Deducción de iva soportado por las comunidades de propietarios

Deducción de iva soportado por las comunidades de propietarios
Los empresarios pueden deducir el iva soportado por la Comunidad de Propietarios

Los propietarios de  elementos comunitarios dedicados a una  actividad empresarial, pueden efectuar la Deducción de iva soportado por las comunidades de propietarios a las que pertenecen, mediante la presentación de la factura expedida a nombre de la Comunidad y en función de su coeficiente de propiedad.

La factura justificante necesario para efectuar la Deducción de iva soportado por las comunidades de propietarios

El justificante exigido por la normativa fiscal, artículo 106.4 de la Ley General Tributaria es la factura al establecer que “Los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen, cuando estén originados por operaciones realizadas por empresarios o profesionales, deberán justificarse, de forma prioritaria, mediante la factura entregada por el empresario o profesional que haya realizado la correspondiente operación o mediante el documento sustitutivo emitido con ocasión de su realización que cumplan en ambos supuestos los requisitos señalados en la normativa tributaria.

Para la DGT para efectuar la Deducción de iva soportado por las comunidades de propietarios es preciso que en la factura conste la parte de iva deducible para cada propietario.

En el ámbito del IVA la DGT parece aceptar la deducibilidad del IVA que no ha sido soportado por repercusión directa, en el supuesto de que el IVA se repercuta a la comunidad de propietarios y no al comunero directamente, siempre que se cumplan otros requisitos. Así, en concreto, nos remitimos a las consultas vinculantes nº V0933-09 y V1096-10, mediante las cuales se pregunta sobre la posibilidad de que un miembro de la comunidad de propietarios  pueda deducirse la parte proporcional de las cuotas soportadas que le corresponda, relativas a los gastos incurridos por la comunidad   y, en su caso, si la comunidad de propietarios tiene la obligación de expedir factura a los comuneros por los servicios comunes. Pues bien, la respuesta de la DGT es la siguiente:

“Si en las facturas que documentan las operaciones de entregas de bienes y prestaciones de servicios cuya destinataria sea la comunidad de propietarios (comunidad de vecinos) se consigna, en forma distinta y separada, la porción de base imponible y cuota repercutida a cada uno de los citados propietarios, éstos podrán deducir el Impuesto que les ha sido repercutido, siempre que se trate de empresarios o profesionales y se cumplan los demás requisitos para efectuar la deducción, de conformidad con los art. 92 y sgtes Ley 37/1992.

Según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europeas

Pero de considerarse  los criterios establecidos por la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, los miembros de una comunidad de propietarios que por si misma no tiene la condición de empresario o profesional, pero que que sí tienen  dicha condición algunos propietarios en su calidad de arrendadores de locales de negocio , podrán deducir las cuotas soportadas por las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas a través de la citada comunidad de propietarios, para lo cual deberán estar en posesión de un duplicado de la factura expedida a nombre de aquélla, aunque en la misma no consten los porcentajes de base imponible y cuota tributaria que les correspondan en función de su participación en la comunidad. Dichos porcentajes podrán acreditarse mediante otro tipo de documentos (escritura de división horizontal y obra nueva, estatutos de la comunidad, etc.).

Esta alternativa, excepcional, y que trae su causa de la jurisprudencia comunitaria, únicamente se considera ajustada a derecho en la medida en que la comunidad que aparece como destinataria en la factura no tiene la condición de empresario o profesional, de forma que no cabe, en ninguna medida ni cuantía, la deducción por ésta de las cuotas que soporta, por lo que no hay posibilidad alguna de fraude, evasión o abuso”.

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Contrato de arrendamiento de habitaciones, de vivienda y de arrendamiento turístico

Contrato de arrendamiento de habitaciones
Contrato de arrendamiento de habitaciones
Tenía una habitación propia

El Contrato de arrendamiento de habitaciones no es un contrato de arrendamiento turístico. No es en principio un contrato de arrendamiento de vivienda y puede ser calificado como un contrato para uso distinto de vivienda, como contrato de temporada.

A diferencia de los Los contratos de arrendamiento turístico, el contrato de arrendamiento de habitaciones no requiere una autorización para llevarse a cabo.

En Barcelona   no se autoriza en determinadas zonas de la ciudad el arrendamiento turístico y  existe un registro de los arrendamientos turísticos  que han sido autorizados.

El contrato de arrendamiento de habitaciones y el contrato de arrendamiento de vivienda

Uno de los elementos que define el contrato de arrendamiento de vivienda es que el arrendatario disponga de todos los servicios: cocina, salón comedor, sala de estar, aseo…

La Constitución, la Ley de Arrendamientos Urbanos y los tribunales protegen al arrendatario de viviendas, pues se trata de un derecho reconocido en la constitución española. Se está fraguando una nueva ley de arrendamientos urbanos que al parecer alargará el plazo del arrendamiento por encima de los tres años actuales.

En caso de conflicto en la determinación de la norma aplicable a un contrato de arrendamiento,  los Tribunales considerarán la verdadera naturaleza del contrato por encima de los pactos que hayan alcanzado el arrendador y el arrendatario.

El contrato de arrendamiento de habitaciones y el contrato de arrendamiento turístico

Actualmente en la ciudad de Barcelona el Plan Especial Urbanístico para la Ordenación de los establecimientos de Alojamiento Turístico, Albergues de Juventud, Residencias colectivas de alojamiento Temporal y Viviendas de Uso Turístico (PEUAT) es la normativa de aplicación.

Las viviendas de uso turístico son viviendas cedidas por su propietario, directamente o indirectamente, a terceros, de manera reiterada y a cambio de contraprestación económica, para una estancia de temporada, en condiciones de inmediata disponibilidad y con las características establecidas por el Decreto 159/2012 de 20 de noviembre.

La vivienda debe cederse entera y cumplir las condiciones siguientes:

  • Disponer de la cédula de habitabilidad y satisfacer en todo momento las condiciones técnicas y de calidad exigibles a las viviendas en general.
  • No puede ser ocupada con más plazas que las indicadas en la cédula.
  • Debe estar suficientemente amueblada y dotada de los aparatos y enseres necesarios para su ocupación inmediata, y en perfecto estado de higiene.

