese o fuera insuficiente.” (Sentencia del TJUE de 15 de Julio de 2004)

Esto exige la existencia de un mercado comparable con el cual valorar la distorsión de la competencia

Caso de las viviendas de protección oficial
“no se cumple el requisito señalado en la letra b del apartado anterior (…)(incidencia de la subvención en el precio de la operación) puesto que el precio de las operaciones, tratándose de viviendas protegidas, está tasado de antemano con arreglo a los precios máximos fijados por la Administración y no se ve alterado por la concesión de la subvención, de tal manera que la citada magnitud viene dada por circunstancias ajenas a la voluntad de cualquiera de las partes intervenientes en su concesión.”
(Resolución de la DGT V0794-11 de 28 de Marzo de 2011).

Con la excusa de una Sentencia del TSJUE DE 27 DE marzo DE 2.014, asunto La Rayon d´or, se produjo con efectos 1 de Enero de 2.015 una modificación legislativa por la cual no se consideraban subvenciones no vinculadas al precio los importes pagados por un tercero como contraprestación, debiendo formar parte de la base imponible.

Según Faura-Casas en “A vueltas con el iva y las subvenciones

En concreto, la sentencia de referencia, relativa a la reclamación judicial efectuada por una residencia de gente mayor al estado francés, “Le Rayon d’OR”, establece que un pago a tanto alzado, como es el pago por la atención a los residentes, constituye, según el TJUE, la contrapartida de las prestaciones de atención llevadas a cabo a título oneroso por una residencia para personas mayores, en beneficio de sus residentes y, en este concepto, está incluido el ámbito de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El hecho que la compensación económica se fije, no en función de prestaciones individuales, sino a tanto alzado y sobre una base global que cubra los gastos de funcionamiento no puede, a criterio del TJUE, afectar al vínculo existente entre la prestación de servicios realizada y la contrapartida recibida.

La interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la UE, ha sido ya incorporada a la jurisprudencia interna en varias resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que considera que se incluirán en la base imponible, es decir, se considerarán operaciones sujetas al IVA, las subvenciones o transferencias percibidas por los sujetos pasivos cuando exista un vínculo directo entre la prestación de servicio y la contrapartida obtenida, y que para reconocer este vínculo no es necesario que el beneficiario directo de la prestación sea el destinatario del servicio ni que la contraprestación se vincule a prestaciones de servicio individualizado, como es el caso de las subvenciones vinculadas a precio.
Este criterio, emanado de la jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea, pero consolidado en el estado español tanto por la jurisprudencia interior, como por la modificación legislativa, a partir del 1 de enero de 2015, puede comportar un incremento significativo en el coste final de la prestación de determinados servicios públicos, como, el transporte de viajeros o los servicios culturales, así como otras actividades de interés general, como por ejemplo, la investigación.

De hecho, últimamente se vienen produciendo actuaciones de la Agencia Tributaria en las que sostiene que determinadas transferencias recibidas de las administraciones públicas por operadores y prestadores de los servicios indicados, tendrían que haber sido consideradas como parte integrante de la base imponible del IVA a repercutir por las mismas.

Concepto de subvención vinculada al precio en la doctrina comunitaria.
Dos ejemplos concretos:
El transporte público: mercado monopolístico.
La cultura: mercado libre sin distorsión en la competencia

Se produce la existencia de un presunto contrato de servicios entre la Administración Pública y el ente beneficiario de la subvención, el precio del cual es la propia subvención.
Pero se ha de ver la subvención como una acción de fomento. La finalidad de la subvención y el precio o contraprestación son dos cuestiones diferentes.
Así se entiende la subvención para servicios públicos deficitarios. La compensación económica es un mecanismo para restablecer el equilibrio económico, como el presupuesto de hecho de un cofinanciamiento de los servicios a través de tributos y tarifas (o precio).

La Ley de Contratos Públicos
Claves para entender la reforma: ¿Por qué la Ley dice lo que dice?
Según apuntes de Antonio Durán-Sindreu Buxadé para Aedaf

La Ley 9/2017 de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24 UE de 26 de Febrero de 2014.
Esta Ley trata de solucionar:
-El financiamiento de los servicios públicos.
-Las subvenciones para el fomento de la cultura.
-Las subvenciones destinadas a I+D+I
-Las subvenciones a las televisiones públicas.
El preámbulo de la Ley:
“Se hace necesario excluir desde la entrada en vigor de esta modificación normativa, de la consideración de subvenciones vinculadas al precio de las operaciones que constituyen la base imponible de las operaciones sujetas al iva, aquellas aportaciones financieras que las Administraciones Públicas realizan al operador de determinados servicios de competencia pública, cuando no existe distorsión de la competencia, generalmente porque al tratarse de actividades financiadas total o parcialmente por la Administración no se prestan en régimen de libre concurrencia, como por ejemplo, los servicios de transporte comercial, o determinadas actividades culturales financiadas con estas aportaciones.Estas aportaciones financieras que no constituyen subvenciones vinculadas al precio de las operaciones no limitarán el derecho a la deducción del impuesto soportado por estos operadores..”

