Inconstitucionalidad y nulidad parcial del arbitrio de plusvalía

Las casas flotantes no están sujetas al Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos
Inconstitucionalidad y nulidad parcial del arbitrio de plusvalía
¿Tiene el agua consideración de terreno?

La Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, que resuelve una cuestión de constitucionalidad sobre el arbitrio de plusvalía, declara la inconstitucionalidad y nulidad parcial del arbitrio de plusvalía: de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales, en cuanto impiden a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una minusvaloración en el momento de la transmisión de inmuebles, sometiendo por tanto a tributación manifestaciones de riqueza inexistentes o ficticias, y ello es contrario al principio constitucional de capacidad económica.
Según esta Sentencia corresponde al legislador indicar la forma de determinar la existencia o no de un incremento sometido a tributación, en su libertad de configuración normativa, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto.
La declaración de nulidad produce un vacío normativo. Mientras no se produzca la reforma legislativa pertinente, que restablezca la constitucionalidad de estos artículos y permita conocer la eventual retroactividad que establezca y el régimen transitorio, ni Administraciones ni Tribunales se pronunciarán acerca de la resolución de los diferentes tipos de recursos presentados.

Artículo 107 Base imponible

1. La base imponible del arbitrio de plusvalía está constituida por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana , puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.

Número 1 del artículo 107 declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor por Sentencia TC (Pleno) 59/2017 de 11 de mayo («B.O.E.» 15 junio).

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

Letra a) del número 2 del artículo 107 declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor por Sentencia TC (Pleno) 59/2017 de 11 de mayo («B.O.E.» 15 junio).

Artículo 110 Gestión tributaria del impuesto

4. Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, el ayuntamiento correspondiente sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.

Número 4 del artículo 110 declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor por Sentencia TC (Pleno) 59/2017 de 11 de mayo («B.O.E.» 15 junio).

Reproduzco al respecto un párrafo de la SSTC 26/2017, FJ3 Y 37/2017,FJ3, al que alude la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017.

Enjuiciando aquella regulación foral consideramos que los preceptos cuestionados fingen, sin admitir prueba en contrario, que por el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal, (entre uno y veinte años), se revela, en todo caso, un incremento de valor, y, por tanto, una capacidad económica susceptible de imposición, impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir, no de cualquier manera, sino exclusivamente de acuerdo con su capacidad económica: (artículo 31.1 CE) De esta manera al establecer el legislador que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de transmisión de todo terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio dado un intervalo temporal dado, soslayando los momentos en que no se haya producido este incremento, lejos de someter a tributación una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio capacidad económica del citado artículo 31.1 CE de ha convertido lo que podía ser un efecto aislado –

Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 de 11 de Mayo de 2017
003 STC 59.2017

Informe del Consejo Tributario del Ayuntamiento de Barcelona
013 Nota prensa Ayunt. BCN

La suspensión de los procedimientos tributarios
A los efectos de no perjudicar a los contribuyentes hasta que no se pronuncie el legislador en los términos previstos en la Sentencia del Tribunal Constitucional, el Consejo Tributario aconseja al Ayuntamiento iniciar un incidente de adopción de una medida provisional de suspensión en todos los procedimientos de aplicación y de revisión de los tributos, cuando el obligado tributario invoque con fundamento la inexistencia de un incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana sujeto al impuesto.

Procedimiento de rectificación de autoliquidaciones
Este procedimiento se inicia mediante solicitud a la que se deben acompañar todos los documentos y justificantes que fundamenten la pretensión del obligado tributario. En un periodo de 6 meses ha de dictarse una resolución expresa. Si esto no sucede se entiende desestimada la pretensión del obligado tributario que debe asistir a la vía del recurso para hacer valer su derecho.
El Ayuntamiento debe informar al obligado de su imposibilidad de resolver su preten, sión con las consecuencias que puede acarrear el silencio negativo, silencio que permite el recurso administrativo y el contencioso administrativo.