Las viviendas de uso turístico requieren la correspondiente comunicación previa de inicio de actividad al ayuntamiento competente.

Las prohibiciones o las restricciones de uso que por vía de la legislación local imponen  las autoridades municipales o de la Comunidad, aunque están recurridas ante los Tribunales, son legales y en este momento aplicables.

Las Comunidades de Propietarios frente al contrato de arrendamiento turístico

Las Comunidades de Propietarios pueden prohibir el desarrollo de este tipo de arrendamientos con el voto favorable de las 4/5 partes de coeficientes y de propietarios. Pero no pueden prohibir ni aquellos arrendamientos que ya se llevaban a cabo con anterioridad a la prohibición, ni la expectativa de arrendamiento turístico de aquellos propietarios que adquirieron su vivienda sin que se hallara prohibido el arrendamiento turístico y que el momento de la votación hicieron constar su desacuerdo.

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Declaración conjunta para las personas con discapacidad

Hay que considerar las ventajas de la declaración conjunta para las personas con discapacidad pues pueden minimizar la cuota íntegra y   acceder a una devolución de dinero importante.

Cuando lo desigual enriquece al hombre: La declaración conjunta en la renta del 2017 para las personas con discapacidad una escalera a la igualdad

La declaración conjunta en la renta del 2017 para las personas con discapacidad permite aplicar todas las deducciones de la persona o las personas con un grado de discapacidad que forman la unidad familiar.

Por otra parte    sus rendimientos no contribuyen a aumentar la base imponible, dadas las reducciones que veremos pueden hacer en los rendimientos del trabajo.

Además tienen una reducción especial por tributar de manera conjunta.

Reducción en los rendimientos del trabajo para trabajadores activos con discapacidad

De los rendimientos brutos percibidos se puede deducir la seguridad social a cargo del trabajador.

De la diferencia obtendremos el rendimiento neto.

Y de ésta  podrán deducirse con carácter general 2.000 euros.

Los trabajadores con discapacidad en activo con un grado de discapacidad entre un 33 y un 65 % podrán deducirse además 3.500 euros, pero  si su  grado de discapacidad es superior al 65 % podrán deducirse 7.750 euros.

Aún podrán aplicarse otra deducción en función del importe resultante del rendimiento neto. Si es inferior a 14.450 euros, siempre que no haya otras rentas que superen los 6.500 euros en conjunto, en cuanto a la parte del rendimiento que sea igual o inferior a 11.250 euros, podrán reducirse 3.700 euros. En cuanto a la parte por encima de 11.250 euros y por debajo de 14.450 euros , podrán deducirse la cantidad que resulte de aplicar a la diferencia entre ambas cantidades un 1,5625%.

Mínimo personal y familiar

La Ley del IRPF define el mínimo personal y familiar como aquella parte de la base liquidable que por destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del contribuyente, no se somete a tributación.

Pero la cantidad que resulte de estas cantidades, no se resta de la base imponible. A dichas cantidades se aplica la tarifa que resulta de la base liquidable general y el resultado se resta de la cuota íntegra.

Estas deducciones son las siguientes:

Deducción general: 5.550 euros

Esta deducción es la misma para la tributación individual que para la conjunta. Pero siu el contribuyente es mayor de 65 años se aumenta a 6.700 euros y si es mayor de 75 años se aumenta a 8.1oo euros.

Se incrementa para los mayores de 65 años en 1.150 euros y en los mayores de 75 años en 1.400 euros.

Deducción por descendientes

En el caso de descendientes entre 3 y 25 años, para el primero se aplica una deducción de 2.400 euros, de 2.700 euros para el segundo, de 4.000 euros para el tercero y de 4.500 euros para el cuarto. Si el descendiente es menor de 3 años la deducción se aumenta en 2.800 euros.

Para aplicar esta deducción es preciso que los descendientes convivan con el contribuyente, que sean menores de 25 años y que de percibir rentas, excluidas las exentas, sean inferiores a 8.000 euros.

Mínimo por ascendientes

Para los ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad se aplica una deducción de 1.150 euros. Si son mayores de 75 años esta deducción asciende a 1.400 euros.

Para aplicar esta deducción es preciso que los ascendientes convivan con el contribuyente al menos 6 meses al año y que tenga 65 o 75 años a 31 de Diciembre o discapacidad.

Además es preciso que no perciban rentas, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.

Mínimos por discapacidad

Son compatibles con los mínimos por contribuyente, por ascendiente y por descendiente y se acumulan a estos.

Tanto para el contribuyente, como para el ascendiente o para el descendiente, estos mínimos son:

Con discapacidad: 3.000 euros, con discapacidad igual o superior al 65 %: 9.000 euros. Si en este supuesto se precisa asistencia, la deducción adicional es de 3.000 euros.

En el caso de las personas incapacitadas judicialmente, se equipara su grado discapacidad a las del 65 %, independientemente de su grado de discapacidad, y pueden deducirse 12.000 euros.

Reducciones en la base imponible

Tributación conjunta para familias con personas con discapacidad

Este tipo de declaración puede significar dos ventajas: aplicar todas las deducciones de la persona o las personas con un grado e discapacidad, sin que sus rendimientos contribuyan a aumentar la base imponible, dadas las reducciones que hemos visto pueden hacer, minimizando la cuota íntegra y permitiendo acceder a una devolución que puede ser significativa, y pueden aplicar la reducción que corresponda por declaración conjunta: de 3.400 euros o 2.150 euros.

Es pues aconsejable siempre considerar si es favorable hacer la declaración conjunta.

Si se hace esta declaración, todos los miembros de la unidad familiar han de efectuarla.

No pueden efectuar la declaración familiar el tutor y la perdona acogida a la tutela, aunque sí se puede aplicar el mínimo por descendientes.

Reducción por tributación conjunta

La tributación conjunta es opcional y pueden aplicarla:

  1. Las unidades familiares integradas por los cónyuges no separados legalmente  y los hijos menores  y los hijos mayores de edad sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.
  2.  Las unidades familiares formadas por el padre o la madre y los hijos que conviven con uno o con otro, siempre que como en el caso anterior sean menores o se hallen incapacitados. Es el caso de matrimonios separados o de parejas de hecho.