“Con independencia de lo anterior, parece razonable excluir del concepto de subvención vinculada al precio las aportaciones efectuadas por las Administración Pública para financiar actividades de carácter general cuyo destinatario es el conjunto de la sociedad, al no existir un destinatario identificable ni tampoco usuarios que satisfagan contraprestación alguna. Este sería el caso de aportaciones efectuadas para financiar actividades de investigación, desarrollo e innovación de servicios de radiodifusión pública, en las condiciones señaladas, sin perjuicio de las consecuencias que se puedan derivar en cuanto al ejercicio del derecho a la deducción.”

Claves de la reforma

Se mantienen las subvenciones vinculadas directamente al precio como concepto a incluir en la base imponible.
(Artículo 78, apartado Dos, número 3)

“Se considerarán vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto las subvenciones establecidas en función del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la operación.”

Se precisa el concepto de subvenciones vinculadas al precio, exceptuando algunos supuestos:
(Artículo 78, apartado Dos, número 3)
No obstante, no se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación a que se refiere el apartado Uno del presente artículo, las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones Públicas realicen para financiar:

Precisiones a tener en consideración

Primera
No se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación,
las aportaciones dinerarias,
sea cual sea su denominación,
realizadas por las Administraciones Públicas
para financiar las gestión de servicios públicos
con independencia de cual sea su forma de gestión,
siempre que no exista una distorsión significativa de la competencia La acción de de fomento de la cultura en los que no exista una distorsión significativa de la competencia.

Segunda
No se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones Públicas realicen como acción de fomento de la cultura. siempre que no exista una distorsión significativa de la competencia.

Tercera
No se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones Públicas realicen para financiar actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean identificables y no satisfagan contraprestación alguna.

Cuarta
Nueva redacción del Apartado 5 del artículo 93 de la Ley del Iva

“(…) Lo previsto en este apartado no será de aplicación a las actividades de gestión de servicios públicos en las condiciones señaladas en la letra a) del artículo 78.Dos.3º de esta Ley.

Dicho artículo dentro del apartado de requisitos para la deducción, se refiere a la deducción del iva soportado por los sujetos pasivos que realizan operaciones sujetas y no sujetas.

Entrada en vigor
Disposición final Décimo sexta
La presente Ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, la letra a) del apartado 4 del artículo 159 y la letra d) del apartado 2 del artículo 32, lo harán a los diez meses de la citada publicación; y los artículos 328 a 334, así como la disposición final décima, que lo harán al día siguiente de la referida publicación.

El tercer párrafo del apartado 1 del artículo 150 entrará en vigor en el momento en que lo haga la disposición reglamentaria a la que se refiere el mismo.

Esta Ley no tiene efectos retroactivos. Veamos su preámbulo:

“Por otra parte, se hace necesario excluir desde la entrada en vigor de esta modificación normativa, de la consideración de subvenciones vinculadas al precio de las operaciones que constituyen la base imponible de las operaciones sujetas al IVA, aquellas aportaciones financieras que las Administraciones Públicas realizan al operador de determinados servicios de competencia pública cuando no existe distorsión de la competencia, generalmente porque al tratarse de actividades financiadas total o parcialmente por la Administración no se prestan en régimen de libre concurrencia, como por ejemplo, los servicios de transporte municipal o, determinadas actividades culturales financiadas con estas aportaciones.

Estas aportaciones financieras que no constituyen subvenciones vinculadas al precio de las operaciones no limitarán el derecho a la deducción del Impuesto soportado por estos operadores.”
Así será preciso distinguir entre las subvenciones concedidas hasta el 9 de Noviembre de 2017 y las concedidas con posterioridad: 10/11/2017.

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Inconstitucionalidad y nulidad parcial del arbitrio de plusvalía

Las casas flotantes no están sujetas al Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos
Inconstitucionalidad y nulidad parcial del arbitrio de plusvalía
¿Tiene el agua consideración de terreno?

La Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, que resuelve una cuestión de constitucionalidad sobre el arbitrio de plusvalía, declara la inconstitucionalidad y nulidad parcial del arbitrio de plusvalía: de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales, en cuanto impiden a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una minusvaloración en el momento de la transmisión de inmuebles, sometiendo por tanto a tributación manifestaciones de riqueza inexistentes o ficticias, y ello es contrario al principio constitucional de capacidad económica.
Según esta Sentencia corresponde al legislador indicar la forma de determinar la existencia o no de un incremento sometido a tributación, en su libertad de configuración normativa, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto.
La declaración de nulidad produce un vacío normativo. Mientras no se produzca la reforma legislativa pertinente, que restablezca la constitucionalidad de estos artículos y permita conocer la eventual retroactividad que establezca y el régimen transitorio, ni Administraciones ni Tribunales se pronunciarán acerca de la resolución de los diferentes tipos de recursos presentados.