Procedimiento de comprobación
Tiene un término de duración de 6 meses desde su inicio. Si no se dicta resolución expresa o se producen las otras formas de terminación de acuerdo con el artículo 104.4 de la LGT procede la caducidad, y se enervan los efectos asociados al inicio del procedimiento. Particularmente la enervación de los efectos interruptivos de la prescripción pueden provocar situaciones de indefensión tanto para el obligado como para la Administración. Si se produce la precripción, los contribuyentes que han cumplido con sus deberes de autoliquidación e ingreso no podrán solicitar la rectificación de su autoliquidación, y al contrario, aquellos que no hubieran cumplido con su obligación se verían liberados.
De existir autoliquidación y regularización por causa distinta a no haber realizado el hecho imponible, se liquidará el impuesto con los intereses de demora y la notificación de inicio del procedimiento sancionador.

Procedimiento de inspección
El final de este procedimiento es un acto de gravamen y en el caso de no dictar resolución en el plazo señalado de 18 meses, procede declarar la caducidad. De producirse se eliminarán los efectos de su inicio: la interrupción de la prescripción, pero el procedimiento sigue hasta dictarse resolución expresa.

Procedimiento de revisión
Se puede producir la suspensión como en el resto de procedimientos.

Devolución de ingresos indebidosEs trascendental la Sentencia del Tribunal Constitucional dado que el obligado tributario puede solicitar la devolución de lo ingresado. Se trata pues de que el obligado solicite la rectificación de la autoliquidación.

Devoluciones de ingresos efectuadas en base a un acto administrativo firme
La vía es la revisión especial de los actos administrativos que incluye la nulidad de pleno derecho, la revocación y la corrección de errores materiales, aritméticos o de hecho.
Tres son los procedimientos a través de los cuales se puede producir la devolución de ingresos en base a un acto firme:
Nulidad de pleno derecho
En aquellos supuestos en que los actos lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio, que tengan un contenido imposible, que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta, que se hayan dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de voluntad de los órganos colegiados y los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos para su adquisición.
Revocación
Este procedimiento solamente se inicia de oficio. Puede instarlo el obligado. Es la vía más idónea para causar el menor perjuicio, y sólo en el caso de que le fuera favorable debería iniciarse de oficio.
Corrección de errores materiales y de hecho
Ha de tratarse de cuestiones de hecho que no impliquen interpretación de normas jurídicas. Por ello no es aplicable en la solicitud de devolución de ingresos fundamentada en la no sujeción al arbitrio, pues es una cuestión de derecho.

Recurso de alzada
En el Ayuntamiento de Barcelona es preciso interponer el recurso de alzada que agota la vía previa al recurso contencioso administrativo.

Decreto Foral-Norma 2/2017 de 28 de Marzo, por el que se modifica el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Este Decreto Foral modifica la regulación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana para el caso que no exista un incremento de valor, pero no exime de la obligación de presentar declaración.
Con respecto a liquidaciones firmes de este impuesto correspondiente a devengos anteriores al 25 de marzo de 2017, no procederán rectificaciones, restituciones o devoluciones y continuarán hasta su completa terminación los procedimientos recaudatorios relacionados con las mismas y se exigirán íntegramente las deudas tributarias aplazadas o fraccionadas.
Caso contrario es el de las liquidaciones del impuesto practicadas a partir del 25 de marzo de 2017, correspondientes a devengos anteriores a esta fecha, al igual que las liquidaciones recurridas en reposición pendientes de resolución a 25 de marzo de 2017.
Dice así mismo que el Tribunal Económico Administrativo Foral y los Tribunales Económico Administrativos municipales remitirán a los Ayuntamientos correspondientes los expedientes administrativos pendientes de resolución relaticos al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza urbana referidos a devengos anteriores 25 de marzo de 2017 para que practiquen, en su caso, nuevas liquidaciones.
Real Decreto Foral Norma 2/2017 de 28 de Marzo
D Foral-Norma 2-2F2017 de 28 Mar. Gipuzkoa (modific.._ (002)

Decreto Foral Normativo 3/2017 de 20 de Junio, por el que se modifica la norma Foral 8/1989 de 30 de Junio relativa al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza urbana .
Este Decreto Foral también regula de forma similar para Bizcaia el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
DF Normativo 32F2017 de 20 Jun. Bizkaia (modifica._ (002)

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