Las parejas de hecho que tengan 2 o más hijos sólo pueden formar una unidad familiar, de un padre con todos sus hijos y el otro debe presentar declaración individual. Es aplicable a los separados legalmente, a los divorciados cuando los padre siguen conviviendo conjuntamente con los hijos.

Las unidades familiares tradicionales pueden aplicarse una reducción de 3.400 euros. Las formadas por el padre y la madre y los hijos que conviven con uno o con otro, pueden aplicarse 2.150 euros.

Reducción por contribuciones y aportaciones a sistemas de previsión social

La aportaciones a un plan de pensiones (PP) a Mutualidades de Previsión Social (MPS) o a Planes de Pensión Asegurados (PPA) producen una reducción en la base imponible igual a la aportación realizada con el límite de la menor de las siguientes cantidades: el 30 % de la suma de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas del ejercicio y 8.000 euros. Pueden aplicarse además a favor del cónyuge con el límite de 2.000 euros.

Esta reducción es aplicable en la tributación conjunta  a cada integrante de la unidad familiar.

En estos límites no se computan las aportaciones empresariales en favor del contribuyente, como promotores de planes de pensiones o aportaciones a mutualidades de previsión social como instrumentos de previsión social, que se imputan al contribuyente con un límite independiente de 5.000 euros.

El exceso de aportación que no haya podido reducirse en el ejercicio puede reducirse en los 5 ejercicios siguientes.

Reducción por aportaciones  y contribuciones a sistemas de previsión social a favor de discapacitados

La Ley permite efectuar aportaciones en favor de otras personas:

  1. Cuando el beneficiario único y irrevocable sea una persona discapacitada con un grado de disminución igual o superior al 65 %.
  2. En el caso de que tenga un grado inferior, siempre que esté incapacitada judicialmente.
  3. O cuando el beneficiario sea una persona con discapacidad psíquica igual o superior al 33 %.
  4.  Cuando se haga en favor de familiares  en línea directa o colateral hasta el tercer grado incluido: padres, abuelos, bisabuelos, nietos, biznietos, hermanos, tíos y sobrinos.
  5. Cuando se haga en favor del l cónyuge o aquellos que ejerzan la tutela o tenga acogida  a la personas con un grado de discapacidad.

Las aportaciones que realicen a un tercero con un grado de discapacidad podrán reducirlas en la base imponible con unos límites concretos, sin que afecte a las reducciones que les correspondan por las aportaciones a su propio sistema de previsión social.

Estas aportaciones puede hacerlas también en favor de sí mismas las personas que tengan un grado de discapacidad.

Los límites son de 24,250 euros para las aportaciones realizadas por la propia persona con un grado de discapacidad y de 10.000 euros para las realizadas por un tercero en su beneficio.

Si lo aportado para la persona con discapacidad y el resto de familia supera este importe, primero se reduce lo aportado por la persona con discapacidad y después, lo que queda, se reparte con prorrata entre los familiares, tutores y acogedores que han aportado.

Reducciones por aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad

Se pueden reducir de la base imponible las aportaciones efectuadas al patrimonio protegido de personas con discapacidad por parte de sus familias con un grado de parentesco hasta el tercer grado inclusive, así como el cónyuge o las personas que tengan su tutela o las tengan acogidas. Las aportaciones pueden ser dinerarias y no dinerarias.

El límite es de 24.250 euros para el conjunto de aportaciones y de 10.000 euros para cada aportante.

Todas las aportaciones al patrimonio protegido del discapacitado que sean deducibles para el aportante, son renta del trabajo para el discapacitado titular del patrimonio protegido.

Ello, siempre que su importe junto a las prestaciones en forma de renta de los sistemas de previsión social,  supere el doble del Salario mínimo interprofesional.

DEDUCCIONES

Deducciones por actuaciones necesarias en la vivienda habitual de personas con un grado de discapacidad

Siempre que se hubieran iniciado antes del 01/01/2013,  pueden ser objeto de deducción las  obras  de reforma interior o de elementos comunes de la finca en que tenga su residencia habitual el contribuyente y que sean necesarias para él, para su cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado que con él  convivan l. La vivienda puede ser arrendada. También podrán efectuar esta deducción los copropietarios de la finca en que vive la persona con un grado de discapacidad.

El límite fe la base de la deducción es de 12.080 euros anuales y el porcentaje de deducción es del 25 %.

Deducción por arrendamiento de vivienda habitual en Cataluña

Se pueden deducir de la cuota autonómicas hasta el 10 por 100, máximo 300 euros o 600 en la declaración conjunta de lo que hayan satisfecho por este concepto los contribuyentes con rentas inferiores  a 20.000 euros o a 30.000 euros en la declaración conjunta, siempre que estos pagos excedan del 10 % de sus rendimientos netos y que se de alguna de las siguientes circunstancias:

-Tener a 31 de Diciembre menos de 33 años.

-Haya estado en el paro más de 182 días.

-Tenga un grado de discapacidad igual o superior al 65 %.

-Sea viudo o viuda y tenga 65 años o más.

-Si pertenece a una familia numerosa el mínimo será de 600 euros.

Deducción por viudedad en Cataluña

Los contribuyentes que queden viudos podrán deducirse de la cuota autonómica 150 euros en el ejercicio en que queden viudos y en los dos siguientes.

Si tienen a su cargo uno o más descendientes que den derecho a aplicar el mínimo por descendientes  se deducirán 300 euros, a aplicar en los ejercicios señalados, siempre que los descendientes mantengan los requisitos necesarios para aplicar el mínimo por descendientes.

AYUDA RENTA DAFAS

La deducción por familia numerosa o por ascendientes o descendientes a cargo con discapacidad es de 1.200 euros por persona con discapacidad.

Si se tuviera derecho a la deducción respecto de varios ascendientes o descendientes con discapacidad, el citado límite se aplicará de forma independiente respecto de cada uno de ellos.

Se trata de una ayuda complementaria que permiten obtener unos ingresos complementarios al efectuar la declaración de renta.

Es preciso que la persona que se practique esta deducción cotice por 100 euros al menos cada mes.

En caso de tributación individual se prorratea la ayuda entre ambos cónyuges.

En el caso de que uno no trabaje y el otro sí, puede transferirse toda la deducción al que trabaja.