Artículo 107 Base imponible

1. La base imponible del arbitrio de plusvalía está constituida por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana , puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.

Número 1 del artículo 107 declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor por Sentencia TC (Pleno) 59/2017 de 11 de mayo («B.O.E.» 15 junio).

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

Letra a) del número 2 del artículo 107 declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor por Sentencia TC (Pleno) 59/2017 de 11 de mayo («B.O.E.» 15 junio).

Artículo 110 Gestión tributaria del impuesto

4. Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, el ayuntamiento correspondiente sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.

Número 4 del artículo 110 declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor por Sentencia TC (Pleno) 59/2017 de 11 de mayo («B.O.E.» 15 junio).

Reproduzco al respecto un párrafo de la SSTC 26/2017, FJ3 Y 37/2017,FJ3, al que alude la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017.

Enjuiciando aquella regulación foral consideramos que los preceptos cuestionados fingen, sin admitir prueba en contrario, que por el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal, (entre uno y veinte años), se revela, en todo caso, un incremento de valor, y, por tanto, una capacidad económica susceptible de imposición, impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir, no de cualquier manera, sino exclusivamente de acuerdo con su capacidad económica: (artículo 31.1 CE) De esta manera al establecer el legislador que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de transmisión de todo terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio dado un intervalo temporal dado, soslayando los momentos en que no se haya producido este incremento, lejos de someter a tributación una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio capacidad económica del citado artículo 31.1 CE de ha convertido lo que podía ser un efecto aislado –

Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 de 11 de Mayo de 2017
003 STC 59.2017

Informe del Consejo Tributario del Ayuntamiento de Barcelona
013 Nota prensa Ayunt. BCN

La suspensión de los procedimientos tributarios
A los efectos de no perjudicar a los contribuyentes hasta que no se pronuncie el legislador en los términos previstos en la Sentencia del Tribunal Constitucional, el Consejo Tributario aconseja al Ayuntamiento iniciar un incidente de adopción de una medida provisional de suspensión en todos los procedimientos de aplicación y de revisión de los tributos, cuando el obligado tributario invoque con fundamento la inexistencia de un incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana sujeto al impuesto.

Procedimiento de rectificación de autoliquidaciones
Este procedimiento se inicia mediante solicitud a la que se deben acompañar todos los documentos y justificantes que fundamenten la pretensión del obligado tributario. En un periodo de 6 meses ha de dictarse una resolución expresa. Si esto no sucede se entiende desestimada la pretensión del obligado tributario que debe asistir a la vía del recurso para hacer valer su derecho.
El Ayuntamiento debe informar al obligado de su imposibilidad de resolver su preten, sión con las consecuencias que puede acarrear el silencio negativo, silencio que permite el recurso administrativo y el contencioso administrativo.

Procedimiento de comprobación
Tiene un término de duración de 6 meses desde su inicio. Si no se dicta resolución expresa o se producen las otras formas de terminación de acuerdo con el artículo 104.4 de la LGT procede la caducidad, y se enervan los efectos asociados al inicio del procedimiento. Particularmente la enervación de los efectos interruptivos de la prescripción pueden provocar situaciones de indefensión tanto para el obligado como para la Administración. Si se produce la precripción, los contribuyentes que han cumplido con sus deberes de autoliquidación e ingreso no podrán solicitar la rectificación de su autoliquidación, y al contrario, aquellos que no hubieran cumplido con su obligación se verían liberados.
De existir autoliquidación y regularización por causa distinta a no haber realizado el hecho imponible, se liquidará el impuesto con los intereses de demora y la notificación de inicio del procedimiento sancionador.

Procedimiento de inspección
El final de este procedimiento es un acto de gravamen y en el caso de no dictar resolución en el plazo señalado de 18 meses, procede declarar la caducidad. De producirse se eliminarán los efectos de su inicio: la interrupción de la prescripción, pero el procedimiento sigue hasta dictarse resolución expresa.

Procedimiento de revisión
Se puede producir la suspensión como en el resto de procedimientos.

Devolución de ingresos indebidosEs trascendental la Sentencia del Tribunal Constitucional dado que el obligado tributario puede solicitar la devolución de lo ingresado. Se trata pues de que el obligado solicite la rectificación de la autoliquidación.

Devoluciones de ingresos efectuadas en base a un acto administrativo firme
La vía es la revisión especial de los actos administrativos que incluye la nulidad de pleno derecho, la revocación y la corrección de errores materiales, aritméticos o de hecho.
Tres son los procedimientos a través de los cuales se puede producir la devolución de ingresos en base a un acto firme:
Nulidad de pleno derecho
En aquellos supuestos en que los actos lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio, que tengan un contenido imposible, que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta, que se hayan dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de voluntad de los órganos colegiados y los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos para su adquisición.
Revocación
Este procedimiento solamente se inicia de oficio. Puede instarlo el obligado. Es la vía más idónea para causar el menor perjuicio, y sólo en el caso de que le fuera favorable debería iniciarse de oficio.
Corrección de errores materiales y de hecho
Ha de tratarse de cuestiones de hecho que no impliquen interpretación de normas jurídicas. Por ello no es aplicable en la solicitud de devolución de ingresos fundamentada en la no sujeción al arbitrio, pues es una cuestión de derecho.

Recurso de alzada
En el Ayuntamiento de Barcelona es preciso interponer el recurso de alzada que agota la vía previa al recurso contencioso administrativo.

Decreto Foral-Norma 2/2017 de 28 de Marzo, por el que se modifica el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Este Decreto Foral modifica la regulación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana para el caso que no exista un incremento de valor, pero no exime de la obligación de presentar declaración.
Con respecto a liquidaciones firmes de este impuesto correspondiente a devengos anteriores al 25 de marzo de 2017, no procederán rectificaciones, restituciones o devoluciones y continuarán hasta su completa terminación los procedimientos recaudatorios relacionados con las mismas y se exigirán íntegramente las deudas tributarias aplazadas o fraccionadas.
Caso contrario es el de las liquidaciones del impuesto practicadas a partir del 25 de marzo de 2017, correspondientes a devengos anteriores a esta fecha, al igual que las liquidaciones recurridas en reposición pendientes de resolución a 25 de marzo de 2017.
Dice así mismo que el Tribunal Económico Administrativo Foral y los Tribunales Económico Administrativos municipales remitirán a los Ayuntamientos correspondientes los expedientes administrativos pendientes de resolución relaticos al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza urbana referidos a devengos anteriores 25 de marzo de 2017 para que practiquen, en su caso, nuevas liquidaciones.
Real Decreto Foral Norma 2/2017 de 28 de Marzo
D Foral-Norma 2-2F2017 de 28 Mar. Gipuzkoa (modific.._ (002)

Decreto Foral Normativo 3/2017 de 20 de Junio, por el que se modifica la norma Foral 8/1989 de 30 de Junio relativa al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza urbana .
Este Decreto Foral también regula de forma similar para Bizcaia el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
DF Normativo 32F2017 de 20 Jun. Bizkaia (modifica._ (002)

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Responsabilidad de los coherederos

Responsabilidad de los coherederos
Efecto interruptivo de la prescripción con la notificación al coheredero

En principio todos los herederos deben responder de las obligaciones del fallecido con carácter solidario. En consecuencia, la Hacienda Pública acreedora, puede exigir a cualquiera de sus herederos la totalidad del importe de la obligación tributaria. No obstante esto debe ser matizado por la distinción entre la aceptación pura y simple de la herencia y la aceptación a beneficio de inventario. En el primer supuesto opera la aplicación del artículo 1003 del Código Civil que señala que: “Por la aceptación pura y simple o sin beneficio de inventario, quedará el heredero responsable de todas las cargas de la herencia, no sólo con los bienes de ésta, sino también con los suyos propios.
Pero esto es así hasta el momento de la división de la herencia. Hasta este momento los coherederos responden solidariamente de la totalidad de la deuda si no han aceptado la herencia a beneficio de inventario.
Los acreedores pues, entre los que se halla la Hacienda Pública, pueden dirigirse a cualquiera de los coherederos reclamando al elegido la totalidad de la deuda.
Pero a partir de la división la responsabilidad de los coherederos es mancomunada. Cada uno de ellos responde de las deudas con la parte de la herencia que le ha sido adjudicada y en consecuencia la prescripción, su cómputo, opera de forma individual para cada uno de ellos.
Adjunto la consulta de la DGT de 3 de Septiembre de 2008 que concluye con la existencia de una responsabilidad solidaria con anterioridad a la aceptación de la herencia.
http://www.asesoriayempresas.es/doctrinaadministrativa/JURIDICO/103181/consulta-dgt-de-3-de-septiembre-de-2008-lgt-division-entre-herederos-contribuyentes-responsab

Consultar en nuestro blog: la prescripción en el impuesto sobre sucesiones.

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Administradores de sociedades: aspectos fiscales.

Objetivo la luna: aquí mayor Tom, reducir costes fiscales
Tributación de los administradores
Objetivo la luna: aquí mayor Tom, reducir costes fiscales

La tributación de los Administradores de sociedades mercantiles depende de la forma en que pueden ser retribuidos:  por su cargo de Administrador, por el desempeño de funciones ejecutivas y también por el desempeño de funciones de carácter laboral. Las funciones que ejercen los Administradores pueden ser conceptuadas como rendimiento de actividades económicas y estar sujetas al impuesto sobre el valor añadido.