Hay pensiones que no tributan en la renta, como la pensiones de gran invalidez, pero dan derecho igualmente a percibir los 1.200 euros.

 

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Declaración de bienes situados en el extranjero: Modelo 720

Olvidó efectuar su declaración modelo 720
Olvidó efectuar su declaración modelo 720. Declaración de bienes situados en el extranjero: Modelo 720
Olvidó efectuar su declaración modelo 720

La Declaración de bienes situados en el extranjero: Modelo 720,  declaración informativa que debe presentarse el 02 de Abril de 2.018 puede ser objeto de sanciones importantes además de poder ser considerados como renta sujeta como rendimiento ordinario.

La Declaración de bienes situados en el extranjero: Modelo 720,  del ejercicio 2017 termina el próximo 02/04/2018 .  Se aplica a todo propietario de bienes en el extranjero.  Incluye las herencias yacentes. También las cuentas en coparticipación.

Información a suministrar en la Declaración de bienes situados en el extranjero: Modelo 720.

Cuentas bancarias: Tanto si son beneficiarios, como titulares o simples autorizados para disponer.

Participaciones en el capital sea a través de acciones, fondos, obligaciones o cualquier otro valor, seguros de vida o invalidez, rentistas vitalicios o temporales.

Bienes inmuebles

No existirá obligación de informar sobre ninguna cuenta

Cuando los saldos a 31 de diciembre  no superen, conjuntamente, los 50.000 €, y la misma circunstancia concurra en relación con los saldos medios del último trimestre.

La presentación de la declaración en los años sucesivos

Sólo será obligatoria cuando cualquiera de los saldos conjuntos a 31 de diciembre, o el saldo medio hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 € respecto de los que determinaron la presentación de la última declaración. Este límite cuantitativo también es de aplicación a los valores.

Graves consecuencias en caso de falta de declaración de bienes situados en el extranjero, Modelo 720.

Hay que leer con detenimiento el Artículo 39 Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El valor de los bienes no declarados puede tributar como renta ordinaria y  se les puede aplicar una sanción del 150 %, si no se puede demostrar que se originaron en un periodo prescrito o que se correspondían con rentas declaradas.

Puede consultar estos artículos  de mi blog sobre las consecuencias del incumplimiento de esta obligación de declarar y sobre los bienes que han de ser objeto de declaración

 

 

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La tributación de los escritores

¿Cuándo y cómo tributan los escritores? La imaginación produce monstruos.
La tributación de los escritores no siempre implica cotizar en la seguridad social. ¿Cuándo y cómo tributan los escritores? La imaginación produce monstruos.
¿Cuándo y cómo tributan los escritores? La imaginación produce monstruos.

La tributación de los escritores en el Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas como trabajadores por cuenta ajena por el concepto “rendimientos del trabajo” cuando ceden los derechos de explotación de su obra.  Como trabajadores por cuenta propia por el concepto de rendimiento de actividades económicas cuando la editan o la coeditan. Si no llevan a cabo habitualmente su actividad y perciben al año una cantidad inferior al salario mínimo interprofesional no están obligados a cotizar en el régimen especial de trabajadores autónomos. Dentro de estos límites es compatible su actividad con el cobro de la pensión de jubilación.

La tributación de los escritores como rendimientos del trabajo

El artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hace la siguiente definición del concepto de rendimientos del trabajo:

“Se considerarán rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas.”

Y en su apartado 2.d. incluye como rendimientos del trabajo  de los escritores: Los rendimientos derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación.

La tributación de los escritores como rendimientos de actividades económicas

Según el artículo 27 de la misma Ley son rendimientos de actividades económicas:

 “Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.”

El escritor emprende por cuenta propia la actividad de edición y promoción de su libro.

La tributación de los escritores como rendimientos del capital mobiliario

Según el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas son rendimientos del capital mobiliario:  ” las utilidades o contraprestaciones, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que provengan, directa o indirectamente, de elementos patrimoniales, bienes o derechos, cuya titularidad corresponda al contribuyente y no se hallen afectos a actividades económicas realizadas por éste.”

Y según el artículo 25.4..a. de la misma Ley quedan incluidos en este apartado, entre otros, los siguientes rendimientos, dinerarios o en especie a) Los procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor y los procedentes de la propiedad industrial que no se encuentre afecta a actividades económicas realizadas por el contribuyente.

Fuente: Todo Renta Ciss 2017 Pçagina 667  apartado 3.4.1. Rendimientos de la propiedad intelectual o industrial (art.25.4.a) ley IRPF

Se trata de rentas derivadas de los derechos que el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, reconoce a personas distintas del autor. Conforme a la jurisprudencia mayoritaria, se incluyen también entre estos derechos los procedentes del software informático, especialmente porque el Tribunal Supremo considera que el software es una creación intelectual, un producto cultural.

Por tanto son rendimientos del capital mobiliario los derechos de autor derivados de la propiedad intelectual siempre que se perciban por persona que no sea el autor, herederos, y los derivados de la propiedad industrial (patentes, marcas, modelos, creaciones publicitarias…) siempre que no se encuentren afectos a actividades económicas.

Reseñar que cuando los rendimientos de la propiedad intelectual se perdiban por el propio autor será considerado como rendimientos del trabajo en la medida en que ceda los derechos a su explotación .

Si el autor realiza una actividad que supone la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción y distribución de bienes y servicios estaríamos en presencia de un rendimiento proveniente de actividades económicas.

Sobre la coedición

¿Constituye una actividad económica?

Efectivamente, constituye una actividad económica. Si el rendimiento neto obtenido es inferior al salario mínimo interprofesional no debería darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos.   Puede ser favorable para el contribuyente declarar los rendimientos obtenidos, muy posiblemente en forma de pérdidas, para reducir otras fuentes positivas de renta: rendimientos del trabajo o rendimientos del capital inmobiliario.

Artículo 48 Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Artículo 45 Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Este hecho   aportaría la ventaja de no tener la obligación de cotizar por el régimen especial de trabajadores autónomos, ni una incompatibilidad con el cobro de la pensión por jubilación.