Deducibilidad de las retribuciones

Según la Ley de sociedades de capital el cargo de administrador de una sociedad mercantil es gratuito salvo que los estatutos establezcan lo contrario. En este caso los estatutos deberán precisar los conceptos retributivos: una asignación fija, un sistema de ahorro previsión, dietas de asistencia, participación en beneficios, retribución variable, participación en acciones, indemnización por cese…
El importe máximo de la remuneración anual para el conjunto de administradores deberá ser fijado en la Junta General y estará vigente hasta que no se apruebe su modificación.
Cuando el administrador de una sociedad mercantil perciba retribuciones variables, como indemnizaciones por cese, la Junta General deberá indicar previamente los parámetros.
La retribución de cada administrador se fijará por acuerdo de los administradores o del consejo de administración.
Un problema de fondo importante en la retribución de los administradores de las sociedades mercantiles se halla en las sociedades cotizadas, precisándose en las sociedades cerradas un marco flexible.
La retribución de los Administradores de las sociedades mercantiles puede darse por el desempeño del cargo de Administrador y por el desempeño adicional de funciones ejecutivas que se pueden atribuir al ser nombrado consejero delegado o por otro título. Para su retribución como consejero delegado la sociedad está obligada a suscribir un contrato en que se fije su retribución para el ejercicio de estas funciones ejecutivas, y ello con independencia de lo dispuesto en los estatutos o lo acordado por la Junta General para la remuneración de los administradores en su condición de tales. Dicho contrato deberá ser aprobado por el Consejo de Administración.
Así pues se admite una dualidad de regímenes jurídicos de retribución de los administradores de sociedades mercantiles , uno contractual y uno estatutario. El sistema contractual permite que las retribuciones sean fijadas exclusivamente por el Consejo de Administración sin necesidad de previsión estatutaria ni intervención de la junta de socios.

ASPECTOS FISCALES: CONDICIONES PARA DEDUCIR EL GASTO DE LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES MERCANTILES
Si los estatutos sociales no establecen un sistema determinado de retribución, se presume que su cargo es gratuito. En este caso, cualquier cantidad que perciban tiene la consideración de liberalidad o donación y no resulta deducible en el impuesto sobre sociedades.
Pero en caso de percibir el Administrador una retribución estatutaria como consecuencia de su cargo de Administrador, ésta supone un gasto deducible.

La DGT mediante mediante informe de 12/11/2009 resuelve:“De acuerdo con los fundamentos anteriores, los gastos representativos de las retribuciones a los administradores de sociedades mercantiles, tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible en la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con la ley vigente regulada en el texto refundido del impuesto sobre sociedades, cuando los estatutos establezcan el carácter remunerado del cargo, aunque no se cumpliera escrupulosamente con todos y cada uno de los requisitos,que, para cada tipo de retribución, establece la normativa mercantil.”

La resolución de 6 de Febrero de 2014 del Tribunal Económico Administrativo Central en unificación de la doctrina se pronuncia estableciendo que :”sólo es compatible la relación de carácter laboral especial de alta dirección con la de carácter mercantil del cargo de administrador de una sociedad mercantil cuando las funciones que se realizan por razón de la primera son distintas de las que se llevan a cabo por razón del último cargo y se trate de una actividad específica diversa; en otro caso ambas relaciones son incompatibles, debiendo prevalecer la calificación mercantil y sólo podrá percibir remuneraciones por dicha función cuando esté previsto en los Estatutos.”

Además la Dirección General de Tributos en consulta V0441 14 estipula que “en el caso de que se satisfaga una retribución al administrador de una sociedad merantil por el desempeño de tareas productivas o profesionales: auxiliares administrativos, contables, agentes comerciales y personal de almacén, tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible del período siempre que se cumplan los principios de inscripción contable, correlación de ingresos y gastos, imputación con arreglo al devengo y justificación documental y siempre que se valoren a valor de mercado.”

En la consulta V1613 15 de 26 de Mayo de 2015, en la que se resuelve una cuestión acerca de la deducibilidad de la remuneración del trabajo realizado por un ingeniero en una sociedad mercantil en la que posee el 12,5% del capital social y de la que es miembro del Consejo de Administración, aunque dicho cargo es gratuito, y todas las retribuciones percibidas son satisfechas por el trabajo realizado como ingeniero, se manifiesta de la misma manera en el sentido que las retribuciones que percibe como ingeniero serán fiscalmente deducibles siempre que cumplan los requisitos legalmente establecidos.

Calificación de las retribuciones de los administradores de sociedades mercantiles

Conforme al artículo 17.2 de la Ley del IRPF las retribuciones de los Administradores de sociedades mercantiles son rendimientos del trabajo. La retención que soportarán será del 35 % y del 19 % en el caso de empresas con una cifra de negocios inferior a 100.000 euros.

Pero si el Administrador realiza otras actividades diferentes y es socio de la sociedad y la actividad de dicha sociedad es profesional estas retribuciones se calificarán como rendimientos de actividades económicas, siempre que esté dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de la seguridad social, debiendo tenerse en cuenta que dentro del concepto de actividades profesionales se incluyen las consideradas como tales en la tarifa del Impuesto sobre Actividades Económicas. La actividad realizada por el socio debe ser la misma que la que constituye el objeto social de la entidad. Es preciso además que no se den las notas de dependencia y ajeneidad, y de darse, sus rendimientos serían del trabajo. De tratarse de rendimientos de actividades económicas la retención a practicar sería del 15 %.

Hasta aquí vemos que los Administradores pueden percibir su retribución en el IRF como tales  o por la realización de una actividad empresarial y en este caso percibir sus retribuciones como rendimientos de actividades económicas.

Pero la Consulta Vinculante que se puede visualizar al final de este párrafo se refiere a la consideración de estos rendimientos como del trabajo, siéndoles por tanto de aplicación la escala de tributación de este tipo de rendimientos.

En el caso de una sociedad civil compuesta por dos socios personas físicas y dedicada a la explotación de un gimnasio dice la consulta que las actividades que constituyen el objeto de la sociedad civil y que los socios desarrollan, no tienen la naturaleza de actividades profesionales en los términos establecidos en el párrafo tercero del artículo 27.1 de la LIRPF, que dice: “No obstante, tratándose de rendimientos obtenidos por el contribuyente procedentes de una entidad en cuyo capital participe derivados de la realización de actividades incluidas en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, tendrán esta consideración cuando el contribuyente esté incluido, a tal efecto, en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, o en una mutualidad de previsión social que actúe como alternativa al citado régimen especial conforme a lo previsto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.”

Teniendo en cuenta lo anterior, con independencia de la naturaleza laboral o no que une a los socios con la sociedad y del régimen de afiliación a la seguridad social que corresponde a los socios, debe considerarse que los rendimientos satisfechos s éstos por el desarrollo de las actividades empresariales que constituyen el objeto de la sociedad tendrán la naturaleza de rendimientos del trabajo de los establecidos con carácter general en el artículo 17.1 de la LIRPF, al no concurrir en aquellos los requisitos establecidos en los dos primeros párrafos del artículo 27.1 de la LIRPF.

CV 1776-17 Retribución Administradores

Tributación de las retribuciones de los administradores de sociedades mercantiles en el impuesto sobre el valor añadido
Están sujetas a iva las actividades realizadas por cuenta propia, mientras que el trabajo realizado por cuenta ajena no está sujeto a la tributación en el impuesto sobre el valor añadido.
El artículo 10 de la Directiva 2006/112 CE hace referencia a la calificación de la relación de un socio como de subordinación o independencia, y exige un análisis de las condiciones de trabajo, la remuneración y la responsabilidad.
No existe subordinación cuando el socio se procura y organiza él mismo los medios personales y materiales para el ejercicio de su actividad. Por tanto, la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido requiere la intervención del socio en el ejercicio de su actividad a través de la ordenación de medios propios. Por el contrario, cuando los medios principales sean titularidad de la sociedad, existe la presunción de la exclusión del socio del ámbito de aplicación del impuesto. Hay pues que ver si el socio es libre de organizar su actividad eligiendo sus colaboradores, sus vacaciones y su estructura de trabajo.
Se puede presumir que el riesgo económico recae en el socio cuando su prestación se determine en función de su porcentaje de los beneficios de la entidad o en función de las prestaciones efectivamente realizadas por él mismo.
Se ha de tener en cuenta la independencia entre el iva y el IRPF. Así pues la sujeción al iva no depende de que los rendimientos hayan sido calificados en el IRPF como del trabajo o de actividades económicas.
Elaboración sobre:
http://www.aedaf.es/plataforma/baf/baf_2016_01_T_retribucion-de-administradores.pdf

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Personas con discapacidad: IRPF 2.016 consejos para no pagar más.

Personas con discapacidad: IRPF 2.016
Personas con discapacidad: IRPF 2.016
Personas con discapacidad: IRPF 2.016

Como una maduración de lo que se dijo en la presentación de la guía útil IRPF 2016, hecha el pasado martes 25 de Abril de 2017por  Taller Escola la Barcelona, bajo el título: “Especial familias con personas con discapacidad Intelectual“, exposición realizada por su director financiero, señor Artur Feijo y con la asistencia de un gran número de padres y madres de los socios cooperaivistas, Ada García Vazquez y yo, que asistimos en representación de Coma i Roig Assessors,  os ofrecemos un resumen de aquellas cuestiones que creemos más importantes:

Pensamos que hay dos cuestiones importantes a tener en cuenta al efectuar la declaración de  las personas con discapacidad.

Y son las siguientes:
¿Cómo deben efectuar su declaración del Impuesto sobre la Renta las personas  con discapacidad: en forma conjunta con sus padres o en forma individual? Y, si presentan su declaración de forma individual o no la presentan, sus padres tienen derecho a practicar las deducciones por hijos a su cargo?

Vamos por la primera cuestión:

Podrán declarar conjuntamente con sus padres las personas con discapacidad:

Si  son menores de 18 años, o   siendo mayores de esta edad,  han sido declarados incapaces judicialmente con la patria potestad prorrogada o rehabilitada. (El Código Civil establece que la patria potestad, sobre los hijos que hubieran sido incapacitados, quedará prorrogado, por ministerio de la ley, al llegar aquéllos a la mayoría de edad. La patria potestad prorrogada “”rehabilitada”” que se ejerce sobre hijos mayores solteros, que viviendo en su compañía son declarados incapaces,…)

Si conviven  con sus padres,  aunque se admiten algunas excepciones,  como la del hijo que depende del contribuyente pero está interno en un centro especializado, o la del hijo que se ausenta de forma esporádica de la vivienda durante periodos lectivos del curso escolar.