Impuesto sobre el valor Añadido

El artículo 20, apartado uno, número 26.º, de la   Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido determina que están exentos del Impuesto:
26.º Los servicios profesionales, incluidos aquéllos cuya contraprestación consista en derechos de autor, prestados por artistas plásticos, escritores, colaboradores literarios, gráficos y fotográficos de periódicos y revistas, compositores musicales, autores de obras teatrales y de argumento, adaptación, guión y diálogos de las obras audiovisuales, traductores y adaptadores.”
Así pues los servicios relacionados con derechos de autor de compositores musicales y responsables de arreglos musicales, artistas plásticos, escritores, colaboradores literarios y gráficos, autores de obras teatrales, guionistas…estarán exentos del impuesto sobre el valor añadido, siempre que sean prestados por personas físicas.

 

El escritor y  el régimen especial de trabajadores autónomos

La habitualidad es un requisito necesario para que exista la obligación de los escritores de cotizar en el régimen especial de trabajadores autónomos. Los Tribunales vienen estimando la superación del salario mínimo interprofesional percibido en en el año natural como indicador de la habitualidad. Así en la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Octubre de 1997 s sentó este umbral mínimo en el caso de los agentes de seguros. Hace falta que la actividad constituya un medio de vida.

Alta censal y tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

El escritor que realice una actividad económica deberá efectuar su alta censal en la AEAT y tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El escritor y la jubilación

La pensión de jubilación es compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta propia, cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional es de 10.302,6 euros.

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Inscripción registral a favor de las Comunidades de Propietarios

 

La asamblea legislativa, como las comunidades de propietarios, es una entidad instrumental.

Los registradores de la propiedad no aceptaban  la Inscripción registral a favor de las Comunidades de Propietarios. La razón es que   que éstas no tienen personalidad jurídica.  Las Comunidades pueden ser titulares de cuentas bancarias. Pueden arrendar los elementos comunes. Por ejemplo, el piso de la portera.  Pueden  demandar y ser demandadas. Pero no podían  de ser titulares de bienes inmuebles.

Las Comunidades de propietarios no tienen personalidad jurídica. Son entidades instrumentales.

Y en un artículo anterior yo me preguntaba:

¿Por qué las Comunidades de Propietarios no tienen personalidad jurídica?

La Dirección General de Registros y del Notariado ha modificado su criterio en dos resoluciones  recientes. Hoy admiten la inscripción registral  a favor de las Comunidades de Propietarios.  Aunque, provisionalmente.  Y pueden demandar y ser demandadas.

Resolución 12 de Febrero de 2016

La resolución de la DGRN explica las facultades de las Comunidades de propietarios. A las Comunidades de Propietarios se les reconoce la existencia de un patrimonio separado colectivo.

Artículo 22 Ley de Propiedad Horizontal de 21 de Julio de 1960

Actúan de manera unificada  en el tráfico jurídico.

Artículo 9 Ley de Propiedad Horizontal 21 de Julio de 1960

Contraen obligaciones.

Artículo 10.1 Ley de Propiedad horizontal 21 DE JULIO DE 1960

tienen capacidad para demandar y ser demandadas.

Artículo 13.3 LPH 21 Julio 1960

Artículo 7 Ley Orgánica del Poder Judicial

Artículo 6 Ley de Enjuiciamiento Civil

Acceso registral y propiedad instrumental

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¿Quién debe pagar los tributos de los préstamos?

¿Quién debe pagar los tributos de los préstamos?¿Cómo tributan los préstamos?    ¿Quién debe pagar los tributos de los préstamos? La profesora Carlota Riez de Velasco expone la normativa sobre la tributación y entra de lleno en el debate abierto a raiz de la Sentencia nº 705/2015 de TS, Sala 1ª de lo Civil. 23 de Diciembre de 2.015, sobre quién debe pagar los tributos de los préstamos.

Del trabajo de la profesora de la Universidad de Cantabria, Carlota Ruiz de Velasco Punín, Doctora en Derecho Financiero y Tributario.

PRÉSTAMO CUYA DEVOLUCIÓN NO ESTÁ GARANTIZADA

Empezando por el préstamo simple, esto es, aquel cuya devolución no
está garantizada con un derecho real de garantía o con una fi anza, contando
únicamente con la garantía personal del prestatario, estará sujeto al IVA o al ITPO
dependiendo de cuál sea la condición del prestamista.

Si el préstamo lo concede un empresario o profesional en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional(normalmente será una entidad fi nanciera) estará sujeto a IVA aunque exento según el artículo 20.Uno.18º c) LIVA.

Si tal préstamo se documenta en escritura pública, ésta no resultará sometida al gravamen proporcional del IAJDya que el acto o contrato no es inscribible en registro alguno de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 TRLITPyAJD.

Cuando el préstamo es concedido por un particular estará sujeto al ITPO aunque también exento en virtud del artículo 45.I B) 15 TRLITPyAJD.

Y si se formaliza en escritura pública, tampoco tiene lugar el gravamen por la cuota proporcional del IAJD, no sólo por fallar el requisito dela inscribibilidad, sino también porque al estar sujeto el préstamo a la modalidadde ITPO ésta resulta incompatible con la modalidad de cuota gradual del IAJD.

PRÉSTAMO CUYA DEVOLUCIÓN ESTÁ GARANTIZADA
Por lo que se refiere al préstamo garantizado, y centrándonos en los supuestos
en que la garantía aportada consiste en la constitución de un derecho real de
hipoteca (préstamo hipotecario), al igual que sucede con el préstamo simple su
sujeción al IVA o al ITPO dependerá de la condición del prestamista.

Cuando el préstamo hipotecario es concedido por un particular, y suponiendo que también lo sea el prestatario,

En principio existirían dos hechos imponibles sometidos al ITPO: por una parte, la constitución del préstamo y, por otra, la constitución del derecho real de garantía (artículo 7.1 B TRLITPyAJD en ambos casos). Sin embargo, el legislador no ha querido que tributen ambos actos por separado sino que ,teniendo en cuenta el carácter accesorio de la garantía, ordena omitir la tributación de esta última y que la operación tribute exclusivamente en concepto de préstamo, que, como ya se ha dicho, está exento. Señala en este sentido el artículo 15.1 TRLITPyAJD que «la constitución de las fianzas y de los derechos de hipoteca,prenda y anticresis, en garantía de un préstamo, tributarán exclusivamente por el concepto de préstamo».