Si perciben  rentas anuales netas, excluidas las rentas exentas, no superiores a 8.000 euros,  la declaración conjunta puede resultar beneficiosa porque:

Posiblemente  los ingresos que las personas con discapacidad  aporten a la  unidad familiar sean nulos, pues de los rendimientos del trabajo pueden deducir diversos gastos que veremos a continuación.

Y que en consecuencia,  las deducciones que  correspondan a las personas con discapacidad por el mínimo personal, por descendientes y por discapacidad resulten de aplicación a otra parte de la base imponible, la de sus padres.

Y así pues estas deducciones puedan traducirse en una devolución del Impuesto sobre la Renta.

Si las personas con discapacidad perciben rendimientos netos superiores a 8.000 euros, sus padres no podrán practicar en su declaración las deducciones que les corresponden al efectuar la declaración conjunta con su hijo por el concepto de descendientes a su cargo.

Y en este supuesto podría ser  conveniente que la persona con discapacidad realizara su declaración individualmente o que no la efectuara.

De efectuar  la familia de  la persona con discapacidad  la declaración conjunta existe la deducción de 3.400 euros y de 2.150 en el supuesto de tratarse de una familia monoparental.

De optar por la declaración conjunta: las personas con discapacidad con sus padres, todas ellas deberán efectuar la declaración conjunta.

Vamos por la segunda  cuestión:

 

En el caso de no poder efectuar la declaración de forma conjunta por ser las personas con discapacidad mayores de 18 años y en este caso no estar incapacitados judicialmente, no obstante, los padres podrán efectuar en su declaración las deducciones que les correspondan por descendientes a su cargo, y en el caso que estos sean personas con discapacidad,  las deducciones que le correspondan a estos, siempre que:

  1. Tengan menos de 25 años a 31 de diciembre o ser discapacitado judicialmente con patria potestad prorrogada o rehabilitada.
  2. Convivir con el ascendiente, aunque se admiten algunas excepciones como la del hijo que depende del contribuyente pero esta interno en un centro especializado, o la del hijo que se ausenta de forma esporádica de la vivienda durante periodos lectivos del curso escolar.
  3. Tener rentas anuales netas, excluidas las rentas exentas, no superiores a 8.000 euros.
  4. Declarar no mas de 1.800 euros de rentas, si presentan declaración individual, no obstante, este limite se puede superar sin que los padres pierdan la posibilidad de aplicar el mínimo, cuando el descendiente presenta declaración conjunta con ellos.

Como ya hemos explicado anteriormente, para efectuar declaración conjunta con sus padres, las personas con discapacidad deben percibir rendimientos netos inferiores a 8.000 euros.

Para calcular los rendimientos netos, las personas con discapacidad deben deducirse de los rendimientos del trabajo:

Reducción en los rendimientos del trabajo para personas  con discapacidad 

Con carácter general 2.000 euros

Dicha cantidad se incrementa en 3500 euros para personas  con un grado des discapacidad entre un 33 y un 65 %.

Y para aquellos trabajadores que acrediten la ayuda de una tercera persona, movilidad reducida o un grado de discapacidad superior al 65 % o bien con una discapacidad reconocida judicialmente, cualquiera que sea su grado de discapacidad, dicha cantidad se incrementa en 7.750 euros.

Reducciones cuando el rendimiento neto del trabajo  sea igual o inferior a 14,450 euros

Si el rendimiento neto es igual o inferior a 11.250 euros: 3.700 euros.

Si el rendimiento neto es superior a 11.250 euros, pero igual o inferior a 14.250 euros, deberá efectuarse el siguiente cálculo:

3.700 euros – (Rendimiento neto – 11.250) X 1,5625

Las deducciones que podrán aplicarse los padres de las personas con discapacidad en la declaración conjunta  con sus hijos o sin ellos por descendientes a cargo por los conceptos de mínimo personal y familiar,  son las siguientes:

Mínimo personal y familiar 

Estas reducciones no  se restan del conjunto de los ingresos. Sobre la suma de todas ellas se aplica   la escala de gravamen  que les corresponda y la cifra resultante se deduce de la cuota a pagar.

Mínimo personal

General: 5.550 euros

Mayores de 65 años: 1.150 euros.

Mayores de 75 años:1.400 euros.

Mínimo por descendientes entre 3 y 25 años

Primero: 2.400 euros.

Segundo: 2.700 euros.

Tercero: 4.000 euros.

Cuarto: 4.500 euros

Si es menor de 3 años se aumenta en 2.800 euros.

Mínimo por ascendientes

Mayor de 65 años o con discapacidad: 1.150 euros.

Mayor de 75 años: 1.150 euros más 1.400 euros.

Mínimo por discapacidad

Con discapacidad: 3.000 euros.

Con discapacidad igual o superior al 65 %: 9.000 euros.

Con discapacidad igual o superior al 65 % más gastos de asistencia, se incrementan los 9.000 euros en 3.000.

Mínimo por discapacidad en ascendientes o descendientes

Con discapacidad: 3.000 euros.

Con discapacidad igual o superior al 65 %: 9.000 euros.

Con discapacidad igual o superior al 65 % más gastos de asistencia, se incrementan los 9.000 euros en 3.000.

 

La ayuda a la renta DAFAS (deducción por familia números o por ascendientes y descendientes a cargo con discapacidad) supone una ayuda de 1.200 euros para persona con discapacidad a cargo.

 

Los requisitos para acogerse a esta deducción, son los mismos que para la aplicación de los mínimos por descendientes:

 

  • Que el descendiente tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
  • Que el descendiente con discapacidad conviva con el contribuyente.
  • Que el descendiente con discapacidad no supere los 8.000 euros netos anuales.
  • Que el descendiente no presente declaración de IRPF con rentas superiores a 1.800 euros.

 

Además los beneficiarios de esta deducción deberán realizar una actividad por la que se cotice a la Seguridad Social o mutualidad alternativa o bien ser pensionistas.

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Subvenciones: sujeción al iva: cuando se vinculan al precio

 

 El concepto de “subvención vinculada al precio” ha generado desde los orígenes de la Directiva comunitaria numerosas controversias a la hora de delimitarlo y de diferenciarlo de prestaciones análogas, como pueden ser las subvenciones a la explotación o las indemnizaciones. La Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido considera que pueden constituir una contraprestación de  servicios y por, tanto, pueden formar parte de la base imponible de sus operaciones y quedan sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.

“Artículo 78 LIVA. Base Imponible de las operaciones.

Uno. Contraprestación de la operación sujeta a IVA procedente del destinatario o de terceras personas.

Dos. Forman parte base imponible:

3º Las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones, considerando como tales aquellas establecidas en función del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la operación.

Tres. No forman parte base imponible
4º Las subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones, no considerándose como tales, los importes pagados por un tercero en contraprestación a dichas operaciones.”

 

No obstante, esta doctrina ha quedado superada por la más reciente jurisprudencia del TJUE a la que se refiere expresamente la Consulta Vinculante V2263-16 DGT. En concreto:

  • La Sentencia de 27 de marzo de 2014, Le Rayon d’Or SARL, Asunto C-151/13, que interpreta nuevamente el artículo 11.A.1.a) de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, Sexta Directiva del IVA y el artículo 73 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo.

 

  • La sentencia del TJUE de 29 de octubre de 2015 Saudaçor, recaída en el asunto C-174/14.

 

Lo relevante para el establecimiento de la inclusión o no en la base imponible del Impuesto de las subvenciones percibidas está en la consideración de que:

 

  • Las operaciones se realicen como consecuencia de la percepción de estas cantidades, subvenciones.
  • Estas cantidades constituyan en todo o en parte la contraprestación de las operaciones sujetas al Impuesto, con independencia de que se sean abonadas por un tercero.
  • Siempre que pueda identificarse la existencia del necesario vínculo existente entre la prestación de servicios llevada a cabo y la contrapartida recibida
  • Incluso si su importe se determina a priori y la compensación deba ser ajustada debido a un cambio de circunstancias que determinen insuficiente el importe para la realización de las operaciones.

Es necesario distinguir dos supuestos según las operaciones se efectúen a favor de terceros o a favor de la Administración Pública concedente:

 

Subvenciones percibidas de la Administración Púbica vinculadas al precio de las operaciones efectuadas a favor de terceros.

 

  • Quedarán sujetas a IVA de las operaciones y formaran parte de la base imponible las cantidades percibidas de una Administración Pública siempre que pueda establecerse un vínculo directo entre las cantidades percibidas por el empresario o profesional y las operaciones efectuadas a favor de terceros.
  • No formarán parte de la base imponible de las operaciones las cantidades percibidas para financiar directamente inversiones del inmovilizado, otras subvenciones de capital

 

 

Subvenciones que constituyen la contraprestación de operaciones efectuadas a favor de la Administración Pública concedente.

 

  • Cuando un empresario o profesional reciba subvenciones de una Administración Pública deberá analizarse la existencia de un vínculo directo entre las cantidades efectivamente percibidas y las operaciones efectuadas, en su caso, a favor de la Administración Pública.
  • No formarán parte de la base imponible de las operaciones las cantidades percibidas en concepto de indemnizaciones por daños y perjuicios
  • No estarán sujetas a IVA las cantidades percibidas de una Administración Pública que retribuyan prestaciones de servicios efectuadas en virtud de encomiendas de gestión o cuando el perceptor dependa de la Administración Pública en los términos establecidos en el artículo 7.8º de la Ley 37/1992.
  • Por
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