La escritura pública en la que necesariamente debe formalizarse el préstamo hipotecario,

A pesar de cumplir ahora el requisito de acceso al registro, no da lugar al devengo de la cuota gradual del IAJD al ser incompatible con el ITPO al que está sujeto, aunque exento, el préstamo (cfr. consultaDGT núm. 1101-97, de 2 de junio).

Si el préstamo hipotecario lo concede un empresario o profesional, situación que será la más frecuente, resultará sujeto al IVA y exento según el artículo 20.Uno.18º LIVA. Centrándonos en los supuestos que son objeto de la STS de 23 de diciembrede 2015, esto es,

Cuando la garantía la constituye un particular no empresario,

Partimos de la premisa de que la hipoteca tampoco tributa por ITPO en virtud delo dispuesto en el artículo 15 TRLITPyAJD, aun cuando el préstamo esté sujeto al IVA (Simón Acosta, 1989: 494-495).

Por lo que respecta a la escritura pública en la que se documenta el préstamo, al cumplirse todos los requisitos establecidos en el artículo 31.2 TRLITPyAJD, tributará por la cuota variable del IAJD. En efecto, se trata de una primera copia de escritura pública que tiene por objeto cosa valuable; el préstamo hipotecario es inscribible en el Registro de la Propiedad (en este caso además de forma obligatoria al tener dicha inscripción carácter constitutivo);y,  finalmente, el préstamo hipotecario se encuentro sujeto a un impuesto, el IVA, que es compatible con la cuota variable del IAJD.
Se ha discutido, además, si la exención de los préstamos comprendida en el artículo
45.I.B) 15 TRLITPyAJD alcanza también al gravamen proporcional del IAJD
que, como decimos, recae sobre la escritura de formalización de un préstamo
hipotecario sujeto al IVA. La doctrina ha defendido la aplicación de dicha exención
al gravamen proporcional del IAJD sobre la base de un triple argumento: La literalidad del precepto, el contexto normativo en el que el mismo se inserta y su finalidad (Villarín Lagos, 2008: 825-828; Iglesias Canle, 1999: 90-97).

Por lo que se refiere a argumento literal, el precepto declara exentos “los préstamos, cualquiera que sea la forma en que se instrumenten”, queriendo indicarse con ello que la exención se extiende también al IAJD, ya sea en la modalidad de documentos
mercantiles o en el gravamen proporcional de documentos notariales. Es decir, si
la exención únicamente se hubiera querido ceñir al ITPO, no hubiera sido necesaria
la alusión a la forma de documentación, ya que el préstamo, por sí mismo,
no necesita de ninguna formalidad para su perfeccionamiento, a diferencia de
lo que sucede con el préstamo hipotecario.

En segundo lugar, el artículo 45 se ubica dentro del Título IV “Disposiciones comunes” de modo que las exenciones comprendidas en el mismo afectan a cualquiera de las tres modalidades impositivas reguladas en el Texto Refundido, sin necesidad de que se indique a qué modalidades del tributo se aplica cada exención. 3.

Por último, la exención comentada, cuyo origen se encuentra en la Ley del IVA del año 1985, debe analizarse a la luz de la ratio legis del precepto que no es otra que la de dar cumplimiento al objetivo comunitario de gravar únicamente la economía real y no la economía financiera. De acuerdo con ello, las operaciones financieras no pueden resultar gravadas por ningún tributo, lo cual no afecta sólo al IVA o al ITPO, sino también a cualquier otro impuesto que resulte compatible con el IVA, tal como sucede con el gravamen proporcional sobre documentos notariales del IAJD que nos ocupa.

Sin embargo, el Tribunal Supremo no lo ha entendido así y ha considerado que
los préstamos hipotecarios tributan sin exención por la cuota variable del IAJD
(cfr. SSTS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 20 de enero de 2006 y de 16
de julio de 2012).
En defi nitiva, solo tributará por el gravamen proporcional del IAJD la escritura de
constitución de un préstamo hipotecario cuando éste se encuentre sujeto al IVA
por ser el prestamista un empresario o profesional en el ejercicio de su actividad,
siendo aquí donde se plantea la controversia acerca de quién ostenta la condición
de sujeto pasivo del referido IAJD: ¿el prestamista o el prestatario?

Según la Sentencia nº 705/2015 del Tribunal Supremo, Sala 1ª de lo Civil, de 23 de Diciembre de 2.015, en respuesta al recurso de casación contra Sentencia nº 242/2013 de la Audiencia Provincial de Madrid, promovido por BBVA esgrime que son de cuenta de la parte prestataria todos los tributos y otros gastos.
La sala responde que en lo que que respecta a los tributos que gravan el préstamo hipotecario el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados dispone que estará obligado al pago del impuesto a título de contribuyente y cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las partes en contrario: en las transmisiones de bienes y derechos de toda clase, el que los adquiere (letra a); y en la constitución de derechos reales,aquel a cuyo favor se realice este acto (letra c), aclarando que, en la constitución de préstamos de cualquier naturaleza, el obligado será el prestatario (letra d). Por otro lado el artículo 15.1 del Texto Refundido señala que la constitución de fianzas, prendas y anticresis, en garantía de un préstamo, tributarán exclusivamente, a los efectos de transmisiones patrimoniales, por el concepto de préstamo. Pero el artículo 27.1 de la misma norma sujeta al impuesto de actos jurídicos documentados los documentos notariales, indicando el artículo 28 que será sujeto pasivo del impuesto el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan.
De tal manera que la entidad prestamista no queda al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos socumentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho y, en todo caso, la expedición de las copias, actas y testimonios que interese y que, a través de la cláusula litigiosa, carga indebidamente sobre la otra parte contratante. En su virtud, tanto porque contraviene normas que en determinados aspectos tienen carácter imperativo, como porque infringe el artículo 89.3 c) del TRLGCU, que considera como abusivala estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en que el sujeto pasivo es el empresario, la declaración de nulidad efectuada por la Audiencia es plenamente ajustada a Derecho.

No obstante, la profesora Carlota Ruiz de Velasco discrepa de la sentencia y opina que el obligado al pago es el prestatario, aunque considera por diferentes razones que no es una cuestión zanjada.

Y discrepa porque: “La Sala de lo Civil del TS ha errado en su pronunciamiento , pues no sólo no tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 68  RITPYAJD, que atribuye la condición de sujeto pasivo al prestatario, sino que además ignoró el criterio que tradicionalmente ha venido manteniendo la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS y que, sin embargo, el Juzgado de Oviedo sí tuvo en consideración e incorporó a su Sentencia de 9 de Diciembre de 2.016.

La Sala de lo Civil del TS en su Sentencia considera que siendo el negocio jurídico principal el préstamo y el accesorio la garantía, el sujeto pasivo habrá de ser el beneficiario y adquirente del préstamo, esto es, el prestatario, en cuyo interés se realiza la escritura.

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Iva y las subvenciones: Modificación por la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre

iva y las subvencionesEl iva y las subvenciones desde hace tiempo plantean problemas a las entidades beneficiadas por éstas.

Hasta el 01 de Enero de 1.998 y el 06 de Octubre de 2.005 las subvenciones se incluían en el denominador de la prorrata.
Esto cambia con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea de 06/10/2005 y con la Ley 3/2006 de 29 de Marzo. Sólo se incluyen en el denominador de la prorrata las subvenciones vinculadas directamente al precio.
Desafortunadamente esta Sentencia no cerró todas las cuestiones acerca del tratamiento de las subvenciones en el Iva.
Ante la pérdida de recaudación que suponía la no consideración de las subvenciones en la prorrata la Administración Tributaria amplió el concepto de subvenciones directamente vinculadas al precio como integrante de la base imponible.
Según la Resolución del TEAC las subvenciones son la contraprestación a un presunto contrato de prestación de servicios entre la Administración y el ente subvencionado, el precio del cual es la propia subvención.

El concepto de subvención vinculada al precio en la doctrina comunitaria

La existencia de tres partes
El simple hecho de que una subvención pueda influir en el precio de los bienes entregados o de los servicios prestados por el organismo subvencionado no basta para que dicha subvención esté sujeta a Iva.
En efecto, “para que una subvención esté vinculada directamente al precio (…) es necesario además (…) que se abone al organismo subvencionado con el fin de que realice específicamente una entrega de bienes o una prestación de servicios determinados”. (Sentencia del TJUE de 22/11/2001)

 

La subvención ha de incidir en el precio

Como ya dijimos en nuestro artículo anterior,  para que la subvención se incluya en el denominador de la prorrata ha de estar vinculada al precio.

 

Es necesario que el precio que paga el adquirente o el destinatario se determine de forma tal que disminuya en proporción a la subvención concedida al vendedor del bien o al prestador del servicio, caso en el que la subvención constituye un elemento determinante del precio exigido por éstos. Obviamente, “el órgano jurisdiccional deberá examinar si, objetivamente, el hecho de que se abone una subvención al vendedor o al prestador le permite vender el bien o prestar el servicio por un precio inferior al que tendría que exigir si no existiese la subvención.” Sentencia del TJUE de 22/11/2001)

Como consecuencia de la subvención se puede producir una distorsión de la competencia.

Caso de los forrajes
“No se ha demostrado que el régimen de ayuda sea un régimen de promoción del consumo ya que no pretende incentivar la compra por parte de terceros de forraje desecado a través de precios que, gracias a la ayuda, sean inferiores a los precios del mercado mundial.”
Lo “que pretende dicho régimen es permitir que los terceros se abastezcan dentro de la Comunidad a un precio comparable al precio de mercado mundial, del que podrían en todo caso abastecerse fuera de la Comunidad si, no existiendo dicha ayuda, la oferta en el interior de la misma no existiese o fuera insuficiente.” (Sentencia del TJUE de 15 de Julio de 2004)

Esto exige la existencia de un mercado comparable con el cual valorar la distorsión de la competencia

Caso de las viviendas de protección oficial
“no se cumple el requisito señalado en la letra b del apartado anterior (…)(incidencia de la subvención en el precio de la operación) puesto que el precio de las operaciones, tratándose de viviendas protegidas, está tasado de antemano con arreglo a los precios máximos fijados por la Administración y no se ve alterado por la concesión de la subvención, de tal manera que la citada magnitud viene dada por circunstancias ajenas a la voluntad de cualquiera de las partes intervenientes en su concesión.”
(Resolución de la DGT V0794-11 de 28 de Marzo de 2011).

Con la excusa de una Sentencia del TSJUE DE 27 DE marzo DE 2.014, asunto La Rayon d´or, se produjo con efectos 1 de Enero de 2.015 una modificación legislativa por la cual no se consideraban subvenciones no vinculadas al precio los importes pagados por un tercero como contraprestación, debiendo formar parte de la base imponible.

Según Faura-Casas en “A vueltas con el iva y las subvenciones

En concreto, la sentencia de referencia, relativa a la reclamación judicial efectuada por una residencia de gente mayor al estado francés, “Le Rayon d’OR”, establece que un pago a tanto alzado, como es el pago por la atención a los residentes, constituye, según el TJUE, la contrapartida de las prestaciones de atención llevadas a cabo a título oneroso por una residencia para personas mayores, en beneficio de sus residentes y, en este concepto, está incluido el ámbito de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El hecho que la compensación económica se fije, no en función de prestaciones individuales, sino a tanto alzado y sobre una base global que cubra los gastos de funcionamiento no puede, a criterio del TJUE, afectar al vínculo existente entre la prestación de servicios realizada y la contrapartida recibida.

La interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la UE, ha sido ya incorporada a la jurisprudencia interna en varias resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que considera que se incluirán en la base imponible, es decir, se considerarán operaciones sujetas al IVA, las subvenciones o transferencias percibidas por los sujetos pasivos cuando exista un vínculo directo entre la prestación de servicio y la contrapartida obtenida, y que para reconocer este vínculo no es necesario que el beneficiario directo de la prestación sea el destinatario del servicio ni que la contraprestación se vincule a prestaciones de servicio individualizado, como es el caso de las subvenciones vinculadas a precio.
Este criterio, emanado de la jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea, pero consolidado en el estado español tanto por la jurisprudencia interior, como por la modificación legislativa, a partir del 1 de enero de 2015, puede comportar un incremento significativo en el coste final de la prestación de determinados servicios públicos, como, el transporte de viajeros o los servicios culturales, así como otras actividades de interés general, como por ejemplo, la investigación.

De hecho, últimamente se vienen produciendo actuaciones de la Agencia Tributaria en las que sostiene que determinadas transferencias recibidas de las administraciones públicas por operadores y prestadores de los servicios indicados, tendrían que haber sido consideradas como parte integrante de la base imponible del IVA a repercutir por las mismas.

Concepto de subvención vinculada al precio en la doctrina comunitaria.
Dos ejemplos concretos:
El transporte público: mercado monopolístico.
La cultura: mercado libre sin distorsión en la competencia

Se produce la existencia de un presunto contrato de servicios entre la Administración Pública y el ente beneficiario de la subvención, el precio del cual es la propia subvención.
Pero se ha de ver la subvención como una acción de fomento. La finalidad de la subvención y el precio o contraprestación son dos cuestiones diferentes.
Así se entiende la subvención para servicios públicos deficitarios. La compensación económica es un mecanismo para restablecer el equilibrio económico, como el presupuesto de hecho de un cofinanciamiento de los servicios a través de tributos y tarifas (o precio).

La Ley de Contratos Públicos
Claves para entender la reforma: ¿Por qué la Ley dice lo que dice?
Según apuntes de Antonio Durán-Sindreu Buxadé para Aedaf

La Ley 9/2017 de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24 UE de 26 de Febrero de 2014.
Esta Ley trata de solucionar:
-El financiamiento de los servicios públicos.
-Las subvenciones para el fomento de la cultura.
-Las subvenciones destinadas a I+D+I
-Las subvenciones a las televisiones públicas.
El preámbulo de la Ley:
“Se hace necesario excluir desde la entrada en vigor de esta modificación normativa, de la consideración de subvenciones vinculadas al precio de las operaciones que constituyen la base imponible de las operaciones sujetas al iva, aquellas aportaciones financieras que las Administraciones Públicas realizan al operador de determinados servicios de competencia pública, cuando no existe distorsión de la competencia, generalmente porque al tratarse de actividades financiadas total o parcialmente por la Administración no se prestan en régimen de libre concurrencia, como por ejemplo, los servicios de transporte comercial, o determinadas actividades culturales financiadas con estas aportaciones.Estas aportaciones financieras que no constituyen subvenciones vinculadas al precio de las operaciones no limitarán el derecho a la deducción del impuesto soportado por estos operadores..”

“Con independencia de lo anterior, parece razonable excluir del concepto de subvención vinculada al precio las aportaciones efectuadas por las Administración Pública para financiar actividades de carácter general cuyo destinatario es el conjunto de la sociedad, al no existir un destinatario identificable ni tampoco usuarios que satisfagan contraprestación alguna. Este sería el caso de aportaciones efectuadas para financiar actividades de investigación, desarrollo e innovación de servicios de radiodifusión pública, en las condiciones señaladas, sin perjuicio de las consecuencias que se puedan derivar en cuanto al ejercicio del derecho a la deducción.”

Claves de la reforma

Se mantienen las subvenciones vinculadas directamente al precio como concepto a incluir en la base imponible.
(Artículo 78, apartado Dos, número 3)

“Se considerarán vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto las subvenciones establecidas en función del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la operación.”

Se precisa el concepto de subvenciones vinculadas al precio, exceptuando algunos supuestos:
(Artículo 78, apartado Dos, número 3)
No obstante, no se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación a que se refiere el apartado Uno del presente artículo, las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones Públicas realicen para financiar:

Precisiones a tener en consideración

Primera
No se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación,
las aportaciones dinerarias,
sea cual sea su denominación,
realizadas por las Administraciones Públicas
para financiar las gestión de servicios públicos
con independencia de cual sea su forma de gestión,
siempre que no exista una distorsión significativa de la competencia La acción de de fomento de la cultura en los que no exista una distorsión significativa de la competencia.

Segunda
No se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones Públicas realicen como acción de fomento de la cultura. siempre que no exista una distorsión significativa de la competencia.

Tercera
No se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones Públicas realicen para financiar actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean identificables y no satisfagan contraprestación alguna.

Cuarta
Nueva redacción del Apartado 5 del artículo 93 de la Ley del Iva

“(…) Lo previsto en este apartado no será de aplicación a las actividades de gestión de servicios públicos en las condiciones señaladas en la letra a) del artículo 78.Dos.3º de esta Ley.

Dicho artículo dentro del apartado de requisitos para la deducción, se refiere a la deducción del iva soportado por los sujetos pasivos que realizan operaciones sujetas y no sujetas.

Entrada en vigor
Disposición final Décimo sexta
La presente Ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, la letra a) del apartado 4 del artículo 159 y la letra d) del apartado 2 del artículo 32, lo harán a los diez meses de la citada publicación; y los artículos 328 a 334, así como la disposición final décima, que lo harán al día siguiente de la referida publicación.

El tercer párrafo del apartado 1 del artículo 150 entrará en vigor en el momento en que lo haga la disposición reglamentaria a la que se refiere el mismo.

Esta Ley no tiene efectos retroactivos. Veamos su preámbulo:

“Por otra parte, se hace necesario excluir desde la entrada en vigor de esta modificación normativa, de la consideración de subvenciones vinculadas al precio de las operaciones que constituyen la base imponible de las operaciones sujetas al IVA, aquellas aportaciones financieras que las Administraciones Públicas realizan al operador de determinados servicios de competencia pública cuando no existe distorsión de la competencia, generalmente porque al tratarse de actividades financiadas total o parcialmente por la Administración no se prestan en régimen de libre concurrencia, como por ejemplo, los servicios de transporte municipal o, determinadas actividades culturales financiadas con estas aportaciones.

Estas aportaciones financieras que no constituyen subvenciones vinculadas al precio de las operaciones no limitarán el derecho a la deducción del Impuesto soportado por estos operadores.”
Así será preciso distinguir entre las subvenciones concedidas hasta el 9 de Noviembre de 2017 y las concedidas con posterioridad: 10/11/2017.

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